HISTORIOGRAFÍA LATINOAMERICANA
En este artículo analizo una
parte de la historiografía latinoamericana que ha estudiado las
relaciones entre la construcción de los censos de población, las categorías
socio-raciales que contienen y la configuración social colonial del siglo
XVIII, el poder y los juegos conflictivos entre las identidades adscritas y las
asumidas. Me interesa mostrar la creciente problematización que ha adquirido el
estudio de estos aspectos, pasando de un largo periodo de lectura ingenua de
los censos y de las categorías socio-raciales, a ver como se construían en un
diálogo conflictivo entre intereses del poder, perspectivas de los
empadronadores e intereses de los empadronados. También me interesa mostrar el
reciente desarrollo de una historiografía que empieza a llamar la atención
sobre ciertas categorías políticas del periodo colonial tardío y como estas
complejizaban lo socio-racial.
Presentación
Uno de los temas de la historia colonial
hispanoamericana que más ha suscitado discusiones es el de la configuración
social de los distintos virreinatos y capitanías durante el siglo XVIII, como
también los significados de las categorías socio-raciales que se empleaban y
las distintas variaciones en las esferas provinciales y locales.1 De una etapa
inicial que gravitó en torno a lo que se consideraba como los criterios
objetivos para definir a los grupos (clases como estructuras acabadas,
esencialismos raciales y étnicos), la historiografía reciente ha colocado el
tema en el plano de las distintas situaciones en que se desenvolvían las
relaciones de los individuos y grupos, y
las discusiones se han centrado en el análisis de los discursos y de las
prácticas sociales de los sujetos y sectores subalternos, y sus relaciones con
el poder. Entre esos debates uno de los
más conocidos se desarrolló desde finales de los años de 1970 y durante el
decenio siguiente sobre el modelo de análisis a aplicar para estudiar las
características de la sociedad de la Nueva España del siglo XVIII. Por un lado,
estaban quienes perseveraban en la tesis de la primacía de la estratificación
socio-racial; por otra parte, se encontraban quienes en vía contraria defendían
la aplicación de un modelo que subrayaba la pérdida de importancia de lo racial
y la primacía que había logrado la estratificación en clases sociales debido al
crecimiento económico y del mestizaje en ese virreinato. Según los defensores
de este punto de vista, los factores económicos, demográficos y las múltiples
categorías socio-raciales ocasionaron una correspondencia entre el color y la
riqueza, distribuyéndose esta entre los diversos sectores de sociedad, y
perdiendo los blancos la concentración de ese factor de poder. Consideran que
para finales de ese siglo era la condición de clase la que tenía un
protagonismo fundamental en la sociedad novohispana.2
Esas discusiones originaron
interpretaciones intermedias que le dan validez a la combinación de ambos
modelos.3 Y por último, sectores de historiadores creyeron que el debate estaba
mal planteado y que lo que determinaba la ubicación de las personas en el orden
social era la “calidad”, concepto de uso extendido durante la Colonia y que
integraba una diversidad de factores tales como la “raza”, la posición
económica, la ocupación, el estilo de vida, los lazos de parentescos, las redes
sociales a que se perteneciera, el sitio de vivienda y otros elementos.4 Aunque
este último recurso metodológico ha puesto el debate en un plano mucho más
productivo si se le mira por el lado de la importancia de tener en cuenta
diversos elementos, se le achaca el dejar en una situación indeterminada la
jerarquía entre esos factores en el establecimiento del rango social de las
personas.5
Sin que esas discusiones
estén concluidas, hoy se acepta tanto la existencia de distintas formas de
clasificación de acuerdo a los contextos en los que estuvieran insertas las
personas, como también que en unas situaciones los diversos factores que determinaban
la calidad podían operan en bloque, y en otras situaciones se privilegiaban uno
o unos sobre otros aspectos. En fin, al centrarse las reflexiones sobre las
dinámicas sociales que podían reafirmar algunas persistencias del factor
socio-racial, en los aspectos que expresaban un posible tránsito de unas
sociedades de estamentos y status a las de clases, o en el conjunto de factores
que determinaba la calidad social de las personas, esas discusiones han
mostrado algunas de las tantas aristas que posee el tema de las configuraciones
de las sociedades coloniales. De hecho, estas controversias llevaron a
desmontar la idea de la existencia de un sistema rígido de castas que impedía
cualquier forma de movilidad social, lo que reducía los diversos mestizajes a
procesos biológicos y les negaba cualquier importancia social y política en la
dinámica social.
En parte el desmonte de esa
idea ha venido de la mano con el desarrollo de nuevos modelos de análisis que
colocaron las identidades en unos planos relacionales y situacionales,
preguntándose por las relaciones entre el poder, las relaciones sociales y las
características de los discursos y de las escrituras coloniales. Quienes han
elaborado y desarrollado una agenda investigativa ligada a estas preocupaciones
se han visto obligados a reorientar varios aspectos de las formas como
tradicionalmente se ha asumido el estudio de la sociedad colonial. Por una parte,
le han otorgado prioridad al estudio de los fenómenos culturales e ideológicos,
en especial a cómo las dialécticas entre el poder, los discursos, los sujetos y
las prácticas sociales logran producir, instrumentalizar y modificar una
realidad social. Para avanzar en esta dirección analizan las relaciones entre
los sujetos sociales y las estructuras, privilegiando una reducción de la
escala de análisis a través de los estudios de casos.6 También han extendido el
periodo estudiado a los siglos XVI y XVII con el propósito de tener unas perspectivas
más completas sobre la evolución de las categorías socio-raciales durante todo
el periodo colonial. Esto porque durante mucho tiempo las investigaciones sobre
la Colonia temprana se circunscribieron al tema de los contactos iniciales
entre españoles, indios y negros, y los historiadores sobre el siglo XVIII
creyeron tener una comprensión acabada de esas categorías, y sus supuestos
significados los extendieron a los siglos que les precedieron.
Aquellas investigaciones han
tomado tres direcciones. Por un lado, están los historiadores que enfatizan en
el estudio de los hiatos que se fueron estableciendo entre los discursos de
poder que insistían en mantener un sistema de castas, la normatividad jurídica
que consagraba derechos, deberes y exclusiones acorde con ese régimen y la vida
social que ponía en entredicho esas clasificaciones. De forma creciente se
empieza a reconocer la existencia de inconsistencias en los vínculos entre las
categorías político-jurídicas que definían la ubicación de las personas y
grupos en el orden socio-racial, y la potencial puesta en escena de diversas
identidades en la vida social. Esto implica reconocer que los límites entre las
diversas castas registradas en los archivos y en las pinturas de Nueva España y
de Lima, se fueron haciendo difíciles de establecer, y que para los blancos con
limpieza de sangre esa flexibilidad constituía una amenaza para sus
privilegios. El color ya no podía ser la única barrera. Antes, por el
contrario; en muchas situaciones perdía la condición de dique que separaba, y
terminaba desdibujándose en la vida social.7
Por otro lado, y en estrecha
relación con el anterior propósito, se empieza a estudiar las genealogías de
las categorías socio-raciales, haciéndole un detenido seguimiento a la
sobreposición de los distintos regímenes de pensamientos que las determinaban.
Y más recientemente una renovada historiografía política sobre el siglo XVIII
que reconsidera los significados políticos de las reformas borbónicas, está
permitiendo que algunos historiadores les otorguen un peso significativo a las
condiciones de vasallos y de vecinos como elementos que atravesaban las
condiciones raciales y clasistas.8 Este último aspecto lo trataré en el apartado
que dedico a la historiografía colombiana.
Las dos primeras direcciones
llevan implícitas otra discusión sobre el uso de las distintas categorías
institucionales de los mestizajes registradas en la documentación de los
archivos y en la iconografía de las pinturas de las castas de Nueva España y Perú.
