Hacia una historia
social del tributo de indios y castas en Hispanoamérica. Notas en torno a su
creación, desarrollo y abolición
Introducción
En este artículo comparto los primeros resultados
de una investigación más amplia que se centra en la historia social del tributo
y de las llamadas contribuciones directas -que a menudo tomaron la forma de
capitaciones aplicadas únicamente a los indígenas- del periodo republicano, en
los territorios del actual estado mexicano de Chiapas y de la República de
Guatemala. En el futuro próximo, espero publicar otro escrito que retome lo
expuesto aquí para analizar qué ocurrió durante el siglo XIX cuando, en muchos
de los países y regiones hispanoamericanas, se aplicaron estas contribuciones.
Al considerar que los sistemas fiscales nos pueden dar claves sobre diferentes
atributos de las sociedades en las cuales están insertas y de las cuales son
partes constitutivas, he indagado en la historiografía sobre algunas de las
particularidades del tributo de indios y de castas que considero relevantes
para entender su transformación en el siglo XIX y, de paso, cómo ha influido en
las sociedades hispanoamericanas. Con el afán de delimitar un tema de estudio
de por sí desbordante, he intentado sintetizar lo que la historiografía (sobre
todo institucional, fiscal y social) demuestra sobre ciertos argumentos
vinculados con el tributo,1 lo que
inevitablemente ha significado darles menos importancia a otros aspectos
merecedores de una atención mucho más fina. He buscado identificar los
antecedentes del tributo en Hispanoamérica, entender cuáles fueron las
modificaciones más importantes en su desarrollo y captar cómo llegó a
eliminarse. En particular me he interesado en comprender el desarrollo de los
estatus fiscales vinculados a categorías socioétnicas2 en Hispanoamérica y
el proceso por medio del cual se intentó desvanecer esta forma de
categorización con la eliminación del tributo y la creación de las
contribuciones directas. He puesto atención especial en los esfuerzos
realizados en diferentes épocas y espacios, por aplicar tasas de cobro que
reflejen -de alguna manera- la capacidad económica del tributario.
Por otro lado, he escogido dar menos énfasis a
aspectos como la función del tributo para asegurar el trabajo indio; el vínculo
entre el tributo y el acceso a la tierra; las acciones fraudulentas en torno al
tributo, que fueron sin duda una constante a lo largo de su existencia; las
implicaciones que la evasión del tributo tuvo para la movilidad de los
tributarios y para la recolección del mismo; los servicios personales como
forma de tributo y las obvenciones religiosas. Por otra parte, me he referido
apenas al siglo XVII;3 no he podido ni
considerar la posibilidad de incluir los aspectos más cuantitativos dentro del
análisis, y lamento que el artículo sufra de grandes sesgos geográficos, con
pocas referencias a varias partes de Hispanoamérica y ninguna mención de otras;
las particularidades de Filipinas y mis propias limitaciones en cuanto a la
posibilidad de abordarlas me han persuadido de no incluirlas en el análisis.4
El artículo comienza con una discusión sobre
algunos de los cobros fiscales aplicados en el reino de Castilla que pueden
asemejarse al tributo indiano. Posteriormente se discuten las distinciones
sociales que el tributo de indios y de castas estableció o fortaleció, el
vínculo entre la exención del tributo y la participación militar, y la
importancia que tuvieron los esfuerzos para fortalecer el poder de la monarquía
durante la temprana modernidad en el establecimiento del sistema de tributos.
En seguida se consideran brevemente algunos aspectos del pensamiento económico
del siglo XVIII y las reformas a los mecanismos de cobro del tributo que se
implementaron a partir de 1769. El artículo termina con una discusión más
amplia de los diferentes aspectos que influyeron en las decisiones para
eliminar el tributo en Hispanoamérica y los primeros intentos por imponer una
contribución directa.
Antes de avanzar, considero importante señalar la
existencia de grandes diferencias entre los virreinatos, capitanías generales y
audiencias hispanoamericanas y también la heterogeneidad en su interior, lo que
dificulta la generalización e, inevitablemente, ha hecho que los esfuerzos por
avanzar en una discusión que compare y contraste estas regiones queden bastante
cortos. No obstante, esta dificultad, estimo necesario explicitar, para las
discusiones que aquí se abordan, algunas diferencias básicas que son relevantes
entre la región andina y la que incluye a México y Centroamérica.
Son tres distinciones importantes entre estas dos
regiones las que atañen a esta investigación, más allá de las muchas
diferencias dentro de cada una. En primer lugar existe una opinión académica
relativamente uniforme, si bien matizada y cuestionada, sobre el hecho de que
desde el periodo incaico -o antes en algunos lugares- hasta el siglo XIX (e
incluso el siglo XX en ciertos casos), muchos de los pueblos andinos
consideraron que al pagar una forma de tributo a los gobernantes incas y
españoles, o posteriormente los impuestos de capitación a los gobiernos
republicanos, se aseguraban el acceso a la tierra.5 En el caso de la
región mesoamericana, hay menos datos que sustenten este supuesto y, por tanto,
menos uniformidad en la opinión académica relativa a la existencia de este
entendimiento.6
En segundo lugar, más allá de las distinciones
estamentales (indio, español, mestizo, mulato, negro, zambo, casta, libre de
color, etc.) utilizadas por la corona española en los territorios americanos,
algunas de las cuales se mantuvieron en ciertos países -notablemente para fines
fiscales-, durante buena parte del siglo XIX, en la región andina los
originarios, forasteros y yanaconas (o conciertos en la Audiencia de Quito) formaban
categorías específicas dentro de las clasificaciones más amplias de “indio” y,
después, “indígena”. Todas estas categorías, que sirvieron en su momento para
fines fiscales y jurídicos, siempre demostraron grados de flexibilidad, en
especial en ciertos lugares y momentos históricos, por lo que es menester
resaltar el amplio espectro humano encerrado en cada una de ellas.7
Como primera distinción entre estas tres
categorías, los originarios y forasteros, habitantes de las comunidades o
ayllus, tenían la responsabilidad de realizar el servicio personal (mita), pero
a los yanaconas, atados de manera perpetua a las haciendas españolas -que se
encargaban de pagar su tributo- y desvinculados de los ayllus, no les
correspondía esta obligación. En la Nueva España a los indios que vivían y
trabajaban en haciendas también se les conocía por clasificaciones fiscales
particulares,8 aunque las
referencias a esas categorías son menos frecuentes.
La segunda distinción, entre originarios y
forasteros -categorías inexistentes en los territorios que ahora forman
Centroamérica y México-, así como se entendía en la segunda mitad del siglo
XVIII, hacía referencia a la diferenciación entre aquellos indios con plenos
derechos y obligaciones comunitarios (los originarios) y otros con derechos y
obligaciones diferenciados (los forasteros). Los primeros formaban parte de la
colectividad que poseía la tierra y pagaban una tasa más alta de tributo; los
segundos estuvieron presentes en las comunidades como arrendatarios (y a veces
sin acceso a la tierra) y pagaban una tasa de tributo menor.9 Aunque los forasteros
podían estar presentes en una comunidad por generaciones o bien podían ser
hijos de originarios, el sistema andino no preveía su conversión en
originarios, aunque a veces ocurrió.10
La tercera diferencia fundamental, aunque en este
caso se trata aún más claramente de una generalización, se refiere al hecho de
que para el siglo XVIII, si no antes, en la región andina los curacas y
caciques, en especial antes de la Gran Rebelión (1780-1781) y la implementación
del sistema de intendentes,11 tenían
características diferentes de las de sus semejantes de la región mesoamericana.
Los curacas sudamericanos no sólo tuvieron más importancia en el gobierno
territorial y en la recaudación del tributo, sino que también destacaron, por
su importancia simbólica y presencia en la vida pública, precisamente como
indios nobles, aun en las grandes ciudades. En contraposición, para el siglo
XVIII, los caciques en la Nueva España y el reino de Guatemala tenían un papel
mucho menos importante como figuras públicas y también como gobernantes locales
pues, tras un proceso de nivelación social, este papel y el de recolectar el
tributo habían pasado, en mayor o menor grado, a manos de los cabildos.12
Del porqué el tributo
de indios y castas no tenía paralelo en Castilla13
El tributo de indios y de castas, tal y como se
aplicaba en los territorios americanos de la Monarquía española, tenía
características particulares que resultaron de la forma y el momento de su
aplicación inicial, y éstas lo distinguían de otros cobros de la época dentro
de la Monarquía. El tributo de indios nació como una fuente de ingresos para el
rey de Castilla proveniente de su dominio señorial, pero también, y de manera
significativa, como mecanismo para demostrar que los indios eran vasallos de él
y no de los conquistadores: fungió como parte de los esfuerzos para eliminar
cualquier posibilidad de que en América se crearan señoríos territoriales como
los que contemporáneamente en Europa iban renegociando sus privilegios ante un
proceso de fortalecimiento de las monarquías que se ha denominado como la
creación de los “estados modernos”.14
En el paso del bajo medievo a la temprana
modernidad, las monarquías cum “estados modernos” cambiaron de manera
clara sus sostenes fiscales principales: en vez de vivir de los ingresos
provenientes de sus propios dominios señoriales -y solicitar fondos especiales
ante los parlamentos, estados, dietas o cortes en caso de guerra-, las
crecientes necesidades estatales comenzaban a satisfacerse por medio de otras
rentas, como esbozó hace casi un siglo Schumpeter, cuando distinguió el “Estado
de dominio territorial” del “Estado fiscal”.15 Dejando atrás el
supuesto medieval de que los reyes debían vivir de sus propios fondos, por lo
menos en tiempos de paz,16 en este periodo las
monarquías iban aumentando su capacidad de recaudación, ante los incrementados
gastos de guerra asociados especialmente al mantenimiento de un ejército
permanente y, aunque en un plano secundario, los complementarios costos
adicionales relacionados con las burocracias fiscales que debieron establecerse
para recaudar fondos de manera constante.17
A diferencia de lo que había sido común a
principios del siglo XVI, para finales de la centuria los reyes europeos, y ya
no sólo los señores, se beneficiaban de los excedentes producidos por economías
todavía predominantemente agrarias,18 tal y como el monarca
castellano y los encomenderos recibían los tributos de los indios americanos,
pero con una importante diferencia. Al insistir en que el tributo que
recibieran los encomenderos se entendiera como un premio que el monarca les
otorgaba de manera provisional, y que las encomiendas no fueran territoriales
(es decir, que implicaran el control sobre un territorio),19 el rey castellano
logró asegurar que los encomenderos no se volvieran señores al estilo europeo.20 A la vez, al
asignarse la mayor parte del tributo para ellos mismos -como derechos
señoriales-, los monarcas se garantizaron una fuente de ingresos que
correspondía a sus propios dominios (como también lo eran el quinto y luego el
diezmo real): una fuente de ingresos que iba perdiendo importancia en varias
partes de Europa en la medida en que los monarcas vendían sus dominios
señoriales para cumplir con las ascendientes necesidades fiscales, como se ha
dicho, principalmente asociadas con los gastos militares.21
En el reino de Castilla existieron varios cobros
que de alguna manera se han comparado con el tributo de indios y de castas,
pero ninguno de los derechos señoriales cobrados en Castilla durante el periodo
de la dominación española en América, es decir, contemporáneamente con el
tributo, consideraba un cobro económicamente significativo para los pecheros.22 En las siguientes
líneas se abre una discusión sobre estos cobros para demostrar cómo se
diferenciaban del tributo y así acercarnos a las particularidades de éste y su
papel en la formación de las sociedades americanas.
