La República Española
Y la Guerra Civil
LA TRAGEDIA DE
ESPAÑA
Uno de los rasgos típicos del pueblo español ha sido el
súbito derroche de energía por una causa
idealista. A mediados del siglo XIII, con la reconquista de Andalucía, hizo un
tremendo esfuerzo para similar los valores políticos, culturales y religiosos
de musulmanes y judíos, dando así virtualmente un ejemplo único de coexistencia
constructiva entre las tres grandes religiones: judaica, cristiana e islámica.
Tras el descubrimiento de América, los españoles, animados en gran medida por
un ideal mesiánico, despoblaron su
patria para convertir al cristianismo a los pueblos de América y
Filipinas, y vertieron su sangre y sus tesoros en el esfuerzo de Carlos
V para mantener la unidad religiosa de Europa. En 1808, considerando a Napoleón
el Anticristo, resistieron a los ejércitos franceses como no lo hizo ningún
otro pueblo europeo.
El período que culminó en la seguna República y la guerra
civil fue también uno de esos grandes estallidos de energía motivados en primer
lugar por causas idealistas. Pero esta vez el gran propósito no era la
conquista o asimilación de otras culturas, ni un esfuerzo para imponer la
unidad religiosa e imperial como en el caso de la Contrarreforma. Fue un
esfuerzo para asimilar el pasado de España y elevar el nivel económico y cultural de la secularmente
descuidada madre patria. Durante el medio siglo anterior a 1930, la clase media
estuvo admirando la prosperidad de la Europa occidental y la clase obrera
absorbiéndolos conceptos de socialismo y anarquismo. Una generación de
escritores y filósofos, partiendo de posiciones emocionales e ideológicas muy
diferentes, intentó sintetizar lo mejor de la herencia española con lo mejor de
la cultura europea del siglo XIX. La industria moderna había comenzado a
desarrollarse en las provincias del Norte.
Cuando advino la República en 1931,
pillando de sorpresa a muchos de sus dirigentes, los españoles quisieron hacer
todo en seguida: separar la Iglesia del Estado, crear escuelas primarias y
secundarias, reformar las universidades, reducir el número y aumentar la eficacia de la burocracia y el
Ejército, conceder la igualdad legal a la mujer, distribuir los grandes
latifundios entre los campesinos,
mejorar el sistema de justicia aplicado tanto a los individuos como a las
organizaciones políticas y laborales, construir carreteras, pantanos y
centrales eléctricas, conceder la autonomía a las principales minorías
culturales (catalanes y vascos). Quisieron dar a España rápidamente las
libertades políticas y religiosas, y el
sistema educativo público, de alta calidad, que Francia había logrado tras un
siglo de experimentos y conflictos desde 1789. Querían que España, como nación,
y asimismo los pueblos de España por
separado, gozaran de esa afirmación de la autonomía cultural y de originalidad
que era uno de los generosos ideales del siglo XIX. También querían que España
gozara de aquellos beneficios, reales o
imaginarios, que llos veían emerger de los primeros años de la
revolución soviética. Había enormes diferencias entre los grupos políticos de
la clase media, y dentro de los partidos de izquierda, en la evaluación de lo
que constituía la herencia deseable de la revolucion francesa y rusa, y del
liberalismo y nacionalismo del siglo XIX. Pero en 1931 toda la energía política
de España estaba dedicada a la consecución de estos diversos ideales europeos.
Es fácil decir, como muchos
comentaristas tanto de las derechas como de las izquierdas han dicho, que la
República trató de hacer demasiado, y hacerlo aprisa. Por ataques simultáneos a
los privilegios atrincherados del Ejército, la Iglesia y los terrateniuentes,
el nuevo régimen provocó la hostilidadcombinada de todas las poderosas fuerzas
conservadoras del país. Al tratar de electrificar los ferrocarriles, construir
pantanos, escuelas y carreteras secundarias, todo de una vez, creó déficit e
invitó a los errores técnicos y a la corrupción financiera. Por medio de los
planes para eliminar el presupuesto del
clero y cerrarlas escuelas de la Iglesia en un plazo de dos años, causó
inconvenientes a los sacerdotes y disminuyó las facilidades disponibles para la
educación. Estas son las mayores críticas que se pueden hacer desde un punto de
vista pragmático.
Los más severos críticos derechistas
han acusado a la República de tratar de destruir la contextura tradicional de
la sociedad. Para ellos,, la separación de la Iglesia y el Estado, las reformas
del Ejército, la ley de divorcio y el sistema de escuela laica no eran formas
de progreso que rompieran viejas trabas. Eran ataques al concepto de España tal
como ellos entendían a España, y la
República europeizante representaba para ellos la “Anti-España”. Los críticos
marxistas, por otra parte, han reprochado con sarcasmo la timidez del nuevo
régimen. Desde su punto de vista, la República se limitó a platónicas amenazas
que en realidad no tocaron el poder de la Iglesia, el Ejército y los
terratenientes. De ahí la impaciencia de la clase obrera y de los campesinos sin
tierras, quienes en 1934 se fueron desligando rápidamente de la República,
mientras que los críticos izquierdistas bromeaban sobre los dirigentes
republicanos, tildándolos de políticos con “un brillante futuro en el pasado”.
Aun reconociendo que en todas estas
críticas hay una parte de verdad, no acepto la conclusión de que por causa de
estos errores fuera inevitable el fracaso de la República y el estallido de la
guerra civil. Hasta el verano de 1934, todos los conflictos surgidos de la
legislación republicana eran susceptibles de una solución parlamentaria. En el
caso de la Iglesia, por ejemplo, las Cortes Constituyentes subestimaron
claramente la fuerza de los sentimientos católicos en defensa de las órdenes
religiosas y las escuelas. Las elecciones de 1933 pusieron en claro este
cálculo erróneo, y las escuelas y
conventos siguieron operando como en el pasado. En el caso del programa de
obras públicas tipo New-Deal de Prieto, el debate fue exactamente igual al que
tuvo lugar en todos los países occidentales en la década de los 30´s
concerniente al déficit financiero y al
patronazgo gubernamental de proyectos industriales en países capitalistas.
Hubo mucha alarma cuando Marcelino Domingo importó trigo y cuando compró para
el Gobierno carbón asturiano, que de otro modo era invendible. El régimen del
general Franco ha hecho ambas cosas en numerosas ocasiones. Los altos oficiales
del Ejército se sintieron perseguidos cuando Azaña puso en ejecución las leyes
de reforma del mismo. El Gobierno que le sucedió conservó las principales
reformas estructurales mientras que ascendía a los oficiales de mayor prestigio
en cada cuerpo, y no hay razón para suponer que en circunstancias de paz el
Gobierno civil y el ejército profesional
no pudieran haber llegado a nueva comprensión del papel de aquél en la
República. Los conflictos de jurisdicción entre el Gobierno central y los
gobiernos regionales oidían muy bien hallar soluciones negociadas. De los
´principales problemas con que tropezó la República, a mí me parece que el único para el que era
verdaderamente imposible hallar una solución moderada y legislativa era el de
la reforma agraria.
La conclusión a que he llegado con
referencia a las posibilidades de la República en sus primeros tres años están
basadas en la atención con que seguí, día tras día, la obra legislativa de las
Cortes y la administración de las leyes y departamentos más importantes. Dentro
de la mayoría anticlerical y antimilitarista siempre hubo sinceros y dignos
defensores de los mejores elementos de la Iglesia y el Ejército. Dentro de la
mayoría de centro-derecha elegida en 1933 hubo siempre defensores del programa
de escuelas públicas, de las obras hidráulicas y de la nueva legislación
social. Si el problema de la reforma agraria desafiaba incluso los comienzos de
una solución viable, esto no se debía meramente a la timidez, los temores
ideológicos o el egoísmo de los diputados. La enorme variedad de condiciones
geográficas y sociales, la ignorancia técnica de los campesinos, las cuestiones
del pago de las tierras y las inversiones para
el mejor uso de ellas, la primitiva conciencia política y los odios
largo tiempo reprimidos del campesinado, el sabotaje de los terratenientes y de
la guardia civil de cualquier suave esfuerzo en favor de ellos, todos estos
factores se interpusieron y se interponen aún hoy día con la solución del
problema de la tierra.
