El liberalismo económico de la escuela de Salamanca y su
influencia en el desarrollo institucional y organización
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1.
Introducción
El análisis de la sustentabilidad organizacional desde la
perspectiva de la economía política es un desafío que intriga a investigadores
de las ciencias sociales y económicas, pero más grande es el reto cuando este
análisis se hace desde los fundamentos de la teología moral de la Escuela de
Salamanca para derivar principios aplicables a los problemas cotidianos de un
naciente liberalismo que sienta las bases para el desarrollo de un modelo más
avanzado, con ciertos rasgos depredadores de la sociedad humana.
Para contrastar el proceso evolutivo del liberalismo
económico en dos épocas distintas, desde las principales teorías desarrolladas
por la Escuela de Salamanca hasta el liberalismo económico moderno, se utilizan
como referencias las argumentaciones de la teología moral en torno a la recta
razón así como las interpretaciones argumentativas de la elección racional (rational
choice) que ha derivado en la racionalidad instrumental y que es el principal
supuesto de la economía moderna y por lo tanto del liberalismo económico
moderno que da sustento al capitalismo globalizador.
Los diferentes acercamientos a la economía política
abarcan desde considerar al individuo que actúa racionalmente como unidad de
análisis hasta el enfoque de racionalidad social. El enfoque racionalista
metodológicamente acepta el individualismo y se fundamenta en el principio de
que los individuos (unidad de análisis) son autointeresados y, por tanto,
buscan la satisfacción de sus propios intereses, deseos y actividades.
Los inicios de la modernidad están marcados por una
racionalidad que tuvo como fundamento ideas religiosas, la revelación, la opinión
y la autoridad que mezcladas con intereses políticos y cánones en el siglo XVI
da lugar a un modelo antropológico que en el siglo XVII deriva en el cálculo
con base en las matemáticas y la geometría. La ilustración fue una tendencia
que acompañó a la modernidad en un trayecto (Vargas-Hernández, 2011). La deficiencia de la racionalidad tiene precedentes en
el trabajo teológico del siglo XVI y en el empirismo de Bacon a principios del
siglo XVII que anuncia su fe en el progreso. En el siglo XVIII aparece una
orientación objetiva del hombre para considerarlo moralmente como valor
supremo. Algunas de las ciencias sociales positivizan al hombre convirtiéndolo
en objeto, mientras que las filosofías subjetivas imponen la noción que el
hombre se hace a sí mismo (Toro, 2004).
La teoría de la modernización sostiene que el desarrollo
social y político de los pueblos ocurre en el cambio de racionalidad de una
sociedad basada en los afectos a una sociedad con base en los logros
individuales. El concepto de racionalidad es más amplio que el dominio de la
racionalidad formal, instrumental, con un propósito o medio-fin. Los individuos
maximizan sus utilidades en una forma racionalmente perfecta mediante la
previsión de todos los posibles resultados, la determinación de los diferentes
cursos de acción y la evaluación de las consecuencias en términos de costos (Vargas, 2007).
De la racionalidad económica se deriva la racionalidad
administrativa que busca la optimización, eficiencia y eficacia de la provisión
de bienes públicos en las organizaciones del sector público mediante el empleo
de técnicas, métodos e instrumentos gerenciales que se aplican en las
organizaciones privadas con fines de lucro. El estudio de la racionalidad
facilita el análisis de la estabilidad de los arreglos organizacionales, su
inercia, cambio y conflicto. Además, los economistas usan el modelo estándar de
racionalidad para predecir la conducta bajo un nuevo enfoque para evaluar las
políticas de acuerdo a su impacto en el bienestar de las personas afectadas (Vargas, 2005).
La racionalidad normativa muestra el movimiento de la
organización a la institución, que legitiman las elecciones organizacionales en
referencia a la misión y valores de la organización que sostiene la integridad
organizacional. En la teoría institucional, la relación entre racionalidad y
conducta organizacional e institucional es ambigua. La información estratégica
que tienen los diferentes actores explica su comportamiento estratégico en la
racionalidad del diseño de los arreglos organizacionales e institucionales. El
diseño de las organizaciones e instituciones pragmáticas se hace en función de
contratos deliberados que tienen como sustento la teoría de la información
imperfecta y los costos de transacción. Las instituciones orgánicas son el
resultado impredecible de la evolución gradual de la persecución de intereses
individuales.
Este artículo tiene como propósito analizar la
sustentabilidad organizacional desde la perspectiva del liberalismo económico
de la denominada escuela de Salamanca. Para hacerlo, se conceptualiza el
término sustentabilidad organizacional y se delimita al uso que aquí se da,
para luego analizar en un marco teórico referencial el liberalismo económico
que permite ubicar en la temporalidad la escuela de Salamanca y sus importantes
aportaciones. Finalmente, se establece una discusión y se presentan las
conclusiones.
2.
Sustentabilidad organizacional: desarrollo institucional y organizacional
La sustentabilidad organizacional se entiende en este
trabajo como el atributo y propiedad de permanencia que tienen las
organizaciones para fijar objetivos corporativos que son funcionalmente
sustentables a través de las dimensiones del tiempo y en el espacio o lugar.
Corresponde a la capacidad que desarrollan las organizaciones para conservar en
las dimensiones de tiempo y espacio su razón de ser y de existir. La
instrumentación y articulación de significados de principios teórico
metodológicos son fundamentales para que las organizaciones desarrollen la
capacidad de isomorfismo que experimentan junto con su medio ambiente y entorno.
Esta capacidad de isomorfismo constituye una característica fundamental de las
organizaciones para la obtención de su legitimidad y recursos que requieren
para conservarse, subsistir y sobrevivir en el tiempo (Powell y Dimaggio, 1999).
Las interrelaciones entre las estructuras de poder
organizacional, los diferentes grupos de interés y la opinión pública,
facilitan los intercambios y negociaciones a corto y a largo plazo para
promover la permanencia funcional de las instituciones y organizaciones. Por lo
tanto, la supervivencia de las prácticas organizacionales a través del tiempo
es una respuesta a la fortaleza de las instituciones sustentadas en la
vitalidad de las teorías frente a los embates de los cambios ambientales.
Esta sustentabilidad organizacional centrada en la
permanencia queda sujeta a la aceptación de las prácticas por las comunidades
académicas, de negocios y fundamentalmente por la sociedad en general. De
acuerdo a Meadow, Randers y Meadows (1992) una
sociedad sustentable, y por ende una organización como subsistema de la
sociedad, es aquella que puede perdurar a través de generaciones, una que puede
prever lo suficiente, que es suficientemente flexible y sabia para no quebrantar
ni su sistema de soporte físico ni su sistema de soporte social.