Durante los siglos que mantuvo sus colonias
americanas, el rey percibía de sus territorios castellanos un ingreso conocido
como el “servicio”, que derivaba en parte de “tradiciones alto
medievales o en el cobro de derechos feudales sobre los vasallos y
dependientes”, que se comenzó a legitimar con “nuevos principios políticos que
justifica[ba]n la imposición directa universal por causa de ‘necesidad urgente’
o dificultad especial”.23 En el siglo XVI,
contemporáneamente con la conquista y el establecimiento del sistema del
tributo de indios, en Castilla los reyes debían asegurar la aprobación de las
Cortes para poder cobrar el servicio, generalmente mediante negociaciones en
las cuales éstas recibían algunos beneficios a cambio de su anuencia.24 Después de la Guerra
de las Comunidades de Castilla entre 1520 y 1522, Carlos V entró en un periodo
de negociaciones constantes con las Cortes castellanas e implementó una serie
de reformas que éstas proponían, pues el reino dependía de ellas para la mayor
parte de sus ingresos y el emperador las necesitaba, además, como seguridad
para los préstamos que le permitieran realizar sus muy variadas actividades.25
Una vez que en las Cortes de Castilla se definía el
monto total que el tercer estado se comprometía a pagar al monarca en calidad
de servicios, se procedía a especificar la cantidad que cada una de las
diferentes ciudades, villas y distritos administrativos debía aportar. Como
siguiente paso, dentro del concejo (en muchos de los casos) de cada población
se decidía cómo se distribuiría la carga tributaria entre los pobladores. Según
el interesante trabajo de Romero Martínez, aunque los sistemas de cada lugar
tenían sus particularidades, lo más común era que el concejo (u otra autoridad)
estableciera diferentes rangos que correspondían a cantidades a pagar según el
valor total de los bienes de cada pechero.26 De lo anterior se
aprecia que -independientemente de sus orígenes- en el siglo XV, si no antes,
estos impuestos se cobraban con una tasa que variaba según la capacidad
económica y, adicionalmente, que el mismo concejo -o en todo caso personas del
mismo poblado o distrito- tasaba el valor de los bienes.27
Con el avance del siglo XVI, la capacidad de
negociación de las Cortes se redujo paulatinamente, aunque éstas siguieron
aprobando una buena parte de los ingresos fiscales necesarios para los reyes
españoles: los servicios resultaron “ordinarios” en el sentido de
que no requerían de la aprobación especial de las Cortes, se comenzaron a
cobrar los servicios extraordinarios (los cuales perdieron su calidad de
extraordinariedad) y posteriormente se aplicó el servicio de los millones en
1591, que las Cortes sólo aprobaron después de negociaciones en las que se
acordó el mecanismo a usarse para administrar su cobro.28 Para el siglo XVIII,
y aun hasta el siglo XIX, los servicios ordinarios, extraordinarios y el
servicio de los millones se cobraban dentro de un conjunto de impuestos
conocido como rentas provinciales, entre las cuales se encontraban
muchos otros (la alcabala figuraba como uno de los más importantes): algunos
generales, unos cobrados de manera excepcional y otros cobrados sólo en ciertas
provincias castellanas.29 Desde antes del siglo
XVI -el momento en que el tributo comenzó a cobrarse en las Indias-, los
servicios no podían considerarse un derecho señorial debido a que en el
transcurso de los siglos anteriores los cobros originalmente entendidos como
derechos, y que se integraron a las rentas provinciales, ya no se justificaban
como tales.
A partir de finales del siglo XIV, el rey de
Castilla cobraba a los judíos (hasta su expulsión en 1492) y los mudéjares
(hasta su conversión en 1502) el impuesto conocido como el “servicio y medio
servicio”. A partir de 1482, la corona comenzó a cobrar a los adherentes de
estas religiones los “castellanos de oro” para sufragar la guerra en
Granada y, a partir de 1492, se siguió con el mismo cobro a los mudéjares con
el nombre de “pechas”.30
En el reino de Granada, después de la reconquista,
los moriscos pagaban una especie de servicio, conocido como la farda mayor.
Igual que el “servicio y medio servicio”, los “castellanos de oro” y las
regalías que pagaban los judíos, la farda se parecía al tributo de indios y
castas por aplicarse con base en criterios “étnicos” o religiosos.31
A diferencia del tributo de los indios y castas, el
cobro total de la farda mayor se negociaba, como ocurría en las Cortes
castellanas, entre los líderes moriscos y la monarquía; asimismo, como sucedía
con los servicios castellanos, se cobraba con tasas que variaban según el nivel
de riqueza y propiedades. Los moriscos compartían, o por lo menos así se podría
argumentar, una condición similar a la de los indios y castas en América -como
veremos más adelante- porque ellos pagaban la farda mayor mientras los cristianos
viejos recibieron exención de la misma,32 tal y como los
españoles y mestizos en América fueron exentados del pago del tributo y también
de los servicios (que, como veremos, nunca se aplicaron en Hispanoamérica).
La moneda forera, pagada en el bajo medievo y la
temprana modernidad en el reino de Castilla, se asemejaba al tributo americano,
como han referido varios autores: Castañeda, Haring, Menegus y Mörner,
principalmente porque se aplicaba a los pecheros en reconocimiento de su
estatus de vasallos y, en un segundo plano, por su aplicación con una tasa
única en forma de capitación.33 A diferencia del
tributo americano, que se cobraba dos o tres veces al año a una tasa que
resultaba ser significativa para las bolsas de los vasallos, la moneda forera
se pagaba una vez cada seis o siete años y su valor a mediados del siglo XVII,
según Solórzano Pereyra, era de medio real.34 La moneda forera,
entonces, se asemejaba al tributo en cuanto derecho señorial y su aplicación en
forma de capitación, pero se diferenciaba mucho en el impacto económico que
tuvo para los vasallos que lo pagaban.
La martiniega fue otro cobro castellano que a
veces se ha considerado similar al tributo americano.35 Como en el caso de la
moneda forera, la justificación fue el principal aspecto de la martiniega que
se le asemejaba al tributo: fue un reconocimiento del dominio ajeno que pagaban
los cultivadores. Para el siglo XVIII, el cobro de la martiniega era de apenas
12 maravedíes anuales, menos de medio real.36
Como Cobá Noh y Granados han hecho ver, a
principios del siglo XIX, por lo menos algunas autoridades españolas tenían
claridad sobre la unicidad del tributo americano: el tributo de los “indios,
negros y mulatos es original y único de América, que tuvo su ejemplo en los
emperadores de la Europa y su principio en los incas y moctezumas”.37
El establecimiento del
tributo de indios
En América, el tributo indio y el de castas se
justificaron, a lo largo del periodo colonial, como un derecho entregado en
muestra de vasallaje que los incas y Moctezuma cedieron al rey de Castilla,38 y las autoridades
españolas definieron la cantidad a pagarse sin la mediación de instancias como
las Cortes de Castilla, que negociaban las cantidades que el tercer estado
castellano pagaba en calidad de servicios. El tributo de indios no
siempre se cobraba con los mismos sistemas que antes habían utilizado los
gobernantes locales. En los actuales territorios de México y Centroamérica, en
los años previos a la conquista española, los súbditos entregaban el tributo en
especie y en servicios personales,39 pero en la región
andina -con la excepción del altiplano del actual Ecuador-40 las obligaciones
tributarias se cumplían, con pocas excepciones, por medio de labores (entre
ellas la mita).41 El tributo español
cobrado en bienes y servicios personales -que en un inicio correspondía a los
encomenderos- no modificó mucho los sistemas previamente aplicados en el norte,
pero en el sur provocó resistencia porque la entrega de tributo en especie rompía
de forma radical con la costumbre en la mayor parte del imperio incaico.42
Los habitantes de los territorios americanos vieron
reducirse la diferenciación fiscal con la implementación del sistema español,
tal y como los inmigrantes peninsulares observaban -como se verá en las
próximas páginas- el desvanecimiento de los tres estados en las Indias. En los
imperios de los incas y de la Triple Alianza, como también en los territorios
k’iche’, tz’utujil (los dos se ubican en la actual Guatemala) y tseltal (hoy
Chiapas), la sociedad se dividía entre los vasallos que cumplían con sus obligaciones
tributarias, y los nobles y señores, exentos del tributo, que se beneficiaban
de los bienes y trabajo que se les entregaban.43 Además de los señores
y nobles, en los territorios mexicas y en el altiplano guatemalteco, algunas
personas dedicadas a ciertos oficios parecen haber gozado de una exención del
tributo.44 Otras personas, como
los talamates y los mayeques en el Valle de México, tributaban a los señores
locales y no tenían responsabilidades fiscales ante los gobernantes de la
Triple Alianza.45
Según Miranda y Gibson, los labradores, artesanos y
comerciantes en los territorios de la Triple Alianza pagaban diferentes tipos
de tributo, lo que correspondía, a grandes rasgos, a lo ocurrido entre los
k’iche’s en el altiplano guatemalteco.46 En el territorio
mexica, los labradores se responsabilizaban por diferentes cantidades de
tributo, de manera que hubo bastante diferenciación dentro de cualquier
colectividad.47 Bajo los incas, donde
la mayoría del tributo consistía en la labor prestada al Estado, parece que la
distribución de los turnos en la mita haya sido más uniforme dentro de
cualquier ayllu.48 Sin embargo, en
algunos casos los comerciantes pagaban impuestos cuyos montos dependían del
tipo de actividades que realizaban: antes del periodo incaico, en los
territorios del altiplano ecuatoriano, los comerciantes entregaban un tributo
que se calculaba como una porción de los bienes que intercambiaban;49 por otra parte, entre
los lupaqa, alrededor del lago Titicaca, los dueños de las caravanas pagaban
una especie de tarifa, pagada con algunos de los bienes adquiridos durante sus
recorridos, por el permiso que autorizaba sus viajes comerciales.50
En la Nueva España, aún en el siglo XVI, se
mantuvieron vigentes los diferentes cobros que anteriormente correspondían a
los señores locales, además del tributo que ahora se pagaba a la corona o a los
encomenderos -sin mencionar las obvenciones eclesiásticas-.51 En este periodo, en
algunos lugares de la Nueva España, se cobraba una capitación graduada y
en otros una capitación uniforme,52 pero entre 1577 y
1606, se definieron tasas universales (aun si nunca se logró aplicarlas en la
práctica) para los tributarios enteros,53 que debieron
aplicarse de manera igual en todo el territorio novohispano: cuatro reales de
la contribución de comunidad, un pago “casi uniforme” del tributo equivalente
al valor de un peso y media fanega de maíz, cuatro reales de servicio, medio
real para el sostenimiento del juzgado general de indios (conocido como de
ministros) y medio real para la edificación de la catedral metropolitana.54 La diversidad entre
diferentes lugares era la regla a lo largo del periodo colonial en la Nueva
España y, para los siglos XVIII y XIX, había variaciones muy fuertes (de 4 a 24
reales anuales)55 entre los tributarios
que vivían en comunidades, mientras los indios que trabajaban y vivían en los
ranchos, en condiciones similares a los yanaconas andinos, pagaban el tributo a
una tasa menor.56
La decisión tomada por las autoridades españolas en
la Nueva España de establecer un cobro uniforme -o más bien, establecer un
mínimo y un rango mayor de poca diferencia- se sustentó en el argumento de que
era necesario contrarrestar los abusos presentes en el sistema anterior, en que
se había buscado definir la tasación de cada pueblo de indios con base en su
posibilidad de pagar según las condiciones locales.57 Esta decisión de
uniformar los cobros generó mucha discusión durante el tercer cuarto del siglo
XVI sobre si el tributo debía ser personal (por persona, sin distinguir) o bien
real (variable, según los bienes de las personas tasadas),58 lo que habría sido
más afín al sistema vigente en los pueblos de la Península en aquel entonces,
además de ser más similar -o por lo menos así parece- al sistema imperante
antes de la conquista en los territorios de la Triple Alianza. No obstante la
discusión sobre lo injusto que era el cobro casi uniforme, esta elección se
mantuvo vigente porque se consideraba muy difícil realizar una valoración
adecuada de los bienes de cada indio y se temía una intervención poco honesta
por parte de los caciques,59 quienes habrían sido
los consultados para realizarla, tal y como los concejos, o quienes por ellos
lo hacían en Castilla.
