LA EDUCACIÓN EN LA II REPÚBLICA
La Constitución de 1812 dedicó un capítulo propio a la educación;
La Constitución republicana de 1931, no consagró un capítulo expresamente a
ello, pero fue el texto que más extensamente se ocupó de los problemas de la
educación. Proclamaba la escuela única, la gratuidad y obligatoriedad de la
enseñanza primaria, la libertad de cátedra y la laicidad de la enseñanza.
Igualmente, establece que los maestros, profesores y catedráticos de la
enseñanza oficial serán funcionarios y que se legislará en el sentido de
facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los
grados de enseñanza, a fin de que no se hallen condicionados más que por la
aptitud y la vocación.
Precisamente de ésta normativa de carácter educativo que se
aprueba en estos años, destacan los cambios sobre aquellos temas pendientes
hasta entonces. Entre ellos, la regulación del bilingüismo, permitiendo que en
las escuelas primarias se enseñe en lengua materna, aunque sea diferente del
castellano, además de cursos de perfeccionamiento del catalán organizados por
la Universidad de Barcelona; se suprime la obligatoriedad de la enseñanza
religiosa, aunque se mantendría en aquellos casos en que los padres lo desearan
y se desvinculaban de impartir ésta asignatura a aquellos maestros que
invocaran la libertad de conciencia. Con lo que la libertad religiosa es, en la
escuela, respeto a la conciencia del niño y del maestro[1]; se reforma la formación inicial de
los docentes, para lo cual se creó mediante el decreto de 29 de mayo de 1931
las misiones pedagógicas, “encargadas de difundir la cultura
general, la orientación docente moderna y la educación ciudadana en aldeas,
villas y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la
población rural”[2]. Fue una propuesta inspirada
probablemente en la ILE, consciente de que la modesta escuela
primaria no podía dotar de los bienes de la cultura a los medios rurales; y se
regula la inspección de primera y segunda enseñanza.
Quizás uno de los pocos aciertos de la II República fue el permitir el voto
femenino y el desarrollar la legislación para crear una escuela pública,
obligatoria, laica y mixta. "Sin ninguna duda, la mejor tarjeta de
presentación de la República fue su proyecto educativo", asegura el
catedrático de Historia de la Educación de la Universidad de Alcalá de Henares
Antonio Molero. "Efectivamente, fue la piedra angular de todas las
reformas: había que implantar un Estado democrático y se necesitaba un pueblo
alfabetizado. Era el Estado educador", ratifica la doctora en Historia
por la Universidad de Huelva Consuelo Domínguez. Tanto ella como Molero se han
especializado en la enseñanza de la II República, un ambicioso proyecto que los
maestros acogieron con entusiasmo.
Lo que más caracterizó la política educativa del Gobierno
Provisional fue, sin duda, su decidido planteamiento del déficit de escuelas
primarias. Rodolfo Llopis (Ministro del Ministerio), se quejaba de la falta de
datos en el Ministerio, del estado y calidad de las escuelas públicas
existentes. De ése modo, de un informe realizado por la Inspección de Enseñanza
Primaria se dedujo que, habían 32.680 escuelas y que aún eran necesarias 27.151
escuelas más. Ante ésta situación el Ministerio respondió con un plan quincenal
mediante el cual se crearían las escuelas necesarias a un ritmo de 5000
escuelas por año, excepto durante el primero que se crearían 7000. Junto a la
falta de escuelas, la ausencia de maestros adecuadamente formados y dignamente
retribuidos. Para ello hubo que cambiar el sistema de oposición que daba el
acceso a la plaza de maestro por la convocatoria de cursillos de selección del
profesional. Los candidatos pasaban tres meses bajo control del Ministerio
recibiendo una preparación profesional y una orientación pedagógica,
dividiéndola en tres partes: clases en las escuelas normales, prácticas pedagógicas
en las escuelas primarias y lecciones de orientación en las Universidades.