Así, mientras que algunos historiadores prefieren desarrollar sus análisis con
los conceptos aglutinantes empleados por los funcionarios de la época y les
restan importancia a las pinturas de las castas,9 otros reclaman a favor de la
existencia de una diversidad de denominaciones que debieran tenerse en cuenta
al momento de definir los sujetos sociales y la movilidad social.10
Relacionadas con esta
diversidad de interpretaciones están los análisis sobre las polisemias y los
cambios que sufrieron algunas categorías socio-raciales a lo largo del tiempo o
en distintos espacios. Términos que en el siglo XVIII parecen tener una
definición establecida, en los dos siglos que le precedieron eran movedizos. Al
respecto tres ejemplos ilustran los recientes avances de la historiografía
colonialista. El primero está representado en los logros de las investigaciones
de Berta Ares-Queija para el caso del uso de las categorías “mulato” y
“zambahigo” en Perú,11 y los de Joanne Rappaport quien se ha interesado en los
detalles que permitieron ir construyendo las diferencias en el área andina del Nuevo Reino de Granada,
gravitando sus reflexiones en las categorías “mestizo” y “mulato”.12 Según
ambas autoras el fenotipo como un elemento para identificar a las personas a
partir de sus rasgos físicos aparecía subsumido en consideraciones morales y
culturales (limpieza de sangre, ilegitimidad, molicie, deslealtad, poca
religiosidad y urbanidad) que se mezclaban con la determinación de los rasgos
físicos al momento de definir a las gentes de aquellas condiciones. También
demandan tener en cuenta que la instrumentalización de estos conceptos por el
poder y su reflejo en los documentos oficiales ha tenido el efecto de subrayar
ciertos énfasis y de esconder la existencia de una diversidad social y
cultural, la que de rebote también queda opacada en la historiografía. Como ha
anotado Berta Ares-Queija a propósito de las genealogías de las categorías socio-raciales
en el Perú del siglo XVI:
De todas maneras, a la hora de hablar
de la población de origen mixto lo más común era recurrir a expresiones
englobantes del tipo “mestizos, mulatos y demás castas”, que sin duda se
corresponden mucho mejor con la imagen generalizadora que se desprende de
cartas, informes, relaciones, cédulas [...], esto es, del discurso oficial
predominante.13
En igual sentido en su
estudio sobre la población indígena del corregimiento de Cuenca (Ecuador)
Jacques Poloni-Simard ha alertado sobre la necesidad de analizar los conceptos
socio-raciales en los contextos documentales que empleamos. Con base en la información
notarial (testamentos y compraventas) del siglo XVII en las que aparecen
registrados indios y personas con esa ascendencia (cholos y mestizos), este
historiador ha prevenido sobre la necesidad de tener presente las diferencias
entre los testamentos como documentos producidos por los sujetos interesados y
las compraventas cuya elaboración estaban mediadas por la intervención de los
notarios. En estas los escribanos anotaban cuando se trataba de un indio, más no
sucedía así cuando era un cholo o mestizo, los que usualmente eran designados
como vecinos a secas. Esta situación lo lleva a reconocer que una cosa era la
categoría jurídica de la que podía escapar el mestizo y otra cosa era la esfera
de su vida social. La calificación de la condición socio-racial por parte del
notario dependía de la prestancia y de la posición social de los individuos, estableciéndose
“[…] una dialéctica entre la definición jurídica y la posición social”.14
El tercer ejemplo lo
constituye la reciente investigación de Robert Schwaller, quien siguiendo el
periplo vital de la hija de una india y de un negro en Nueva España del siglo
XVI que era calificada de “mulata” y no como zamba o zambahiga, muestra que en
ese entonces “mulato” era una designación empleada tanto en caso de
ascendientes blancos-negros como de negros-indios. Critica a una historiografía
que ha mantenido una actitud displicente o huidiza frente a estas situaciones
que desestabilizan la comprensión y el empleo de una categoría que solo es
entendida con los parámetros del siglo XVIII. También evidencia que al ganar
homogeneidad en la documentación oficial la categoría “mulato” terminó por
ocultar diferencias entre los sujetos coloniales.15
Y el cuarto ejemplo está
representado en el ejercicio comparativo entre las colonias del Caribe
continental y las insulares realizado por Stuart Schwartz, quien se pregunta
sobre las especificidades de ciertas categorías propias del mestizaje como era
la de “mestizo”. Frente a una tradición que siempre ha medido el mestizaje
tomando como referente a los blancos, Schwartz mide al mestizo de la isla de
Puerto Rico tomando como referente a los negros esclavizados y las
descendencias que produjeron en mezcla con otros grupos socio-raciales. Considera
que el resultado fue una invisibilidad del mestizo (o al menos del término)
debido a que en la Colonia temprana las relaciones entre españoles e indias
fueron legalizadas a través del matrimonio y que sus descendientes (que en
otras colonias fueron llamados mestizos) fueron integrados a los blancos, y, en
consecuencia, lo ilegítimo e impuro solo quedó asociado al mulato.16
El estudio de los
desplazamientos (y sus limitaciones) de distintos actores sociales por una
escala ascendente de categorías socio-raciales gracias a los procesos de
blanqueamiento y el acceso a ciertos niveles de fortuna, tiene en las
investigaciones de Ann Twinam los mejores aportes. En un texto que está por ver
la luz pública dedicado al estudio detallado del blanqueamiento por vía de las
gracias al sacar, esta historiadora se pregunta sobre lo que esto representó
para las gentes de color de las colonias hispanoamericanas. Se trata de una
pregunta crucial porque una historiografía reciente especula con la gracia al
sacar como una de las pruebas de la pérdida de importancia del factor racial.
Para afrontar estos problemas Twinam hace un seguimiento al lenguaje social de
la época que estudia (raza, mulato, pardo), y hace de los estudios de casos el
epicentro de sus reflexiones para mostrar las posibilidades y limitaciones de
la dinámica social fundada en los procesos de blanqueamiento.17
Por otra parte, se comienza
a estudiar las genealogías de las categorías socio-raciales develándose sus
enmarañados orígenes y sus relaciones con el poder y la escritura. Una de las
conclusiones más significativas es la de que es un anacronismo llevar el
pensamiento racial formulado en el siglo XIX a las centurias que le
precedieron, al igual que no necesariamente las categorías socio-raciales del
XVIII son válidas para los dos siglos que le antecedieron. De igual forma se
acepta que las categorías sociales coloniales eran el resultado de la
sobreposición de estratos de distintas epistemologías que hundían sus raíces
hasta el medioevo español. Max Hering Torres, María E. Chaves, Eduardo
Restrepo, Marisol de la Cadena y otros historiadores y antropólogos han
realizado un trabajo de arqueología del discurso al rastrear los diversos
orígenes religiosos y políticos de los fundamentos que dieron origen al término
“mestizo” en la España medieval, y han mostrado la acumulación de diversos
sustratos culturales de esa categoría, las jerarquías que se establecían entre
estos y cómo terminó siendo un concepto naturalizado por los discursos raciales
de los siglos XVIII y XIX.18
Los
censos de población como objeto de estudio
Estas reconsideraciones han
llevado a cuestionar las relaciones entre las interpretaciones historiográficas
y las informaciones documentales en que se basan, obligando a los historiadores
a realizar trabajos de deconstrucción de las fuentes. También está exigiendo
triangular los censos con nuevas informaciones de archivos que no se habían
tenido en cuenta tales como los expedientes judiciales, las documentaciones
notariales, parroquiales y otras originadas en los actos de las autoridades
locales. Esas exploraciones documentales se acompañan con una actitud crítica
frente a las informaciones que contienen, convirtiéndolas en objeto de análisis
con el fin de avanzar en el estudio de los discursos de esa época, como también
para conocer las huellas que estos han dejado en los documentos que nos han
legado las personas y las instituciones.
En el centro de estas
reflexiones se han colocado los censos de población realizados durante el
periodo colonial, debido a que constituyen la fuente de información más
utilizada por los historiadores cuando se refieren a la configuración
socio-racial de ese entonces. En los padrones del siglo XVIII se han
identificado tres bloques de problemas. Un primer conjunto que podemos llamar
de base se refiere a las limitaciones que poseen como fuentes de información
debido a la rigidez de la imagen que brindan de la sociedad. Relacionado con el
anterior un segundo bloque está constituido por las necesidades de conocer cómo
se construyeron los censos por parte de las instituciones coloniales (iglesia y
autoridades ordinarias y militares), lo que remite a las formas como los
funcionarios eclesiásticos, burócratas y oficialidad militar concebían a la
sociedad y a sus distintos grupos, y a los discursos y el mundo de
representaciones sobre el orden y los sectores sociales. Y el tercer acumulado
de problemas hace referencia a las relaciones entre las clasificaciones
socio-raciales consignadas por los empadronadores y las formas como se auto reconocía
la población censada y la imagen que tenía la comunidad de cada uno de sus
miembros y sus familias.