En la práctica, sin embargo, como han indicado
Fonseca y Urrutia, Maniau, Gibson y Marino,60 en la Nueva España el
cobro de los tributos variaba enormemente entre los diferentes pueblos, con
tasas que en un inicio se elaboraron al conmutar “en dinero al respecto de los
frutos que contribuyan desigualmente ó de valores distintos, sobre lo que no se
sabe otra cosa que haberse establecido así desde los primeros tiempos del
arreglo de este ramo en el siglo diez y seis”.61 Las variaciones en el
cobro, según implica Daniela Marino, se heredaron de las negociaciones entre
caciques y encomenderos durante la primera mitad del siglo XVI.62
No obstante, las muchas fuentes que constatan las
notables diferencias en las cantidades que pagaban los distintos pueblos a lo
largo del periodo colonial, la existencia de algún grado de variación en el
pago dentro de los pueblos casi no se ha registrado. Aunque varios de los
autores mencionados señalan la aplicación de exenciones a diferentes categorías
de tributarios,63 la modificación por
las autoridades de los pueblos de las tasas de los tributos -oficialmente
uniformes- según las condiciones económicas de los tributarios sólo aparece en
el trabajo de Gibson.64 No obstante su
prohibición en 1759, a finales del siglo XVIII, en lo que posiblemente haya
sido otro mecanismo para redistribuir la carga de las contribuciones, algunos
pueblos de la Nueva España utilizaban fondos de las cajas de comunidad,
provenientes del alquiler de las tierras comunales o de otras fuentes, para
pagar el tributo y las obvenciones eclesiásticas.65
En la región andina las tasas de cobro durante el
periodo de la dominación española se basaron en una valoración inicial de las
tierras de cada comunidad66 y, como se ha
mencionado, había mayor número de distinciones dentro de la categoría de
“indio”, las que -por lo menos al momento de comenzar las reformas aplicadas
entre 1765 y 1790- no parecen haber implicado muchas variaciones, más allá de
las divisiones claves de originarios, forasteros y yanaconas, en términos de
las tasaciones del tributo.67
Después de las reformas de Carlos III, que se
discutirán más adelante, sólo tres categorías de tributario se mantuvieron en
la zona andina. Los originarios, forasteros con tierra y los yanaconas debieron
pagar la tasa entera del tributo, pero los forasteros sin tierra pagaban la
mitad o aún menos si no tenían acceso a tierras suficientes. Por otra parte,
los yanaconas, que vivían y trabajaban en las haciendas de los españoles,
fueron exentos de la mita, como también lo fueron algunos artesanos que podían
cumplir con su servicio personal por medio de un pago aparte realizado en
dinero o con trabajos especializados.68 Dentro de estas tres
agrupaciones las tasas no variaban mucho, de manera que la categoría fiscal de
indio, dentro de la cual podían estar incluso personas que habían sido
categorizadas como mestizos anteriormente, tenía cierta uniformidad, aunque
seguramente más matizada que en Nueva España y el reino de Guatemala.
La complejidad de las obligaciones fiscales en los
sistemas tributarios prehispánicos, en especial las variaciones en los cobros
dentro de los pueblos, se perdió en gran parte durante el siglo XVI, en
particular en la Nueva España, y las reformas en la región andina en la segunda
mitad del siglo XVIII simplificaron aún más el sistema en estos territorios.
Desde el último tercio del siglo XVI, el sistema
español vinculaba la tasa del tributo con la capacidad económica de cada pueblo
como unidad, e ignoraba las variaciones económicas dentro de los pueblos, y en
este sentido se diferenciaba, en cierto grado, de los sistemas prehispánicos y
también de los sistemas vigentes en el reino de Castilla. En el cálculo de las
tasas a aplicar para los servicios castellanos y el tributo indiano se
consideraba cada pueblo como unidad, según un estimado de sus capacidades económicas,
pero mientras en Castilla se clasificaba a los pecheros según su capacidad
económica, en América se categorizaba a los tributarios principalmente según su
designación socioétnica, edad y estado civil. Al parecer, el sistema tributario
en Hispanoamérica reforzaba la idea de una homogeneidad dentro de cada pueblo,
que beneficiaba a los sectores indios que tenían mayores ingresos provenientes
de la participación en el mercado como productores o comerciantes (a quienes
les habría recaído el pago de la alcabala si tuvieran que cumplir con las
obligaciones fiscales que correspondían a los españoles), sectores que, como
veremos más adelante, no necesariamente querían que se eliminara el tributo.
Del porqué el pecho no
se cobró en América
Con la conquista y la temprana colonización, la
sociedad estamental castellana se mantuvo en América, pero los estamentos
heredados del medievo que definían las sociedades europeas de la época (clero,
nobleza y tercer estado) perdieron influencia ante el desarrollo de estamentos
que se distinguían con base en las adscripciones socioétnicas de clase o
calidad.69 Dividida en un inicio
en españoles e indios (con el reconocimiento de la existencia de nobles y
plebeyos dentro de este segundo grupo) y posteriormente complejizada con la
agregación de los negros, mestizos, mulatos, zambos y demás clases, la nueva
sociedad no abandonaba el uso de las divisiones estamentales, cada una con sus
particularidades jurídicas y diferentes obligaciones fiscales.
El proceso del fortalecimiento del Estado español
fue el marco en el que se implementaron y desarrollaron los tributos de indios
y luego de castas. Este mismo proceso, que buscaba consolidar el poder de la
Monarquía ante los demás actores -en la Península, en América y en las
posesiones europeas y asiáticas-, subyacía en la posición tenaz que mantuvo el
rey ante los intentos de los encomenderos por adquirir poderes territoriales y
también limitó la posibilidad de que se establecieran Cortes americanas, no obstante
los decretos de 1530 y 1593 que preveían la posibilidad de reunir Cortes en
México y Cuzco respectivamente, con representantes de diferentes ciudades
americanas.70
En las páginas anteriores se ha demostrado que, en
Castilla, a lo largo del periodo del dominio español en América continental, no
existía un derecho real que impactara económicamente de manera significativa a
los vasallos, como era el caso del tributo de indios y de castas en América.
Sin embargo, la distinción social que resultaba de la categorización castellana
-fiscal entre otras- de pecheros e hidalgos sí resulta un referente interesante
para entender el desarrollo de una clasificación fiscal basada en la calidad
del individuo que se utilizó durante los periodos colonial y republicano.
La distinción entre hidalgo y pechero, aunque no se
eliminó formalmente en América, perdió mucho de su sentido cuando, en 1499,
como mecanismo para promover la participación plebeya en las conquistas
americanas, la corona eliminó todo pago de pechos en las Indias y, por lo
tanto, dejó de solicitar la formación de padrones que indicaran los estados de
los españoles en América.71 La diferenciación
entre pecheros e hidalgos no viajó a América y el interés de la monarquía en
evitar el establecimiento de una clase de nobles americanos que intentara
desarrollar señoríos territoriales sirvió para reducir cualquier posibilidad
que se erigiera.