Finalmente eran seleccionados por tribunales competentes a estos efectos. Para
la Republica, la formación del maestro aparece como una de las principales
atenciones, pues el maestro ya empieza a ser considerado como el “alma de la
escuela”. Su formación se basa en tres aspectos importantes: cultural (se
adquirirá en los institutos nacionales de segunda enseñanza), preparación
profesional (se adquirirá en las escuelas normales, para cuyo ingreso será
necesario el bachillerato) y la práctica pedagógica (se realizará en las
escuelas nacionales). Además se realizará practicando la coeducación, es decir,
se fundían las escuelas normales masculinas y femeninas en escuelas normales mixtas.
Además el Gobierno provisional no desatendió otros campos de la educación.
Muestra de ello es el decreto de 13 de mayo de 1931, por el cual se suprimía el
Plan Calleja de bachillerato, restableciendo el Plan de estudios de 1903.
Reformando, así también, la enseñanza media. Por otro lado, mediante el decreto
de 21 de mayo, se estableció la necesidad del título de maestro para la
enseñanza primaria tanto privada como pública y el de licenciado para la
enseñanza media. En el ámbito universitario, se otorgaba a las Facultades de
Filosofía y Letras de las Universidades de Madrid y Barcelona un régimen de
preautonomía, centrado fundamentalmente en la disminución de exámenes,
opciones disciplinarias para los alumnos, régimen de tutorías, etc.… A lo anterior,
también hay que sumar otra empresa que acometió el Gobierno, fundamental para
consagrar la reforma educativa: una nueva ley de instrucción pública. Una ley
cuya finalidad sería la de instituir en España la escuela única, y autorizaba
al Consejo para que requiriera de cuantos organismos y entidades estimase
preciso orientación y ayuda. Ésta labor le fue encargada a Lorenzo Luzuriaga.
Su anteproyecto de ley merece especial atención pues recoge en gran medida las
aspiraciones de amplios sectores republicanos en materia de enseñanza[3]. En él, la educación pública debía
revestir los siguientes caracteres:
1 La
educación pública es una función del Estado. No obstante, puede delegarla en la
región, provincia o municipio siempre que éstas justifiquen solvencia económica
y cultural. Por otra parte, se acepta la existencia de la enseñanza privada,
siempre que no persiga fines políticos o confesionales partidistas.
2 La
educación pública debe ser laica. La escuela debe limitarse a dar información
sobre historia de las religiones, con especial atención a la religión católica.
Si las familias lo solicitan, el Estado podrá facilitar medios para la
educación religiosa, pero siempre fuera de la escuela.
3 La
educación pública debe ser gratuita, especialmente en las enseñanzas primarias
y media. La educación universitaria debe reservar un 25% de matrículas
gratuitas.
4 La
educación pública debe tener un carácter activo y creador.
5 La
educación pública debe tener un carácter social. No debe ser un centro aislado
de la comunidad social, debiendo insertarse en ésta y mantener relaciones con
padres, entidades profesionales y culturales, etc.…
6 La
educación pública se desenvuelve en tres grados:
1 1er grado:
comprende dos periodos →uno, voluntario y de carácter preescolar para niños de
4-6 años. Otro obligatorio, para niños de 6-12 años.
2 2º
grado: comprende dos ciclos → uno, de 12-15 años, concebido como ampliatorio de
la educación básica. Otro de 15-18 años, concebido como preparatorio de la
educación superior.
3 3er grado:
corresponde a la educación universitaria y se divide en dos ciclos correlativos
a la licenciatura y al doctorado.
·Al igual que es sistema
educativo aparece como un todo unitario, el profesorado que lo sirve debe
constituir también
un todo orgánico. Siendo una la función educativa, uno debe ser también el
profesorado.
A la espera de que se aprobara la Constitución, en diciembre, el Gobierno tomó,
mediante decretos urgentes, las primeras medidas: se reconoció el Estado plural
y las diferencias lingüísticas (se respeta la lengua materna de los alumnos) y
al frente del Consejo de Instrucción Pública que haría caminar las reformas se
nombró a Unamuno. Se proyectó la creación paulatina de 27.000 escuelas.