Acerca del tema de la imagen
sincrónica de la sociedad creemos que a estas alturas de los avances de la
historiografía no es mucho lo que hay que agregar. Al respecto solo anotemos de
paso que el problema de los censos radica en el hecho de contener identidades
recortadas sobre los individuos y sus familias, los que en la vida real ponían
en escenas diversas imágenes sociales avaladas o desvalorizadas por los
distintos sectores sociales. No existía una relación invariable entre las
denominaciones sobre las calidades que se registraron en los padrones y las
prácticas sociales que relacionaban a los individuos y que crearon los
contextos políticos y socio-culturales en que estaban inscritas las
clasificaciones socio-raciales. Además, eran móviles las fronteras entre
algunas de las categorías registradas en los padrones.
Los dos conjuntos restantes
de problemas se refieren a la necesidad de conocer las técnicas de recolección
de la información por parte de los empadronadores, los significados de las
categorías clasificatorias empleadas y las formas identitarias que asumían los
empadronados y las que les asignaban los funcionarios que levantaban los
censos.19 Esas preocupaciones están vinculadas con tres preguntas claves que
empiezan a orientar las investigaciones históricas. a) Las formas como los
funcionarios ordinarios, eclesiásticos y militares concebían a la sociedad y
las relaciones de los distintos grupos con las instituciones.20 b) Las
relaciones entre las necesidades de las instituciones, autoridades coloniales,
y la realización y los usos que hacían de los censos. Y c) las posibles
correspondencias y asimetrías entre las imágenes institucionales y las formas
como las comunidades leían y asignaban las posiciones de las personas en la
jerarquía social, y también a las lecturas que las personas hacían de sí
mismas.
Publicaciones recientes
empiezan a asumir el estudio de esos problemas. Las investigaciones evidencian
la existencia de unas conflictivas relaciones entre las definiciones jurídicas
de los distintos grupos socio-raciales, las endocategorizaciones de las comunidades,
las exo-clasificaciones realizadas por funcionarios, curas y militares, y las
auto-calificaciones de las personas. Todo va a depender de las características
de las sociedades empadronadas, como también de un conjunto de circunstancias
locales y de las relaciones de los individuos y familias con la riqueza y con
el poder. Respecto a las formas como se levantaba la información depositada en
los censos, en especial la relativa a la condición socio-racial de las
personas, algunos historiadores han insistido en develar las prácticas que
desde arriba permitían a los funcionarios imputar identidades a las poblaciones
y sus habitantes.
Por ejemplo, a propósito de
las clasificaciones socio-raciales registradas en el censo de 1791 de la
pequeña villa de Tepeaca (Nueva España), Juan C. Garavaglia y Juan C. Grosso
consideraron que muchas de las categorizaciones de las personas en unos
compartimientos sociales no dependían de las formas como los habitantes se
auto-percibían sino de la idea que se hacía el empadronador con base en lo que
consideraba una especie de “objetividad” de clasificación.21 En parecido
sentido Brígida von Mentz ha hecho un llamado para que los historiadores tengan
en cuenta las relaciones entre registradores y registrados al momento de
emplear los censos en sus análisis. Por un lado analiza los vínculos entre la
tradición indígena nahua de registrar a la población y las innovaciones que
introdujeron los españoles durante la conquista. Por otra parte estudia la
capacidad lecto-escritora de los personajes locales que levantaron algunas
matrículas en 1540, y sus funciones de intermediarios culturales entre la
población empadronada y las instituciones coloniales en el área de Cuernavaca.
También muestra las modificaciones que se operaron en 1671 cuando los
registradores fueron curas franciscanos que se hallaban en conflictos con los
habitantes de la comarca, hecho que incidió en que no respetaran las
autodefiniciones de los empadronados, y que todos fueran calificados como
“indios”.22
Algo parecido ha anotado
Patrick J. Carroll a propósito de la discusión que involucra las relaciones
entre raza-clase-calidad, el papel de los padrones de población en las
políticas oficiales y en las distintas identidades que las personas y familias
ponían en escena. Considera que en algunos casos los empadronadores (sacerdotes
y funcionarios) pudieron aplicar la técnica de “raza por reputación”, asignando
condiciones socio-raciales en concordancia con las características mayoritarias
de la población de determinado lugar. O que procedieron motivados por el
interés en presentar una imagen reforzada del sistema de castas, estableciendo
unas identidades colectivas a una totalidad que en términos reales podían estar
fraccionadas. También piensa que muchas veces los sacerdotes registraban las
identidades que declaraban los individuos, los que podían manipular su
ubicación en el orden socio-racial, y que en otras ocasiones los curas podían
aprovechar un padrón para asignar una condición baja a las personas y sectores
con los que tenían conflictos. De igual forma, por sus apegos a la defensa del
sistema de castas los sacerdotes podían ignorar o distorsionar los casos en que
los hechos estaban en contravía con ese sistema.23
En otros casos sucedió que
los empadronadores recogieron lo que las personas y las comunidades
consideraban que era la condición socio-racial de cada quien. En el
levantamiento del padrón de la población de 1777 de Santiago de Querétaro
(Nueva España) “[…] el cura indicaba que las calidades de los miembros
asentados se obtenían a partir ‘de lo que cada uno declaró’, y no a partir de
la revisión, por ejemplo, de los libros de bautismos o de matrimonios o de las
matrículas de tributos del curato”.24 En un par de artículos recientes he
señalado que en el censo de 1777 del Nuevo Reino de Granada participaron muchos
empadronadores que eran vecinos de las localidades y con conocimientos de sus
habitantes, lo que hace pensar que en no pocos casos la determinación de las
condiciones socioraciales de las
personas fue producto de negociaciones entre la lectura del empadronador,
la forma como se auto-percibía el empadronado y lo que había consagrado la
tradición social local. En la documentación colonial estas formas de conocer
aparecen referenciadas como “de vista, trato y comunicación”. Francisco Moreno
y Escandón, fiscal de este virreinato lo expresó en una circular que acompañó
la orden real de noviembre de 1776 que obligaba a realizar padrones en todas
las colonias, demandando que se efectuara la “[…] descripción de los
habitadores de su distrito, sin mover
disputa para indagar las clases, y castas de cada uno, sino colocándolos en
aquellas en cuya posesión estuviesen”.25
En ciertos casos ese
conocimiento era esencial para la elaboración de los listados de las milicias
disciplinadas, pues en 1779 don Diego Antonio Nieto, maestre de campo y
encargado de organizar las milicias en la provincia de Popayán informaba al
virrey Manuel Antonio Flórez cuál era su actitud al tener que determinar la
condición socio-racial de los milicianos:
[…] deseoso yo de no ser instrumento
para promover fastidiosas disputas sobre un asunto en el que concurren muchos
intereses por estos parajes, y por evitar otros mayores inconvenientes para
formar las milicias no he querido hacer por mí los primeros padrones, con la
correspondiente distinción de castas. Los he recibido de las justicias en
quienes he debido considerar un cabal conocimiento de cada individuo.26
En otras ocasiones los
empadronadores mostraron desconfianza con las autocalificaciones de los
habitantes. Por ejemplo, en 1790 el cura del pueblo de Venero, jurisdicción de
Tamalameque (provincia de Santa Marta, en el Nuevo Reino de Granada), realizó
un padrón de los indios Chimilas y de los vecinos libres ahí avecindados. Al
final advirtió: “[…] asimismo van de bulto las clases, pues algunos de ellos
mismos la ignoran, y otros quieren ser más de lo que Dios lo ha hecho”.27 En el
censo de 1777 de la ciudad de Salazar de las Palmas (provincia de Pamplona) se
anotó:
Nota. Que esta Faviana Pérez, siendo
hija de matrimonio trató de negar a su padre por ser mulato, apropiándose por
padre a un hombre blanco, porque su madre era mestiza, para que sus hijos
corriesen por tales de que dio información, y se dio otra de contrario con 15
testigos, y otros certificados, con lo que quedan en el ser de mulatos, en que
Dios los creó.28
De una familia se dice:
“según voz común [pertenece] a la 3ª clase”.29 O en el caso de un vecino de la
parroquia de San Miguel (perteneciente a la jurisdicción provincial antes
señalada), se resaltó una nota del empadronador que rezaba que un
hombre era “[…] hijo de mujer noble, y por su padre corre por mulato y
esta calidad no se explica más por no ser su padre de este lugar […]”.30 Los
tres ejemplos evidencian que en la determinación de la calidad de las personas
el conocimiento de la ascendencia familiar era pieza clave, siguiendo en esto
un patrón de indagación y determinación muy generalizado, como sucedía con los
pleitos judiciales por considerar difamada la honra o menoscabado el estatus
social.