La corona sí reconoció la nobleza de los
conquistadores, los primeros pobladores y sus descendientes, lo que no incluía
a muchos otros españoles que llegaron a las colonias posteriormente.72 Así mismo, con tal de
asegurar su dominio territorial, la corona prefirió ignorar el hecho de que los
españoles en América, en un proceso de autoascenso colectivo, comenzaron a
tratarse entre sí como hidalgos, no obstante sus orígenes, en la mayoría de los
casos, plebeyos.73
Como muestra de lo que entonces estaba en juego, en
1567, el Ayuntamiento de la ciudad de México entró en discusiones formales con
el virrey Falces sobre el establecimiento de Cortes en la capital novohispana,
lo que habría implicado el cobro de los pechos, pero con el entendimiento de
que los españoles que ya habitaban en América al momento de establecerlas se
consideraran nobles, aunque los que llegaran posteriormente se habrían definido
como pecheros, a menos que comprobaran haber tenido un estatus de nobleza en la
Península. En cambio, por esta nueva fuente de ingresos reales (la que, repito,
habría establecido la distinción entre hidalgos y pecheros), el ayuntamiento
exigía la perpetuidad de las encomiendas.74 Como la historia
posterior ha demostrado, el Ayuntamiento de la Ciudad de México falló en este
intento y la resultante ausencia de las categorías de hidalgo y pechero
homogeneizó la categoría de español en América, fortaleciendo así las
distinciones estamentales construidas sobre la calificación socioétnica del
individuo.
Conquistadores y
milicianos: exentos
El tributo americano se aplicó en un inicio a los
indios,75 pero a partir de 1574
se formalizó -y no sin dificultades-76 el cobro a negros y
mulatos libres;77 nunca se logró, no
obstante algunos esfuerzos, cobrar este derecho a los mestizos.78 El tributo se
cobraba, entonces, a toda la sociedad americana, con las excepciones de los
españoles y los mestizos: la exención de éstos data del principio de la colonia
y fue una de las distinciones que los apartaban de los indios y las castas,
aunque no es de descartarse que haya influido en esta práctica la idea de que
el hijo de un español no debía pagar un derecho que, dentro del pensamiento de
los peninsulares recién llegados a América, no sólo recordaba el pecho, y
entonces un estatus menor a la hidalguía que los inmigrantes se proponían, sino
que también vinculaba al que lo pagaba al estatus de indio y, más adelante, al
de negro o casta. Por lo menos en algunos lugares y en algunos momentos, el
tributo provocó un rechazo que no se basaba sólo en lo económico, sino que
también nacía de un menosprecio hacia el estatus social vinculado con la
condición de tributario.79
A lo largo del periodo colonial, tal y como se les
había ofrecido inicialmente a los pecheros, las exenciones aplicadas a algunos
indios, negros y mulatos se relacionaron con sus actividades -en diferentes
lugares y en distintos momentos históricos- como fuerza armada: los indios
principalmente como aliados en la conquista inicial y los negros y mulatos como
miembros de las milicias. La exención de los “indios conquistadores”,80 como se les ha
llamado, fue un reconocimiento por su participación militar en las guerras de
conquista y, al tomar en cuenta los matices particulares de los dos casos, se
asemejó mucho a la exención al pago del pecho que la corona había otorgado a
los plebeyos peninsulares en 1499, que funcionó como un aliciente para su
participación en las mismas guerras.
De igual forma, al participar en las milicias -a
veces en compañías formadas sólo por personas de herencia africana y en otros
momentos en compañías integradas con españoles- muchos negros y mulatos libres
aplicaron presión y negociaron con éxito una exención al pago del tributo.81 Otros negros y
mulatos libres, por lo menos en el caso novohispano dieciochesco, lograron
aprovechar el interés de los hacendados locales por asegurarse una fuerza de
trabajo cercana, y el deseo de las autoridades virreinales de mantener una
presencia armada en ciertas regiones, para extender la exención a todos los de
su clase en algunos pueblos.82 Con las presiones
impuestas por las reformas del último tercio del siglo XVIII, sin embargo, los
negros y mulatos libres encontraron más dificultades en afianzar su exención
del pago del tributo.83
Aunque la exención del tributo como premio por la
participación en actividades militares no puede entenderse como un ascenso
social hacia la nobleza, es de subrayarse que lo que ocurría en América se
asemejaba, en términos fiscales y sociales, al proceso por el cual los
caballeros castellanos que participaron en la reconquista lograron exenciones
fiscales y muchas veces la hidalguía.84 En los dos casos, la
exención fiscal autorizada como premio por el uso de las armas demostraba, por
un lado, la vigencia de una herencia medieval que relacionaba la nobleza con la
función militar y, por otro, el aprovechamiento de esta herencia por parte de
los plebeyos que habían participado en las guerras de reconquista y conquista -
o bien como fuerza armada en la defensa de los dominios españoles ante amenazas
exteriores o rebeliones en su interior.
El tributo en el
“pacto colonial”
Como se ha mencionado, el tributo indígena se
aplicó, con las modificaciones que se han mencionado, a partir de los mismos
mecanismos que habían funcionado en los diferentes territorios americanos antes
de la conquista, lo que reflejaba la política comúnmente practicada en los
diversos y extensos espacios europeos donde la monarquía española reinaba en el
siglo XVI. Según las disposiciones iniciales del rey, el tributo español debía
ser menor al que cobraban los señores naturales, de manera que los indios se
acercaran más fácilmente al cristianismo y al nuevo sistema de gobierno, pero
en la práctica se sabe de las muchas vejaciones y maltrato que el pago del
tributo y la provisión de los servicios personales provocaron entre las
poblaciones americanas, en especial antes de la aplicación de las Leyes Nuevas
en 1542.
Se ha argumentado que, bajo el sistema de gobierno
incaico, un pacto entre los gobernantes y los campesinos aseguraba el acceso a
la tierra a cambio del pago del tributo; este quid pro quo se habría
mantenido bajo los regímenes españoles y habría sido la justificación, por lo
menos desde la perspectiva de la población andina, del tributo colonial. Este
pacto se habría basado en el supuesto de que los incas, como afirmó el virrey
Abascal en su Memoria escrita durante la época de las independencias,
habían sido los propietarios de la tierra.85 La idea del pacto
entre los gobernantes (incas, españoles y gobiernos republicanos) y los
indígenas ha cobrado mucha fuerza en el mundo académico a partir de los
trabajos de Tristan Platt en torno a los indígenas en la parte norte del
departamento boliviano de Potosí que resistieron la eliminación del tributo a
finales del siglo XIX; el planteamiento se ha fortalecido mediante
reconstrucciones históricas de varios casos en los cuales distintas comunidades
andinas mostraron renuencia ante la eliminación de las contribuciones en
diferentes momentos durante el siglo XIX.86 A raíz de
investigaciones en el ámbito regional, la existencia del acuerdo resulta menos
uniforme, de manera que aparece en ciertos lugares y circunstancias, pero no en
todas.87
Existen dos posiciones, sin embargo, sobre las
condiciones necesarias para el mantenimiento del “pacto” colonial, el que yo
entiendo como los presupuestos básicos que formaban el trasfondo de la
hegemonía (en el sentido gramsciano de la palabra) y de la economía moral que
existieron a lo largo del periodo colonial. Mientras todos los investigadores
que participan en el debate concuerdan en que los indios cumplían con las
condiciones del pacto al pagar el tributo, hay discrepancia en torno a las
responsabilidades de la monarquía en él: algunos consideran que ésta debía
asegurar la impartición de la justicia -y la defensa de los intereses de los
indios-,88 mientras otros
argumentan, de acuerdo con el vulgo andino, que el rey debía asegurar el acceso
a la tierra comunal. Así que Owensby plantea: “[h]e aquí los términos de un
pacto político entre un rey tributario y vasallos indios -el derecho y el
tributo como obligaciones recíprocas de la justicia”.89 En cambio, Menegus
sostiene que “[e]n otras palabras, el pacto se traduce de la siguiente manera:
los indios le tributan en reconocimiento a la soberanía del monarca, y él, al
reconocerlos como sus vasallos, les reconoce su derecho a la propiedad”.90 El acuerdo general de
que los indios pagaban el tributo para satisfacer su parte del pacto resulta
iluminador para subrayar su importancia en el periodo colonial, mientras que
las diferentes posiciones sobre el papel del rey en el mantenimiento de la hegemonía
ofrecen insumos importantes para entender cómo se pudiera justificar la
aplicación de los impuestos de capitación cuando los nuevos gobiernos
independientes los asumieron después de las independencias.
En la búsqueda de
mayores ingresos: el tributo en el siglo de las luces
A lo largo del siglo XVIII, la Monarquía española
implementó una serie de reformas, fiscales entre otras, en la Península y en
las colonias de ultramar, que apuntaban al desarrollo de una mejor posición de
la corona en la rivalidad interimperial que sostenían Gran Bretaña, Francia y
España. Entre los muchos cambios propuestos e impuestos, la corona promovió dos
que son de particular importancia para los fines de esta investigación: el
intento fallido de aplicar una “única contribución” que habría fijado un impuesto
sobre la propiedad y reemplazado las rentas provinciales mencionadas
anteriormente, y las modificaciones en la recolección del tributo que se
implementaron en América a partir de 1769 y, con más vigor, con el
establecimiento del sistema de intendencias. Más adelante se hará referencia al
primero por su relevancia como antecedente del impuesto directo aprobado por
las Cortes de Cádiz en 1813 y de las contribuciones similares aplicadas por los
nuevos estados nación después de las independencias.