La crisis de la República
parlamentaria ocurrió en el verano y el otoño de 1934. Según la Constitución
republicana, al igual que bajo la monarquía, el ministro de la
Gobernación recibía amplios poderes discrecionales para el mantenimiento del
orden público. Miguel Maura, Santiago
Casares Quiroga y Diego Martínez Barrio se vieron todos ellos obligados, como
ministros de la Gobernación, a utilizar a policías armados para reprimir los
levantamientos anarquistas; pero fueron escrupulosos y no emplearon más que el
mínimo de fuerza compatible con la preservación del orden público y tuvieron
cuidado de no confundir los problemas de orden público con las cuestiones
políticas y sociales.
En la primavera de 1934, el nuevo
ministro de la Gobernación, Rafael Salazar
Alonso, adoptó la posición de que las huelgas no eran simplemente conflictos
económicos, y que la República debía ser defendida por todos los medios
disponibles contra la próxima “revolución marxista”. En junio, los recién
organizados campesinos de Extremadura y Andalucía amenazaron con una
huelga general, que si la hubieran
llevado a cabo habría echado a perder la cosecha. Algunos de sus jefes locales
eran demagogos semianalfabetos que redactaban folletos exaltando la quema de
cosechas u el asesinato de los terratenientes. Los dirigentes nacionales
responsables trataron de disuadirles de que no se declararan en huelga. El
ministro de la Gobernación prefirió, sin embargo, castigar los paros locales
esporádicos con la deportación de centenares de campesinos sin tierra a
cárceles de Castilla y con la detención de varios diputados socialistas,
vioilando la inmunidad parlamentaria. Al defenderse ante las Cortes, insistió
en que tanto los sindicatos campesinos como los socialistas estaban preparando
la revolución y que la inmunidad parlamentaria no incluía el derecho a hacer
propaganda revolucionaria. Con su acción, castigó más ideales y afiliaciones
que hechos. La derecha parlamentaria le aplaudió, y Samper, el jefe del
Gobierno, aunque estaba ansioso por aplacar a la opinión liberal, no
condenó el abuso. Los socialistas, tanto
moderados como revolucionarios, advirtieron que no dejarían que les
enmudecieran y que les amordazaran, como había ocurrido en Alemania a partir de
enero de 1933 y en Austria desde febrero de 1934.
Los problemas regionales pasaron a
primer plano en el verano de 1934, al mismo tiempo que el abuso político del
poder de la policía. El Gobierno de Companys se negó a aceptar la decisión del
Tribunal de garantías anulando la ley de Cultivos catalana, y los municipios
vascos desafiaron al Gobierno en cuestiones de impuestos y elecciones locales.
En cada caso el primer ministro, Samper, estaba negociando soluciones de
compromiso que esperaba presentar a las Cortes en otoño. Mientras tanto, se descubrieron
los desembarcos de armas en Asturias, y la CEDA * anunció de antemano que
retiraría su apoyo a Samper, pues consideraba inaceptables sus concesiones a
los catales y vascos.
Por lo tanto, se planteó una crisis
parlamentaria tan pronto como comenzaron las reuniones de Cortes el primero de
octubre. La CEDA era la minoría más numerosa de la Cámara. Había apoyado a la
coalición centroderecha sin entrar a formar parte del Gabinete, pero ahora
demandó su derecho a ocupar varias carteras ministeriales, Gil Robles se habría
unido al Gobierno ya desde mucho tiempo antes, pero no sólo los socialistas y
los republicanos liberales, sino el católico y conservador presidente
Alcalá-Zamora desconfiaban profundamente de él. Gil Robles había insistido
siempre en que respetaría la legalidad establecida, pero no criticó en lo más
mínimo el trato que Salazar Alonso había dado a los campesinos o a los
diputados socialistas. Públicamente había distinguido a su movimiento tanto del
fascismo como del nazismo, pero era admirador de Dollfuss y nunca condenó los
métodos del dictador austriaco para aplastar a la oposición. Cuando le
preguntaban si era leal a la República, explicaba que la forma de régimen era
“accidental”. Todo el mundo sabía que su partido dependía del apoyo financiero
monárquico.
En estas circunstancias, todos los
dirigentes moderados de los partidos como Azaña, Martínez Barrio, Felipe
Sánchez Román y Miguel Maura advirtieron al presidente de la República que no
permitiera la entrada de la CEDA en el Gobierno, y todos ellos rompieron
públicamente con él cuando anunció que Lerroux formaría un gabinete con tres
ministros de la CEDA. Un dividido Partido Socialista desencadenó la huelga
general, que para los jefes mineros de la UGT significaba una insurrección armada
en Asturias. En Barcelona, el gobierno Companys trató de organizar una especie
de pronunciamiento civil, proclamando el Estado catalán dentro de la República
federal española, e invitando a un Gobierno democrático en el exilio a
establecerse en Barcelona. En la zona de Oviedo los mineros crearon una Comuna
basada en la cooperación de los socialistas de izquierda, los comunistas,
anarquistas y trotskistas. Los más primitivos de entre ellos cometieron una
decena de asesinatos y algunos saqueos. En Cataluña la sublevación cedió
rápidamente ante la firmeza y sel sentido común del general Domingo Batet,
mientras que en Asturias, el Gobierno, temeroso de depender de las tropas
españolas, empleó a los moros y al Tercio de extranjeros para pacificar la
provincia. Dosa semanas de lucha, seguidas por dos meses de implacable
represión, provocaron un escándalo internacional. La constante censura impidió
a la opinión pública saber lo que había pasado durante la lucha armada y luego
en las comisarías de policía y en las cárceles. Varios centenares de
ayuntamientos fueron suspendidos, y los nombrados por el Gobierno ejercieron
sus funciones durante todo el año de 1935.
Considerados en su ilación, la
huelga de los campesinos, los alzamientos de octubre, la larga y continuada
suspensión de las autoridades locales elegidas, y la fuerte represión
asturiana, estuvieron a punto de destruir la República. Un régimen democrático
no podría actuar si el ministro de la Gobernación se sentía libre para detener
a voluntad a los oponentes políticos. Tampoco podía actuar si el jefe de la
minoría mayor de las Cortes se negaba a declarar su lealtad a la República, o
un sector del partido Socialista preparaba, y participaba en ella, una
sublevación armada contra el gabinete elegido constitucionalmente. Era
imposible que actuase si los gobiernos regionales se alzaban contra Madrid, y
si las fuerzas armadas o la policía imponían su ley al restablecer el orden. No
podía actuar si mes tras mes se prolongaba la censura de prensa y centenares de
concejales municipales elegidos tenían que seguir suspendidos porque sus
miembros pertenecían a los mismos partidos políticos que algunos de los
dirigentes revolucionarios. Estos no eran problemas que, como las controversias
mencionadas, pudieran ser resueltos dentro de una República democrática con
cierta experiencia, espíritu de compromiso y una creciente madurez política.
Eran abusos que atacaban las bases del régimen.
En los veinte meses que
transcurrieron de octubre de 1934 a julio de 1936 pudieron haber sido
aprendidas las terribles lecciones de la revolución de Asturias. Pero de hecho
la revolución de octubre pareció, , tanto a las derechas como a las izquierdas,
que había sido “mal liquidada”. Las primeras sostenían que las sentencias de
muerte debieron haber sido cumplidas y que las investigaciones sobre la tortura
constituían un ataque intolerable contra las fuerzas armadas que habían salvado
a España del comunismo. . Las últimas se negaron a reconocer la responsabilidad
de aquellos que se habían sublevado con las armas en la mano contra el Gobierno
constitucional. Presentaban a los mineros (y al Gobierno catalán) como víctimas
completamente inocentes de la “provocación fascista”. La arbitraria suspensión
de centenares de concejales municipales y los frenéticos esfuerzos para
complicar a Azaña dieron por resultado una alianza defensiva entre los
republicanos moderados y las izquierdas. La opinión pública española en 1935
estaba dominada por dos emociones completamente negativas: el temor al fascismo
y el temor al comunismo. En presencia de la continuada censura y de la
esterilidad parlamentaria, los grupos de acción directa de las derechas y las
izquierdas prepararon el terreno para una prueba de fuerza.