La República se propuso llenar las escuelas
con los mejores maestros. Pero los docentes de la época tenían una formación
casi tan exigua como su salario. Con Marcelino Domingo al frente del Ministerio
de Instrucción Pública y Rodolfo Llopis de director general de Primera
Enseñanza, se elaboró el "mejor Plan Profesional para los maestros que
ha existido en nuestra historia", asegura Domínguez. Y prácticamente
las mismas palabras usa Antonio Molero para defender esa idea. El sueldo
miserable de aquellos voluntariosos maestros subió a 3.000 pesetas al tiempo
que se organizaban para ellos cursos de reciclaje didáctico. En aquellas
Semanas Pedagógicas recibían asesoramiento de los inspectores, para remozar su
formación. La carrera de Magisterio, elevada a categoría universitaria,
dignificó la figura del maestro. A los aspirantes se les exigió, desde
entonces, tener completo el bachillerato antes de matricularse en las Escuelas
Normales, donde se enseñaba pedagogía y había un último curso práctico pagado.
"Se hizo del maestro la persona más culta, eran los intelectuales de
los pueblos y, con toda la precariedad en que vivían, ejercieron de una forma
digna", señala Consuelo Domínguez.
Con aquellas mimbres comenzó a tejerse un
sistema educativo que puso el énfasis en el alumno, le hizo protagonista de las
clases y de su formación. Los críos salían al campo para estudiar ciencias
naturales, se trataron de sustituir los monótonos coros infantiles recitando
lecciones de memoria por el debate participativo y pedagógico; los niños y las
niñas se mezclaron en las mismas aulas, donde se educaban en igualdad, y se
favoreció un tránsito sin sobresaltos desde el parvulario a la universidad.
"Fue una escuela en la que se educó a los niños atendiendo a su
capacidad, su actitud y su vocación, no a su situación económica. La educación
pública recibió financiación para ello, y eso era algo que la escuela privada
miró con recelo", recuerda Molero. "Todo tenía el aroma
pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza, que fue el soporte intelectual
en el que se apoyó la República. Aunque diseñó una escuela más laica".
Pero no todos estaban de acuerdo con ésta
Constitución. Hubo un sector de la población que se vio seriamente afectado: la
Iglesia. Así, una vez aprobada la Constitución, el 1 de enero de 1932 la
iglesia jerárquica española daba a conocer una pastoral colectiva en la que se
rechazaba ésta, afirmando una vez más, su derecho a enseñar y el de los padres
a la elección de los centros docentes que estimaren convenientes para la
educación de sus hijos. Tal punto llego la situación, que se produjo una “guerra
escolar” entre los partidos de la enseñanza confesional y entre los que
propugnaban la enseñanza laica, tuvo su momento álgido en la intervención
directa de la Santa Sede, con Pío IX. Fue la primera vez que la educación en
nuestro país, enfrentaba formalmente el Estado español y a la Iglesia de
Roma. Aprobada la Constitución, al ministro Fernando de los Ríos le tocó
lidiar con la reforma más drástica y conflictiva: la disolución de la Compañía
de Jesús; a las órdenes religiosas se les prohibió impartir enseñanza mientras
a los maestros se les "libera" de la obligación de dar doctrina
religiosa en clase.
"Es una medida discutible en un
régimen de libertades, pero lo cierto es que era constitucional",
asegura Molero. "La España de la época quizá no estaba preparada para
estos cambios", razona Domínguez. En todo caso, la política de
sustitución de la escuela religiosa "fracasó, porque las órdenes
religiosas pusieron los colegios en manos de seglares con los derechos civiles
reconocidos. Tenían otro nombre, pero era lo mismo. De hecho, el número de
centros privados era mayor en 1935 que en 1931". Unos colegios
privados a los que se permitieron fijar su ideario.
La
llamada escuela unificada, tan criticada en las filas conservadoras, no se
refería, asegura Molero, "a la cesión al Estado del monopolio
educativo. Se trataba de una educación sin escalones, que permitiera un camino
fluido y continuo desde unos niveles a otros".