Las reformas
Las reformas en el sistema de recolección del
tributo trataron, como muchas de las modificaciones aplicadas por la Monarquía
española a su sistema fiscal a lo largo del siglo XVIII, de sistematizar sus
mecanismos de recaudación para aumentar sus ingresos y, en muchos casos, como
señala Marino, de aplicar leyes y decretos vigentes pero ignorados o poco
respetados.91 Entre otras acciones,
las reformas iniciales en torno al tributo -aplicadas en la Nueva España a
partir de 1769 (con Gálvez), en la Audiencia de Quito en 1778 y en los
virreinatos de Perú y Río de la Plata en 1779- previeron la realización de
nuevas matrículas cada cinco años en lugar de mantener vigentes las mismas (a
veces por varias décadas),92 el fortalecimiento de
un sistema de fianzas mediante terceros que asegurara la entrega del tributo
recaudado por los alcaldes mayores y corregidores (y después subdelegados), la
reducción del número de categorías de personas exentas del tributo y la centralización
de la responsabilidad por el cobro.93 De manera particular,
en la Audiencia de Quito y el virreinato del Perú la reducción en el número de
categorías exentas de los cobros, y la consecuente pérdida del estatus de
exento, como señala Cahill para el caso de la región sur de los andes peruanos,
tuvo sus implicaciones, sociales además de fiscales, para la estructuración de
la sociedad andina en general y de los ayllus en particular.94
Las reformas a los sistemas de recaudación del
tributo antecedieron por pocos años a la implementación de las ordenanzas de
intendentes que durante la década de los ochenta modificaron la administración
territorial y, particularmente, la fiscal en toda la América hispana.95 Con el sistema de
intendencias, se refrendaron muchas de las reformas establecidas (varias de
ellas ya refrendadas de por sí) en la década anterior en torno al tributo y se
comenzó a pagar a las autoridades responsables por la recaudación un porcentaje
del total entregado a los reales erarios. Las ordenanzas de la Nueva España y
las de Buenos Aires definieron de manera uniforme que 1% del total recaudado se
quedaría con los gobernadores y alcaldes de indios -los responsables en el
trato directo con los tributarios-, pero en las ordenanzas de la Nueva España
se asignaba 5% del total recaudado a los subdelegados mientras en las de Buenos
Aires les correspondía sólo 3 por ciento.96
La reglamentación y la aplicación de las
ordenanzas, tal vez aún más en el recién creado virreinato del Río de la Plata
y en el de Perú, respondían en cierta manera a las problemáticas y las
realidades sociales que habían dado cauce a la Gran Rebelión (1780-1781). En
respuesta al papel importante que tuvieron los caciques en los diferentes
conflictos englobados en los levantamientos andinos, las ordenanzas hicieron a
un lado a los señores naturales en la recaudación del tributo, y aunque buen
número de los nuevos “recaudadores” o “cobradores” prefirieron llamarse
“caciques recaudadores”, en muchos casos ya no eran “señores naturales” sino
otros indios, mestizos o españoles cuya actividad principal en torno al
gobierno de los diferentes ayllus era la recolección del tributo.97 En la Audiencia de
Quito, las reformas de estos años modificaron el papel del gobernador indio
para que fungiera como auxiliar de los subdelegados y también cambiaron la
forma de seleccionarlo, de manera que la Audiencia lo elegía de una terna
propuesta por el administrador de tributos, en vez de ser seleccionado por la
comunidad, como había ocurrido anteriormente.98 En el caso
novohispano, las reformas no impactaron tanto a los señores naturales que, como
se ha argumentado, tuvieron un papel menor que en la región andina, pero hizo
más difícil que los gobernadores se reeligieran.99
Las reformas en los mecanismos de recolección del
tributo, igual que muchas de las reformas hacendísticas que acompañaron a la
instalación de las intendencias, lograron aumentar de manera notable los
ingresos de su ramo, lo que no debe sorprender pues se ha considerado que el
sistema de intendencias fue, principalmente, un paso desde una manera de
gobernar enfocada en la justicia hacia otra que buscaba el crecimiento
económico y, como corolario a éste, aunque también importante por sí mismo,
mayores ingresos fiscales. En la Nueva España y en el reino de Guatemala, donde
se aplicaron las ordenanzas novohispanas,100 las reformas
consideraban una nivelación en la tasación del tributo a 16 reales para los
indios y 24 para las castas.101 En la Nueva España
este cambio fue suspendido por la Junta Superior de Real Hacienda102 y en Guatemala la
nivelación se aplicó a partir de 1802 (aunque de manera inconsistente), años
después de la aprobación de las ordenanzas; allí provocó una pequeña revuelta
en la alcaldía mayor de Verapaz, al significar la nivelación casi una
duplicación de la tasa del tributo.103
No obstante las muchas inconsistencias en su
aplicación, las nuevas políticas sobre el tributo rindieron frutos con grandes
aumentos en la Audiencia de Quito, y en el virreinato de Perú el rubro de los
tributos se convirtió, gracias a la reducción en los ingresos mineros, en el
más importante de los ingresos reales entre la década de 1780 y el final del
periodo colonial.104 En el caso
novohispano, el nuevo sistema acompañó a un aumento en la cantidad recaudada,
pero existen discrepancias en torno a la relativa importancia que las reformas
-aplicadas de modo parcial- tuvieron en promover este aumento. Recientemente,
Gutiérrez Núñez ha comprobado lo que Marino señaló como posibilidad hace dos
décadas: el nuevo sistema controló mejor la matriculación en la Nueva España
(como hemos visto que ocurrió en Filipinas unas décadas antes), o por lo menos
en la intendencia de Valladolid, donde el aumento en los vagos y laboríos
matriculados provocó una resistencia por parte de los hacendados y rancheros en
quienes recaía la responsabilidad del cobro. Lo anterior contrasta con lo que
Herbert Klein ha afirmado cuando indicó que el incremento en el tributo se
debía simplemente a un aumento poblacional.105
No obstante las preocupaciones manifiestas de los
reformadores sobre el cobro del tributo en el reino de Guatemala desde 1763,
las reformas no causaron aumentos en las sumas recaudadas en este ramo, e
incluso hubo una tendencia hacia su reducción entre la década de 1760 y el
principio del siglo XIX.106
El pensamiento de los
reformadores en torno a la eliminación del tributo
En el último cuarto del siglo XVIII, varios
pensadores y oficiales en Hispanoamérica abogaron por la eliminación del
tributo con argumentos que tendían a basarse en la demostración de los
beneficios que ésta habría comportado para los erarios reales, aunque a menudo
también se vinculaban con propuestas para reducir o eliminar las distinciones
entre los estamentos. Algunos neogranadinos propusieron la eliminación del
tributo indio como elemento de un argumento más amplio que fomentaba la
españolización del indio,107 retomando la
propuesta que hiciera Campillo y Cosío décadas atrás de que se repartieran las
tierras comunales de los indios y que éstos pagaran los mismos impuestos que
correspondían a las demás clases. Los reformadores americanos y peninsulares
promovían la eliminación del tributo y de los servicios personales, entre otras
políticas, como mecanismos que impulsaran la mejor inserción del indio en el
mercado: al tener éste un terreno propio, y la certeza de que sus ganancias no
habrían de terminar en manos de otros, tendría la motivación económica para
trabajar más, producir más y pagar otros impuestos, como la alcabala, que
subsanarían lo perdido por la abolición del tributo.
En la misma línea, en 1790, el intendente de la
provincia de México propuso que se eximiera del tributo a aquellos indios que
se vistieran como españoles.108 Pocos años después,
en 1799, el obispo de Michoacán y su cabildo catedral enviaron un documento al
rey, elaborado por el futuro obispo Abad y Queipo, en el que proponían varios
mecanismos para ayudar a mantener sumisa a la población y simultáneamente aumentar
los ingresos reales: la eliminación del tributo, la redistribución de la tierra
y el acceso de las castas a los empleos civiles “que no requieren nobleza”,
entre otros.109 En 1803, la Junta
Real de Hacienda de la Nueva España decidió promover la eliminación del tributo
personal, con el fin de equiparar a los diferentes estamentos y entonces
permitir el pago de la alcabala por los indios, puesto que se había calculado
que su exención perjudicaba al erario.110
Las reformas aplicadas en el último tercio del
siglo XVIII aumentaron los ingresos reales en muchas regiones y, en ciertos
contextos, reestructuraron las relaciones dentro de las comunidades y los
vínculos entre éstas y las autoridades españolas. Asimismo, la reforma
propuesta que habría implicado la eliminación del tributo se discutía en muchos
ambientes en las décadas antes de la crisis de la monarquía y ésta, como
comúnmente ocurre con las crisis, permitió muchos cambios, entre ellos la
abolición del tributo de indios y de castas.
La eliminación del
tributo
Entre 1808 y 1825 los territorios de la
Hispanoamérica continental pasaron de ser colonias -como las conceptualizaban
los reformadores borbones- a ser estados independientes; contemporáneamente,
dejaron de pertenecer a una monarquía con pretensiones centralistas y
absolutistas para establecerse en regímenes que buscaban regirse por principios
asociados con el republicanismo y el liberalismo político y económico. Al final
de estos largos años -densamente llenos de un amplio abanico de propuestas y
proclamaciones políticas, guerras, constituciones y rebeliones- el tributo de
indios y de castas se había eliminado como tal, aunque los procesos que
llevaron a este resultado común variaban mucho en los diferentes territorios
americanos.
La crisis de la monarquía dio pauta para el
comienzo de una serie de dinámicas relacionadas con el tributo, algunas de las
cuales se venían operando y otras que la misma coyuntura propició. Existía el
grupo de pensadores ya mencionado que promovía la eliminación del tributo con
el fin de mejorar los ingresos al erario real, y a la vez había quienes creían
en la importancia de la igualdad ante la ley y, entonces, en la necesidad de
eliminar los diferentes privilegios y obligaciones correspondientes a los
diversos grupos corporativos y estamentales.
Mientras estas ideas formaban parte del contexto
ideológico en el que la crisis de la monarquía se desenvolvió, durante la vacatio
regis se crearon condiciones particulares que fomentaron la eliminación del
tributo. En primer lugar, la presencia de los conflictos armados hizo necesario
que los diferentes gobiernos y sus opositores se acercaran a los sectores
populares para asegurar su apoyo, siempre con la intención de evitar que las
políticas adoptadas perjudicaran su propio sustento económico.111 En segundo lugar, en
la medida en que la eliminación del tributo podía implicar también la abolición
de las comunidades corporativas y la distribución de la propiedad que poseían
-como fue el caso en algunas regiones de la Nueva Granada y Chile-, habría
permitido que algunos individuos aprovecharan la situación para ganar acceso a
las tierras comunales.112 En casi todos los
casos resulta necesario evaluar las decisiones que los realistas,
independentistas y autonomistas tomaron para eliminar el tributo con atención a
cuatro factores: las ideas sobre igualdad y sobre el fomento económico, la
necesidad de acercar a potenciales aliados que estaban sujetos al pago del
tributo, las necesidades fiscales coyunturales y el acceso a las tierras
comunales de los pueblos de indios.
Por otra parte, los indios y las castas que pagaban
el tributo no necesariamente habrían tenido una posición única en torno a su
potencial eliminación. Si la eliminación del tributo hubiera implicado pagar
otros cobros como la alcabala o los impuestos eclesiásticos, algunos indios
habrían podido verse perjudicados por el cambio, en particular aquellos que se
dedicaban al comercio o a la producción de bienes.113 Por otro lado, si se
sigue una lógica estrictamente económica, los indios y las castas que se
dedicaban exclusiva o principalmente a la producción para el autoconsumo
habrían preferido eliminar el tributo en vista de que no se les habría aplicado
la alcabala.