Al mismo tiempo, es importante poner
de relieve que no había nada inevitable o irreversible en la degradación de la
situación. Un historiador debe tratar estrictamente con lo que pasó más bien
que con lo que pudo haber pasado; pero si no menciona los factores que pudieron
haber producido un diferente curso para los acontecimientos, corre le riesgo de
dar una falsa impresión de “predestinación”. Dentro de la coalición
centro-derecha había hombres como Manuel Giménez Fernández, dispuesto a
trabajar para una efectiva reforma agraria; como Filiberto Villalobos,
determinado a proseguir la construcción de escuelas públicas; como Joaquín
Chapaprieta, decidido a cortar el despilfarro administrativo y a redistribuir
los impuestos de un modo más equitativo. Los ministros radicales de Obras
Públicas no estaban tan capacitados como Indalecio Prieto, pero intentaron
continuar el desarrollo hidráulico. Una gran fracción de la coalición
gobernante apoyó a Portela Valladares cuando éste resistió con éxito los
esfuerzos de Gil Robles para que la guardia civil fuera puesta bajo la
autoridad del ministro de la Guerra. Si las heridas de la revolución asturiana
hubieran sanado, estos elementos constructivos de la derecha moderada habrían
tenido mucho mayor peso. En el otoño de 1935 algunos de estos dirigentes
insistieron en el restablecimiento de los ayuntamientos suspendidos y de la
Generalitat catalana, así como en la
amnistía para miles de presos políticos, antes de la próxima campaña electoral.
A fines de 1935, sólo una amnistía habría alterado toda la naturaleza de aquella
campaña, y es por tanto perfectamente razonable decir que todo el curso de los
acontecimientos que culminaron en la guerra civil pudo haber sido evitado. Esta
posibilidad ha sido oscurecida por los escritos polémicos. La mayoría de los
intérpretes izquierdistas han identificado sin discriminación a la mayoría de
las Cortes de 1933-1935 con la reacción y el fascismo. Los intérpretes
franquistas se han complacido en sus propios razonamientos para pretender que
la causa nacionalista en la guerra era la causa de la derecha moderada.
La victoria de las izquierdas en las
elecciones de febrero de 1936 llevó al poder a Manuel Azaña una vez más. En
términos del programa del Frente Popular y de la nueva mayoría de las Cortes,
el gobierno reasumiría ahora la construcción de una República laica y
reformistas cuyos fundamentos habían sido puestos en el periodo de 1931-1933.
Sin embargo, varias circunstancias hicieron absolutamente imposible para Azaña
gobernar como él, y la mayoría del pueblo que había votado por él, esperaron.
La estabilidad de sus primeros gobiernos
dependió de la cooperación de los socialistas; pero estos estaban siempre
internamente divididos sobre la
conveniencia o no de compartir el poder con los republicanos burgueses. Durante
el periodo de las Cortes Constituyentes habían apoyado firmemente a Azaña; pero
los desengaños como el de la reforma agraria, la amargura acumulada por la
represión asturiana, el progreso de las teorías revolucionarias entre los
miembros más jóvenes y la conversión de Largo Caballero a la posición
revolucionaria, alteraron radicalmente la postura de los socialistas. Ahora
intentaban más bien espolear al Gobierno reformista de las izquierdas que
compartir la responsabilidad con él para la puesta en práctica de un programa
gradual.
La radicalización del Partido
Socialista se reflejó en la intoxicación revolucionaria que se desarrollaba
entre las masas. Esta intoxicación no respondía a ningún programa específico o
de partido, ni era controlada por la UGT
* o la CNT*. Para los comunistas era positivamente embarazosa. He conocido a
varios intelectuales caballeristas en el exilio, todos ellos admiradores de
Hugh Gaitskell y Paul Henri Spaak. He conocido a obreros caballeristas en España
cuya principal preocupación era, y es, gozar de completa libertad sindical, sea
bajo una Monarquía o una República. (Eran los “accidentalistas” de la
izquierda, lo mismo que la mayoría de la CEDA constituía los “accidentalistas”
de la derecha).
Largo Caballero fue un estuquista,
un burócrata sindical y un recién converso marxista. Pero el fenómeno caballerista sólo puede ser comprendido en
términos de la cuestión campesina. Tenían las mismas raíces que el movimiento
zapatista en México y la revolución castrista en Cuba. Durante décadas, los oradores
anarquistas estuvieron predicando la dignidad del trabajo y la absoluta
igualdad del hombre con los campesinos
que los terratenientes trataban como animales domésticos. Los dos primeros años
de la República trajeron sustanciales ventajas políticas y económicas a los
campesinos, y un gran aumento de la propaganda marxista y anarquista. Desde el principio del periodo Lerroux, una
especie de guerra fría en el campo redujo los salarios a niveles
pre rrepublicanos. Luego, la huelga de los campesinos y la sublevación de
Asturias dio al Gobierno la oportunidad de reprimir a la organización obrera en
las poblaciones pequeñas. Las esperanzas frustradas, y los salarios de hambre,
conformaron una mentalidad revolucionaria entre las masas rurales, y más de un
joven intelectual marxista, que en los países del Norte de Europa habría sido
un socialdemócrata, abrazó el ideal revolucionario, indignado por la suerte de
los campesinos.
La corriente caballerista fue más
fuerte desde el verano de 1934 hasta finales de 1936. Emocionalmente estuvo
motivada por el irresistible de lograr la plena camaradería entre la clase
media liberal y los intelectuales por un lado, y el proletariado agrícola por
el otro. Asumía sin vacilación alguna que el proletariado era la clase que guiaría
lo destinos de la humanidad en un futuro libre de explotación. Los
caballeristas no tenían programa dogmático, ni
rendían culto al héroe. Largo Caballero no era considerado un Duce o un Führer. No tenía escoltas de motoristas ni se le dedicaban canciones.
Simbolizaba lo mejor que la clase obrera española había producido en el camino
de la autoeducación y la dedicación absoluta a la liberación económica y
espiritual de las masas.
Largo Caballero no era el único
dirigente del Partido Socialista, desde luego. Julián Besteiro podía igualarse
a él por su dedicación, honestidad y
ausencia de toda ambición mundana. Sin embargo, en el contexto internacional,
Besteiro era el equivalente preciso de aquellos generosos pero ineficaces
profesores italianos, alemanes y austriacos que no habían constituido obstáculo
alguno para el trinfo del fascismo en sus países. Indalecio Prieto era un
político más mundano y práctico que Besteiro, pero igualmente, en el contexto
internacional, se parecía a un Ramsay Mac Donald que era más admirado fuera de
su partido que dentro de él y que sería capaz de presidir (como había presidido
Mac Donald en Inglaterra en 1931) un Gobierno de unión nacional,que en realidad
se limitaría a entregar el país a los reaccionarios. En España, Largo Caballero
era el único jefe socialista del que se podía dar por descontado que no se
“vendería” a la burguesía, y era el único dirigente del cualquier partido que
podía hallar entusiastas colaboradores en todos los sectores del
campo republicano liberal, a los comunistas y anarquistas.
El movimiento caballerista incluía
también ciertas ilusiones temporales. Los escritores de Claridad habían visitado algunas granjas colectivas escogidas de la
Unión Soviética y dado por supuesto que lo que veían en estas aldeas a lo
Potemkin era la verdad, o sería muy pronto la verdad de toda la vida rural en
Rusia. Stalin promulgó en 1935 una Constitución que no sólo garantizaba las
principales libertades “burguesas” logradas por la Revolución Francesa, sino
que incluía el derecho al trabajo y prometía la construcción de una sociedad
completamente sin clases. Desde luego no todas aquellas garantías y libertades
habían sido trasladadas a la práctica.
Pero los españoles estaban acostumbrados a las constituciones que formulaban
una futura armazón más bien que una presente realidad. Su propia Constitución
era d este tipo. Como eran completamente honestos en sus intenciones,
supusieron que José Stalin también lo era. Las purgas sangrientas, que iban a
constituir una completa burla de la libertad soviética, no comenzaron hasta
agosto de 1936, tras el comienzo de la guerra civil en España.
Al creer que España estaba preparada
para el Gobierno proletario, los dirigentes y obreros de la UGT, hicieron
igualmente suposiciones optimistas sobre los beneficios automáticos de la
socialización. Prieto sabía, por su experiencia con los ferrocarriles
nacionalizados, que el control gubernamental y los altos salarios no
garantizaban de momento un manejo más eficiente y no llevaban en sí mismos a
los obreros a mostrar más simpatía por los problemas de gestión. La mayoría de
los elementos de la UGT no estaban preparados para reconocer este hecho. Durante
décadas la moral optimista de los obreros conscientes de clase, y su sentido de
la injusticia del sistema capitalista, les afirmaron en la creencia de que el
proletariado era el único que en realidad hacia el trabajo productivo, y que
por lo tanto deberían gobernar. Subestimaban grandemente la complejidad de las
funciones organizativas y administrativas ejecutadas por aquellos a quienes
sólo sabían ver como explotadores.
