Quema de conventos de 1931 en España
Con la llegada de la II República,
el nuevo orden constitucional debía amparar la libertad de conciencia y
desarrollar un proceso de secularización que
permitiera superar
la tradicional identificación entre el Estado y la iglesia católica,
que era considerada por los republicanos como uno de los elementos clave de
legitimación de la monarquía.
Los republicanos anunciaron su determinación
de crear un sistema de escuelas
laicas, introducir el divorcio, secularizar los cementerios y
los hospitales y reducir en gran medida, si no eliminar,
el número de órdenes
religiosas establecidas en el país.
Para evitar reacciones por parte de los católicos
españoles, las primeras decisiones del gobierno provisional republicano sobre
la secularización del Estado fueron moderadas, en sintonía con la decisión
de poner a su frente al católico liberal, Niceto Alcalá Zamora y
nombrar en la cartera clave de Gobernación, a su compañero de la derecha
liberal republicana, el también católico, Miguel Maura.
La regla tercera del Estatuto jurídico
del gobierno provisional promulgado el catorce de abril del año 1931 y
hecho público al día siguiente en el diario oficial, la Gaceta de Madrid, se proclamó la libertad
de cultos y decía:
“El Gobierno provisional hace pública su
decisión de respetar de manera plena la conciencia individual mediante la
libertad de creencias y cultos, sin que el Estado, en momento alguno, pueda
pedir al ciudadano revelación de sus convicciones religiosas”.
En las tres
semanas siguientes el Gobierno aprobó algunas medidas secularizadoras,
como la disolución de las órdenes militares, supresión de la obligatoriedad de
asistencia a actos religiosos en cárceles y fin de las exenciones tributarias a
la Iglesia, privación de sus derechos a la Confederación Nacional
Católica-Agraria, como medidas fundamentales.
La medida más
destacada fue el decreto del seis de mayo, declarando voluntaria la
enseñanza religiosa. El cinco de mayo se privó a la Iglesia católica
de su representación en los Consejos de Instrucción Pública a través de un
decreto, con lo que la jerarquía católica ya no pudo intervenir en la
elaboración de los planes de estudios, un derecho que venía ejerciendo desde
hacía mucho tiempo.
Se prohibió
la asistencia a actos religiosos de los militares no siendo a
título personal y se suspendieron las festividades de los Patronos de Armas y
Cuerpos del Ejército. Por último, se modificó la ley electoral del año 1907
para que los sacerdotes pudieran presentarse como candidatos en las elecciones.
Al mismo tiempo el
Gobierno Provisional inició los contactos con el nuncio; Federico Tedeschini
para asegurarle que el Gobierno hasta que no se aprobara la nueva Constitución
respetaría el Concordato del año 1851 y a cambio la Iglesia debía dar muestras
de que acataba el nuevo régimen.
El día
veinticuatro de abril el nuncio envió un telegrama a todos los obispos en el
que les transmitía el “deseo de la Santa Sede de que recomendasen
a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de sus diócesis que
respetasen los poderes constituidos y obedeciesen a ellos para el mantenimiento
del orden y para el bien común”.
Junto al nuncio,
el otro miembro de la jerarquía eclesiástica que encarnó esta actitud
conciliadora hacia la República fue el cardenal arzobispo de Tarragona, Francisco
Vidal y Barraquer, que ya había realizado algunos gestos de deferencia
hacia las nuevas autoridades como su visita al presidente de la Generalitat,
Francesc Maciá, el día dieciocho de abril, o el envío el día veintidós de una
carta de saludo y felicitación al Gobierno provisional de la República por
parte de la conferencia de obispos catalanes.
El diario
católico El Debate dirigido por Ángel Herrera, fundador de la
Asociación Católica Nacional de Propagandistas, publicó el día siguiente de la
proclamación de la República un editorial en primera página, aunque acompañado
de un retrato y de un homenaje al Rey Alfonso que decía:
“La República es la forma
de gobierno de hecho en nuestro país. En consecuencia, nuestro deber es
acatarla. … y no le acataremos pasivamente… le acataremos de un modo leal,
activo, poniendo cuanto podamos para ayudarle en su cometido”.
Sin embargo, un
sector numeroso del episcopado estaba compuesto por obispos menos
conciliadores e incluso abiertamente opuestos a la República, muchos
de ellos nombrados durante la dictadura de Primo de Rivera que no estaban
dispuestos a transigir con la República a la que consideraban una desgracia
pues entendían que estaba en clara oposición a la Iglesia.