En octubre de 1809, Miguel de Ezyaguirre, el
protector de indios de Perú, propuso la eliminación del tributo en el documento
“Ideas acerca de la situación del indio”, que se elaboró en parte sobre la base
de las quejas que los indios habían hecho llegar a los protectores provincianos
en torno al tributo y otros asuntos. Además de presentarlo ante el gobierno
virreinal y enviarlo a las autoridades peninsulares, Eyzaguirre circuló el
escrito entre algunos de los pueblos peruanos.114 Según el virrey
Abascal, con este escrito Eyzaguirre influyó en la decisión tomada por el
Consejo de Regencia, en mayo de 1810, de eliminar el tributo, además de
promover una resistencia india al pago del mismo desde mediados de 1809 en
algunos pueblos de Cajatumba.115 Eyzaguirre y su
propuesta también se advertían como causas de las dificultades en el cobro del
tributo que los subdelegados de Putinza e Ica preveían a principios de 1810, e
incluso de la creencia entre los indios de Ica de que “de un instante a otro, p[odía]n
hallarse libres de esta contribución”.116
A finales de diciembre de 1809, en la ciudad de
Valladolid (actualmente Morelia), un grupo de los criollos más poderosos de la
ciudad, con el apoyo probado de los indios de los barrios de ésta, empezaron a
organizar una conjura o una conspiración con los objetivos de someter al
gobierno de la intendencia de Valladolid y “establecer una junta soberana en
las provincias que componían el muy antiguo obispado de Michoacán”.117 En consonancia con
las opiniones de pensadores como Abad y Queipo y buena parte del grupo
dominante en Valladolid, los criollos rebeldes propusieron la eliminación del
tributo y de las cajas de comunidad, con la idea de que estas propuestas
facilitarían el apoyo de los indios, cuya participación los conjurados
consideraban necesaria en un eventual cabildo abierto y también como un
referente -a favor de la conspiración pero poco violento- que las castas y la
plebe urbana seguiría en un eventual conflicto abierto con las autoridades.118
Que fuera a causa del escrito de Eyzaguirre, del
levantamiento en Caracas de abril de 1810, o por otras razones, el Consejo de
Regencia eliminó el tributo que pagaban los indios en la Nueva España -sólo los
indios y únicamente en la Nueva España- el 26 de mayo de 1810.119 El Consejo también
ordenó la repartición de tierras y aguas a los pueblos que los necesitaran,120 en consonancia con
las ideas económicas, ya mencionadas, posteriormente conocidas como
“liberales”, que circulaban en España desde mediados del siglo XVIII. No
obstante la existencia de ideas de tinte liberal que le habrían dado sustento
al decreto, en este caso el Consejo actuó principalmente para asegurar el apoyo
de los indios ante un posible levantamiento contra la corona, pues el mismo
decreto se refiere a la “inalterable lealtad y patriotismo” de los indios, mas
ignora completamente la posibilidad de igualar su condición.121 En posteriores
discusiones realizadas dentro de las Cortes gaditanas, el decreto del Consejo
por el cual se eliminó el tributo se discutió en contraposición a otro en el
que se autorizó al gobernador y capitán general de Puerto Rico un uso amplio de
sus facultades para asegurar la seguridad pública: es decir, los dos decretos
se entendieron como mecanismos para asegurar, grosso modo, la tranquilidad
social.122 En este caso, el
Consejo compartía lo expuesto por el obispo Abad y Queipo en un documento
enviado a este cuerpo el 30 de mayo del mismo año (casi la misma fecha en que
se publicó el decreto por el que se eliminó el tributo), con varias sugerencias
dirigidas a reducir las tensiones sociales que ya se advertían en la Nueva
España; entre ellas, la propuesta de abolir el tributo de los indios y de las
castas se colocó en el primer lugar de la lista.123
Pocos meses después, en septiembre de 1810, es de
suponerse que el insurgente padre Hidalgo haya proclamado la eliminación del
tributo de castas (si no necesariamente el de indios) al alzarse en armas el
día 16,124 lo que refrendó el 19
de octubre del mismo año. Hidalgo y sus tropas se acercaban a la ciudad de
Guanajuato cuando, el 26 de septiembre, el intendente Riaño publicó el bando de
la Regencia del 26 de mayo y eliminó el pago de tributo en esa intendencia; resultó
un intento sumamente malogrado de afianzar el apoyo de la plebe guanajuatense a
la causa realista, pues dos días más tarde los insurgentes tomaron la
alhóndiga.125
El 5 de octubre de 1810, unas tres semanas después
del levantamiento de Hidalgo, el recién llegado virrey de Nueva España,
Venegas, publicó el decreto del Consejo de Regencia del 26 de mayo y extendió
la eliminación del tributo “y demás gracias concedidas” a las “castas de
mulatos, negros y demás de todas aquellas poblaciones que en las presentes
circunstancias mant[uviera]n la fidelidad y justa adhesión a la sagrada causa
de la patria, y concurr[ier]an a reprimir y sofocar la sublevación que han
excitado en San Miguel el Grande, y en algunos otros pueblos […]”, lo que
obviamente fue motivado por la intención de debilitar el movimiento insurgente.126
Aun antes de que el virrey novohispano publicara el
decreto con la abolición del tributo de indios, el Acta de Constitución del
Estado Libre e Independiente del Socorro -en Nueva Granada-, del 15 de agosto
de 1810, declaró la abolición del tributo de indios y la repartición de las
tierras de los resguardos indios entre ellos (sin la posibilidad de reventa
durante los siguientes 25 años) y, el 24 de septiembre, la Junta Suprema de
Bogotá legisló la abolición del tributo de indios y la repartición de las tierras
de los resguardos -sin mencionar el tema de la reventa-.127 En el territorio
novogranadino de Pastos, colindante con la Audiencia de Quito, de donde habían
salido muchos indios en apoyo a los realistas en la represión de la Junta
quiteña de 1809, se les ofreció una reducción en el tributo en 1810,
principalmente para asegurar su lealtad, pero los tributarios la rechazaron con
el argumento de que querían seguir apoyando al rey.128
En febrero de 1811 la Junta Gubernativa de Chile
declaró la abolición del tributo de indios,129 un mes antes del
decreto de las Cortes gaditanas que amplió la eliminación del tributo, tanto de
indios como de castas -retomando lo hecho por Venegas-, al resto de América.130 En abril de 1811, el
capitán general de Guatemala -a sabiendas de las inquietudes de algunos pueblos
de indios en las regiones fronterizas con la Nueva España donde el tributo se
había eliminado- ordenó reducirlo a los niveles existentes antes de la nivelación
del mismo que se había impuesto en 1802 en concordancia con lo indicado en la
ordenanza de intendentes.131
El 1º de septiembre de 1811 la Junta Provisional
Gubernativa de las Provincias de Río de la Plata declaró la abolición del
tributo de indios y el 2 de septiembre (obviamente sin conocer la decisión de
Buenos Aires) la Junta Provincial Gubernativa de Salta, de manera autónoma,
también la declaró.132 Según el análisis de
Doucet, los miembros de la Junta Provisional tomaron esta decisión para atraer
a su causa a los indígenas en el Alto Perú, donde el Ejército Auxiliar del Perú
apenas había sufrido una pérdida ante las fuerzas realistas, y no tanto -como
el mismo decreto indicó- porque el tributo “oprimía más su corazón que a sus
amados hermanos que l[o] arrastraban”.133 Como señaló Sánchez
Albornoz hace casi 40 años y como Doucet lo subrayó hace más de 20, el hecho de
que aún pocos meses antes del decreto, líderes bonaerenses como Pueyrredón y
Castelli se encontraban organizando el cobro del tributo en el Alto Perú pone
de relieve la importancia respectiva de las convicciones ideológicas y la
conveniencia político militar de la misma decisión de abolir el tributo.134 El decreto de la
Junta en Salta también obedecía a la coyuntura de guerra y, aunque no lo
señalaba de manera directa, el documento implicaba la prestación forzosa del
servicio militar, que fue resistido, como lo fue también el pago del tributo
rezagado.135
Desde octubre de 1811, cuando las primeras noticias
de la abolición del tributo se dieron a conocer en Perú y antes de que
oficialmente entrara en vigor, muchos yanaconas en la intendencia de Trujillo
comenzaron a dejar de trabajar y ausentarse de las haciendas al considerar que
sin la obligación de pagar el tributo -que los hacendados cumplían por ellos-,
se había terminado su vínculo con las haciendas.136 Asimismo, el entonces
presidente interino de la Audiencia de Cuzco, Mateo Pumacahua -famoso por su
papel importante en la victoria sobre las tropas de Túpac Amaru y por reprimir
la junta de La Paz en 1809-, frenó la eliminación del tributo por considerar
que sin él y la mita los caciques no tendrían función alguna en el sur andino.137
José de Bustamante, el jefe político del reino de
Guatemala, publicó la eliminación del tributo finalmente en enero de 1812 y
argumentó que no lo había hecho con anterioridad porque no había recibido aviso
formal de su abolición.138 Bustamante publicó la
supresión del tributo de indios después de unas protestas violentas en algunos
de los pueblos principales en el altiplano guatemalteco y en medio de una serie
de levantamientos urbanos en las principales ciudades del reino.139 En su decreto, el
jefe político repitió el mismo tono e intención contrainsurgente utilizada por
el virrey Venegas en la Nueva España y aclaró que su aplicación dependía de la
lealtad de los indígenas.140
Citando los daños que el tributo les había causado
a los indios, la Suprema Junta de Gobierno de Cartagena lo eliminó a partir del
primero de julio de 1812.141
Tiempos inciertos: en
sustitución del tributo
A partir de 1810, el contexto hispanoamericano se
encontró dominado, aunque con variaciones regionales muy marcadas, por dos
cuestiones que se entrelazaron de tal manera que distinguirlas resulta casi
imposible: las guerras independentistas y las reformas liberales. Como se ha
descrito hasta el momento, este contexto informó las decisiones tomadas por los
gobiernos realistas, independentistas o autonomistas. Fue en medio de la
guerra, o en el amplio contexto de las guerras de independencia hispanoamericanas,
que los gobiernos e insurgencias eliminaron el cobro de un derecho señorial -a
veces necesario para el sustento de los diferentes gobiernos y movimientos
armados- que pagaban los vasallos y, a menudo, comenzaron a aplicar una
“contribución” que frecuentemente tomaba la forma de una capitación, cuyas
condiciones para los contribuyentes/ciudadanos eran muy similares a las que
poco tiempo antes habían experimentado los tributarios/vasallos.