El efecto práctico de estas
esperanzas e ilusiones variadas fue que en lugar de apoyar al Gobierno de Azaña
a principios de la primavera de 1936, la mayoría socialista anticipó la frustración
de los liberales burgueses y esperó confiadamente alcanzar el poder para el
proletariado en un futuro que ya se podía vislumbrar. Al mismo tiempo la derecha
antidemocrática preparó francamente el derribo de la República. La Falange se
expansionó rápidamente. El prestigio de Calvo Sotelo aumentó mientras que el de
Gil Robles decaía. Oficiales activistas conspiraron preparando un alzamiento y
los carlistas se preparaban para una cruzada armada. El Partido Radical de
Lerroux había sido destruido por su continuo apaciguamiento de los monárquicos
y de la Iglesia, y, finalmente, por el
escándalo del estraperlo. En junio de 1936 los hombres de la República liberal: Azaña, casares Quiroga,
Martínez Barrio, Felipe Sánchez Román y Miguel Maura, se hallaban completamente
aislados entre los militares, monárquicos y la derecha fascista por un lado, y
la izquierda marxista por el otro. Tras la sublevación de Asturias, unos buenos
estadistas aún pudieron salvar a la República. A mediados de 1936 las fuerzas
parlamentarias democráticas ya no podían controlar la situación.
Considerando en conjunto la historia
de los cinco años de paz de la República, cre que hubo varios factores
importantes que trabaron al régimen desde el principio. Uno de los más
importantes, fue que el nuevo régimen nunca pudo contar con la ayuda leal de los cuerpos establecidos de funcionarios
civiles. En la España del siglo XX las carreras de los servicios públicos
estaban abiertas al talento. Hombres de origen modesto (Pedro Segura en la Iglesia,
Francisco Franco en el ejército, Niceto Alcalá Zamora en los cuerpos judiciales
y civiles) se distinguieron por sus méritos. Pero los nombramientos más altos
seguían siendo un don del Rey. De los hombres que ocupaban altos cargos del
Estado, en 1931, muchos estaban de veras agradecidos a Alfonso XIII. La mayoría
de ellos, dejando aparte sus sentimientos hacia el rey, apreciaban mucho las
relaciones aristocráticas que su éxito profesional les había proporcionado.
Inmediatamente estigmatizaron de “desagradecidos” a la minoría de jueces,
obispos, y generales que favorecieron públicamente al nuevo régimen, y al igual
que los funcionarios públicos alemanes bajo la República de Weimar,
mostraban su desdén hacía una “República
de trabajadores de todas clases”.
También hubo desde los primeros días
un problema de disciplina política, simbolizado gráficamente por el tan
empleado adjetivo: desbordado. Uno
tras otro, los dirigentes responsables se vieron, o hundidos o forzados a adoptar posiciones extremas por sus seguidores más radicales, o por grupos que
amenazaban con atraerse a sus partidarios. Alcalá Zamora fue desbordado por una
masa de diputados anticlericales que hallaron en Azaña a un dirigente más
capaz. El socialista moderado Prieto fue desbordado por Largo Caballero, que
tomó la jefatura de los socialistas revolucionarios. Y largo Caballero, a su
vez, fue amenazado a su izquierda por el extremismo de las posiciones de la
CNT. Lerroux fue desbordado por la actitud militante en favor de la Iglesia,
el Ejército y la aristocracia social y financiera tomada por Gil Robles, y Gil
Robles fue desbordado por la fraseología nazi de algunos de sus seguidores, y,
finalmente, por el monarquismo reaccionario de Calvo Sotelo.
En relación a esto, había la
debilidad que de modo sucinto expresa la frase: gastado por el poder.Los diputados era bulliciosos, retóricos, poco
experimentados, deseosos de gozar de los frutos de su cargo público. Al igual
que con los diputados de las tercera y cuarta repúblicas francesas, el derribo
del Gobierno existente era el deporte casero favorito. El primer ministro y sus
principales colaboradores tenían que emplear constantemente sus dotes
persuasivas para mantener la disciplina de su mayoría parlamentaria. Una gran
variedad de motivos, desde los basados en los más altos principios a los más
caprichosos o sórdidos, podían influir en los votos de los diputados.
Ciertamente era verdad que, tras cada cambio ministerial, los principales
ministros eran gastados por el poder.
Muchos analistas han llegado,
examinando estos fenómenos, a la conclusión de que los españoles están
incapacitados para la democracia política. Pero debe de ser recordado que la
República siguió a una dictadura de siete años y que la precedente Monarquía
constitucional había falseado regularmente los resultados de las elecciones y
la labor de las Cortes. La democracia sólo puede ser aprendida a través de la
experiencia, y la libre agitación política siempre incluye, quiérase o no,
ciertas componendas en las alturas. Además, si uno fuera a juzgar tan sólo
basándose en la Commonwealth cromwelliana o en el Congreso Continental,
llegaría fácilmente a la conclusión de que ni el pueblo inglés ni el
norteamericano son capaces de autogobernarse.
La República sufrió también de lo
que los historiadores nacionalistas han llamado un constante estado de
desorden, pero que yo creo que sería mejor calificado como estado de
intranquilidad. Desde la época de Napoleón, y especialmente tras el
comienzo de las guerras carlistas, la
clase media española estuvo preocupada por la cuestión del orden público. La forma más segura para desacreditar a un Gobierno
era demostrar que no podía controlar a los masones, a los carlistas, a los
estudiantes o a los anarquistas, según fuera el caso. La guardia civil, fundada
en 1844, pronto fue conocida como La
Benemérita porque limpió los caminos rurales y los pasos montañosos de
aquellas bandas cuyos miembros eran medio Robin Hood y medios bandidos,
individuos que constituyeron el material humano de las guerrillas carlistas y
de las sublevaciones populares anarquistas.
La República sabía que había de
mantener el orden público si quería ganarse el consenso final de la clase
media. Los anarquistas, opuestos por principio a toda participación política,
se dieron cuenta de que la amenaza de desorden era su mejor arma para obtener
concesiones de la burguesía. Los monárquicos, que a veces estaban en buenas
relaciones con los anarquistas en las zonas rurales, hallaron fácil
subvencionar y provocar las actividades anarquistas como medio de desacreditar
al nuevo régimen. Hasta finales de la primavera de 1936, los desórdenes
anarquistas fueron locales y esporádicos y sofocados fácilmente. Pero su
frecuente repetición y la amplia publicidad que se les daba en circunstancias de
completa libertad política, engendraron un estado de intranquilidad que llegó
hasta minar la estabilidad, y los nervios, de los gabinetes republicanos.
En proporción a la amenaza que
pareciera haber contra el orden público, aumentaba el peligro de la intervención
militar. En todos los países hispánicos, las fuerzas armadas tienden a verse a
sí mismas, mucho más que a los gobernantes civiles, como los guardianes
decisivos de la legalidad. Hablando en general, estos países tienen clases
medias pequeñas, políticamente tímidas e inexpertas, clases obraras militantes
y desesperadamente pobres, así como tradiciones de libertad intelectual que
proceden en gran medida de la agitación política libremente conducida sin que
haya una adecuada expresión constitucional para tal agitación. Cuando un régimen
dado, sea conservador o liberal, honesto
o corrompido, amenaza ser desbordado por la creciente agitación social, el
Ejército toma sobre sí el deber de restablecer el orden público.
La República española comenzó la
obra de dotar a España de instituciones que respondieran a la expresión
democrática de la opinión pública. El Gobierno y el Ejército se miraron
mutuamente con desconfianza desde el primer momento, el primero conociendo la
tendencia de los militares a considerarse los árbitros de la política nacional,
los segundos sabiendo que uno de los principales propósitos de la República
sería reducir el poder político del Ejército. En agosto de 1932 el general
Sanjurjo se definió a sí mismo como el defensor de la nación contra las Cortes
legítimas y las exageradas concesiones a la libertad regional. En octubre de
1934, el Ejército halló natural y
correcto que el Gobierno trajera tropas
africanas para aplastar la sublevación de Asturias, y se sintió halagado en el
curso de 1935 al verse consultado por los políticos sobre la oportunidad de un
golpe militar en el caso de nuevas agitaciones revolucionarias. En el momento
de la victoria electoral del Frente Popular, en febrero de 1936, elementos
militares ofrecieron sus servicios a Portela Valladares para anular las
elecciones, y en el transcurso de la primavera advirtieron a Azaña
repetidamente contra los insultos al Ejército y el creciente estado de
desorden.