Pero las instituciones y los
funcionarios también intervenían y podían clasificar a una persona en una
situación distinta a la que esta reivindicaba, lo que podía pasar o no
desapercibido dependiendo de la calidad y del status de las personas, como
también de las implicaciones jurídicas que tuvieran esas catalogaciones. Y
asimismo sucedía que mediaban las estrategias de las personas para eludir el
pago de los impuestos mediante el cambio de identidad socio-racial, actitud que
a su vez estaba asociada a la idea de que los padrones se realizaban para
aumentar las cargas fiscales sobre determinados grupos sociales. Quiere esto
decir que un factor clave para entender las identidades socio-raciales fue la
actitud de las gentes frente a las políticas fiscales de la Corona española y
de las autoridades coloniales. Lo que evidencian muchos expedientes de los
fondos “Tributos” y “Caciques e indios” como también algunos del fondo
“Miscelánea” del Archivo General de la Nación de Colombia son los juegos de las
identidades socio-raciales desarrollados por sectores de la población acorde
con sus intereses frente al pago de impuestos. Berta AresQueija ha sugerido que
en el estudio de estos temas se debe tener presente que durante el siglo XVI
fue la política fiscal del tributo la que tuvo un efecto diferenciador sobre el
discurso oficial y eclesiástico relativo a los distintos grupos. Hasta el
momento ambas autoridades empleaban terminologías genéricas para referirse a
las distintas mezclas socio-raciales que se estaban produciendo en el Perú
hasta la primera mitad de ese siglo. Pero el tributo que pagaban los indios y
los intentos por generalizarlos a los demás sectores de la población produjo
actitudes diferenciadoras entre los pobladores y en los discursos institucionales.31
Otro tanto se ha realizado
respecto al análisis de las relaciones entre las necesidades de las
instituciones político-administrativas, los contextos políticosociales en los
momentos en que se levantaron los padrones y las características de la
información recolectada, en especial, los motivos que tenían las autoridades
para celebrar los censos y la configuración socio-racial que contienen. Así
tenemos matrículas de indios; censos eclesiásticos; padrones por necesidades
militares y fiscales; otros realizados por el imperativo de conocer a la
población para los propósitos de la administración del Imperio y de los
virreinatos y capitanías. Y otros llevados a cabo por iniciativas locales
desarrollados por autoridades o por los notables de una población con el
propósito de lograr una mejor categoría en la jerarquía del poblamiento.
Por ejemplo, en 1708 se
celebró en Cartagena de Indias un empadronamiento de la población masculina con
fines militares debido a que pocos años antes (1697) la ciudad había sido
tomada por el barón de Pointis, arrojando la cifra de 622 vecinos en capacidad
de tomar las armas para la defensa.32 El
censo de Puerto Rico de 1765 realizado por orden de Alejandro O’Reilly, se hizo
por temor a que esta isla fuera tomada
por los británicos como lo había sucedido tres años antes con La Habana.33
También razones de defensa explican, según María Andreazza, que en Curitiba,
sur de Brasil, se haya realizado un censo en 1765, el que solo contabilizó a
los hombres debido al interés de las autoridades de tener un registro de
quienes pudieran tomar las armas para participar en la guerra luso-castellana
(1762-1777) y defenderse de las entradas de gentes provenientes de las
fronteras con Buenos Aires y Asunción. Por eso las clasificaciones fueron:
“ausentes”, “los que han nacido en el reino”, “criminales”, “incapaces”, “indios
de la tierra”, pardos”, “negros” y “esclavos”.34 El de Montevideo de 1772-1773,
conocido como el Padrón Aldecoa, se debió a necesidades militares por lo que
registró a los pobladores que debían pagar impuestos para el sostenimiento de
las milicias, señalando la existencia de indios, negros, negros libres,
mestizos, mulatos, pardos, esclavos y muchos otros hombres que por ser
españoles y portugueses suponemos que debían ser blancos.35 Ada Ferrer
argumenta que los censos realizados en Cuba contemporáneos y posteriores a la Revolución
de Haití (1791-1804) fueron motivados por el temor que suscitaba que aquella
isla también fuese escenario de un parecido levantamiento social de gentes de
color. El miedo originó el interés en conocer, controlar y vigilar a la
población, lo que se expresó en el levantamiento de los padrones (los generales
de 1791-1792 y 1817 realizados por orden de la Corona, y muchos provinciales
realizados por iniciativas de las autoridades locales).36
El censo de Nueva España de
1777, llamado censo de Bucareli por el apellido del virrey que lo ordenó, se
hizo cumpliendo el decreto real de noviembre del año anterior que mandaba a que
se contabilizara a la población con la debida distinción de clases, estados y
castas de todas las personas de ambos sexos sin excluir a los párvulos. Su
realización tuvo un doble encargo con dos resultados: un censo lo realizaron
las autoridades ordinarias y fue desarrollado teniendo como unidad territorial
las jurisdicciones de las alcaldías. El otro fue desarrollado por los
sacerdotes con base en la unidad territorial del curato. Un estudio de este
padrón señala que tanto las necesidades fiscales del reformismo borbónicos y
las militares después de las derrotas frente a los ingleses y las pérdidas en
1762 de Manila y La Habana, como el desarrollo del pensamiento ilustrado que
empezaba a matematizar al mundo social, están en la base de su realización.37
Estudios de ese censo para algunas ciudades señalan que pese a que se diseñó un
formulario al que debían atenerse los curas-empadronadores,38 existió una
diversidad de formas en su desarrollo por localidades.39 En casi todos los
padrones por localidades se especificaron la diversidad socio-racial de ese
entonces, como lo hicieron los padrones de la ciudad de México (españoles,
indios, mestizos, mulatos, castizos y otros),40 y de Durango (castizos,
coyotes, españoles, jíbaros, indios, lobos, mulatos, moriscos, mestizos,
negros).41 Con base en los censos de las localidades se realizaron resúmenes,
los que se remitían a la Secretaría del Arzobispado de Nueva España, para llevar a cabo el cuadro general
para todo el arzobispado, el que se terminó en 1779.42
El padrón de 1778 de Buenos
Aires y su provincia no registró unidades familiares, sino a las personas por
grupos socio-raciales (“blancos, indios, mulatos y negros”), resaltando el
grado militar de los varones.43
De toda Hispanoamérica el
censo más estudiado es el de Nueva España de 1790, conocido como del conde de
Revillagigedo, por el nombre del virrey que lo ordenó, padrón que desde sus
orígenes suscitó un debate que aún no culmina sobre su validez.44 Los estudios
por ciudades y provincias han puesto en limpio que este padrón siguió la
metodología que en 1787 había sido el fundamento del censo español del conde de
Floridablanca. Por eso su organización demandó dos modelos o formatos: 1) El
modelo para registrar la población de las distintas localidades haciendo
alusión a edades, calidades, clases estado civil y ocupaciones; 2) el modelo
para que las autoridades de cada intendencia y/o provincia presentara el
resumen.45
Tuvo diversos propósitos:
conocer a la población para establecer políticas gubernamentales y fiscales,
por lo que se registraron los oficios y las condiciones socio-raciales de los
hombres. También tubo fines tributarios con relación a la población indígena. Y
no faltaron los propósitos militares insistiendo en el registro de la población
masculina mayor de 12 años.46 Por este motivo, por ejemplo, en Xalapa (en el
área de la sierra que da hacía las costas de Veracruz) solo se contabilizó a la
población libre y se excluyeron a los indios y a los esclavos,47 mientras que
en Ciudad de México se contabilizaron las distintas castas al igual que en las
Huastecas, Guadalajara y Querétaro.48
En el estudio de las
genealogías de las categorías socio-raciales que organizaban a la población en
los censos, se analiza cómo se cruzaron las formas eclesiásticas y civiles en
la realización de los padrones de población. Las investigaciones sobre las relaciones entre
los censos civiles con los padrones de feligresías y libros de bautismos,
matrimonios y defunciones que llevaban las iglesias, están permitiendo
determinar cómo las categorías que se empleaban en estos últimos transitaron a
un uso generalizado.49 Por ejemplo, para el caso del Chile colonial Alejandra Araya
distingue la existencia de una tradición eclesiástica (confesional-parroquial
con sus libros de bautismos, matrimonios y defunciones, matrículas de
feligresías), y otra civil (repartimientos de indios, visitas a la tierra para
tasar tributos, y censos con fines impositivos y militares). Ambas ordenaban a
la población por condición socio-racial, lo que se había originado en una
disposición real de 1573 para que en las iglesias los ritos religiosos y
sacramentos se llevaran en libros separados de acuerdo a las condiciones de las
personas que los recibían. A estas tradiciones en la segunda mitad del siglo
XVIII se le sumaron lo que Araya llama “proto-censal”, caracterizada por
técnicas más precisas de contabilización de la población y una tradición
militar.50
Algunas investigaciones han
alertado sobre lo saludable que es tener una perspectiva comparativa de
diversos censos de una misma población, y han resaltado la necesidad de
analizar con cuidado el tratamiento que los empadronadores daban a las personas
y familias de acuerdo al estado civil, ocupación y el género. Para avanzar en
esta dirección ha sido necesario pasar del uso de los resúmenes de los censos
al empleo de los padrones de las poblaciones.