La sustentabilidad organizacional resulta de los procesos
de intermediación e interrelación entre los grupos de interés existentes y las
mismas prácticas organizacionales que, mediante el establecimiento de objetivos
estratégicos conjuntos, facilitan en comunidad el desarrollo de una visión,
valores o filosofía y una misión como espacio común a través del tiempo. Así, el
elemento fundamental de la sustentabilidad organizacional es la interrelación
onto-relacional de conceptos y significados de las prácticas organizacionales
que se intercambian entre los diferentes grupos de interés y con su entorno regulatorio.
El análisis de la sustentabilidad de Gladwin, Kenelly y Krause (1995) se centra en cinco componentes principales, los
cuales pueden fácilmente ser transferidos al ámbito organizacional, a saber: a)
inclusividad, entendida como la diversidad de disciplinas involucradas en la
persecución de esta ideología; b) conectividad de las relaciones y la
interdependencia de las diferentes disciplinas; c) equidad que se refiere a la
búsqueda de una distribución más justa de la riqueza en el mundo; d) prudencia
o la necesidad de tener medidas precautorias de la fijación de límites de
seguridad; y e) seguridad para mantener un ambiente de protección y bienestar para
todos. Las relaciones ontológicas entre los individuos que forman parte de los
diferentes grupos de interés, reconocen en los demás sujetos sus propios
derechos y obligaciones que facilitan una mayor participación y consenso para
generar la legitimidad organizacional y, por ende, promueven la capacidad de
conservación y sustentabilidad de las organizaciones.
El análisis teórico metodológico de los fundamentos que
dan origen a esta sustentabilidad organizacional es un requisito esencial para
determinar las implicaciones y los alcances que los pensadores de la denominada
escuela de Salamanca tienen a través de los tiempos. La atribución del valor
que poseen los principios y fundamentos de la escuela salmantina demanda la
reconstrucción de su significado temporal y espacial y, en consecuencia,
rescatar y restituir las implicaciones para intervenir en las prácticas de las
organizaciones. Las vigencias de estos principios permiten aseverar que se
fortalece el argumento de la sustentabilidad organizacional, si se considera
esta permanencia fuera de las contingencias específicas de situaciones concretas
del mercado, innovaciones tecnológicas, entre otros.
Analizar el comportamiento de la sustentabilidad
organizacional de un conjunto de individuos en el contexto donde interactúa e
incluso regula sus prácticas internas y externas, formales e informales en sus
diferentes ámbitos, en función del marco de referencia teórico metodológico de
la escuela de Salamanca, permite determinar los equilibrios entre la autonomía
y la heteronomía inherentes.
3.
Liberalismo económico
Los avances del mercantilismo de las naciones
colonialistas europeas dan lugar a preocupaciones ético-económicas (Hidalgo Capitán, 1998). Los acontecimientos de la sociedad en las indias
occidentales se estaban fundamentando en principios ajenos a la moralidad
social prevaleciente, de tal forma que los seres humanos solo eran agregados a
los imperativos del mercado autorregulado con mayor preocupación por los
conquistadores que para los indígenas y por los amos que para los esclavos. En
esta línea de pensamiento, la escuela de Salamanca irrumpe con las
preocupaciones que presentan la colonización de América y el naciente
capitalismo a la sociedad europea de los siglos XVI y XVII, en términos de lo
que representa el dinero, el interés, la usura, entre otros asuntos.
Este capitalismo naciente trae consigo los gérmenes de lo
que es el liberalismo económico como principio rector de una sociedad fundada
en la institución del mercado autorregulado. En el análisis de Bárcenas Gómez (2015), el liberalismo económico se centra en la creación de un
sistema de mercado autorregulado como el principio organizador de un nuevo
orden de la sociedad que se convierte en una fe fanatizada en la salvación del
ser humano para alcanzar niveles más altos de progreso de la humanidad. Se
sustenta en principios subyacentes al mercado autorregulado que considera son
la consecuencia natural del progreso de la humanidad. El Estado liberal está
inextricablemente ligado a la ideología del liberalismo económico. En este
sistema ideológico pasa a segundo término el principio de la protección social
en función de la organización de la producción, la conservación del hombre y de
la naturaleza, afectados por la acción del mercado (Bárcenas, 2015).
Para tratar de lograr el nuevo orden, el liberalismo
económico ha infringido grandes sufrimientos humanos para implantar el
evangelio liberal del laissez-faire, para beneficiar al mercado autorregulado (Martín Martín, 1986). El liberalismo económico o laissez-faire alcanza su
supremacía en el momento que las condiciones facilitan su desarrollo, aunque en
el recorrido histórico solo representa un período de duración corta comparada
con otras formas de desarrollo, sobretodo de la época medieval (Heckscher, 1936).
El feudalismo monárquico europeo del siglo XVIII, ya de
por sí opresivo, es resistido y aniquilado por las formas de producción
capitalistas y los movimientos ilustrados del siglo XIX que se convierten al
paso del tiempo hasta llegar a nuestros días en un nuevo sistema crecientemente
opresivo del capitalismo legitimado por el liberalismo económico que justifica
mecanismos que despojan a los trabajadores de sus medios de producción y a
cuyos nuevos dueños entregan sus energías materiales e intelectuales a cambio
de un salario siempre inferior al valor real de la mercancía generada.
El liberalismo económico falla en el análisis y la
interpretación de los acontecimientos sociales de la revolución industrial solo
desde la perspectiva económica de la autorregulación del mercado sin considerar
el conflicto derivado de este fenómeno. No obstante, el laissez-faire de una
economía mixta intenta garantizar las libertades económicas y civiles en
sociedades industriales altamente desarrolladas con la participación del Estado
para garantizar el funcionamiento del mercado autoregulador cuando existan las
fallas y para promover la cohesión social. Los excesos, horrores y crueldades
de la revolución industrial fueron denunciados y condenados por los críticos
del liberalismo económico, principalmente por la explotación de la mano de obra
laboral que fue forzada al trabajo duro con sueldos que no cubrían las
necesidades básicas para mantener en hambre a las familias pobres.
Es en la primera mitad del siglo XIX cuando la doctrina
del liberalismo económico inicia su mayor desarrollo, a tal grado que los principios
liberales se convierten en dogmas. [1] La estabilidad y solidez de la moneda se convierte en la
necesidad imperiosa del mercado autorregulado en el liberalismo económico. Las
funciones del Estado son alienadas para servir a los intereses del mercado y el
libre cambio a realizar, regido por la pretensión del liberalismo económico de
ser el principio organizador de la sociedad.