Mientras tanto, prepararon un putsch* que habría de gozar del apoyo de
los gobiernos de Italia, Portugal y
Alemania, y la ayuda de poderosos intereses privados de Inglaterra. Intentaron
un pronunciamiento que derribara al débil gobierno republicano en nombre de la
ley y el orden, contrarrestando así la posibilidad de un dominio parlamentario
o revolucionario de la izquierda militante. La resistencia del pueblo en las
grandes ciudades y la manifiesta
ausencia d apoyo popular en todas partes, excepto en Navarra y partes de
Castilla la Vieja, convirtieron rápidamente un pronunciamiento fracasado en una
guerra civil.
En la zona del Frente Popular, la
derrota del pronunciamiento animó el fervor revolucionario de las masas, que
inmediatamente inauguraron una gran variedad de experimentos colectivos locales
de inspiración semi anarquista y semi marxista, y que condujeron a una feroz
purga de sacerdotes, policías y elementos militares, así como de personalidades
civiles tenidas por cómplices de los sublevados. En la zona insurgente,
fanáticos carlistas y falangistas compitieron en la purga física de elementos
moderados y de extrema izquierda en el norte de España, mientras que el
ejército de África flagelaba Andalucía al modo característico de los ejércitos
coloniales de todas las épocas. El particular
salvajismo de la guerra durante el primer año queda explicado sólo en
parte, sin embargo, por la psicología colonial de los oficiales de carrera y el
fanatismo ideológico de los milicianos de derechas y de izquierdas. El pueblo
español ignoraba en gran medida el alcance destructor de las armas modernas. En
las guerras carlistas del siglo XIX se luchó con pequeños destacamentos armados
de fusiles y mosquetes. España no había visto nada parecido a la carnicería de
la guerra de Crimea, las batallas auto-francesas en el norte de Italia en 1859
(que precisamente inspiraron a Henri Dinant la fundación de la Cruz Roja
Internacional) y la guerra civil
norteamericana. España no había vivido el sitio de París por los prusianos ni
la Comuna de 1871, ni tampoco la primera guerra mundial.
La guerra civil vino como la suelta
climática de las pasiones políticas de un siglo. Carlistas y liberales
habían estado luchando para dominar la nación desde la época de la Revolución
Francesa. Ninguno de los choques anteriores fue decisivo, y ambos partidos
reconocieron inmediatamente que se jugaban el todo por el todo en el verano de
1936. En el bando de las izquierdas, el marxismo y el anarquismo contribuyeron
igualmente a la creencia del “destino manifiesto” entre el proletariado. Entre los militares las
humillaciones de la guerra con los Estados Unidos en 1898 y las frustraciones
de las campañas de Marruecos crearon una casta de oficiales ávida de establecer
el dominio colonial sobre la población
de la madre patria. En el bando de las derechas, el fascismo y el nazismo parecieron en general formas del
“destino manifiesto” capaz de contrarrestar la rebeldía del proletariado. En
ambos bandos, los compromisos emocionales se vieron reforzados por las
actitudes hacia la herencia de las revoluciones francesa y rusa.
Quizá no haya habido un período en la historia de
ninguna nación (incluyendo a la Francia revolucionaria de 1789-1799 y la
revolucionaria Rusia de 1917-1928) en que una
proporción tan grande del pueblo actuara conscientemente por convicciones
íntimas, como lo fizo el pueblo español durante los años de 1931-1939. Los
ritos de la tauromaquia y la herencia de la Inquisición fueron también
dramáticos ingredientes de la crueldad desplegada en la guerra. Pero la coyuntura de pasiones políticas e ideológicas
es ciertamente la principal explicación. Los que gustan de creer en la supuesta
crueldad natural de los españoles tienden a olvidar que durante la guerra de Independencia de los Estados Unidos, a los
leales a Inglaterra se les untaba de alquitrán y se les emplumaba; las campañas
de la Vendée durante la Revolución Francesa, las características de la segunda
guerra mundial en la Europa oriental,
las fanáticas matanzas ocurridas en los pasados años en Argelia, Angola y El
Congo. Dondequiera que el hombre considera que sus enemigos no pertenecen a la
misma porción privilegiada de la especie humana que ellos, ocurren las mismas
salvajadas.
Hacia la primavera de 1937 las
peores pasiones se habían encalmado. En la zona republicana el Gobierno de Largo Caballero trabajó firmemente para
restablecer la autoridad del Estado y
permitió un grado de libertad política tan amplio como permitieron la mayoría
de los regímenes democráticos maduros en tiempo de guerra. En la zona
nacionalista, la dictadura personal y
conservadora del general Franco impuso rápidamente su autoridad sobre
los carlistas y la falange. El régimen siguió siendo tan represivo
como en los primeros días, pero su poder fue ejercido a través de canales más
normales. A los ojos de la mayoría de los españoles, el planteamiento era entre
una España democrática e izquierdista y una España militar y reaccionaria. Fuerzas extranjeras se vieron
grandemente comprometidas desde el principio. Sólo la ayuda de varias potencias
permitió a los insurgentes recobrarse del fracaso del pronunciamiento, y la
oportuna llegada de armamento ruso salvó a la República en noviembre. Pero
en términos psicológicos, al menos, la mayoría de los españoles creyeron hasta
la primavera de 1937 que su destino sería decidido principalmente por fuerzas
españolas.
Sin embargo, cuanto más tiempo
duraba la guerra, evidentemente más
decisivas eran las intervenciones extranjeras. La Legión Cóndor y los italianos
fueron decisivos en la campaña del Norte, de abril a octubre de 1937. Stalin
decidió la caída de Largo Caballero y
la supresión del POUM*. Los consejeros
rusos escogieron Brunete como lugar para la primera ofensiva republicana. La
reapertura de la frontera francesa en marzo de 1938 hizo posible la
continuación de la resistencia por parte
de la República. El creciente favoritismo británico hacia los nacionalistas, el
apaciguamiento de Italia y Alemania, y, finalmente, el pacto de Munich,
decidieron la suerte de la República. Desde mediados de 1937 la guerra no fue más que una agonía prolongada. En
ninguna de ambas zonas correspondió la política gubernamental a las fuerzas
políticas tal como existían en 1936. La capacidad militar de ambos bandos
dependió casi enteramente de los actos de las grandes potencias europeas.
A través de la década de los 30´s la
situación internacional se desarrolló de modo desfavorable para la República española. Los años de paz
coincidieron con la fase peor de la depresión económica mundial. La República
se comprometió a desembolsos en un programa de obras públicas tipo New Deal en una época en que los Estados
Unidos, Inglaterra y Alemania tenían gobiernos conservadores para quienes los
presupuestos equilibrados y la empresa privada eran las únicas virtudes
económicas. Toda nación importante trataba
de resolver los problemas de la depresión por medio de la autarquía más
bien que por la expansión del comercio, y el banco de Francia era la única
institución extranjera que se mostró dispuesta ayudar al nuevo régimen, a
respaldar la peseta.
La victoria electoral de las
derechas en 1933 respondió a un movimiento de la opinión pública dentro de
España; pero también coincidió con la
consolidación de regímenes fascistas en Alemania y Austria. En los dos años y medio
que precedieron al estallido de la guerra
civil, las derechas confiaron en el fascismo como “ola del futuro”, y
las izquierdas estuvieron decididas a no dejarse derrotar de la forma que lo
habían sido las izquierdas alemanas y austriacas. La huelga de los campesinos y
la sublevación de Asturias es probable que no hubiera ocurrido, y seguramente
no habrían tenido tan desastrosas consecuencias si Alemania y Austria hubieran
gozado todavía de la libertad política
en 1934.