Comparando varios censos de
Santiago de Cuba, María Meriño y Aisnara Perera han mostrado como las
clasificaciones socio-raciales podían variar acorde con la ocupación, y con el
hecho de si el jefe de familia estaba vivo o si ya había fallecido. Así, mujeres
clasificadas como blancas mientras sus esposos de igual condición estuvieron
vivos, una vez enviudaban se les rebajó el status y aparecieron registradas en
otros censos como pardas.51 Esa relación entre mujeres, estado civil (viudas) y
calidad también tiene un papel importante en el censo de 1765 de Curitiba al
registrarse solo a las viudas notables como cabezas de familias, mientras que a
las que carecían de prestancia se les registraron sin nombre y como cabeza de
familia se anotaba el nombre del difunto. Esto quizá tenía que ver con la
condición de sociedad de frontera de esta área del virreinato de Brasil y el
peso prominente de la población masculina para efectos de la defensa militar.52
Roxana Boixadós y Judith
Farberman han estudiado las diferencias registradas en los censos de 1767 y
1795 de la población de los Llanos (provincia de La Rioja, virreinato de La
Plata), área que en el siglo XVIII transitaba de la condición de frontera aislada
a estar integrada a la sociedad colonial mayor. Han sugerido que el
significativo número de blancos registrados en el padrón de 1767 y su
disminución en el de 1795, y a la inversa en el caso de los indios, se debía a
que la condición de ser una sociedad de frontera y de una etapa inicial de
apropiación de los recursos favoreció los procesos de blanqueamiento, pues en
su mayoría se trataba de personas desarraigadas de sus pasados sociales y
familiares. Pero cuando empezaron a perderse esas características y los
padrones fueron desarrollados por personas civiles y eclesiásticas oriundas del
lugar, se introdujeron modificaciones en las calificaciones que conllevaron a
disminuir el número de blancos. En vista de esto, estas autoras califican al
censo de 1795 como un intento por ordenar la sociedad de una manera
conservadora, colocando trabas a la movilidad social mediante la aplicación de
categorías socio-raciales más rígidas. En este tránsito, el conocimiento de la
población desempeñó un papel determinante pues el censo de 1795 fue
desarrollado por el cura de la comarca, oriundo de ese lugar y con acceso a la
información pormenorizada sobre las genealogías de las personas. A esto achacan
el incremento de las categorías del mestizaje, en especial las de mulato y
mestizo, y la disminución de las categorías socio-raciales primarias como los
blancos y los indios.53
Para determinar los factores
que incidieron en los cambios en las proporciones numéricas entre los diversos
grupos, Boixadós y Farberman acuden a la reconstrucción de microbiografías de
personas de distintas condiciones utilizando diversas fuentes de archivos para
determinar si la riqueza, la pertenencia a redes sociales y ser antiguo o nuevo
vecino favorecían la movilidad social expresada en el blanqueamiento. Ese
recurso también lo consideran útil para establecer las posibles correlaciones y
divergencias entre las calificaciones aplicadas por los empadronadores y lo que
sucedía en las relaciones sociales.54
Pese a que este recurso de
cruzar la información que contienen con la registrada en otras fuentes como la
parroquial, notarial, judicial y de archivos locales ha demostrado ser muy
eficiente para contrarrestar las deficiencias y vacíos presentes en los
padrones de población, se reconoce que estas documentaciones también presentan
problemas como es el caso de la eclesiástica. A propósito de un estudio sobre
las clasificaciones socio-raciales en la población de Santa María, situada en
el valle del río Calchaquí, en el nororiente del virreinato de La Plata,
contrastando la información contenida en las actas de defunciones, bautismos y
matrimonios y los libros de fábricas depositados en el archivo parroquial y los
censos generales de 1771 y 1812, Lorena Rodríguez muestra las variaciones en
los criterios de clasificación de las personas (indios y españoles en los
libros de fábrica de entierros de comienzos del siglo XVIII; además de las
anteriores el informe de un sacerdote de 1737 agregó la de mestizos, españoles,
indios, mestizos, esclavos, pardos libres y sin identificar en libros de
bautismos, matrimonios y defunciones de 1760 en adelante). La triangulación de
la información le permite demostrar que a algunas personas se les asignaron
distintas clasificaciones a lo largo de sus periplos vitales, y que muchos de
los registrados en los libros parroquiales de españoles provenían de mezclas
impuras pero que en una sociedad de mayoría indígena el mestizo podía ser
asimilado al blanco. La explicación la encuentra en la rigidez adquirida por
los criterios de clasificación a finales del XVIII con el fin de impedir la
movilidad social y mantener el privilegio de los notables. Ese cerramiento fue
resultado de menguar el peso de los factores de la ascendencia y los
socio-culturales de la calidad de las personas, colocándose el énfasis en la
apariencia física.55
Historiografía
colombiana y censos de población
En los cinco últimos
decenios la historiografía sobre Colombia vio incrementar el uso de los
distintos censos coloniales de población gracias tanto a los ensayos de
reconstrucción de la demografía histórica de la población indígena, como
también en los trabajos de compilaciones estadísticas. Los debates sobre el
impacto de la conquista sobre aquella población, las encomiendas, resguardos y
relaciones conflictivas con gentes de otras condiciones, como también acerca de
los sistemas de tributación que les impusieron, acudieron a los informes de
visitas de la tierra escritos por los funcionarios delegados por la Real
Audiencia y a los listados de matrículas de los tributarios.56
Además, las compilaciones
estadísticas, como la de Fernando Gómez sobre los censos anteriores a 1905,
colocó al alcance de los investigadores el resumen del padrón del Nuevo Reino
de Granada de 1777-1780,57 empleado con alguna frecuencia por la historiografía
económica y social de los años 1970 y 1980. A esta siguió el esfuerzo más
significativo que se ha realizado para ofrecer a los historiadores un trabajo
de estadística de demografía histórica como el realizado por el equipo
coordinado por Hermes Tovar Pinzón, el que reunió de forma pormenorizada y
depurada cifras sobre los distintos censos del Nuevo Reino de Granada y la República
de Colombia, comprendidos entre 1777 y 1830. Esta compilación estadística está
construida y organizada con base en los distintos resúmenes de los censos
provinciales de 1777 en adelante, y sigue el patrón de las categorías que estos
contienen, los que solo señalaron las condiciones de eclesiásticos, blancos,
indios, libres de todos los colores y esclavos de varios colores.58 Por eso
durante los últimos veinte años esta compilación se ha convertido en obra de
obligatoria referencia.