El liberalismo económico alcanza su máxima expresión en
los años 20 del siglo pasado antes de la crisis económica que derivó en la
explotación de seres humanos y de naciones enteras sujetos a enormes
privaciones y sufrimientos, y pérdidas de libertades humanas bajo las
exigencias para mantener el patrón oro, la estabilidad de las monedas,
presupuestos saneados y deuda pública controlable. El modelo de Estado de
bienestar construido en la posguerra por liberales demócratas y conservadores,
quienes al margen de la crítica al liberalismo económico causante de la crisis
de 1929 y de las tendencias económicas y políticas dominantes de la época,
sostienen que el Estado de bienestar acelera un largo ciclo global expansivo de
crecimiento económico alto que alcanza niveles de agotamiento con la crisis energética
de 1973.
El movimiento proteccionista del mercado bajo el modelo
de Estado de bienestar se opuso al liberalismo económico y presionó al Estado
liberal para retroceder en materia de políticas públicas y económicas para
establecer un modelo de Estado intervencionista y regulador del mercado. El
intervencionismo y la regulación de las funciones del mercado se manifestaron
en las políticas públicas y económicas de una sociedad de mercado acotando a
los factores de la producción de su libre movimiento.
El último argumento de los defensores del liberalismo
económico de que no haya podido cumplir sus promesas son las intervenciones que
son contrarias al laissez-faire del mercado autorregulado (Polanyi, 2001).
Los defensores del liberalismo económico con Milton Friedman al frente,
argumentan que no se ha podido implementar totalmente porque sus detractores
abundan desde diversas trincheras que van desde el mismo sistema de producción
hasta sus más críticos intelectuales (De Vroey, 2009).
El neoliberalismo económico aprovecha la oportunidad para diagnosticar que la
excesiva regulación económica desestimula la libre circulación de bienes y
capital, elementos necesarios para dinamizar el libre mercado. El
neoliberalismo es una versión nueva del liberalismo económico que además tiene
aplicación en la economía internacional y no solo dentro de las fronteras
nacionales. Así, la desigualdad económica y social entre otros males que
significan las crisis económicas y las catástrofes sociales, argumentan los
defensores del liberalismo económico, se deben a la falta de implementación de
los principios del mercado autorregulado.
Como ideología, el liberalismo económico ha logrado la
convergencia de pensamientos diametralmente opuestos como de los pensadores
tradicionalistas y conservadores en un extremo y los reformadores en el otro (Vasapollo, 2013). En el
argumento del antagonismo de las clases sociales, los liberales sostienen
posiciones apoyadas en la acción de clase para la crítica al proteccionismo que
sirve a los intereses de clase. La economía de mercado inspirada en el
liberalismo económico tiene como contrapunto a las economías centralmente
planificadas que caracterizaban a los países socialistas, de los cuales todavía
sobreviven muy pocos. En este contexto, surgen las propuestas de políticas
neoliberales que retoman los principios y tesis clásicas del liberalismo
económico promotoras de una libertad económica como ideología hegemónica del
mercado que transforma la economía mundial en diferentes grados conforme a la
región y al país.
La implementación de la ideología del liberalismo
económico ha contribuido a lograr la dislocación social que Polanyi (1935) argumenta
convincentemente, debido a que la sociedad está sujeta al dictado de las
relaciones económicas de un mercado autorregulado a sus propios intereses. El
liberalismo económico alcanzó su nivel más alto en los inicios del siglo XX
como proyecto utópico que pretende crear un sistema de mercado autoregulador en
un estado liberal. La democracia liberal representativa que promueve el
neoliberalismo económico como la forma idónea de organización política queda
marcada en una profunda crisis de legitimidad. Fukuyama (1989) proclamó
el final de la historia para significar el triunfo ideológico del liberalismo económico
por sobre el pensamiento socialista. Este liberalismo económico se apuntala en
el mercado como un mecanismo efectivo de regulación que fomenta una cultura
global de consumo y en la democracia liberal como la única forma de
organización política capaz de equilibrar las aspiraciones individuales y
colectivas de libertad con el poder del Estado. El establecimiento de esta
democracia liberal requiere de instituciones y actores fuertes que acepten las
reglas del juego del liberalismo económico y político.
Actualmente el liberalismo económico centra todas sus
políticas en restablecer las condiciones de libre mercado y autorregulación de
los factores de producción en un Estado liberal y una sociedad libre en donde
la libertad se traduce en la defensa de la libre empresa, una promesa que no ha
sido lograda del todo (Caballero, 2008).
El liberalismo económico es la punta de lanza de los procesos de globalización
económica a pesar de que las hipótesis sociológicas y antropológicas que lo
sustentan han sido refutadas. Es el mercado el eje de un sistema mundial único
inducido por procesos de globalización bajo principios del liberalismo
económico que eleva las libertades del individuo hasta lograr su aislamiento.
En este sentido, los principales autores de la escuela de
Salamanca destacan por su pensamiento económico liberal y por sus estudios
sobre los problemas económicos generados en España tras el descubrimiento de
América. Estos autores son mencionados con más detalles relacionados con su
pensamiento en la siguiente sección.
4.
Escuela de Salamanca
Con el renacimiento se pierde el rigor de la teoría moral
de Tomás de Aquino, se flexibiliza en la legitimidad de las ganancias y en la
determinación de precios justos, dando lugar al criterio de los comerciantes.
El nominalismo ockhamista opacó el realismo aristotélico-tomista hasta que los
autores de la escuela de Salamanca restituyeron las relaciones entre la
teología moral y la economía, con una preocupación normativa y ética.
El nominalismo se considera como una doctrina filosófica
que niega la existencia de los conceptos universales, pero destaca la utilidad
de aquellos que son creados por la propia mente humana. El nominalismo
ockhamista es la postura sobre esta doctrina desarrollada por Guillermo de
Ockham en el siglo XIV, que tuvo mucha influencia con los pensadores de la
escuela de Salamanca y se caracteriza por sostener la primacía de la sustancia
individual sobre la universal correspondiente en el orden gnoseológico de la
intuición sobre la abstracción (Enciclopedia de la Cultura española, 1967).
La escuela de Salamanca es conocida como la escuela
Española de la ley natural y la escuela de la ley de naciones. Schumpeter (1967) afirma que las doctrinas de Tomás de Aquino son
elaboradas por la escuela de Salamanca con una economía política implicada en
la moral y las leyes de orientación de liberalismo económico para determinar
las relaciones sociales justas. La economía es enfocada desde una orientación
jurídica como una parte de la ética y la moral que determina las reglas de la
justicia.