Durante el bienio azañista, se pudo
llevar a término la ley, que con tanto esmero se concibió, como la solución al
déficit educativo en el país. Se continuó con la labor de renovación de la
enseñanza primaria. La construcción de escuelas. Promulgó decretos para
aligerar los plazos y los procedimientos de colaboración entre el Estado y el
municipio, a crear prototipos de edificios escolares para cada región
geográfica y mejorar la financiación de éstas construcciones. Creó, mediante el
decreto de 27 de enero de 1932, la Sección Pedagógica de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Otorgándole, dicha norma, una
doble misión: “el cultivo de las ciencias de la educación y el desarrollo de
los estudios superiores pedagógicos”. Así como la formación del profesorado de
segunda enseñanza y de Escuelas Normales, de la Inspección de Primera Enseñanza
y de los directores de escuelas graduadas (Art.1º). Dicha sección expediría los
certificados de estudios pedagógicos que habilitaría a los licenciados para
opositar. Se reguló otro aspecto de la enseñanza primaria: la Inspección.
Mediante el decreto de 2 de diciembre de 1932, se aportó una concepción más
moderna de esta y haciendo del inspector un especialista técnico-pedagógico, un
consejero y un orientador del maestro. De igual manera ocurrió en la enseñanza
media mediante el decreto de 30 de diciembre del mismo año. Por otro lado, aquí
hubo que enfrentarse al problema derivado de la ley de Confesiones y
Congregaciones Religiosas, con la que se ordenaba el cierre de esta enseñanza
para el 1 de octubre de 1933, exceptuándose solamente la enseñanza primaria
cuya extinción seria para el 1 de enero de 1934. A tal efecto, se creó la Junta
de Sustitución. La cual se encargaría de sustituir la enseñanza, profesores y
edificios religiosos por laicos. En el ámbito universitario, se realizó un
proyecto de ley que, aunque no llego a convertirse en ley, reflejaba el
pensamiento reformador a este nivel: formar científicamente a los diferentes
profesionales, que la sociedad requiere y fomentar la investigación en su
propio seno.
En 1933 se celebraron las segundas elecciones
a Cortes de la República, dando la victoria a los partidos de derecha
(coalición formada por los radicales de Lerroux y por los católicos de la CEDA
de Gil Robles). La mujer estrena el voto femenino y la derecha -la CEDA de
Gil Robles- llega al poder. Los progresistas verán cómo se va destejiendo parte
del sistema diseñado. "Ellos mismos se llamaron el bienio rectificador",
recuerda Cristóbal García, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad
de Huelva. Ésto supuso que se diera marcha atrás en muchos de los
planteamientos educativos laicos del anterior gobierno. En la enseñanza
primaria, se inició un descenso en las construcciones escolares y un
debilitamiento creciente de la reforma pedagógica. Se prohibió la coeducación
en las escuelas primarias[4]. A lo que, conjuntamente, le siguió una
intensa acción para conseguir erradicarla en las escuelas normales. También
este retroceso afectó a la enseñanza universitaria. Muestra de ello es la
extinción de la representación estudiantil en los claustros, juntas de gobierno
y juntas de la facultad. Por otro lado, como aportaciones positivas de esta
etapa destacan, las reformas de la segunda enseñanza, en la que se establecía
que los alumnos libres y los de enseñanza colegiada se matricularían en los
institutos nacionales de segunda enseñanza, donde se examinarían ante un
tribunal. Esto también sería de aplicación para los alumnos de institutos
locales y elementales y a los de los colegios subvencionados. Por otro lado se
prohibía la imposición por el profesorado de libros de texto o de lectura
Además se determinaban las condiciones para la creación de institutos
nacionales e institutos elementales. Pero la reforma fundamental en este nivel
se produce con la aprobación, en 1934, del Plan de estudios de bachillerato:
el Plan Villalobos .Con él, la enseñanza se estructuró a este
nivel en siete cursos divididos en dos ciclos. El primero, (formado por tres
cursos) impartiría una enseñanza general que prepararía para el segundo ciclo
(formado por cuatro cursos divididos) donde los dos primeros cursos de éste
comprenderían disciplinas formativas y en los dos siguientes se profundizaría
en las disciplinas. Finalizado el bachillerato, había una prueba de reválida en
cuyo tribunal intervendría el profesorado universitario[5]. Por otro lado, la calificación de los alumnos oficiales se encomendaba
a la junta de profesores, que habrían de tener en cuenta la labor del alumno a
lo largo del curso. Respecto a los alumnos de enseñanza libre y colegiada, se
reiteraba el criterio de que se examinaran ante la junta de profesores del
instituto del que dependiera el centro. En cuanto a la enseñanza universitaria,
hay que destacar el impulso dado a la construcción de la Ciudad Universitaria
de Madrid y la inauguración del Colegio de España en Paris en 1935.