Sin embargo, solo en fechas
recientes el creciente empleo de los censos se acompaña con una progresiva
preocupación por examinar, por ejemplo, los orígenes y la evolución de las
categorías socio-raciales que contienen. Para ello se ha comenzado a explorar
distintas fuentes de archivos, pues las dinámicas de esas categorías son
difíciles de explorarse en los padrones. Los estudios se han focalizado en los
Andes centrales (jurisdicciones de Santa Fe de Bogotá y Tunja),59 mientras que
para el resto de las provincias neogranadinas solo se conoce algunos aspectos
de las dinámicas de esas categorías en el siglo XVIII,60 permaneciendo en
penumbras lo sucedido en los siglos XVI y XVII,61 excepto para las poblaciones
de indios y los negros esclavos, libres y cimarrones que cuentan con algunos
trabajos significativos.62
Sin embargo, estudios más
puntuales sobre los censos muestran unas realidades no perceptibles en los
resúmenes. Por ejemplo, para las provincias del Caribe neogranadino en un
reciente artículo Steinar Saether se preocupa por estudiar la presencia de los
indios en los censos del siglo XVIII, insistiendo en las dificultades que
enfrentaron los empadronadores al momento de definirlos dada la inclinación de
aquellos a eludir el pago del tributo, presentándose como mestizos. Pero así
mismo ha llamado la atención sobre las prerrogativas que otorgaba ser
clasificado como tal, en especial el tener un status especial que le consagraba
el acceso a las tierras de los resguardos y a un status especial dentro del
orden colonial, del que carecían los mestizos.63
Para el último siglo de
dominación colonial Katherine Bonil elaboró el único trabajo que ha analizado
las categorías de clasificación social de un área neogranadina (la provincia de
Mariquita) cruzando los resúmenes de censos de esa provincia con otras informaciones
como los expedientes judiciales. Su interés se ha centrado en develar las
relaciones entre el poder y las clasificaciones sociales, por lo que se ha
interesado en quién enuncia, quiénes son cobijados por las clasificaciones,
cómo estas podían ser instrumentalizarlas de acuerdo a las conveniencias de los
distintos actores sociales y las relaciones entre las categorías y las
prácticas sociales. Señala la existencia de una diversidad de términos cuyo
empleo dependerá de los contextos locales y comarcanos, y diferencia entre las
intenciones de los altos poderes y las labores de los empadronadores que muchas
veces negociaban con los censados el empleo de las clasificaciones.64
Por estas y por otras
razones se empiezan a suscitar un debate sobre las formas clasificatorias
contenidas en los padrones de 1778 en adelante. Ahora hay interés por ir más
allá del uso de las cifras y de las clasificaciones que ofrecen los resúmenes
de ese censo, y se ha iniciado un debate sobre las implicaciones metodológicas
e historiográficas que tiene el uso de las categorías agregadas. Marta Herrera
es la historiadora que más lejos ha ido en las advertencias sobre el cuidado
que debe tenerse al emplear los censos del último cuarto del siglo XVIII,
señalando varios aspectos de mucha importancia para los propósitos de este
libro. En sus estudios sobre los procesos de poblamiento y el ordenamiento
espacial y social del Nuevo Reino de Granada, ha sido la pionera en proponer un
cuestionamiento a las categorías socio-raciales registradas en la documentación
oficial de ese entonces. Categorías como “chimilas”, “españoles”,65
“arrochelados”66 y “libres de todos los colores”67 han concentrado la atención
de esta historiadora, quien mediante una reducción de la escala de análisis en
la que conjuga recursos de archivos del orden provincial, comarcano, y local
como también conflictos individuales, propone que existieron tendencias
contradictorias en los sistemas de clasificación. Por una parte, unas
categorías generalizantes (“libres de todos los colores”) que obedecieron a un
interés de las autoridades en tener una comprensión de conjunto de la sociedad.
Por otra parte categorías particulares
(blanco, negro, indio, zambo, mulato y otras) que tenían como propósito
fraccionar a los habitantes de una población adscribiéndoles identidades
distintas, operación que se repitió hasta con los miembros de unas mismas
familias que social y culturalmente compartían el mismo mundo social y
cultural.68 Para demostrar sus
argumentos M. Herrera hace un seguimiento a las circunstancias que habían
llevado a un crecimiento significativo de los libres para la segunda mitad de
ese siglo, resaltando la importancia que adquirió la libertad entre sectores de
las gentes de color con relación a la población esclava y a los indios
tributarios.
De igual forma Alfonso
Múnera ha advertido que los estudios del censo han servido para respaldar la
imagen excluyente de una nación mestiza construida del siglo XIX en adelante,
en especial la categoría “libres de todos los colores” que desconocía la existencia
de una población negra libre e indígena. Considera que al asociar esa categoría
al mestizaje los historiadores terminan justificando una imagen de una nación
en la que los problemas étnicos no
existían.69
Pero otros historiadores han
respaldado el empleo de las categorías de los resúmenes desde dos perspectivas.
Una está arraigada en una especie de la relación política presente-pasado que
extiende los hechos políticos de la actualidad al estudio de la historia,
arrastrando en muchas ocasiones errores de anacronismos. Y la otra tiene que
ver con la reciente historiografía política y de las reconsideraciones
introducidas por los nuevos estudios sobre las reformas borbónicas.
Algunas variantes de la
primera perspectiva son frutos de la combinación entre los actuales procesos de
reinvención de las identidades de las gentes de color y de la aplicación del
modelo de la sociedad racial estadounidense a los estudios del pasado neogranadino.
Para estas miradas las categorías aglutinantes de los resúmenes de los censos
de 1777 en adelante le vienen como anillo al dedo, pues sirven para apuntalar
la imagen de una comunidad organizada en torno a la condición racial negra (o
parda), no fraccionada, con un imaginario ligado a un hipotético punto de
partida de la diáspora (África), y un proyecto colectivo de liberación en el
que todos participaban. Por eso, las categorías como las de “libres de todos
los colores” y “pardos” se trastocan rápidamente en las de “afrodescendientes”
y “negros”.70
No cabe duda que se
conservaron elementos de las culturas de sus lugares de orígenes, pero como
bien lo ha señalado Patrick J. Carroll a propósito de los negros del puerto de
Veracruz, debe distinguirse entre la etiqueta racial asignada y la etnia (las expresiones
culturales de origen africano que los identificaban), cuyas relaciones fueron
desiguales y se inclinaron a favor de la raza en detrimento de lo étnico.71 Con
base en estudios de casos de esclavos que compartieron periplos vitales desde
que fueron apresados en sus lugares de origen, los que luego se prolongaron en
las colonias españolas y portuguesas, Herbert S. Klein y Ben Vinson III han
planteado que pese a la diversidad de los orígenes de los esclavos se formación
identidades, las que sin embargo, no eran réplicas exactas de las de los
lugares de orígenes, y mucho menos una supuesta identidad africana.72
Quiere esto decir que hubo
un intenso proceso de mestizaje cultural entre la población descendientes de
los esclavizados, ya continuasen bajo esa condición ya fueran libres,
generándose una jerarquía diferenciada basada en el color de la piel.
De igual forma debe tenerse
en cuenta que recientemente la historiografía estadounidense viene debatiendo
acerca de la construcción de los discursos raciales en ese país. Sectores de
historiadores de ese país argumentan que la representación racial bipolar de la
sociedad del sur estadounidense (“blancos” y “negros”) solo se introdujo en el
último cuarto del siglo XIX mediante la supresión de una gama de categorías
sociales previas situadas entre aquellos extremos. De forma más detallada la
situación empezó a cambiar una vez culminó la guerra civil (1861-1865) que al
tiempo que originó el fin de las diferencias entre esclavos y personas libres
de color, y la prohibición de matrimonios entre desiguales, también introdujo
la ideología de “una gota de sangre” en los antepasados para definir a una
persona como negra. Diversidades socio-raciales también se reconocían en el
Surinam holandés y en Jamaica.73
La segunda perspectiva ha
sido defendida en la historiografía reciente por varios historiadores y desde
modelo distintos. Según Margarita Garrido el origen del concepto “libres de
todos los colores” estuvo ligado a la extensión del mestizaje, a las formas de
poblamiento por fuera del control de las autoridades coloniales y a la reforma
militar de 1773. Para esta historiadora la conjunción de estos tres elementos
abrió fisuras en el orden colonial basado en criterios raciales y permitió
espacios para la participación política de los sectores subalternos, en
especial de aquellos que empezaron a reclamar reconocimiento social gracias a
la construcción de un estilo de vida basado en el positivo esfuerzo personal y
en el honor. Sin embargo, estas aspiraciones chocaron con los obstáculos que
les imponía la condición socio-racial. A finales de la Colonia esto produjo, y
esta es una de las ideas más interesantes del análisis de esta historiadora, la
no correspondencia entre el ordenamiento racial y el político.74 En sus luchas
por construirse una imagen individual y familiar respetable, muchos de estos
libres de todos los colores “[…]
destituidos de pertenencias étnicas claras […]” ligaron sus imágenes al sitio
de vivienda y en consecuencia actuaron como vecinos.75
Otros estudiosos del pasado
defienden el uso de la categoría “libres de todos los colores” y la
generalización del término “pardo” para denominar a todos los libres que por
una de sus líneas ascendientes tuviesen antepasados negros, resaltando las
connotaciones políticas de ambas categorías. El modelo que sustenta esta
interpretación parte de considerar que durante la Colonia los grupos sociales
eran creaciones políticas en la medida que la monarquía española definía y
reglamentaba su existencia y su orden jerárquico (estamentos de blancos e
indios). Al lado de estos estaban las castas originadas en el mestizaje y cuyas
existencias no tenían definiciones legales precisas como si la tenían aquellos.