La cabeza visible
de ese grupo era el Cardenal primado y arzobispo de Toledo, Pedro
Segura, que ya se había manifestado claramente contrario a la República
antes y durante la campaña de las elecciones municipales del doce de abril del
año 1931.
Este cardenal
afirmando que la República era obra de los “enemigos de la Iglesia y
el orden social”, por lo que estaba justificada la formación de un “compacto
frente unido” en defensa de la Monarquía y de la Iglesia católica.
En su primera
intervención desde el púlpito después del catorce de abril se refirió a la
República como un castigo divino, lo que levantó las iras de la prensa
republicana, señalándolo como el símbolo del clericalismo monárquico,
y provocó el envío de una nota de protesta del gobierno a la nunciatura.
El poeta Antonio
Machado describía la proclamación de la II República de la siguiente
forma:
“¡Aquellas horas, Dios mío,
estuvieron tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, ¡cuando
unos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en Ayuntamiento de
Segovia!”.
Para el exministro
de la dictadura de Primo de Rivera, José Yanguas Messía,
el catorce de abril había sido:
“un día aciago para España
porque ese día se consumó la gran traición a España, decretada por las logias
masónicas y por el Kremlin de Moscú, con el objetivo de destruirla «en su
cuerpo y en su espíritu, entregándola a las fuerzas disgregadoras y corrosivas
del separatismo político y el comunismo marxista”.
La primera reunión
conspirativa de los monárquicos tuvo lugar el mismo día catorce de abril en
casa del conde de Guadalhorce, Rafael Benjumea y Burín, al que
también asistieron Yanguas Messía y José Calvo Sotelo, aunque la
presencia de este último no está confirmada y al poco tiempo se exilió en
Portugal.
En la reunión se
habló de la creación de un partido monárquico cuyo fin sería derrocar a la
República recién proclamada. Ese partido monárquico se fundó a finales de abril
con el nombre de Acción Nacional, que, en abril del año 1932,
pasaría a llamarse Acción Popular, aunque en él predominaron los
accidentalistas, para los que la vuelta de la monarquía no era el objetivo
esencial sino la defensa del catolicismo y de los valores tradicionales.
Alfonso XIII
El pronunciamiento
de mayor trascendencia fue el del cardenal Segura, que se produjo
el día uno de mayo cuando hizo pública una pastoral en la que, tras abordar la
situación española en un tono catastrofista, hacía un agradecido elogio de la monarquía
y del destronado monarca Alfonso XIII, “quien, a lo largo de su
reinado, supo conservar la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores”.
La prensa
republicana interpretó la pastoral como una incitación a los fieles a unirse
para salvar los derechos amenazados de la iglesia y los partidos y
organizaciones de izquierda la consideraron una declaración de guerra,
incrementando el sentimiento anticlerical de muchos ciudadanos.
El gobierno
provisional presentó una nota de serena y enérgica protesta al nuncio, Federico
Tedeschini por lo que consideraba una intervención en política del cardenal
primado, “cuando no hostilidad al régimen republicano”, y pidió que
fuera apartado de su cargo. La prensa, por su lado, arreciaba en su campaña
contra Segura.
Pocos días después, Juan Ignacio Luca de Tena que
era el director y propietario de diario ABC, viajó a Londres para consultar
con Alfonso
XIII la formación de un comité electoral monárquico y para
informarle de las primeras reuniones conspirativas. Al mismo tiempo realizó una
entrevista periodística al ex rey que publicó su diario.
En ella, se ofreció la imagen de un rey
patriótico y sacrificado, que ponía el bien de su país por encima de las formas
de gobierno y pedía a los monárquicos que se organizaran para participar en la
vida pública, incluso apoyando al gobierno en todo lo que sea defensa del orden
y de la integridad de la Patria.
Al final de la entrevista el diario ABC hacía
una expresa declaración de principios monárquica:
“ABC permanece donde estuvo siempre: con la
libertad, con el orden, con la integridad de la Patria, con la Religión y con
el Derecho, que es todavía decir, en España, con la Monarquía Constitucional y
Parlamentaria”.
Esta declaración fue seguida de un
llamamiento a los monárquicos
españoles, publicado en el diario el ocho de mayo en el que se
pedía que los simpatizantes con la monarquía se inscribieran en el Círculo
Monárquico Independiente, cuya finalidad era coordinar todas las organizaciones
monárquicas de cara a las elecciones constituyentes, y que acudieran el día
diez a la constitución de su comité ejecutivo.