En el contexto histórico de la escuela de Salamanca de un
naciente capitalismo, los acontecimientos del siglo XVI contribuyen a
desarrollar una nueva mentalidad social bajo el movimiento del renacimiento que
define la formación del Estado moderno. En el siglo XVI después del
descubrimiento y la conquista de América, el centro económico, social, político
e intelectual se mueve a España. Todo inicia cuando el Papa Alejandro VI
determinó en 1493 a través de la Bula Inter Caétera la división del mundo en
dos partes, estableciendo la línea divisoria a 100 leguas de las Islas de Cabo
Verde que delimitaba al oriente la posesión y derecho para Portugal y al oeste
a España. Un año más tarde con el Tratado de Tordesillas se corre la línea
divisoria al oeste 370 leguas. La corriente tomista es precursora de la escuela
de Salamanca con la preocupación de nuevos problemas creados por las nacientes
instituciones como las bancarias y mercantiles que generan conflictos morales
entre la iglesia y los negocios, cuya solución requería de rigurosos análisis
de los asuntos de moralidad económica desde la perspectiva de la teología
moral. A inicios del siglo XVI la escolástica era la teología dominante que
tiene sus orígenes en la Universidad de Paris (Belda, 2000).
La escuela de Salamanca tuvo su origen en el siglo XVI y
es iniciada por el sacerdote dominico Francisco de Vitoria (1492/93- 1546) al
frente de un grupo de sacerdotes teólogos y juristas españoles de la
Universidad de Salamanca pertenecientes a las órdenes religiosas de los
jesuitas y los dominicos. Comprende desde el siglo XVI hasta principios del
siglo XVII (Rojas, 2014). La escuela
de Salamanca (Larraz, 1943)
identifica a un grupo de juristas doctores dominicos españoles del siglo XVI del
Convento de San Esteban que son los creadores de un cuerpo de doctrina con
unidad en el método sobre derecho natural, internacional y teoría monetaria (Font de Villanueva, 2006).
La escuela de Salamanca se originó específicamente en 1537
cuando en la Universidad de Paris, Francisco de Vitoria da respuesta a
comerciantes españoles en Amberes acerca de la legitimidad del espíritu
emprendedor para realizar actividades mercantiles con fines de lucro. Vitoria
tuvo contactos con el pensamiento filosófico nominalista. El nominalismo y sus
relaciones con el realismo absoluto como corrientes filosóficas opuestas que
derivan en el problema de los universales en una concepción armonizadora.
Otras de las figuras sobresalientes de la escuela
Salmantina fueron Francisco Suárez (1548-1617), Domingo de Soto (1494-1560),
Luis de Molina (1535-1601), Juan de Mariana (1536-1623) y Martín de Azpilcueta
(1493-1586), Juan de Medina (h. 1490-1546), Tomás de Mercado (1500-1575), Diego
de Cobarrubias y Leyva O.P. (1512-1570), Cristóbal de Villalón (1500-1580),
Luis de Alcalá, franciscano, Luis Saravia de la Calle S.J. (+1623), Domingo de
Báñez O.P. (1528-1604), Melchor Cano, Bartolomé de Medina (teólogo), Gabriel
Vázquez, Tomás de Mercado O.P. (1530-1576), Francisco García S.J. (1641-1685),
Miguel Salón, agustino (1539-1621), Juan de Salas S.J. (1553-1612), Juan de
Lugo S.J. (1583-1660) y Antonio Escobar S.J. (1559-1669) (Poncela, 2015).
Su pensamiento es el económico liberal, considerados como precursores del
liberalismo económico que sustentaron desde el pensamiento de San Agustín y de
Santo Tomás. Finalmente, en 1629 Roma niega a la Universidad de Salamanca que
se enseñe solo a Santo Tomás y a San Agustín.
Los teólogos de la escuela de Salamanca sostenían que el
hombre es un ser con dignidad de persona racional y libre, a imagen y semejanza
de Dios. Estos atributos del ser humano le otorgan el beneficio de ser el centro
de la creación con dominio y facultad de uso sobre todas las cosas para su
propio perfeccionamiento (Barrientos, 1995, 1998). Los
pensadores que pertenecen a la escuela de Salamanca escriben desde la
perspectiva de la teoría moral y el derecho preocupados por orientar la
consciencia de las injusticias que causa la naciente economía mercantilista con
sus actividades económicas y mercantiles. La equidad y justicia en la
distribución y el intercambio, así como la escasez son los problemas económicos
que más preocupan a la escuela de Salamanca. Sus autores se preocupan por el
bienestar de los pobres, los consumidores y los trabajadores con las alertas de
condenación para los impuestos desmedidos, la acción de los monopolios, las
extorsiones y fraudes, entre otros.
El derecho romano influyó también en el pensamiento
jurídico-teológico salmantino al igual que los santos padres en la creación de
una antropología económica basada en la ley natural y la razón recta. A partir
de nuevos principios de la ley natural, el orden natural se fundamenta en el
libre movimiento de personas, bienes, servicios e ideas para el bienestar de la
humanidad que llevan a cabo los comerciantes. Los autores de la escuela de
Salamanca analizan los acontecimientos económicos de la conquista de América y
sus efectos sobre la economía interna española con gran rigurosidad y
genialidad. Los autores de la escuela de Salamanca realizan una valoración de
las actividades económicas y comerciales, la libertad económica, la naturaleza
y función de los mercados y la competencia, el valor, los precios, la usura,
los cambios, entre otros.
Francisco de Vitoria (2001) analiza el comportamiento humano libre, voluntario
y determinado por la razón humana considerada como el entendimiento humano,
argumentando que el uso de razón no solo se denomina uso y facultad de la
potencia intelectiva sino también de la voluntad. El uso de la razón es tener
libre albedrío porque “si tener uso de razón es tener facultad de entendimiento
y voluntad esto precisamente es tener libre albedrío: luego lo mismo es lo uno
y lo otro” (Vitoria, 1946, p. 666). De la voluntad del hombre como principio de obrar se
deduce que cuando obra es necesario que obre voluntariamente; y que cuando
soporta lo haga involuntariamente y contra su voluntad (Vitoria, 2001).