Tanto el mestizaje como las necesidades de la monarquía llevaron a que a
finales del siglo XVIII los blancos pobres, indios y mestizos fueran
redefinidos como el “estado llano” o la “plebe” y que se les otorgara el
derecho a participar en las decisiones públicas, indistintamente de la
condición socio-racial.76 Consideran que esa redefinición de los actores
sociales y político en buena medida se facilitó y se expresó en el
fortalecimiento de la categoría del vecino, pues en una sociedad de orden
corporativo esa condición era clave para la participación en la vida política
de las poblaciones. El libre radicado de forma estable en una población quedaba
integrado en esa condición política, con sus derechos y deberes. Y en esto
cabían blancos, mestizos, mulatos y todas las demás mixturas.77
Armando Martínez ha sugerido
que con las reformas militares borbónicas culminó el proceso de integración de
las gentes de color a la sociedad colonial y los términos “pardo” y “moreno”
“[…] pasaron de describir una condición racial a asignar un estatus de
miliciano y servidor de la monarquía”, logrando algunos privilegios como el
fuero militar. En consecuencia, muchas de las divisiones de las calidades
sociales de las personas (quinterón, cuarterón, zambo, mestizo, mulato) dejaron
de funcionar como categorías políticas y terminaron englobadas en conceptos
como blancos, pardos, indios, morenos y negros, gracias a los acentos que les
otorgaron los encuadramientos institucionales como la incorporación de esos
sectores a la doble condición de vecinos y milicianos.
Esta idea descansa en tres
reconsideraciones historiográficas elaboradas en los últimos años. La primera
es que la sociedad de la Colonia tardía era de órdenes basada en privilegios
representados en los fueros, lo que permite entender tanto la existencia de la
condición política del vecino, como de una movilidad social de la que estaría
exenta una sociedad organizada por castas. La segunda es que para ese periodo y
gracias al encuadramiento institucional de los pardos, el color de la piel
perdió peso en las formas de discriminación, basándose esta en la bastardía y
en sus implicaciones morales. Y la tercera es que cabalgando sobre una realidad
social en la que el mestizaje hacía difusas las fronteras entre algunos grupos
de gentes de color, la Monarquía definió ciertos privilegios a estos e intentó
integrar a los libres de color en una categoría política agregada como la de
los “pardos”.78
Entre las interpretaciones
que hemos comentado es la de Jorge Conde la que más se ha esforzado en integrar
muchos de los aspectos que están en discusión (raza, clase, novedades políticas
que trajeron las reformas borbónicas) y los ha propuesto como elementos claves
para entender la vida política colombiana de la primera mitad del siglo XIX. En
efecto, la perspectiva del análisis de este historiador es más compleja dado
que a pesar de interesarse en las modificaciones políticas que se fueron
escenificando durante los años de la crisis del imperio español (de 1808 en
adelante) y durante los primeros decenios de la República, reconoce la
existencia de una compleja variedad socio-racial durante el siglo XVIII: “[…]
entre las de mayor empleo en el lenguaje de la época fueron: Pardo: mestizo con
una gota de sangre negra; zambo: mestizo de negro y de indio; mulato, grifo,
tercerón, cuarterón, quinterón, salto atrás; los mestizos de pardo y negro tenían
diversos grados: moreno, eufemismo de pardo”.79 Según el historiador que
estamos comentando esa diversidad, que la ubica como uno de los obstáculos en
el proceso de formación de la nación, tenía su mayor riqueza en las provincias
del Caribe neogranadino, “[…] de tal manera que las autoridades tenían que
utilizar la expresión libres de todos
los colores para disipar las confusiones que generaban, de manera
recurrente, el carácter mixto de los fenotipos y de los estatus”.80
Con base en ese
reconocimiento como aspectos claves para entender la vida política de la primera mitad del siglo XIX,
este autor ha argumentado en parecida dirección a la de Armando Martínez al
anotar que las reformas borbónicas facilitaron a las gentes libres nuevas
formas de participación política, y pese a las diferencias socio-raciales,
laborales y de prestancia, las integraron en el estatuto político del “estado
llano” y “plebe”, generándose conflictos con los notables de las poblaciones
que vieron amenazados sus privilegios. Para finales de la Colonia, pardos y
mulatos habían asimilado los valores de los notables y “[…] constituían una
subdivisión o calidad del estamento español”. Los factores institucionales que
marcaron estas novedades fueron la condición de vecinos que generaba espacios
para la participación política y la de milicianos.81
Pues bien, tanto las
preocupaciones historiográficas de Marta Herrera y Alfonso Múnera, como las de
Armando Martínez y Jorge Conde son de interés por dos razones. 1) Porque
obligan a estudiar la genealogía del censo de 1777, y a deconstruir las
categorías aglutinantes para ahondar en los propósitos de las administraciones
coloniales que las echaron a andar, y analizar los procesos de apropiaciones y
resignificaciones de que fueron objetos por parte de distintos sectores
sociales. 2) Porque la redefinición del estatuto político de los sectores bajos
permite entender algunas transformaciones en la esfera de las relaciones entre
los individuos, sus familias y la Monarquía y sus instituciones, y el papel de
los primeros en los entornos políticos locales. También garantiza situar en un
plano muy distinto la dinámica social y política de finales del siglo XVIII, en
especial el estudio de la dialéctica entre el conflicto y la integración
social, frente a una tradicional mirada historiográfica solo atenida a
criterios “raciales”.
Sin embargo, esta última
posibilidad demanda estar alerta para que el estudio de los procesos de mayor
integración a la sociedad colonial y los logros en materia de reconocimiento
por parte de las gentes libres de color no se haga con el único propósito de
explicar la participación de estos sectores en la crisis política que se abrió
de 1808 en adelante. Este solo énfasis corre el riesgo de suponer que
desaparecieron los llamados factores socio-raciales que ordenaban y
jerarquizaban a la sociedad, y que bajo el dominio de los borbones se dio una
ruptura tajante con las taxonomías socio-raciales que le precedían.82 También
se puede confundir las intenciones de las autoridades del periodo borbónico con
lo que sucedía en las relaciones cotidianas entre las gentes. De igual forma se
puede terminar presidario de lo que la información oficial nos dice a propósito
de un tema sobre el que la experiencia historiográfica latinoamericana ha
llamado a tener unas miradas desde distintos ángulos, y a tomar en cuenta los
diferentes campos relacionales de las personas. De igual forma se confunde las
relaciones de los individuos con las instituciones con el conjunto de las
relaciones sociales.
A
manera de conclusión: posibles caminos a seguir
Muchas de las deficiencias
que acusan los análisis sobre la sociedad del siglo XVIII que tienen como
fuentes de información a los censos de población se deben al desconocimiento de
tres aspectos claves con relación a los datos que estos contienen.
El primero es el recurrente
desconocimiento de que los resultados de los censos se presentaron en varios
niveles (padrones de poblaciones llenos de muchos detalles; y resúmenes por
partidos, provincias, virreinatos, intendencias y capitanías).83
El segundo aspecto es que se
desconoce que las iniciativas asumidas por la Corona española para contabilizar
a la población de la metrópoli y de sus dominios de América y las Filipinas,
estuvieron acompañadas por una tendencia a la simplificación en la presentación
de los resultados por parte de las autoridades centrales de los virreinatos, lo
que a su vez era expresión del pensamiento ilustrado.
Y el tercero es que el
contraste entre los padrones de las poblaciones (al menos los de los censos de
1777 para los casos del Nuevo Reino de Granada y Nueva España) y los resúmenes
nos dicen muchas cosas que por lo regular no aparecen en los estudios que solo
se atienen a estos últimos compendios.