Al principio de mayo tuvo lugar una nueva
reunión de los monárquicos en el palacio del marqués de Quintanar a la que por
primera vez asistieron militares, los generales Luis Orgaz y Miguel Ponte y
el comandante, Heli
Rolando de Tella.
También asistieron el periodista Juan Pujol,
director del diario filofascista Informaciones y
hombre de confianza del financiero Juan
March, y otros notables monárquicos como el conde de Vallellano, Julio
Danvila y Santiago Fuentes Pila.
LOS SUCESOS DE LA QUEMA DE
CONVENTOS
Ciudades
en las que se produjeron los sucesos. (Wikipedia)
Se conoce como quema
de conventos a la ola de violencia anticlerical contra
edificios e instituciones de la iglesia católica ocurrida entre los días diez
al trece de mayo del año 1931 pocas semanas después de haberse proclamado la II
República. Fue “el primer conflicto de orden público grave que hubo de
enfrentar el régimen republicano”.
Los disturbios
comenzaron en Madrid durante la inauguración del Círculo Monárquico de
la calle de Alcalá a las once de la mañana del domingo diez de mayo del año
1931 y rápidamente se extendieron por otras ciudades del sur y el Levante
peninsular.
El Círculo
Monárquico Independiente fundado por el director del diario
monárquico ABC, Juan Ignacio Luca de Tena. El acto contó con la
aprobación del director general de Seguridad, Carlos Blanco Pérez, que habría
dado autorización verbal a Luca de Tena para su celebración, aunque sin llegar
a comunicárselo al ministro de la gobernación Miguel Maura.
La convocatoria la
había realizado dos días antes el diario ABC que había publicado el llamamiento
a los monárquicos españoles. Acudió bastante gente y, tras unos discursos muy
acalorados en defensa de la monarquía, se eligió el Comité del Círculo,
integrado, entre otros, por el conde de Gamazo, el periodista Federico
Santander, el banquero Arsenio Martínez Campos y los abogados Eduardo Cobián y
Luis Garrido Juaristi. Se discutió cómo celebrar el cumpleaños del ex
rey el diecisiete de mayo.
Durante el acto,
hicieron sonar la “Marcha Real” en un gramófono y algunos de
los asistentes se asomaron al balcón para dar vivas al rey y a la monarquía y
lanzaron pasquines del periódico clandestino El Murciélago en
el que se llamaba a “hacer la vida imposible a esta caricatura de
República”.
Varios jóvenes
monárquicos se unieron a los vivas al rey y a la monarquía desde la calle, lo
que fue respondido por el taxista que los había llevado hasta allí con vivas a
la República. Al oír las vivas uno de los jóvenes golpeó al taxista con su
bastón y este cayó al suelo. Cuando varios transeúntes se acercaron para
ayudarlo increpando al grupo monárquico también fueron golpeados.
Otros monárquicos
salieron de la sede de Alcalá para apoyarlos, pero cuando se vieron superados
en número se refugiaron dentro del edificio y cerraron las puertas. Entonces
algunos de los que se habían enfrentado a los monárquicos, encolerizados,
quemaron tres coches que estaban allí aparcados, uno de ellos el del director
de ABC Luca de Tena.
Aspecto del interior del
convento de los jesuitas de la Calle Flor, después del incendio.
También lanzaron
piedras contra el edificio rompiendo algunos cristales. Apareció la policía
que, tras pedir calma a la multitud que se había congregado, procedió a detener
a los monárquicos que habían participado en los altercados, pero no los pudo
sacar de allí por la actitud levantisca del público que llegó a asaltar dos
coches de policía que habían llegado de refuerzo.
Hasta las cinco de
la tarde no consiguieron conducirlos a pie hasta la sede la Dirección General
de Seguridad, en la Puerta del Sol, mientras un grupo numeroso de personas
seguía sus pasos y los insultaba.
Un antiguo
ministro de la monarquía, Leopoldo Matos y Massieu, se tuvo que refugiar
en casa de un amigo que vivía cerca de la calle Alcalá cuando fue reconocido e
increpado por la multitud.
Se extendió el
rumor por Madrid de que el taxista republicano había muerto, lo que unido a la
noticia publicada ese día por los periódicos de que el general Berenguer había
salido de la cárcel y además no se había olvidado la pastoral del cardenal
Segura de tres días antes, desencadenó una ola de violencia y disturbios por
toda la ciudad.