Durante la guerra, la opinión
pública en los países occidentales fue en su mayor parte favorable a los
republicanos; pero exceptuando la ayuda
médica y el envío de los voluntarios de
las brigadas internacionales, esta opinión no tuvo ningún valor práctico para
la República. En cuanto a los Estados Unidos, el neutralismo y el aislacionismo
contrapesaron las conocidassimpatías personales del presiden hacia la República. El Gobierno inglés favorecía a
los nacionalistas, y Francia consideró imposible desafiar a la vez a las
potencias fascistas y a Inglaterra
ayudando a la República española. Durante la segunda guerra mundial, el ejército de los
Estados Unidos aplicó a aquellos que
lucharon en las brigadas internacionales la expresiva frase de “antifascistas
prematuros”.
La guerra en sí constituyó la más amarga de las educaciones
políticas para el pueblo español. Ëste aprendió lo que el dominio militar hace
al tejido de la vida civil, y sufrieron
la vana jactancia de la mentalidad
fascista. Fue el primer pueblo europeo en experimentar los bombardeos
aéreos en masa, y el único pueblo de la Europa occidental que sufriera
directamente la cínica explotación comunista del ideal del Frente Popular.
Aprendieron los peligros del izquierdismo infantil, tanto en los aspectos
políticos como en los económicos de una economía colectivizada. También se
enteraron de que una guerra civil pone a una pequeña nación a merced de las
grandes potencias.
Respecto al desarrollo de España, el resultado más
importante de la guerra civil fue la derrota total de los liberales y las
izquierdas. La Iglesia y el Ejército
lograron un poder más grande que bajo ningún gobierno conservador monárquico o
dictadura militar de todo el siglo XX. Los terratenientes volvieron a
recuperar sus fincas y su autoridad,
y el abismo entre su nivel de vida y el
de los campesinos siguió siendo tan
grande como antes de 1931. La Institución Libre de Enseñanza y sus varias
filiales fueron suprimidas. La censura de prensa, de libros, teatro y cine se
hizo mucho más severa que en tiempos de Primo de Rivera. (Tal censura existió
baso la Monarquía sólo en momentos de grave tensión social) Ciertamente, puede
decirse que el general Franco creó el régimen más poderoso y represivo que haya existido en España desde el
reinado de Felipe II.
La guerra civil fue seguida por una represión política
masiva. El general Franco no siguió el
ejemplo de un Lincoln que terminó la
guerra de Secesión en los estados Unidos
“sin malicia hacia nadie” y de un general Grant que dijo a Lee que los soldados
confederados desmovilizados podrían llevarse a casa sus mulas y empezar la
arada de primavera. Decenas de millares de republicanos fueron fusilados, con o
sin el beneficio de alguna forma de consejo de guerra. Otras decenas de
millares habrían de pasar años en trabajos forzados, reparando carreteras
y ferrocarriles, alquilados por salarios
de peonaje a contratistas particulares, o construyendo el gigantesco mausoleo del Caudillo, el Valle
de los Caídos.
Sin embargo, a pesar de la victoria
total y de la represión en masa, la guerra
civil no arregló nada. Ni el
general Franco ni las clases poderosas que lo apoyaban tenían nada que ofrecer
en el terreno de un programa social que pudiera resolver los problemas
históricos del país. El remate de la tragedia de la guerra fue la absoluta
falta de imaginación o de magnanimidad de los vencedores. La masa del pueblo,
exhausta por ocho años de inestabilidad y luchas, habría cooperado de buena gana
en un programa de recuperación nacional. Pero tal programa sólo podría haber
sido cumplido con la ayuda de las potencias democráticas, y a expensas de las
clases dominantes que habían apoyado la causa nacionalista. Habría requerido
simpatía hacia las democracias y no hacia
el Eje durante la guerra, y un regreso a la libertad política e
intelectual tras ella, como ocurrió en Italia. Habría requerido la construcción
de millares de escuelas, de una redistribución significativa de la riqueza, una
reducción radical del poderío de la aristocracia terrateniente y financiera. El
temperamento del dictador, y la naturaleza de las fuerzas de que su régimen
depende, se combinaron para que tales cambios se redujeran al mínimo. La
creciente industrialización, el ejemplo de la prosperidad de la Europa de la
posguerra y la influencia del dinero y los métodos norteamericanos, ayudaron a
la recuperación económica gradual de España en la década de los 1950. Pero
desde l punto de vista ideológico y
político, el régimen conserva su carácter original de dictadura militar
reaccionaria.
Con respecto a los años 1931-1936, la interpretación
histórica ha sido dura hasta ahora para la República española. En efecto, los
historiadores franquistas y liberal-izquierdistas han coincidido parcialmente
en sus críticas. Los primeros explican que los dirigentes republicanos eran
tímidos y uno resentidos, si no homoxesuales. Los últimos hablan irónicamente de aquellos
intelectuales escrupulosos que, según ellos, debieron actuar como los jacobinos
de 1793, pero que en cambio trataron de distribuir las tierras y construir escuelas sin fusilar a sus oponentes.
La primera interpretación está dominada
por los mitos fascistas acerca de la virilidad, y la segunda por las exageradas
analogías con la Revolución Francesa.
Los esfuerzos de la República
española deben ser considerados en un contexto más amplio. En el último medio
siglo, el privilegiado mundo occidental ha llegado a ser consciente de la
existencia de muchas naciones subdesarrolladas, primero en la Europa Oriental y los Balcanes, luego
en el Oriente Medio, Asia, África y la América Latina. Entre finales del siglo
XIX y los tiempos actuales ha habido una multitud de movimientos políticos que
han intentado dar un cierto grado de libertad y prosperidad a muchos países.
La guerra civil tuvo también un
significado positivo que con el tiempo trascenderá de los sufrimientos y
destrucciones que fueron sus inmediatas
consecuencias. Es un terrible dilema humano, repetido, que a veces los hombres no tienen más elección que
someterse a la tiranía o luchar en una guerra que con toda probabilidad destruirá muchas de las
instituciones que ellos trataban de defender. En julio de 1936 el pueblo
español se encaró con la alternativa de sumisión o resistencia. Escogió
resistir y, como sus antepasados en más de dos mil años, luchó. Pero el
ejército republicano no luchaba para expulsar a los moros, o para subyugar
holandeses o indios reacios. La minoría de españoles que continuaba las
tradiciones de imperialismo e intolerancia figuraba en las filas del ejército
nacionalista. La mayoría luchó para preservar de la tiranía a España y a
Europa. Fueron vencidos, pero no humillados en sus almas.
LA LEYENDA NEGRA DE
LA REPÚBLICA ESPAÑOLA
Uno de los temas
principales de todas las historias oficiales del período es que la República
nació de un complot masónico y estuvo en
todo momento controlada por las fuerzas de la masonería internacional. La
acusación es una fantástica distorsión montada sobre una pequeña base de
verdad. Muchos de los principales dirigentes republicanos eran masones.
Melquíades Álvarez, jefe del muy conservador y unitario Partido Reformista;
Manuel Portela Valladares, dirigente de un pequeño partido de “centro”, y
Diego Martínez Barrio, primero un seguidor de Lerroux y luego fundador del
pequeño partido liberal Unión Republicana en 1934 eran masones del grado
treinta y tres. Un cierto número de otras figuras importantes como Marcelino
Domingo y Luis Companys eran masones de importancia jerárquica menor. Los
dirigentes radicales Alejandro Lerroux y Rafael Salazar Alonso fueron miembros
hasta 1932. Algunos militares de ideas liberales pertenecieron a la orden,
especialmente los generales López Ochoa
y Sebastián Pozas. Un puñado de intelectuales socialistas, como Jiménez de Asúa
y Fernando de los Ríos, también fueron masones, al igual que el diputado
comunista doctor Cayetano Bolívar, que utilizaba en la organización el
seudónimo de “Lenin”. Hubo persistentes rumores de que el presidente
Alcalá-Zamora era masón; pero éste no sólo no se unió a ellos, sino que
compartía muchos de los exagerados temores hacia la masonería comunes
entre los católicos españoles. Manuel
Azaña se hizo masón a finales de 1931. Indalecio Prieto recordaba con gratitud
y de modo humorístico a los pocos masones excéntricos y filantrópicos que
conoció cuando era aprendiz pero nunca se afilió a la masonería.