Con la eliminación del tributo por parte del
Consejo de Regencia y su posterior confirmación por las Cortes de Cádiz, los
gobiernos realistas que lograron mantener un control territorial total o
significativo, como los de Venegas y Calleja en Nueva España, Abascal en Perú
(y Alto Perú) y Bustamante en el reino de Guatemala, tuvieron que adecuarse a
esta nueva realidad fiscal. En particular, los gobiernos de Perú y Guatemala
enfrentaron dificultades más agudas porque el tributo proveía una parte más
significativa de sus ingresos. De igual manera, los insurgentes en la Nueva
España, en su búsqueda de ingresos que permitieran el funcionamiento de su
gobierno, debieron aplicar contribuciones en la forma del impuesto de
capitación, entre otras. La Junta Gubernativa Provisional de las Provincias de
Río de la Plata, en su afán de tomar el control del Alto Perú, quería utilizar
la eliminación del tributo como mecanismo para facilitar el acercamiento de los
indígenas a su causa, puesto que, en la medida en que el Alto Perú estuviera
bajo el control del virrey peruano, el tributo le aportaría muy pocos ingresos
al erario rioplatense.
En Nueva Granada y Chile, como ocurrió en Río de la
Plata (excluyendo al Alto Perú, controlado desde Lima), los ingresos del
tributo eran mínimos y en estos territorios el discurso liberal compaginaba con
intentos por tener acceso a las tierras de los pueblos de indios. Los
diferentes gobiernos que regían la Audiencia de Quito entre 1811 y 1814 -fueran
éstos autonomistas o realistas- nunca publicaron el decreto de la eliminación
del tributo por temor a las implicaciones que habría tenido para el erario.142
Ante la eliminación del tributo, las autoridades
españolas en los territorios que dependían, de manera parcial pero
significativa (a veces muy significativa), de esta fuente para sostener sus
aparatos gubernamentales, enfrentaron la necesidad de buscar otras maneras de
reemplazar el faltante. En el reino de Guatemala, el entonces jefe político
José de Bustamante redujo la tasa de interés sobre los bonos de gobierno y
gastó todo el dinero de los fondos de las cajas de comunidad de los pueblos de indios,
además de imponer contribuciones voluntarias (como lo hizo también Venegas en
la Nueva España) sobre los criollos. Aunque no ha habido estudios sobre su
impacto real, Bustamante estableció también una “contribución voluntaria” en
abril de 1812 que debía aplicarse a los indígenas y que preveía una integración
anual al erario real de 2 pesos por cada “contribuyente”, la cantidad que se
había asignado para el tributo en la ordenanza de intendencias. Adicionalmente
realizó recortes muy fuertes en el presupuesto e incluso rechazó subrogar los
gastos relacionados con el viaje y viáticos de los representantes americanos en
Cádiz y los reasignó a los ayuntamientos.143
En Perú, el virrey Abascal se esforzó por aumentar
los ingresos provenientes de otros impuestos como aquellos aplicados sobre el
comercio ultramarino, el tabaco, y aún pensó en darles tierras a los indígenas
a cambio del cobro de un canon.144 Ante la incertidumbre
en torno a los impactos de estas iniciativas, Abascal intentó implementar una
“contribución provisional voluntaria”, que se habría presentado a los indígenas
como una opción que podía escogerse en vez de pagar los impuestos que correspondían
a las demás clases.145 Ante el rechazo hacia
esta contribución por parte de la Audiencia y de otros sectores de la sociedad,
Abascal optó por implementar otra en 1812, con características similares, bajo
el nombre de “donativo ordinario”, que quiso justificar por medio de documentación
que demostraba el apoyo de las autoridades indígenas. No obstante la
resistencia de muchos pueblos y el cuestionamiento público que el defensor
Eyzaguirre desarrolló hacia las fuentes utilizadas para sustentar la supuesta
anuencia de los indígenas, Abascal aplicó con relativo éxito el donativo
ordinario hasta el regreso de Fernando VII y el establecimiento de la llamada
“contribución” que fue en la práctica una continuación del tributo de indios y
castas.146 Según Sala I Vila, al
aplicar la contribución impuesta por Abascal, las autoridades locales
amenazaron a los indígenas estableciendo que si no lo pagaban perderían sus
tierras,147 lo que resulta un
planteamiento similar al cobro de un canon que Abascal había propuesto antes de
implementar la contribución y compagina con la noción del quid pro quo
de tributo por acceso a la tierra que se ha discutido en este texto.
Durante la rebelión llamada de Cuzco -que se dio en
varias intendencias del sur de Perú y aun en partes del Alto Perú entre 1814 y
1815-, ante la falta de otros insumos que pudieran cubrir los costos asociados
a la guerra, las autoridades insurgentes inicialmente cobraron la contribución
que Abascal había impuesto a los indígenas, por lo menos en las zonas más
cercanas a Cuzco.148 En octubre de 1815,
durante la última y más radical fase de la rebelión, los líderes abolieron la
contribución para todos los pueblos adheridos a su movimiento.149
En la Nueva España, la insurgencia provocó
problemas graves para la Real Hacienda mucho más allá de los ingresos perdidos
por la eliminación del tributo y, como ocurrió con los rioplatenses que
buscaban aprovechar la situación para afianzar el apoyo de los indígenas
altoperuanos, los alzados intentaban utilizar un sistema fiscal que acrecentara
el apoyo popular. Sin embargo, la insurgencia necesitaba financiar la guerra -y
mantener a los párrocos-, por lo que implementó, progresivamente, un sistema
fiscal que se basaba en la alcabala, la contribución directa y lo producido en
las tierras nacionalizadas de sus opositores. El gobierno de la “América
mexicana” redujo la tasa pagada en concepto de alcabala, pero comenzó a
cobrárselo a los indígenas, quienes se resistieron y lograron que se les
exentara. Al eliminar el tributo, los insurgentes inicialmente aplicaron una
capitación que contemplaba pagos diferenciados para los indígenas y las demás
clases y por fin llegaron, en agosto de 1815, a aplicar una contribución
directa, proporcional, que consideraba seis rangos de ingreso.150
El sistema implementado por Morelos y sus
seguidores se desarrolló al mismo tiempo al nuevo sistema virreinal y, como
bien indica Serrano, “[l]os insurgentes y realistas no fueron espejos, sino
esponjas que en muchas ocasiones se alimentaron mutuamente”.151 Los nuevos sistemas
fiscales se nutrieron de un interés común en aplicar reformas que eliminaran
los privilegios (y, se entiende, las diferencias), que era un tema que se había
discutido ampliamente dentro de la Monarquía española y que la crisis de ésta
abrió pauta para aplicar.
Las primeras
“contribuciones directas”
La contribución directa planteada por las Cortes de
Cádiz, y luego las muchas que se aplicaron en Hispanoamérica en las siguientes
décadas, tenían raíces profundas en el siglo XVIII español152 y de alguna manera se
alimentaron de otras experiencias europeas, las cuales no se desarrollaron de
manera independiente, sino siempre en referencia con los experimentos y logros
de los demás países.153 Nutrida de la
aplicación, tras la guerra de la sucesión española, de los Decretos de Nueva
Planta en los territorios que conformaban el reino de Aragón, y de los
esfuerzos periódicos y bien desarrollados -aun cuando siempre fallidos- a
partir de 1749 para crear una “contribución única” en Castilla, la contribución
extraordinaria de guerra fue decretada por la Junta Central de Sevilla en enero
de 1810 y luego modificada el primero de abril de 1811 por las Cortes
gaditanas, de forma que el impuesto se aplicara de manera progresiva y,
entonces, más equitativa.154 Dos años más tarde,
en septiembre de 1813, las Cortes generales y extraordinarias decretaron el
“nuevo plan de contribuciones públicas” que fue el sistema que debió reemplazar
el existente, en concordancia con lo planteado en la Constitución doceañista. A
diferencia de las anteriores propuestas de reforma fiscal en la Monarquía
española, la contribución directa aplicaba una tasa progresiva sobre los
ingresos de todos los españoles, sin excepción; además logró decretarse, aunque
en la práctica tuvo poco éxito.
En la Nueva España, después de consultas con las
autoridades principales del virreinato, se aprobó, en noviembre de 1813, la
aplicación de una “contribución directa general y extraordinaria” tasada con
base en el ingreso, que tuvo muy poco éxito en su aplicación, principalmente
por la resistencia que encontró desde su inicio, en parte manifiesta en el
rechazo hacia la elaboración de las declaraciones sobre el ingreso que el
decreto sobre la contribución exigía y en la entrega de declaraciones con datos
claramente falsos.155 Tras estas acciones,
y con argumentos más claros que criticaban la contribución directa por recaer
en su mayoría en los grupos sociales con más ingresos, se puede ver que los
sectores pudientes de la sociedad novohispana rechazaban la noción esbozada en
la Constitución -retomada de la Declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano- de que las personas que recibían más beneficios del Estado
debían tomar un papel más activo en financiarlo.156 A diferencia de la
contribución extraordinaria de guerra que se intentó asignar en la Península,
el impuesto directo general y extraordinario que se aplicó en la Nueva España
preveía una tasa ligeramente regresiva,157 tasas más bajas en
general (en especial las que se aplicaban a las personas con ingresos más
altos) y un nivel mínimo de ingresos mayor para ser susceptible a la
obligación; esto último probablemente se pensó como mecanismo para asegurar el
apoyo de los sectores más pobres durante la guerra.