Empezó con
el intento de asalto a la sede del diario ABC en la
calle Serrano que estaba custodiada por la policía. Hubo un tiroteo
que ocasionó dos muertos: el portero de una finca cercana y un niño.
Algunos grupos
intentaron detener la circulación de los tranvías, aunque la
intervención de los socialistas consiguió reanudar el servicio. También paraban
los taxis alegando que se había declarado la huelga del sector y les amenazaban
con quemar sus vehículos si seguían trabajando.
Varias armerías fueron asaltadas, con lo que
hubo más tiroteos a lo largo del día. Cuando el ministro socialista, Indalecio Prieto se
enteró del intento de asalto a una armería, salió a la calle para convencer a
los alborotadores de que volvieran a sus casas, mientras esperaba la llegada de
la policía.
Grupos de exaltados quemaron un quiosco del diario
católico “El Debate”, apedreaban el casino militar y
rompían los escaparates de una librería católica. Además, se producían disparos
contra una unidad montada de la guardia civil.
Una multitud se había dirigido a la sede de
la Dirección General de Seguridad, en la madrileña Puerta del Sol, exigiendo la
dimisión del ministro de la Gobernación, Miguel Maura, que había acudido a
la sede del Círculo Monárquico para calmar los ánimos y fue recibido por los
republicanos al grito de ¡Maura,
no!
Hacia la medianoche un exaltado disparó
contra la multitud congregada en la Puerta del Sol hiriendo a una persona,
siendo linchado. Sobre las dos y media de la madrugada la gente abandonó la
Puerta del Sol y tres horas después los monárquicos detenidos, entre los que se
encontraba Luca
de Tena, eran conducidos a la cárcel Modelo de Madrid.
El ministro de la Gobernación Miguel Maura
quiso desplegar a la guardia civil pero sus compañeros de gobierno, encabezados
por el presidente, Niceto Alcalá Zamora y por el ministro de la Guerra, Manuel Azaña,
se opusieron, reacios a emplear a las fuerzas de orden público contra el pueblo
y restando importancia a los hechos.
Maura empleó como
argumento que había recibido una información de un capitán del ejército de que
algunos jóvenes del Ateneo de Madrid, que estaban preparándose para quemar
edificios religiosos al día siguiente, a lo que Manuel Azaña le contestó,
según cuenta Maura en sus memorias, que eran tonterías y añadió, que, en caso
de ser cierto lo que se preparaba, sería una muestra de justicia inmanente.
Estando reunidos al punto de la mañana del
lunes once de mayo, llegó la noticia de que la Casa Profesa de los jesuitas de
la calle Flor estaba ardiendo. El ministro de la Gobernación, Miguel Maura,
de nuevo intentó sacar a la calle a la guardia civil para restablecer el orden,
pero al igual que la noche anterior se encontró con la oposición del resto del
gabinete.
Miguel Maura en sus “Memorias” señala
a Manuel Azaña, que según él dijo “que
todos los conventos de España no valen la vida de un republicano”.
Si sale la guardia civil, yo dimito. Sin embargo, Alcalá
Zamora escribió en sus “Memorias” que
Azaña “no se opuso ni por un instante a la
declaración del estado de guerra”. Todo lo cual presenta dudas sobre cuál
fue la posición real de Azaña.
A otro ministro, según Maura, le hizo gracia
que fuesen los jesuitas los
primeros en pagar tributo al pueblo soberano. El que presentó su dimisión, que
luego retiraría, fue Maura, que abandonó la sede de la Presidencia del
Gobierno. Ardieron seis de los ciento setenta conventos de Madrid.
Un testigo de los
acontecimientos fue Julio Caro Baroja que relató más tarde lo
que vio:
“A las doce de la mañana, a
las doce y cuarto, a la una y cinco, se avisó del Colegio de Jesuitas de la
calle de la Flor a la Dirección de Seguridad que el incendio cobraba
proporciones grandes. La gente pasaba, o medrosa o indiferente, por las
proximidades, viendo salir el humo por las ventanas. Los incendiarios
desaparecieron rápidos y organizados. El que vio aquello y yo lo vi no podía
imaginarse que se desenvolviera así una clásica acción anticlerical. En una de
las paredes ahumadas podía leerse después este letrero:
Abajo los jesuitas La justicia
del pueblo por ladrones. Ardieron así el convento de las Bernardas de Vallecas
y la iglesia de Santa Teresa, de los carmelitas descalzos... Por tener mi
domicilio cerca, vi arder el convento de los carmelitas.