Sus principales preocupaciones fueron los problemas sociales, económicos y
políticos desde una perspectiva de la religión dominante que derivaban de los
acontecimientos de la época que van desde, el absolutismo, el desarrollo del
mercantilismo y la irrupción de la contrarreforma manifiesta en el
protestantismo, el descubrimiento y la conquista de América, el derecho de los
españoles conquistadores a la propiedad del nuevo mundo, el dinero, el interés,
la usura, entre otros. Sus análisis son de orientación moral más que de
economía en donde los problemas económicos son tratados desde la teología moral
con la intención pastoral para dirigir las conciencias.
La escuela salmantina establece principios económicos que
pretenden resolver los problemas de la época que algunos autores comparan con
la escuela austriaca de economía que se desarrolló en Viena a principios del
siglo XX, la cual ha penetrado recientemente el pensamiento económico en la academia
con la incorporación de la nueva teoría del valor y los modelos de competencia
perfecta y equilibrio (Dolan, 1976). Sin
embargo, los fundamentos conceptuales, teórico-metodológicos no son
considerados como económicos sino más bien como fundamentos éticos y jurídicos.
Los trabajos de Schumpeter sugieren que la escuela de Salamanca debe
considerarse como el origen de la ciencia económica, toda vez que dicho autor
reconoce las aportaciones de la escuela salmantina en su libro History of
Economic Analisys, donde otorga la paternidad de la moderna ciencia económica a
la escuela de Salamanca (Schumpeter, 1967).
Los principales estudios y análisis que realizan los
pensadores de la escuela de Salamanca, ordenados por sus aportaciones a los
diferentes asuntos, se detallan a continuación. Para la escuela salmantina, la
ley natural y la razón recta determinan la racionalidad de las decisiones del
ser humano. La concepción aristotélica de la naturaleza se expresa en la ley
natural como la norma de la conducta humana que proporciona las bases para el
estudio de la toma de decisiones porque se constituye en el criterio de
moralidad que conduce a la perfección del ser humano. Por lo tanto, la
naturaleza de las cosas determina su comportamiento y es el principio
fundamental de la moralidad. El comportamiento de cada sustancia de acuerdo a
su naturaleza como una forma propia de ser impuesta por el creador, de tal
forma que la ley natural es la ley divina.
La ley natural participa en la ley eterna lo que permite
distinguir entre el bien y el mal (Font de Villanueva, 2006).
El hombre se enfrenta al problema moral de la elección de
alternativas entre lo que considera es más adecuado y lo que es más coherente
con la ley natural. El ser humano como agente económico que toma decisiones y
actúa, se comporta conforme a la ley natural en forma coherente con su recta
razón y voluntad, que son muy limitadas por el conocimiento imperfecto y en
contextos de incertidumbre en cada situación específica. La decisión racional
debe ser coherente en cada situación concreta a través de particularizar el
principio fundamental de la ley natural. El conocimiento de los principios de
la ley natural que los agentes tienen es incompleto e insuficiente como criterio
para un comportamiento moral en los procesos de toma de decisiones, sin que se
tenga el conocimiento empírico de la realidad específica y como un requisito de
la recta razón (Font de Villanueva, 2006).
La naturaleza de la recta razón, de acuerdo a Gómez Camacho (1985, 1998), está
determinada por características tales como la falibilidad, practicidad,
adecuación a las circunstancias y situaciones reales, solución de controversias
e interpretativa. La recta razón, racionalidad como la rectificación continua de
la acción, media entre la ley natural y las situaciones concretas, entre los
principios morales y las circunstancias concretas en tiempo y espacio. Los
problemas económicos son resultado del problema moral, es decir, de la forma de
entender la racionalidad de la acción humana. En otras palabras, el ser humano
tiene la capacidad de decidir el comportamiento que debe tener frente a
situaciones específicas en cada momento que se le presenten.
La capacidad de decisión en situaciones específicas del
ser humano en los territorios conquistados, sin embargo, debe sujetarse al
derecho de gente (ius gentium), con la finalidad de regular las relaciones entre
la corona española y los indígenas americanos conquistados. Francisco De Vitoria (2001) reflexiona en el orden natural señalando que todos
los hombres son libres e iguales, idea completamente contraria al absolutismo.
En este orden de pensamiento, los principios de libertad económica son
enunciados por Juan de Mariana en los libros destruidos por el rey Felipe III
al considerar que defendía a los pobres frente al absolutismo.
Sobre las ventajas y desventajas de la propiedad privada,
los asuntos económicos conciernen a la justicia y no a la caridad por lo que se
fundamenta en la propiedad privada y el intercambio. Por lo tanto, la justicia
es distributiva porque regula la distribución del ingreso y la riqueza,
mientras que la justicia conmutativa se aplica a acuerdos recíprocos para el
intercambio de bienes y servicios entre los individuos. La propiedad privada
tiene una función legítima para el desarrollo del comercio y para la promoción
de la paz. Promueven la propiedad privada como legítima y necesaria para el
desarrollo de las actividades económicas y mercantiles porque posibilita la
equidad y paz social, aunque reconocen que no anulan la maldad social.
Acerca del derecho a la propiedad sobre los territorios
conquistados en el continente americano, los pensadores de la escuela de
Salamanca se manifiestan en contra de este hecho, con el argumento de que el
poder no viene del Papa, sino de Dios, que es quien lo confiere al pueblo. Es la
comunidad quien lo entrega a un monarca legítimo. La propiedad comunal de las
tierras es mal administrada dando lugar a la explotación de los más débiles por
los más poderosos (Luis de Molina, 2007), concepto que reforzó Juan de Mariana (1599) sentenciando: “Cuando un asno es de muchos, los
lobos se lo comen”.
La teoría cuantitativa del dinero fue establecida
por Martín de Azpilcueta (1965) antes que Jean Bodin estableciera la ecuación que
luego fue desarrollada por Irving Fisher. La teoría monetaria que dio origen a
la teoría cuantitativa estableció que el alto costo de la vida se debe a la
importación del tesoro americano. Como consecuencia de las actividades
económicas que España realiza en sus colonias de América y el ingreso de
metales preciosos se provoca la inflación y con ello el incremento de la
pobreza en algunos sectores de la población. La abundancia de dinero genera la
inflación de los precios en una economía, trayendo consigo males sociales. De
acuerdo con Azpilicueta (1965) las fluctuaciones del dinero es la falta y su
necesidad es cualquier cosa vendible que se encarece por la mucha necesidad. La
teoría cuantitativa se percibió en el comportamiento de los precios que subían
cuando abundaba la moneda en las minas de plata del Potosí durante el
Virreinato del Perú (Popescu, 1986, 2003). Los
pensadores de la escuela de Salamanca realizan el análisis monetario
pretendiendo reconciliar la doctrina tomista con el nuevo orden económico (Grice-Hutchinson, 1952). Así, determinaron los factores del precio de las cosas
como los elementos para formular la teoría de la oferta y la demanda.