En efecto, en 1768 se
realizó el censo de España conocido como el del Conde de Aranda, y en 1787 y
1797 se llevaron a cabo los censos del conde de Floridablanca y el del ministro
Godoy respectivamente. De igual forma, durante el último cuarto de ese siglo
las iniciativas de empadronar a la población se replicaron en los dominios
españoles de América y Filipinas, realizándose varios censos con base en la
orden real emitida en noviembre de 1776.
Los censos de población de
las colonias no se pueden concebir de forma aisladas de los que se realizaban
en España. El censo de 1768 del Conde de Aranda (de nuestro interés por su
cercanía con la real orden de 1776 que mandaba a censar a los habitantes de las
colonias) representó una transición entre las formas tradicionales de
contabilizar a la población y las formas modernas. El mandato que conminaba a
las autoridades ordinarias y eclesiásticas a levantarlo exigía que no se
anotaran nombres para evitar sospechas por
parte de los empadronados. Se suprimieron los registros de categorías
sociales y empezó a dársele mayor énfasis a las ocupaciones. Solo contabilizó a
los vecinos (cabeza de familia con casa poblada y residencia en una población),
y se añadieron cifras sobre las consortes, hijos y agregados.84 El censo del
conde de Floridablanca fue realizado y publicado en 1787,85 siendo conocido por
el conde de Revillagigedo, virrey de Nueva España, quien lo tomó como modelo
del censo de este virreinato de 1791.86
Vista de conjunto se trataba
de una política unitaria a pesar de que la aplicación y los resultados de los
padrones asumieron diversas características acordes con las sociedades que se
empadronaron. Productos de la mentalidad ilustrada, los censos de población y
las relaciones geográficas aspiraban a que la corona y sus funcionarios
tuvieran el conocimiento y las herramientas necesarias para el buen gobierno y
la defensa del imperio, ampliar la esfera del Estado, impulsar la iniciativa
privada y desvertebrar viejos
privilegios.87 Por eso, cuando se estudian de conjunto se observa las
transformaciones que se operaron con relación a los censos que les precedieron,
como también una tendencia a su continua modernización expresada en una
creciente universalidad y abstracción en las formas de recoger y de presentar
los resultados, dejando de lado la gran cantidad de especificaciones de las
distintas condiciones de los habitantes, las que sí estuvieron presentes en los
censos anteriores.88
Esta era la experiencia
relativa a censos conocida por los ilustrados que estaban al frente de los
distintos virreinatos, capitanía, intendencias y provincias hispanoamericanas.
Y a ellos les correspondió levantar los padrones ordenados por disposición real
fechada el 10 de noviembre de 1776. Por ejemplo, Antonio de Ulloa, cercano al
conde de Aranda, había participado en la organización del censo español de 1768
y luego diseñó los formatos para realizar el censo de Nueva España de
1777.89
Todo el interés se ha depositado en los
resúmenes generales desconociéndose que estos obedecieron a un interés de la
Monarquía y de sus funcionarios ilustrados para tener una visión de conjunto de
la población bajo su jurisdicción. El no tener presente estos hechos lleva a
que la imagen elaborada por los estudiosos de la sociedad neogranadina del
siglo XVIII usualmente quede reducida a “eclesiásticos, blancos, indios, libre
de todos los colores y esclavos de varios colores”, tal como se presenta en el
resumen general para el virreinato.
Igual sucede para el caso de Puerto Rico, como se puede apreciar en un
reciente artículo de Francisco Scarano y Katherine Curtis fundado en los
resúmenes de los censos de 1779 a 1802.90
De igual forma, el uso de
los resúmenes de los censos se da sobre la base del escaso conocimiento que se
tiene acerca de cómo se llevaron a cabo los distintos empadronamientos, las
técnicas empleadas para recoger la información, cómo se aplicaban las
categorías socio-raciales a las personas, el papel de los empadronadores en la
recopilación de los datos, las relaciones entre estos y los empadronados al
momento de determinar en qué categoría quedaban adscritos estos últimos, y los
mecanismos a los que se acudía para resolver las dudas. Esos y muchos otros
aspectos son de vital importancia para evaluar tanto la utilidad de estos
documentos como su valor como parte de un discurso sobre la estratificación de
la sociedad colonial.
Como puede observar el
lector, los anteriores argumentos remiten al tema de las relaciones entre el
orden social existente a finales del siglo XVIII y las representaciones
sociales construidas por el discurso ilustrado, en especial las relaciones
entre viejas y nuevas categorías de diferenciación y la realidad social. El
estudio de estas relaciones implica abordar cuatro aspectos diferenciados y a
la vez complementarios. El primero es el papel de las instituciones y de los
discursos oficiales en la producción del orden social. El segundo son los
procesos de construcción de los documentos que crean, reafirman o modifican las
representaciones sociales, tarea lamentablemente desdeñada por la mayoría de
los historiadores pese a que reconocen que aquellos constituyen buena parte de
la materia prima con la que construyen sus análisis. El tercero se refiere a la
necesidad de contrastar esas construcciones discursivas con las prácticas
sociales de las gentes en sus vidas cotidianas. Y el cuarto obliga a establecer
qué sobrevivía de las anteriores formas de representación social, su presencia
en los documentos, y hasta dónde pueden sesgar la observación del historiador y
llevarlo, tanto a desconocer las nuevas realidades que estaban emergiendo como
a creer que estas automáticamente borraban viejas clasificaciones.
Esta agenda de investigación
obliga a centrar las reflexiones en el papel que le asignamos a las prácticas
sociales, a las representaciones y a las funciones de las instituciones y de la
escritura en la producción de aquellas y del orden social. Al respecto Roger
Chartier ha planteado que las respuestas a temas como los contemplados en esa
agenda no pueden provenir de un viejo modelo histórico-filosófico que solo vio
quiebres entre el discurso ilustrado por un lado, y las decisiones
institucionales y la sociedad del Antiguo Régimen por otra parte, desajuste que
por tanto llevaba a resaltar el papel revolucionario de la ideología que tenía
como función volver a reacomodar las relaciones entre el campo
discursivo-racional y el campo de la vida social. Tampoco puede proceder de un
modelo sociográfico que fija previamente a los grupos sociales y luego les
asigna características culturales. Consideramos, siguiendo al citado
historiador francés, que las relaciones entre el mundo cultural y el social
deben ser asumidas desde tres perspectivas: 1) analizando las formas de
clasificación producidas por las diversas expresiones del mundo cultural
(intelectual, mentalidad colectiva, conciencia de grupo) que permiten que los
distintos sectores sociales originen construcciones diversas del mundo social.
Se trata de esquemas que generan percepciones, clasificaciones y
representaciones que cristalizan en instituciones sociales. 2) Estudiando las
distintas expresiones prácticas de las identidades sociales que ponen en escena
el status, el rango y la clase. Y 3) prestando atención a las formas como las
instituciones objetivan y consagran esas representaciones y prácticas sociales
diferenciadoras.91
En consonancia con ese
modelo la atención debe concentrarse en el análisis tanto de la permanencia de
tradiciones como también en el surgimiento de nuevas prácticas sociales, en el
papel de las instituciones y de los discursos en la administración de esas
prácticas y de los espacios en que se desarrollaron, determinando las
influencias y los límites de los discursos y las instituciones en la
reorganización de los sistemas de percepción y de ordenamiento del mundo
social. Esto implica estudiar hasta dónde existió una sensibilidad que permitió
recoger las transformaciones que se fueron operado en términos reales, como
también los esfuerzos por introducir nuevas clasificaciones que podían o no
podían machar aparejadas con esta realidad, y tenían efectos sobre las formas
como el común de las gentes leía y se representaba el orden social, sus grupos
y a sus actores individuales. De igual forma se debe analizar las discordancias
que existen entre las ideologías que pretenden representar al mundo social y
proponen su reorganización, y las prácticas que en su ejecución pueden
conservar ya sea viejas ideologías o introducir nuevas distribuciones y
clasificaciones.92
Con base en las anteriores
consideraciones creemos conveniente que el estudio de las relaciones entre las
formas “tradicionales” de leer, representarse y de actuar en el orden social
del siglo XVIII (la gama de categorías socio-raciales y las prácticas sociales a ellas asociadas), y las
novedades políticas introducidas desde 1770 en adelante, debe integrar el
espacio de esos posibles cambios políticos con aquellos ámbitos de la vida
social en que las personas y familias se relacionaban por fuera de los vínculos
institucionales pero, que a su vez tenían consecuencias legales.
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