Era por la mañana, ya avanzada
ésta. Unos grupos de hombres habían prendido fuego a la iglesia, y mientras
ardían tiraban por las ventanas de la residencia enseres y libros. Entre éstos,
un ejemplar de la Enciclopedia Espasa.
Recuerdo cómo dos o tres
hombres sacaron a un fraile viejo, alto, de buen aspecto, custodiado, para que
nadie se metiera con él, mientras que otro reprendía a un compañero, que al
parecer quería llevarse un tomo o unas láminas del pobre repertorio
enciclopédico: "Camarada, no hemos venido aquí para robar", etc.
Tiempo después vi incendiada
una pequeña iglesia cerca de la plaza de Santa Ana, en la calle del Príncipe.
La gente pasaba una vez más junto a ella torva o medrosa, y hubo algún gesto
claro de disgusto. Una mujercilla desgreñada lo observó y dijo que los
padecimientos del obrero tenían más importancia que aquella crema.
El Gobierno
declaró el estado de guerra el martes doce de mayo y a medida que las tropas
fueron ocupando la capital, los incendios cesaron. El gobierno provisional
nombró al general Queipo de Llano encargado de acabar con los desordenes.
Queipo de Llano acababa de volver del exilio tras haber huido a París por su
implicación en la sublevación republicana de Cuatro Vientos.
Queipo de Llano gozaba de una enorme popularidad entre los
republicanos. Cuando leyó el bando de guerra apeló a la cordura en bien de la
República, de la que dijo que es obra del pueblo. Como todos saben, Queipo de
Llano se acabaría sublevando en julio del año 1936.
Pero mientras
Madrid recuperaba la calma, la quema de conventos y de otros edificios
religiosos se extendía a otras poblaciones del este y el sur peninsular, siendo
los sucesos más graves se produjeron en Málaga. Los gobernadores
civiles y los alcaldes que actuaron con contundencia no hubo incendios.
Entre los días
once y doce de mayo del año 1931 se quemaron intencionadamente en Madrid los
siguientes edificios religiosos:
- Casa Profesa propiedad de los jesuitas ubicada
en la calle Isabel. En este incendio se quemó su biblioteca, considerada
en aquel momento la segunda mejor de España. Contaba con más de 80.000
volúmenes, entre ellos incunables irreemplazables. En el incendio se
perdieron para siempre ediciones de Lope de Vega, Calderón de la Barca,
Saavedra Fajardo…
- Colegio de la Inmaculada y San Pedro Claver y
el Instituto Católico de Artes e Industria situado en la calle de Alberto
Aguilera. Se perdieron para siempre 20.000 volúmenes de su biblioteca.
Toda la obra del P. García Villada entre ella sus libros particulares,
colección “Razón y Fe”, papeles y todas las fichas. Se perdieron
más de 100.000 copias de canciones populares recopiladas por el P. Antonio
Martínez.
- El centro de enseñanza de Artes y Oficios en
la calle de Areneros regentado por los jesuitas.
- La iglesia parroquial de Santa Teresa y San
José de los Carmelitas descalzos de la plaza España.
- Colegio de Sagrado Corazón de Chamartín.
- Convento de las Mercedarias calzadas de San
Fernando.
- Colegio de María Auxiliadora de las
Salesianas.
- Convento de las Bernardas de Vallecas situado
en la calle de Isabel la Católica.
- Colegio Nuestra Señora de las Maravillas en
Cuatro Caminos. Se destruyó su museo de mineralogía y diverso material
científico.
- En el convento de las Trinitarias de la calle
del Marqués de Urquijo se contentaron con hacer salir a las corrigendas.
- El Oratorio del Caballero de Gracia se dejaron persuadir por algunos espontáneos y de otras casas religiosas se alejaron después de ahuyentar a sus moradores.
Miguel Maura, ministro de la Gobernación del Gobierno Provisional.
Alrededor de cien
edificios religiosos ardieron total o parcialmente aquellos días en
todo el país. Como hemos visto, se destruyeron objetos del patrimonio artístico
y litúrgico, se profanaron algunos cementerios de conventos y varias personas
murieron y otras resultaron heridas.