Las logias españolas, pues, incluían
una gran variedad de políticos republicanos. Los de grados más importantes eran
republicanos anticlericales socialmente conservadores, de clase media. La Gran
Logia Española, en su reunión en Madrid los días 23-25 de mayo de 1931 (después
de la quema de iglesias y la marcha del cardenal Segura, y antes de las
elecciones a las Cortes Constituyentes), adoptó una declaración de principios
que incluía los siguientes puntos: libertad de pensamiento, de expresión y religión; igualdad ante la ley; sufragio universal; separación
de la Iglesia y el Estado; matrimonio civil y divorcio; expulsión de las
órdenes religiosas no españolas y control de las otras a través de una ley de
Asociaciones; abolición de la perna de muerte; ejército voluntario; enseñanza
laica y gratuita, incluyendo en la instrucción el esperanto, la lengua
universal; usufructo de la tierra por aquellos que la trabajan, y un Estado
federal, respetando las municipalidades, las regiones y otros grupos
internacionales e intercontinentales. Los masones abogaban, pues, por una
República federal, garantizando las libertades asociadas con las revoluciones
francesa y americana, y se identificaron con las esperanzas idealistas de los
primeros años del siglo XX, tales como la adopción del esperanto y la abolición
de los ejércitos de reclutamiento forzoso y la pena capital.
La masonería puede haber jugado un
pequeño papel durante el periodo de Azaña, facilitando la unión entre los
republicanos. La multiplicidad de pequeños partidos personalistas pudo ser
contrarrestada por el hecho de que
muchos de los dirigentes eran masones. En 1932 y 1933, Lerroux, Salazar Alonso
y sus amigos se retiraron de la masonería, como parte de evolución hacia la
derecha. Para poder calificarse y
gobernar a favor de los monárquicos y clericales quisieron quisieron
demostrar syu cambio de sentimientos cortando sus relaciones con los
anticlericales. Cuando Martínez Barrio rompió con Lerroux, bastantes radicales
que asimismo era masones siguieron al primero. En La pequeña historia interpreta la ruptura como un complot masónico;
pero puesto que Martínez Barrio estaba protestando contra la política clerical
y policiaca de su jefe, es de lo más natural que los masones simpatizaran con
él. Igualmente, cuando Portela Valladares, como Ministro de la Gobernación, se
resistió a los esfuerzos de Gil Robles para que la guardia civil fuera transferida
al Ministerio de la Guerra, los conservadores vieron en ello un
complot masónico.
También hay pruebas de que los
masones ayudaron a sus hermanos, y a otras víctimas, a escapar en los momentos
de severa represión. Según personas bien informadas dijeron que los masones
organizaron una especie de “ferrocarril subterráneo” gracias al cual republicanos andaluces pudieron huir a
Gibraltar durante los primeros meses del dominio de Queipo de Llano. También, y
gracias a la intervención personal del general López Ochoa en Oviedo, los
masones salvaron a cierto número de personas de ir a la cárcel o de la muerte,
durante la represión de Asturias.
Está claro que muchos republicanos
anticlericales eran masones y que los principios políticos masónicos coincidían
en gran medida con los puntos de vista de la coalición republicano-socialista
de 1931-1933. Los historiadores oficiales españoles, sin embargo, han pintado a
la República, y durante la guerra, al Frente popular, como meros muñecos en
manos de la Internacional masónica*. Sus
conclusiones se basan principalmente en las obras de Eduardo Comín
Colomer, especialista en cuestiones de masonería y comunismo, entre cuyos
libros figuran Lo que España debe ser a
la masonería (Barcelona, 1956) e Historia
secreta de la segunda República (Barcelona, 1959). Comín Colomer relaciona
como masones no sólo a la gran mayoría de los diputados liberales republicanos,
sino a docenas de socialistas de izquierda (incluyendo a Largo Caballero, al que, sin embargo, coloca
en una logia francesa), anarquistas y
comunistas. El autor mostró esta lista a varios antiguos masones españoles
en Francia y a un grupo de masones en España. Éstos últimos la hicieron pasar
alrededor de la mesa y discutieron durante varias horas acerca de ciertos
nombres tras haber borrado de la lista a más de la mitad de ellos. Muchos años después de la guerra civil, el Gobierno de Franco mantuvo en
Salamanca un verdadero archivo de las actividades masónicas. Era deber de los
archiveros enviar un cierto número de fichas a Madrid cada mes con los nombres
de los masones últimamente descubiertos. Todo aquel que fuera mencionado en
cartas de miembros conocidos o en supuestos apuntes de agendas era finalmente
fichado como masón.
En muchos documentos donde se trata
de la influencia de los masones, la Internacional masónica, es calificada
despectivamente con los adjetivos de “jacobina”, “judía” y “comunista”. El
temor obsesivo a los masones tiene en España raíces históricas. En Italia,
España y Austria fueron a menudo los colaboradores de los ejércitos
revolucionarios franceses. Gran parte de la propaganda para la independencia de
México y de las colonias sudamericanas de España fue producida y distribuida en
sus logias. Funcionarios del Gobierno de Franco dijeron que los masones habían
sido siempre agentes de Inglaterra, el enemigo
tradicional de España. En cuanto a los adjetivos de “judía” y
“comunista”, tienen exactamente la misma fuerza emotiva y el menosprecio de la
verdad que cuando son utilizados por los reaccionarios de todo el mundo
occidental.En el libro de la Historia
Secreta, en la página 443, por ejemplo, Comín Colomer cita en tono
aprobatorio otro libro en el cual se califica a Alcalá-Zamora de “criptojudío”,
a Portela de degenerado y criptojudío y a Francisco Cambó (rico conservador
catalán) de “enriquecido por el siniestro y maquiavélico jefe de la judería
europea, Walter Rathenau”. Todos los datos específicos aducidos para demostrar
que la República española era un muñeco en manos de la Internacional masónica
son del mismo carácter.
Un segundo Leitmotiv de la leyenda negra es la acusación, dos veces rechazada
por las investigaciones de las Cortes, de que Azaña, jefe del Gobierno, ordenó
a la policía no hacer prisioneros y dirigir los tiros a la barriga durante la
sublevación anarquista de Casas Viejas en enero de 1933. Quién lanzó esta
acusación fue el capitán de la guardia de asalto Manuel Rojas, cuando los
periodistas descubrieron que había mandado fusilar a 14 prisioneros. La
acusación fue apoyada por otra persona, el capitán Barba Hernández, del Estado
Mayor. En mayo de 1934 el capitán Rojas fue sometido a proceso por asesinato en
Cádiz, y la declaración principal apareció en los números de El Sol correspondientes al 23, 24, y 27
de mayo.
El capitán Rojas alegó que en una
entrevista en la que no había presentes más personas, el director general de Seguridad,
Arturo Menéndez, le ordenó que no hiciera prisioneros ni heridos, y que varias
semanas después,, cuando ya estaba en la cárcel, el teniente coronel Hernández
Saravia, a quien él consideraba como su hermano mayor, le ofreció un millón de
pesetas si se callaba. Tampoco hubo otras personas presentes en esta
entrevista. Al ser sometido a careos,
Rojas insistió en sus acusaciones, mientras que Menéndez y Hernández Saravia
las negaban rotundamente. Menéndez explicó luego al tribunal que cualquier oficial
o funcionario de policía tenía derecho a pedir una copia escrita de las órdenes
que recibía si pensaba que contravenían a la ley. El tribunal esperó que el
defensor diera una explicación sobre este punto; pero no pudo ofrecer ninguna.
Al día siguiente, el capitán Barba
Hernández testificó que uno de los ayudantes militares de Azaña utilizó la
frase de “los tiros a la barriga”, asimismo en otra entrevista en la que nadie
más estuvo presente. La acusación indicó que tales órdenes no se habían dado a otros oficiales, y que
varios alzamientos anarquistas habían sido reprimidos en diferentes partes de
España sin que se fusilara a los prisioneros. El capitán Barba, que poco antes
había declarado que el deber militar requería el estricto cumplimiento de las órdenes
tal como eran dadas, explicó ahora la suavidad empleada en otras zonas,
diciendo que, al transmitirlas, él había suavizado dichas órdenes.