"Aquel bienio dedicó su política
docente a frenar las medidas anteriores", critica Molero. Pero señala,
"en justicia", dos iniciativas considerables de aquel periodo:
"Un buen plan de bachillerato y una comisión para la reforma técnica de
la escuela que no pudo dar sus frutos". Por entonces comenzó el baile
de ministros de Instrucción: "16 hubo en el total de la República: imposible
hacer políticas a medio plazo", lamenta Molero.
Las terceras elecciones de la República, en
1936, dieron la victoria al Frente Popular, alianza de partidos y
organizaciones de izquierdas. A pesar de que entre sus promesas electorales se
incluían profundas reformas educativas, el alzamiento militar, que trajo
consigo la guerra civil y el punto final a la república, no permitió su puesta
en práctica. El 18 de julio de 1936 comienza la guerra civil española con el
alzamiento militar del general Franco. A pesar de ello, diversas instituciones
republicanas continuaron con el gran esfuerzo por la cultura y la lectura
popular. Todas ellas promovieron un desarrollo educativo y cultural que, en su
conjunto, dio lugar a un movimiento educativo de gran magnitud que según Ramón
Safón, no ha sido superado[6] .Todo
con el fin de seguir su campaña de alfabetización entre la población, incluida
la que se encontraba cumpliendo con la Patria en el frente, la cual contó con
la colaboración de maestros, profesores de Enseñanza Media y de Universidad.
Por otro lado, en la denominada zona nacional o bando nacional, la situación
era diferente. A medida que sus tropas avanzaban, emitieron varias
disposiciones con el fin de lograr un control total de los fondos
bibliográficos, con lo que contribuyó a la reducción del número de bibliotecas
públicas anteriormente creadas. Las primeras disposiciones, ya en 1936,
consistían en la prohibición de producción, comercio y circulación de libros,
periódicos, folletos e impresos que no sirviesen para propagar las ideas de
éste sector del Ejército y del Nuevo Estado, lo que inició una política de lo
que se denominó “depuración”. Para ello se creó una Comisión de Depuración
compuesta por distintos miembros como académicos y militares eclesiásticos que
tenían la facultad de efectuar expurgos ideológicos, literarios y de otro tipo,
siempre que por su contenido se opusieran al Movimiento Nacional.[7] Estas
Juntas van a emitir listas de libros y otro tipo de publicaciones que, por su
contenido en ideas del bando republicano, conceptos inmorales, propaganda de
doctrinas marxistas, y todo cuanto fuera crítico con el Movimiento: la unidad
de la Patria, la religión católica y la denominada Cruzada Nacional, van a ser
prohibidos. Con el fin de controlar mejor ésta situación en abril de 1937 se
establece la obligatoriedad, por parte de los impresores españoles, de entregar
mensualmente un ejemplar de todas las publicaciones del tipo que fueren. Como
podemos apreciar la dinámica durante la Guerra Civil en la zona republicana y
en la nacionalista fue muy distinta. Durante los tres años que dura la
confrontación, la vida social, cultural y política del país vive conmocionada,
por lo que habrá que esperar hasta la victoria de los sublevados en 1939, para
reanudar la historia del sistema educativo español. Aunque sí cabría destacar
que, mientras que en la zona republicana se continúa con la trayectoria,
dentro de la legislación vigente, de extensión de la cultura a la población, en
el bando nacional la actividad se centra en el control, la censura, la
incautación, la depuración e incluso la quema de bibliotecas.