La derecha
antirrepublicana convertiría la quema de conventos de mayo del año 1931 en un
mito que enlazaría con la revolución asturiana de octubre del año 1934 y los
desórdenes de la primavera del año 1936 bajo el gobierno del Frente Popular
para justificar el golpe de Estado de julio del año 1936.
La Agrupación al
Servicio de la República condenó los hechos en un artículo publicado en el
diario “El Sol” el once de mayo, firmado por Gregorio
Marañón, José Ortega y Gasset y R. Pérez de Ayala y decían:
“Quemar conventos e iglesias
no demuestra ni verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más
bien un fetichismo primitivo o criminal que lleva lo mismo a adorar las cosas
materiales que a destruirlas”.
El alcalde
socialista de Madrid publicó el siguiente bando:
“El pueblo, que siempre dio
pruebas de la más noble elevación espiritual …) no puede olvidar en estos
momentos que junto a los edificios que pretende destruir hay casas donde
habitan millares de convecinos… ancianos … a los que las llamas … no podrían
distinguir ni respetar. Por ello, si la indignación prendió el fuego, apáguenlo
los corazones generosos de los madrileños”.
El diario “El
Socialista” publicó el doce de mayo del año 1931, lo siguiente:
“La reacción ha visto ya que
el pueblo está dispuesto a no tolerar. Han ardido los conventos: ésa es la
respuesta de la demagogia popular a la demagogia derechista”.
A juicio del
profesor e historiador, Julián Casanova:
“El significado principal de
estos acontecimientos es que se produjeron al mes escaso de inaugurarse la
República y que en la memoria colectiva de muchos católicos quedaron grabados
como el primer asalto contra la Iglesia por parte de una República laica y
anticlerical, un ensayo general de la catástrofe que se avecinaba”.
Niceto Alcalá
Zamora en sus
memorias dice que las consecuencias fueron desastrosas para la República, y
decía: “le crearon enemigos que no tenía; quebrantaron la solidez compacta
de su asiento; mancharon su crédito hasta entonces diáfano e ilimitado”.
El cardenal
Francisco Vidal y Barraquer presentó una nota de protesta el
diecisiete de mayo, que envió al presidente del gobierno provisional y decía:
hechos de esta índole...
disminuyen la confianza que un numeroso sector de católicos había inspirado la
actuación directa del Gobierno en muchas de sus primeras disposiciones.
¿Hubo
pasividad del gobierno republicano?
No se sabe con absoluta certeza quién quemó
los alrededor de cien edificios religiosos que ardieron total o parcialmente
aquellos días, y durante los cuales murieron varias personas y otras resultaron
heridas.
La hipótesis más admitida es que los
incendiarios fueron elementos
de extrema izquierda republicana y anarquistas que
pretendían presionar al gobierno provisional para que llevara a cabo la
revolución que significaba ante todo terminar con el clericalismo.
Hay consenso entre los historiadores en
la irresponsabilidad
del gobierno en el manejo de la situación, que solo se explica
por:
- Una
difusa simpatía que pudieran sentir algunos ministros por los
alborotadores.
- Una
mezcla de perplejidad, error de cálculo, debilidad y miedo a la
impopularidad derivada del empleo de la fuerza contra el pueblo.
El historiador Gabriel Jackson señala
que la mayoría de los ministros no quería que el nuevo régimen comenzara su
existencia disparando contra españoles, convencidos de que las masas odiarían a
un Gobierno que recurriera a la guardia civil ante las primeras señales de un
motín.
La
historiadora Pilar Mera Costas se pregunta:
¿Por qué el Consejo de
ministros esperó y no pudo controlar la situación hasta dos días después? y
responde:
“Recién proclamada la
República, los ministros temían que, si respondían con excesiva contundencia y
resultados violentos, el régimen perdiese la legitimidad popular al igualarse
con la represión de la dictadura ante la primera dificultad...
El recurso evidente habría
sido utilizar a la guardia civil, pero a pesar de la adhesión explícita del
general Sanjurjo, director de la guardia civil, al triunfo republicano del
catorce de abril, su utilización represiva por parte de la monarquía había
dañado de tal modo su imagen ante los ciudadanos que, llegado el momento, el
gobierno prefirió optar por una medida tan poco republicana como dejar el orden
en manos del Ejército”.
El propio
presidente Niceto Alcalá Zamora, en una alocución radiada el mismo
día once de mayo, justificó implícitamente la actitud del gobierno, diciendo
que se había evitado un baño de sangre. Sin embargo, el Papa Pío XII se referiría,
el diecisiete de mayo, a la gravísima responsabilidad de los que no habían
impedido oportunamente que los sucesos se produjeran.