Las funciones del dinero se fundamentan en los principios
aristotélicos. La teoría cuantitativa sustenta la teoría de la paridad del
poder adquisitivo del dinero. Azpilcueta (1965) analizó los efectos monetarios de la cantidad de
dinero con su nivel de precios en una economía. En la teoría cuantitativa del
dinero de Azpilcueta, la masa monetaria (M) se multiplica por la velocidad de
circulación (V) para determinar la equivalencia del producto nacional (Y)
multiplicado por el nivel de precios (P), lo cual se representa en la ecuación
MxV= PxY. Los autores de la escuela de Salamanca se opusieron a la regulación
del precio por el Estado con argumentos como: considerar irrelevante e innecesaria
cuando hay abundancia y dañina e inefectiva cuando hay escasez. Se ha
cuestionado si la escuela salmantina ha elaborado una teoría monetaria o solo
dio origen a la teoría cuantitativa y a conceptos como la velocidad de
circulación del dinero (Perdices de Blas, 2000). Sin embargo, en la teoría cuantitativa del dinero,
Azpilcueta expone el concepto de la preferencia intertemporal del dinero que
explica que en circunstancias iguales, los bienes presentes actualmente siempre
se valoran más que los bienes futuros y que son el antecedente del concepto de
preferencia intemporal como precursor del concepto de interés de la escuela
austriaca (Dolan, 1976).
Por su parte, el análisis de la teoría del valor se basa
en la utilidad que concibieron como deseabilidad o complacibilitas y considera
el sistema de tributación (Gorosquieta Reyes, 1941; Iparraguirre, 1954). Los autores de Salamanca identificaron el valor con el
precio determinado por la oferta y la demanda. La teoría subjetiva del valor es
una de las principales aportaciones de la escuela de Salamanca. Bernardino de
Siena (1380-1444) delinea una teoría psicológica del valor al anotar tres
factores como fuente de valor: la utilidad, la escasez, y las características
de aportar placer que se relacionan con la intensidad de posesión y uso. En la
teoría del valor de bienes y dinero se considera la aplicación psicológica. El
valor de un bien no depende de su propia naturaleza, sino de la valoración que
se hace (Siena, 1590).
Acerca de la naturaleza y funciones de la ley, tratan de
asuntos como los impuestos, la usura, la determinación del precio justo, entre
otros. La escuela de Salamanca analizó las consecuencias morales y socio
políticas de la aplicación injusta en los impuestos sin tomar en cuenta la ley
natural. El Estado y la soberanía política son instituciones naturales que
tienen un origen histórico pero que requieren el consenso de los individuos que
derivan en leyes impositivas con la aprobación de las cortes (Oramas, 2016).
Con respecto a las funciones y tamaño del Estado, gasto público e inflación, el
pensamiento de la escuela salmantina avanza sobre el supuesto que la sociedad
antecede al poder del gobierno y están más preocupados por los derechos de los
ciudadanos y las condiciones para disfrutarlos que por el sistema político. Al
respecto, Juan de Mariana (1599, p. 53) argumenta que “sólo después de
constituida la sociedad podía surgir entre los hombres el pensamiento de crear
un poder, hecho que por sí solo bastaría a probar que los gobernantes son para
los pueblos, y no los pueblos para los gobernantes, cuando no sintiéramos para
confirmarlo y ponerlo fuera de toda duda el grito de nuestra libertad
individual, herida desde el punto en que un hombre ha extendido sobre otro el
cetro de la ley o la espada de la fuerza”. La preservación de la paz es una
razón para justificar la existencia de los gobiernos. El gobierno limita
necesariamente la libertad que para validarse debe fundamentarse en la voluntad
y consentimiento popular, quien debe darle el imperio para el bienestar de
todos. La protección de los derechos de propiedad es una de las principales
funciones del gobierno legítimo que además debe evitar el excesivo gasto
público que conlleva a la depreciación de la moneda y por tanto a la inflación.
Con respecto a la teoría del interés, Aristóteles y Tomás
de Aquino condenaron el interés como precio por el uso del dinero por
considerarlo una actividad de usura contraria a la justicia conmutativa. El
análisis de la usura lo realizan desde los fundamentos tomistas. Tomás de
Aquino estimaba que el préstamo con usura era una práctica inmoral y no
aceptaba los márgenes económicos derivados de la balanza comercial en el
mercantilismo. La evolución del pensamiento de la escuela de Salamanca se
relaciona con el desarrollo económico en cuestiones centrales como la
aceptación del interés como una contraprestación por el riesgo que se asume en
el dinero prestado entre negociantes para la realización de sus operaciones y
como un derecho a resarcir el posible daño. Sin embargo, no se acepta el
interés con fines de lucro y usura.
Los denominados liberales suabos (J. Nider, 1380-1439; G.
Biel, 1430-1495 y C. Summenhart, 1465-1511) sostuvieron que, debido a la
fluctuación del valor del dinero, es lícito moralmente exigir el pago de
intereses para cubrir los riesgos en los cambios y operaciones de divisas de
las monedas (González, 2014).
Para los autores de la escuela de Salamanca la usura estaba asociada al cobro
de un interés indebido sin que se incurra en riesgo. Los autores de la escuela
salmantina analizaron el valor del dinero en función del tiempo, quienes a
pesar de condenar el interés usurero aceptan los títulos extrínsecos -damnum
emergens, lucrum cessans y poena conventionalis- como las bases para justificar
su ejercicio. De la Cruz Vasconcelos (2010) argumenta que el valor presente del dinero es mayor
que el valor futuro del mismo dinero y que si éste se presta se priva de lo que
puede hacerse (Chafuen, 2013), que quien
tiene dinero, pero no puede trabajar puede obtener intereses de prestar su
dinero que le generen condiciones para vivir. Por su parte, el Cardenal
Cayetano (1468-1534) justifica y aprueba el negocio del préstamo de dinero entre
negociantes y sostiene que las actividades del mercader como la del cambiario
son útiles para el desarrollo comercial y para la sociedad. El valor de la
moneda depende de las condiciones de la oferta y demanda de la moneda y de las
expectativas del mercado. Esta conceptualización permitió el desarrollo del
mercado de divisas acelerando las actividades económicas (Rothbard, 1999).
La teoría del tipo de cambio se basa en la paridad del poder de compra. El tipo
de cambio se fundamenta en la capacidad de compra de bienes y servicios por la
estima del dinero a razón del poder de compra que tiene en los diferentes
países.