Misiones
Pedagógicas y Colonias Escolares: Antes que
educar, la República se vio obligada a dar de comer a los niños. Incluso a
vestirlos. Había cantinas y roperos escolares y cobraron fuerza las Colonias
Escolares que ya antes había puesto en marcha Bartolomé Cossío. Los niños
viajaban al mar o a la montaña. Hacían deporte, se divertían. Pero, sobre todo,
comían. "En 15 días algunos ganaban hasta cuatro kilos de peso", dice
la doctora en Historia Consuelo Domínguez, que ha estudiado con detalle este
extremo.
Hubo medidas urgentes que no podían esperar y
que se adoptaron a golpe de decreto, hasta que fue aprobada la Constitución. El
profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva Cristóbal García
ve en algunas de ellas un espíritu muy reformista: "Lo más revolucionario
que puede hacerse, después de facilitar alimentación, fueron aquellas Misiones
Pedagógicas" de cuyo patronato fue también presidente Cossío, y que
todavía recuerdan los más viejos de los pueblos. En destartaladas camionetas
llegaron a las aldeas perdidas bibliotecas itinerantes, proyecciones
cinematográficas, teatro, museos ambulantes. El 70% de los hombres eran
analfabetos; mucho más las mujeres. En aquellas Misiones Pedagógicas se
embarcaron grandes poetas, afamados escritores y maestros con su corbata y
maletín a los que los lugareños recogían en burro donde las camionetas ya no
tenían acceso.
Bibliografías:
De Fuelles Benítez, M.: (1980), Educación
e ideología en la España contemporánea (1767-1975), Barcelona: Politeia.
Carreño, M.: (2000), Teorías e
instituciones contemporáneas de educación, Madrid: Síntesis.
EOI, Sistemas Educativos Nacionales:
(2000), Historia del sistema educativo español, Internet: Quipu.
Boza Puerta, M. y Sánchez Herrador, M.A., Las
Bibliotecas en las Misiones Pedagógicas, Boletín de la asociación
andaluza de bibliotecarios, núm.74, marzo 2004. Biblioteca Pública Provincial
de Granada.
Boletín Oficial del Estado: la
depuración, 6 de enero de 1940, nº 6, pág. 104, España.
[1]Colección Legislativa de Instrucción Pública (año 1931),
Madrid, 1932, pp 141-142.
[2]Art. Primero del expresado decreto. Colección Legislativa
de Instrucción Pública (año 1931), 1932, Madrid, pp. 207-211.
[3]Véase la obra de Pérez Galán, Mariano, (1975),
“La enseñanza en la II República Española”, Madrid, Cuadernos para el Diálogo,
en especial las pp. 62-64, que recogen casi textualmente el documento.
[4]El tema de la coeducación, fue uno de los puntos más
debatidos durante la II República. Frente a los defensores republicanos de la
coeducación, la derecha católica cerró filas en torno a la doctrina pontificia,
que en la encíclica Divini Illius Magistri,, se había pronunciado
inequívocamente: “Igualmente erróneo y pernicioso a la coeducación, fundado
también ,según muchos en el naturalismo negador del pecado original, y además,
según todos los sostenedores de este método, en una deplorable confusión de
ideas que truncan la legítima convivencia humana en una promiscuidad e igualdad
niveladora”.
[5]Véase la Colección Legislativa de Instrucción Pública (año
1934), Madrid, pp. 551-559
[6]Safón, R. , Op. Cit. ; p. 20
[7]Martínez – Montalvo, E. (2000), “Política Bibliotecaria en
la Guerra Civil Española (1936-1939): La zona nacional.” En: Journal of Spanish Research on information
Science. Vol. I, num. jan-june.
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