Niceto Alcalá Zamora
La izquierda
republicana y los socialistas hablaron de la existencia de una conspiración
monárquica y clerical, e interpretaron los hechos como un aviso para el
gobierno provisional sobre la política moderada que había llevado hasta esos
momentos. El pueblo dotado de fino instinto, y según “El Socialista” se
había adelantado al gobierno en la defensa del régimen.
El órgano del
CNI, “Solidaridad Obrera” fue el que más insistió en la
intervención popular en los hechos y en relacionarlos con un movimiento
justiciero frente al afeminamiento político del Gobierno, que había dejado de
ser un gobierno revolucionario para convertirse en uno de los tantos gobiernos
liberales de la monarquía.
Las logias
masónicas expresaron
al gobierno su descontento por su contemporización con los elementos
conservadores, clericales y monárquicos. Entre los que apoyaban al gobierno
provisional, los únicos que claramente condenaron lo sucedido y se opusieron a
la interpretación que estaban haciendo de los sucesos la izquierda republicana
y los socialistas fueron los intelectuales de la Agrupación al Servicio de la
República.
Estos criticaron
duramente que se considerara una expresión de la democracia los actos
vandálicos de una multitud caótica e informe y ponían en duda que incendiar
edificios religiosos fuera una demostración de verdadero celo republicano.
La quema de conventos
contribuyó al endurecimiento de la posición de la derecha, al igual
que la de la Iglesia católica y asustó a los sectores conservadores,
partidarios del orden, que consideraron excesivamente blanda la respuesta del
Gobierno.
Iglesia de los jesuitas en
Madrid.
LA RELACIÓN REPÚBLICA E IGLESIA
El gobierno se sumó a la interpretación de la
izquierda republicana y de los socialistas y por eso ordenó la suspensión de la
publicación del diario
católico “El Debate” y
del monárquico “ABC”, así como la detención de varios
significados monárquicos, que semanas después serían absueltos por los
tribunales.
El gobierno llegó a acordar incluso la expulsión de los jesuitas,
aunque finalmente no se consumó. Se produce la expulsión de España el
diecisiete de mayo, del obispo integrista de Vitoria, Mateo Múgica,
por negarse a suspender el viaje pastoral que tenía previsto realizar a Bilbao
donde el gobierno temía que, se produjeran incidentes entre los carlistas y los
nacionalistas vascos que compartían su oposición a la República y su
defensa del clericalismo, y los republicanos y los socialistas anticlericales.
Se aprueban algunas medidas dirigidas a
asegurar la separación de la iglesia del Estado sin esperar a la reunión
de las Cortes Constituyentes. Una circular de la Dirección General de Enseñanza
Primaria concretaba el trece de mayo, el Decreto de seis de mayo que había
declarado voluntaria la enseñanza religiosa.
Se establece que sería necesaria una
manifestación expresa de los padres en la matrícula indicando que deseaban
recibirla, se ordenaba la retirada de crucifijos de las aulas donde hubiese
alumnos que no recibieran enseñanza religiosa.
Un Decreto declaraba obligatorio el título de
maestro para ejercer la enseñanza el veintiuno de mayo, lo que afectaba especialmente
a los colegios religiosos ya que los frailes y monjas que impartían las clases
carecían del mismo.
Otro Decreto reconocía la libertad de cultos y la
libertad de conciencia en la escuela el veintidós de mayo
y otra disposición prohibía a los religiosos enajenar inmuebles y objetos
artísticos, arqueológicos o históricos sin permiso de la administración.
EL CARDENAL SEGURA COMO PROBLEMA
Cardenal
Pedro Segura.
La Iglesia católica, que en general había
reaccionado con moderación a los incendios de mayo, criticó todas estas medidas
laicistas, especialmente la retirada de los crucifijos de las aulas y sobre
todo el Decreto de veintidós de mayo.
Este Decreto provocó la protesta del Nuncio asegurando
que no era legal legislar sobre libertad de cultos o enseñanza religiosa en las
escuelas sin tener en cuenta el Concordato del año 1851. La Santa Sede negó el
plácet al recién nombrado embajador de España, Luis de Zulueta,
el treinta de mayo.