Los tomistas sostienen que el precio justo es el que
alcanzan el vendedor y el comprador libremente en el mercado (González, 2013).
Criterio seguido por Tomás de Vío Cardenal Cayetano (1468-1534), uno de los
precursores de la escuela de Salamanca (Grice-Hut- chinson, 1982). El precio moralmente justo es el que establece la
oferta y la demanda. Los subsidios a las empresas para establecer un precio
legal perjudican a la sociedad. Los negociantes solo pueden hacerse acreedores
a subsidio estatal cuando el precio de sus productos ha sido fijado por el
Estado, pero en todos los demás casos deben asumir las pérdidas de la misma
forma que reciben los beneficios. Los negociantes que reciben apoyos y subsidios
del gobierno son los más perniciosos porque le hacen un mal a la sociedad. El
precio justo se determina por su valor en el mercado y no depende de su costo
de producción. El precio natural de un bien es el no controlado y que depende
de la estimación que se tenga, de la oferta y demanda, la rareza y la escasez.
Por lo tanto, el precio fluctúa si cambian las relaciones entre la oferta y la
demanda. En una economía, la cantidad de dinero existente se relaciona con el
nivel de precios. Cuando abunda el dinero se genera la inflación.
La teoría del salario se fundamenta en la voluntariedad y
el libre consentimiento, pero excluyendo engaños y fraudes. El análisis de los
salarios bajo el esquema de la justicia conmutativa más que la distributiva se
trataba bajo el tema de los arrendamientos y alquileres (de locatione) como la
venta de un bien o un factor de producción y era determinado como los precios
de otros bienes. Tomás de Aquino (2001, p. 132) señaló que los salarios eran “la remuneración
natural del trabajo como si fuera el precio del mismo” y argumentó que el
salario impuesto por un patrón debe ser restituido, aunque el trabajador no lo
acepte porque el acuerdo no fue voluntario simpliciter o cuando se determine
mediante la coacción, necesidad o ignorancia del trabajador. Por lo tanto, el
salario justo es aquel que se determina por la libre negociación entre las dos
partes y no por las necesidades del propietario o del trabajador. La oferta y
la demanda laboral es la que determina el salario justo, incluyendo a los
aprendices. Por otra parte, consideran que un salario sobrevalorado genera
desempleo e injusticias. Tampoco corresponde a las autoridades determinarlo
estableciendo un salario mínimo legal (Vitoria, 2001).
Y, finalmente, el análisis de la utilidad como la base del valor que enfatiza
los costos de producción propuesta por esta escuela del pensamiento económico
fue recogida posteriormente por Grocio, Samuel Pufendorf, Francis Hutcheson y
Adam Smith (Hurtado, 2003).
Encontrar la razón segura sustituye a la recta razón. La
recta razón para conducir el comportamiento moralmente correcto hacia la
salvación, queda sin objeto. La razón cartesiana como razón matemática no tiene
sentido para la recta razón. El desarrollo de los marcos filosóficos cartesianos
y empíricos a la par que las reformas protestantes crearon el ambiente y
motivaron la sustitución de la recta razón de la escolástica por la razón
científica. En la escolástica, la economía es una ciencia del deber ser,
normativa, íntimamente relacionada con la moral. Con la razón cartesiana, la
economía se convierte en una ciencia natural que intenta la razón científica
necesaria.
5.
Discusión
La sustentabilidad y el desarrollo de las organizaciones
y las instituciones pareciera que es una temática de reciente aparición y
desarrollo, pero la realidad es que ha sido una preocupación de las diversas
corrientes y escuelas del pensamiento económico a través de los tiempos. Desde
la escuela de Salamanca y hasta la época actual todas las escuelas del
pensamiento que se han desarrollado han tratado de establecer los fundamentos
para la promoción de numerosos cambios en la teoría económica, abonando a la
sustentabilidad y perdurabilidad de las actividades y funciones
organizacionales. A la vez han creado retos que deben ser identificados y
superados si se quiere lograr el establecimiento de la sostenibilidad dentro
del ámbito organizacional.
Grise-Hutcheson (2003) vincula el pensamiento de la filosofía moral y la
libertad de la escuela de Salamanca con el liberalismo económico de Adam Smith
en el siglo XVIII y su idea sobre las actividades productivas y el ser humano,
la libertad del mercado para lograr el equilibrio económico. Se critica
duramente a Adam Smith por ser un repetidor del conocimiento sin ser un
pensador original, solo un sistematizador del conocimiento existente. A Smith
se le cuestiona ser el fundador del liberalismo económico (Rorthbard Murray, 1999).
La escuela austriaca rescata los principios de
liberalismo económico de la escuela de Salamanca (Dolan, 1976). En el
siglo XX, Milton Friedman en la escuela de Chicago enfatiza las propuestas del
liberalismo económico que se denominan como el neoliberalismo. El pensamiento
liberal de Adam Smith y neoliberal de Milton Friedman parten del supuesto de
que el Estado es un actor en el desarrollo y crecimiento económico de los
pueblos (Friedman y Friedman, 1979, 1980) al que hay que acotar a través de la nueva gerencia
pública para impulsar las políticas públicas.
Las aportaciones salmantinas a la ciencia económica se
centran en las relaciones económicas con la teología moral sobre las
actividades y organización económica y por el derecho natural a la libertad
económica y a la propiedad privada. La economía, la moral y la ética, así como
la teología moral y la moral económica, se relacionan de manera intrínseca en
cualquier sistema de organización económica que valide al mercado como el mejor
mecanismo de gobernanza para los procesos de asignación de recursos (Muñoz de Juana, 1998). El pensamiento de los autores de la escuela de
Salamanca fue de orientación humanista, donde el hombre como sujeto de la
economía es el origen y fin de las actividades económicas. Así, la ciencia
económica emerge de la filosofía moral en donde se considera que economía y
moral están inextricablemente interrelacionadas en forma muy compleja.
6.
Conclusiones
Al hacer el análisis del liberalismo económico de la
escuela de Salamanca se nota que las orientaciones de sus propuestas son diferentes
a las prácticas existentes en su finalidad para tratar de dar mayor
sustentabilidad moral y desarrollo a las instituciones y organizaciones que
emergían del mercantilismo. Si bien el pensamiento del liberalismo económico de
los autores de la escuela de Salamanca es un antecedente inmediato del
desarrollo del liberalismo económico que como doctrina ha movido los resortes
del desarrollo económico de los pueblos hasta alcanzar los niveles de un
capitalismo corporativo en su máxima expresión, las diferencias son
sustanciales.