Para el tribunal quedó claro que
Rojas y Barba estaban mintiendo para apoyarse el uno al otro. Debido a las otras
pruebas existentes contra Rojas fue sentenciado a 21 años de cárcel. Sin
embargo, los monárquicos volvieron a presentar contra Azaña cargos por el asunto de Casas Viejas en
las sesiones de las Cortes en marzo y de nuevo en julio de 1935. En la segunda
ocasión, el capitán Barba fue uno de los fundadores de la UME*. Él y otros
iniciaron la purga en Zaragoza en las primeras semanas de la guerra, e incluso
entre los más reaccionarios se ganó la reputación de ser un criminal sediento
de sangre. El capitán Rojas jugó un importante papel en la purga de Granada y
prosiguió ocupando altos cargos militares después de la guerra civil. Arturo
Menéndez fue sacado del expreso Barcelona-Madrid en Zaragoza, el 18 de julio, y
luego fusilado por los nacionalistas. Hernández Saravia se convirtió en uno de
los principales generales del ejército republicano durante la guerra.La gente
“bien” de España aún habla con tono horrorizado de lo de Casas Viejas y del
sadismo criminal de Azaña.
Otro tercer elemento importante en
la leyenda negra es la afirmación de que las fuerzas izquierdista del Frente
Popular intentaron establecer una España soviética bajo el mando de Largo
Caballero y que la revolución había de ocurrir entre el 11 de mayo y el 29 de
junio, que la fecha fue retrasada por razones sin especificar hasta el primero
de agosto, y que el alzamiento militar del 18 de julio se anticipó, por lo
tanto, a una revolución soviética. Prácticamente todos los oficiales
nacionalistas con quienes hablé dieron por sentado que esta acusación era
cierta, y así consta en la mayoría de las historias nacionalistas. Sin embargo,
el estudio mejor documentado hecho en España sobre la izquierda revolucionaria
no hace mención de este complot: Maximiano García Venero, Historia de las internacionales en España (Madrid, 1956-57, 3
volúmenes). García Venero se refiere con gran detalle a la formación del Frente
Popular, a los viajes de los socialistas de izquierda a Rusia, a las relaciones
amistosas entre miembros de los partidos socialistas y comunistas franceses y
españoles, las visitas de agentes rusos a España; pero nunca una palabra acerca
del “Soviet” de junio de 1936. Por otra parte el historiador inglés Hugh
Thomas, habiendo visto referencias de evidencia documental aparente en fecha
tan temprana como el 7 de agosto de 1936 en el Diario de Navarra, llegó a la conclusión de que los documentos del Diario no eran falsos (The Spanish Civil War, p. 108 n.).
Dichos documentos recibieron una gran
publicidad internacional cuando fueron
publicados por el Timex de Londres de
el 3 de mayo de 1938, y al año siguiente en Bilbao. Éstos declaran que el 16 de
mayo de 1936, en la Casa del Pueblo de valencia, representantes de los partidos
comunistas francés, español y ruso adoptaron un plan por el cual habría de
iniciarse un movimiento revolucionario en ambos países cuando León Blum se
convirtiera en jefe de Gobierno de Francia. A continuación de una campaña de
propaganda para desacreditar a los reformistas como Besteiro y Prieto y una
intensa agitación para destruir la autoridad del estado burgués, el Soviet se
apoderaría del poder en ambos países. Largo caballero sería su presidente en
España, y la mayoría de los comisarios, socialistas de izquierda.
Hay muchas cosas improbables en
estos documentos. En 1936 la Internacional Comunista estaba orientada
enteramente hacia el establecimiento de un frente antifascista de todas las
fuerzas burguesas y proletarias que se oponían al fascismo. En España, los
comunistas criticaban abiertamente el izquierdismo infantil de los socialistas
de Largo Caballero. Los documentos sobre el plan del Soviet piden a uno que
crea que los comunistas deseaban derribar los gobiernos del Frente Popular de
Francia y España, y que los planes del comité que incluía a algunos rusos
preparaban una lista de comisarios con mayoría caballerista. Como comisario de
Justicia nombraron a Luis Jiménez de Asúa. Luego, junto con Thorez, José Díaz,
George Dimitrov, Largo caballero y otros, Vincent Auriol habría de ser uno de
los principales inspiradores. También eran citados los anarquistas David
Antona, García Oliver y Ángel Pestaña.
Creo
que esta increíble combinación de nombres revela que los documentos fueron
preparados por elementos derechistas mal informados. Jiménez de Asúa apoyó
constantemente a Prieto y al Gobierno legal y parlamentario. Fue el principal
autor de la Constitución de 1931.Sin embargo como abogado defensor de los
campesinos de Castilblanco y de varios dirigentes socialistas después de la
sublevación de Asturias se ganó esa clase de odio ciego que llevaría a las
derechas a imaginarlo como “comisario de Justicia”. Vicent Auriol era un
parlamentario socialista francés, que vino a España en nombre de la Liga
Internacional de los Derechos del Hombre para pedir a Alcalá-Zamora y Lerroux
la amnistía para los dirigentes socialistas condenados a muerte en febrero de
1935. Esta acción lo calificó fácilmente para ser colocado entre los dirigentes
soviéticos por la propaganda derechista. Y en cuanto a los anarquistas citados, David Antona era uno de
los jefes extremistas de la CNT que hicieron más difícil la cooperación con la
UGT. Porotra parte, Pestaña, se había convertido a los ideales reformistas y no
se llevaba bien ni con la mayoría de la CNT ni con los socialistas de largo
Caballero. Las derechas, sin embargo, eran capaces de describir fácilmente a
estos hombres como colaboradores de Largo Caballero en la preparación de una
España spviética.
El plan de un Soviet no puede tampoco conciliarse con los
sucesos conocidos de junio de 1936. Los dirigentes de la UGT y la CNT estaban
completamente enfrascados en las rivalidades mutuas surgidas de la huelga del
ramo de la construcción. A finales de junio, los jefes caballeristas se
hallaban forcejeando con la CNT para que aceptara la mediación a fin de “no
destruir” la autoridad del Gobierno de Casares Quiroga. Largo Caballero estuvo
en Inglaterra y Francia a finales de junio y principios de julio. Finalmente,
jamás se ha ofrecido evidencia para la afirmación de que el plan fue retrasado
hast el primero de agosto. Pero tal afirmación es necesaria para explicar la absoluta falta de actividad
soviética entre el 11 de mayo y el 29 de junio, y para justificar el alzamiento
militar del 18 de julio como medida preventiva.
Los historiadores de todas las ideologías han deplorado
con amargura la leyenda negra referente a la España imperial y su historia
colonial. Los menos dignos de ellos se han dedicado a la creación de una
fantástica leyenda negra contra la
República.
NOTAS
|
Jackson, Gabriel,
La República Española y la Guerra Civil,
Barcelona, Editorial Crítica, Biblioteca de Bolsillo, 1999, pp. 413-429 y
442-447. *.- CEDA:
Confederación Española de Derechas Autónomas; federación de pequeños partidos
derechistas agrupados en las Cortes bajo la dirección de José María Gil
Robles, de signo católico y no comprometido respecto a la forma de régimen. *.- UGT: Unión
General de Trabajadores, confederación obrera de orientación socialista. *.- CNT:
Confederación nacional del Trabajo;
federación sindical de los
anarquistas. *.- PUTSCH:
Intento de derrocar a un gobierno de manera repentina y planeada en secreto *.- POUM: Partido
Obrero de Unificación Marxista; pequeño partido comunista antiestalinista
importante en Lérida, dirigido por Andrés Nin y Joaquín Maurín. *.- AMI (Asociación Internacional Masónica). La Asociación Masónica Internacional (AMI) fue una organización internacional de la masonería irregular que tuvo un antecedente en la Federación Masónica Internacional creada en el congreso masónico internacional celebrado en Ginebra (Suiza) en 1902. Las actividades de la Federación quedaron interrumpidas durante la Primera Guerra Mundial, pero en 1921 se creó en Ginebra la AMI por iniciativa de la Gran Logia Suiza Alpina. La finalidad de la AMI era promover la colaboración entre organizaciones masónicas de distintos países. Entre sus miembros fundadores se encontraban la Gran Logia Suiza Alpina, el Gran Oriente de Francia, la Gran Logia de Nueva York, la Gran Logia de Francia, el Gran Oriente de Bélgica, el Gran Oriente de Italia, el Gran Oriente de los Países Bajos y la Gran Logia Simbólica Española, a las que se fueron sumando progresivamente más obediencias de Europa y América pertenecientes a la masonería irregular. La AMI estuvo prácticamente inactiva desde la Segunda Guerra Mundial y desapareció formalmente en 1950. *.- UME Unión Militar
Española; organización de militares opuestos a las reformas de Azaña, que
conspiró durante la primavera de 1936. |