La reacción más radical partió de nuevo del cardenal Segura que
el tres de junio que se encontraba en Roma, hizo pública una pastoral en la que
se recogía “la penosísima impresión que les había
producido ciertas disposiciones gubernativas” a
los obispos y todos los agravios que a su juicio había padecido la Iglesia hasta
esos momentos, incluido el último decreto, del que no aceptaban que la
enseñanza religiosa desapareciera de la escuela pública, poniendo de manifiesto
el antiliberalismo que la iglesia católica seguía manteniendo.
La pastoral del cardenal Segura de
nuevo desató las iras de la prensa republicana y socialista que la calificó
de “intromisión intolerable”. El
gobierno provisional expresó a la Santa Sede su deseo de que el cardenal no
retornase a España y que fuese destituido de la sede de Toledo.
Sin embargo, el cardenal Segura volvió
inesperadamente a España el once de junio y fue detenido tres días después por
orden del gobierno en Guadalajara y el día quince fue expulsado del país.
De este hecho quedó una famosa foto que dio
la vuelta al mundo con el cardenal abandonando el convento de los Paúles de
Guadalajara rodeado de policías y guardias civiles, que se presentó como prueba
de la persecución que estaba padeciendo la Iglesia católica en España.
El Cardenal Segura no volvería a España hasta
después de iniciada la guerra civil. Al día siguiente se celebró en la plaza de
toros de Pamplona un gran mitin católico para protestar contra la expulsión del
cardenal.
El caso del
vicario Echeguren
Dos meses después, y en pleno debate en las
Cortes Constituyentes en el que la “cuestión
religiosa” estaba siendo la más polémica, se
producía un nuevo incidente que enturbió aún más las relaciones de la República
y la Iglesia católica y en el que el Cardenal Segura volvía a ser protagonista.
Fue detenido en la frontera francesa el
vicario de Vitoria, Justo Echeguren, el día
diecisiete de agosto y entre la documentación incautada, se encontraron unas
instrucciones del Cardenal Segura a todas las diócesis en las que se facultaba
a los obispos a vender bienes eclesiásticos en caso de necesidad.
Dicho documento
decía:
“lo más grave era que, a
tal circular, acompañaba un dictamen del abogado Rafael Martín Lázaro, firmado
en fecha tan temprana como el 8 de mayo, que aconsejaba la transferencia por parte
de la Iglesia de sus bienes inmuebles a seglares y la colocación de bienes
muebles en títulos de deuda extranjeros, es decir, invitaba a la fuga de
capitales”. Su intención era eludir una posible expropiación por parte del
Estado.
La respuesta
inmediata del gobierno provisional, después de descartar la ruptura de
las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, fue la publicación el veinte
de agosto de un Decreto en el que se suspendían las facultades de venta y
enajenación de los bienes y derechos de todo tipo de la Iglesia católica y de
las órdenes religiosas.
En el preámbulo de
dicho Decreto se intentó suavizar la medida haciendo referencia a “los
esfuerzos notorios que habían realizado elementos destacados de la Iglesia
española” para mantener su lealtad al nuevo régimen, aludiendo así al
sector conciliador encabezado por el cardenal Francisco Vidal y
Barraquer y el Nuncio frente al intransigente sector integrista
encabezado por el cardenal Segura.
Por otro lado, el
Decreto fue acompañado por la suspensión de una decena de periódicos
católicos del País Vasco y de Navarra que se habían significado por
sus proclamas antirrepublicanas y que fueron acusados por el gobierno de hacer
llamamientos a la rebelión armada contra la República.
BIBLIOGRAFÍA
Álvarez Tardío,
Manuel. “Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión en
la Segunda República Española”. 2002. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Madrid.
Caro Baroja, Julio. “Historia del anticlericalismo español”. 2008. Caro
Raggio. Madrid.
Casanova, Julián. “República y Guerra Civil. Vol. 8 de la Historia de
España, dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares”. 2007. Crítica/Marcial
Pons. Barcelona.
González Calleja, Eduardo. “Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta
de las derechas durante la Segunda República”. 2011. Alianza Editorial.
Madrid.
Jackson, Gabriel. “La República Española y la Guerra Civil, 1931-1939”.
1976. Crítica. Barcelona.
Juliá, Santos. “Manuel Azaña, una biografía política. Del Ateneo al Palacio Nacional”.
1990. Alianza Editorial. Madrid.
Tuñón de Lara, Manuel. “La España del siglo XX. Volumen I”. 2000.
Akal. Madrid.
Viñas, Ángel. “¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una conspiración”.
2019. Crítica. Barcelona.