En este análisis solo se considera una de las muchas
diferencias, la que se relaciona con las prácticas del mercantilismo en las
instituciones económicas y organizacionales que estaban emergiendo con el fin de
darle mayor sustento. La preocupación fuerte de los teólogos y economistas de
la escuela de Salamanca era la aplicación de la recta razón a la solución de
los problemas de desigualdad e injusticias económica, social y política,
causadas por los abusos que la práctica del mercantilismo estaba creando. Se
cuestionaron las excesivas regulaciones comerciales, los subsidios, monopolios
y controles de precios típicos del mercantilismo. Problemas económicos causados
por prácticas comerciales y bancarias tales como el interés, la usura, el
precio justo, el salario justo, entre otros, fueron analizados desde una
perspectiva de la teología moral y de una incipiente ética económica
capitalista.
Toda esta orientación de los teólogos morales de la
escuela de Salamanca a los asuntos de la economía tenía como finalidad lograr la
sustentabilidad organizacional de la época, sobre todo en las organizaciones e
instituciones de la iglesia y el gobierno. Para ello proponían una orientación
humanista de la recta razón en la que el hombre es el origen y la finalidad de
las prácticas económicas.
Contraria al liberalismo económico con orientación de
capitalismo corporativo que glorifica la elección racional o la racionalidad
instrumental como el principio central a través de la búsqueda del máximo
beneficio, la orientación humanista de la recta razón, crea las instituciones y
les da sustento, pero además mueve el crecimiento y desarrollo económico de los
individuos en las organizaciones. La elección racional es un enfoque
individualista porque confunde el bienestar con las preferencias y con las
elecciones. Así, el ciudadano es reducido a una mera condición de consumidor.
La capacidad para elegir es la base de la sociedad del consumo mediante la
expresión de preferencias. Desde la perspectiva de la elección racional, el
tema del desarrollo visto por la economía política trata de la forma en que los
actores en los mercados realizan conductas estratégicas de elección y
razonamiento para maximizar los intereses que persiguen en función de
incentivos, así como de los problemas de agregación mediante la teoría de la
acción colectiva y de la acción democrática.
Los supuestos económicos de la elección racional y las
implicaciones que fluyen lógicamente de estos supuestos sugieren que es el
mercado y no la intervención del Estado el que asegura la provisión de los
términos del contrato que son socialmente eficientes y óptimos para los
compradores. Los ciudadanos convertidos en consumidores adquieren la capacidad
de ejercitar la elección racional por obra del libre mercado. El mercado libre
se soporta sobre una estructura institucional y jurídica, es decir, un orden
público económico concebido como el conjunto de medidas adoptadas por los
poderes públicos con el objeto de organizar las relaciones económicas y cuya
función es la dirección y protección de la economía (Streeter Prieto, 1985).
Las principales decisiones sobre las oportunidades de
desarrollo de los individuos quedan en manos del mercado. La estrategia de la
globalización no es la de compartir, sino la de competir, arrebatar, golpear a
los otros con el objeto de tener un mejor acceso a los recursos globales
mediante el uso de mecanismos del mercado y apoyados en las instituciones
globales que no son democráticas.
La capacidad para elegir es la base de la sociedad del
consumo mediante la expresión de preferencias. Los grupos sociales se forman
mediante acuerdos voluntarios entre los individuos que lleva a cabo una elección
racional. Tanto los actores políticos como los económicos y sociales ejercen
influencia a través de las estructuras del poder. De esta forma se filtran a
través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos.
Las investigaciones de las acciones estratégicas,
preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran
más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva. La elección
racional (rational choice) como cuerpo teórico para explicar el comportamiento
humano desplaza a los planteamientos basados en las normas y papeles sociales
transmitidos por los mecanismos de socialización y la tradición. El
neoinstitucionalismo que aglutina enfoques históricos, sociológicos y de la
elección racional surge como un conjunto de reglas que determinan los procesos
de la reforma institucional a partir de los marcos de incentivos y
restricciones impuestos a los comportamientos de los diferentes agentes y
actores económicos, sociales y políticos para la formulación e implantación de
políticas públicas y que tienen un impacto en los resultados medidos en
términos de crecimiento y desarrollo (Vargas, 2005)
Los valores sociales limitan la elección racional
individual pero proporcionan nuevas posibilidades. Las investigaciones
interdisciplinarias de las ciencias conductuales presentan evidencias
sustanciales de que los individuos toman decisiones que se desvían del modelo
teórico de la elección racional y de versiones limitadas de la racionalidad
como un enfoque que se aproxima a la realidad. Como consecuencia de las
limitaciones cognitivas para procesar información, determinar los costos de
información con relación a los costos de transacción y de las restricciones
ambientales como las legales y de los costos de información. Las evidencias de
que la toma de decisiones en función de elección racional se desvía sistemáticamente
de los supuestos de la maximización de la utilidad, el interés propio y la
maximización de la riqueza requiere que los teóricos de la ética normativa,
conocidos como consecuentalistas, reemplacen sus preferencias por mercados no
regulados con mayor agnosticismo inicial concerniente a la competencia
institucional relativa a los mercados y la intervención del gobierno.
Tanto los mercados como las instituciones gubernamentales
son imperfectas y la pregunta de cuál combinación es la más conveniente para
promover la felicidad humana necesita acercamientos a situaciones específicas.
El mercado carece de la capacidad para integrar a la sociedad porque no tiene
la noción de bien común, ni tampoco ofrece igualdad de oportunidades, debido a
la perversidad y reduccionismo económico de su mecanismo. En los contratos que
dan forma a las decisiones con base en la elección racional, las aplicaciones
de los términos no dan lugar a contratos que sean óptimos socialmente, mientras
que el diseño de términos del contrato por el gobierno da lugar a opciones imperfectas
(Vargas, 2005).
Para los teóricos de la virtud la elección racional es la
decisión de una persona con ciertos rasgos del carácter, tales como el buen
juicio, participación emocional, entre otros. Las relaciones entre el Estado y
el mercado son permeadas por un capital social que implica el desarrollo de
capacidades sociales que permiten la maximización de los beneficios individuales
en función de un conjunto de preferencias y restricciones. Los valores sociales
compartidos favorecen el sentido de pertenencia, fortalecen la identidad
comunitaria y sustentan el mercado y el Estado como mecanismos de integración y
ordenamiento social. Los valores sociales limitan la elección racional
individual.
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Notas
[1] El trabajo, el capital y las mercancías
se someten a las leyes del mercado teniendo como principios el libre cambio y
el establecimiento del patrón oro.
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