En el contexto de la ley de la contribución directa
aprobada por las Cortes y retomando de alguna manera la propuesta que el virrey
Abascal había elaborado en torno al pago de un canon, en 1814 la diputación
provincial de Lima propuso un impuesto sobre la tierra que habría implicado la
división de las tierras de la comunidad entre sus miembros y a la vez
reemplazado el tributo. La diputación limeña quería evitar que se considerara
como una continuación del tributo y prefería ver este nuevo cobro como un anticipo
de la nueva contribución directa que quedaba por aplicarse.158
La Intendencia y Capitanía General de Yucatán
merece una mención particular por los fuertes problemas fiscales que causaron
la eliminación del ingreso proveniente de los situados y la abolición del
tributo indio. A partir de 1800, la intendencia de Yucatán, a causa de las
guerras napoleónicas, empezó a recibir de manera errática los 200 000 pesos
anuales que anteriormente había recibido en calidad de situados de diferentes
cajas novohispanas, hasta dejar de percibirlos por completo a partir de 1808.159 En este contexto, la
intendencia vivía una situación fiscal crítica al enfrentar la eliminación del
tributo indio, que proveía más de 40% de los ingresos de la hacienda provincial
entre 1801 y 1810.160 Ante un panorama
fiscal sumamente difícil, el intendente -actuando de manera independiente de
sus superiores ante la dificultad de comunicación que la insurgencia había
creado en el centro de la Nueva España- realizó consultas con las principales
autoridades locales, en un ambiente de búsqueda de consenso similar al que se
dio en las ciudades de México y Lima.161 Mediante estas
discusiones y ante una crisis fiscal que se deterioraba constantemente después
de dos años sin los ingresos del tributo, en abril de 1814 el intendente
decidió abrir las puertas de la península yucateca al comercio con países
amigos y neutrales; en noviembre de 1814, a sabiendas del regreso al trono de
Fernando pero antes de que el monarca implementara la “contribución” que
reemplazara el tributo indígena, decretó el restablecimiento de este cobro bajo
el nombre de “contribución extraordinaria”.162
Después de su regreso al trono en 1814, Fernando
VII ordenó el 1º de marzo de 1815 el establecimiento de una “contribución” que
reemplazara el tributo de indios y de castas en las provincias. El
(r)establecimiento de la “contribución del Real tributo”163 ocurrió en las
regiones controladas por las autoridades leales a la Monarquía: principalmente
el virreinato de Perú y las regiones cercanas, como el Alto Perú, que
estuvieron bajo el mando de Lima; el reino de Guatemala; la Nueva Granada,
aunque de manera poco exitosa por la guerra todavía en curso.164 En la Nueva España la
nueva “contribución” jamás se aplicó, con la excepción de la intendencia de
Yucatán.165
En Perú, Abascal recibió la noticia del
restablecimiento del tributo con alegría y pidió refuerzos para evitar posibles
levantamientos al recomenzar el cobro, mientras se quejaba de lo injusto que
había sido eliminarlo.166 A partir de 1815, las
autoridades peruanas aplicaron una “contribución de indígenas y castas”, que se
acompañó con otras reformas fiscales y se mantuvo hasta 1821. El gobierno
peruano aplicó esta nueva “contribución” en 1815, durante la campaña para pacificar
los restos de la rebelión de Cuzco, lo que seguramente influyó para que los
rebeldes decidieran, como se ha mencionado antes, eliminarla.
En enero de 1816 se enviaron desde Cartagena copias
de la cédula que (r)establecía la “contribución real” a los gobiernos que
estuvieron bajo el control de los realistas en el Nuevo Reino de Granada,
aunque algunos pueblos fueron exentados.167 La Audiencia de Quito
comenzó a cobrar el tributo con más fuerza a partir de octubre de 1814 cuando
los realistas retomaron la ciudad capital, y de inmediato el protector de
naturales solicitó que a los indígenas de Pastos se les cobrara según la tasa reducida
que se había aplicado desde 1811. La Audiencia quiteña aceptó la solicitud del
protector de naturales en mayo de 1817, pero en este mismo año se eliminó por
completo el tributo en Pastos, para asegurar la lealtad de la población
indígena en un momento del nuevo auge independentista en Venezuela y Nueva
Granada.168
En el reino de Guatemala no hay registros de
modificaciones fiscales en el cobro de una contribución directa o capitación
que incluyera a grupos sociales más allá de los indios. En el altiplano
guatemalteco, el restablecimiento del tributo provocó resistencia desde 1816 y
los pueblos de indios en el Partido de Totonicapán mantuvieron su rechazo al
pago durante los siguientes años, hasta que las tensiones estallaron en la
rebelión de 1820.169
El restablecimiento de la Constitución de 1812
después de la rebelión de Riego en 1820 provocó el momento más álgido del
levantamiento de Totonicapán, porque los indios totonicapenses, que ya habían
tomado el control efectivo de su pueblo desde hacía unos meses, consideraban
que con ello el tributo se había eliminado de nuevo. En San Miguel Totonicapán,
pueblo de indios y cabecera de la alcaldía mayor de Totonicapán, como también
en la ciudad de Guatemala, el restablecimiento de la constitución se celebró el
9 de julio, día en que Fernando la juró antes las Cortes en Madrid; pero en
Totonicapán fueron los indios líderes de la rebelión quienes organizaron las
festividades, tomando formalmente el control de la cabecera y de los pueblos a
su alrededor.
No obstante la interpretación que los
totonicapenses le dieron al restablecimiento de la Constitución, el nuevo
gobierno en España tuvo cuidado de no reafirmar la abolición del tributo: había
entendido que, independientemente de los principios liberales, las necesidades
fiscales en ciertas regiones de América hacían muy poco factible su
eliminación. Para entonces, el tributo ya se había dejado de cobrar en la Nueva
España -con la excepción de la península de Yucatán- mientras la recaudación
seguía en el reino de Guatemala, la Audiencia de Quito y los territorios del
Alto y Bajo Perú, controlados desde Lima.
En los siguientes años, con las independencias, el
tributo se abolió en todas estas regiones gracias a los decretos de Bolívar en
América del Sur y a la anexión de Centroamérica al Imperio Mexicano en la
América septentrional. Unos años después se aplicaron diferentes formas de
“contribuciones directas” en casi todos los nuevos estados-nación, con
variaciones muy significativas en distintos estados federados o departamentos.
Mientras casi todas las “contribuciones directas” de esta época apuntaban a establecer
cobros universales entre los contribuyentes, en muchos casos con tasas
graduadas según el ingreso o el tipo de oficio en que trabajaba el individuo,
los resultados variaron mucho y en las regiones con una presencia demográfica
indígena importante las diferentes contribuciones se iban asemejando más a
formas de capitación con un cobro único que, en la mayoría de los casos,
solamente se aplicó a los indígenas.170
Consideraciones
finales
A lo largo de su existencia, el tributo de indios y
de castas fue un derecho señorial, sin paralelo exacto en el reino de Castilla,
que se desarrolló a partir de las formas tributarias americanas existentes al
momento de la invasión española. El tributo tomó una forma particular debido al
periodo en el que se estableció: los esfuerzos que la monarquía española -como
otras monarquías europeas- realizó para aumentar su poder en el proceso
conocido como la formación de los estados modernos disminuyó la posibilidad de
que se establecieran señoríos (con sus correspondientes derechos señoriales) y
Cortes americanas (con sus capacidades de negociar con el rey y asegurar el
cobro de los pechos). Desde su establecimiento en el siglo XVI, y hasta su
eliminación en el siglo XIX, el tributo reprodujo la noción de las divisiones
estamentales castellanas -y sus aspectos fiscales-, aunque con distinciones
basadas en clases que se definían por su “calidad”. Asimismo, el tributo se
aplicó de manera que se retomara la noción fiscal medieval que distinguía entre
tributarios y miembros de los cuerpos armados, con la consideración de que
estos últimos fueran reconocidos con un estatus mayor. En las diferentes
interpretaciones del “pacto colonial”, el tributo siempre resultó ser lo que
los indios debieron aportar para cumplir con sus obligaciones -lo que subraya
su importancia-, indistintamente de si el rey les proporcionaba a cambio la
justicia o la tierra.
Como uno de los nuevos vientos que el siglo XVIII
trajo al campo fiscal hispanoamericano, las reformas a los mecanismos del cobro
del tributo, implementadas en el último tercio de la centuria, no sólo
aumentaron los ingresos reales sino que también modificaron las relaciones
dentro de las comunidades y los vínculos entre ellas y la burocracia española.
Desde mediados del siglo XVIII, la eliminación del tributo resultó ser un tema
de discusión entre los reformadores que argumentaban sus consecuencias negativas
para la economía y el erario real. La posible creación de una única
contribución también ocupó a muchos reformadores españoles durante el siglo
XVIII, y aunque no se logró legislarla sino hasta la crisis de la Monarquía,
los intentos previos impactaron en las contribuciones directas decretadas por
las Cortes gaditanas y la insurgencia novohispana, las que a su vez influyeron
en el establecimiento de contribuciones similares en los nuevos estados
americanos.
No obstante la existencia de ideas que favorecían
la abolición del tributo porque -se consideraba- reflejaba los tratos
preferenciales de la sociedad corporativista, frenaba el crecimiento económico
y reducía los ingresos fiscales, su eliminación se logró sólo en el contexto de
la vacatio regis, de los procesos independentistas americanos y del
pensamiento liberal y republicano que se difundía a los dos lados del Atlántico
en las primeras décadas del siglo XIX. La eliminación del tributo se dio, en
Cádiz y en las diferentes regiones americanas, por varias razones, que tuvieron
una importancia distinta en los variados contextos: el espacio ideológico
contemporáneo, los intereses sectoriales, las necesidades fiscales y el deseo
de adquirir o mantener la lealtad de las personas sujetas a los cobros.
Las acciones tomadas en los diferentes territorios
hispanoamericanos en torno a la eliminación del tributo entre 1809 y 1815
dieron señales importantes sobre las nuevas formas de contribución que se
impusieron posteriormente en los nuevos estados nación. Aunque desconocemos el
grado de efectividad que tuvo la contribución voluntaria en el reino de
Guatemala, en las demás regiones de Hispanoamérica que más tarde aplicaron una
contribución directa que se asemejaba a la capitación se había logrado mantener
el tributo o implementar una nueva contribución similar en este periodo: la
Audiencia de Quito nunca desistió de cobrar el tributo; en el Perú y el Alto
Perú (gobernado desde Lima) se aplicó una nueva contribución a partir de 1812;
aunque tarde, en la intendencia de Yucatán se impuso una nueva contribución en
1814. En Oaxaca se encuentra la única excepción parcial: en el periodo de
noviembre de 1812 a marzo de 1814, durante el cual la intendencia estuvo
controlada por las tropas insurgentes, se aplicó una capitación universal, sin
distinciones de tipo étnico.
En los territorios donde la importancia demográfica
de los indígenas era menor, como la mayor parte de Nueva Granada, Chile y Río
de la Plata (con la exclusión del Alto Perú), se eliminó el tributo
tempranamente y casi sin vuelta atrás. Al parecer, el interés de algunos
sectores en deshacer las comunidades para dar acceso a sus tierras tuvo más
importancia para los gobernantes de estos territorios que el poco ingreso que
el tributo les redituaba.
Después del esfuerzo por sistematizar algunas de
las informaciones y debates en torno al tributo, creo conveniente señalar
ciertas deficiencias en la historiografía que pueden remediarse con futuras
investigaciones: el tributo -como muchos de los temas vinculados con el mundo
material- ha recibido poca atención en los últimos decenios y muchos de los
estudios mejor desarrollados en este campo ya llevan décadas -más de medio
siglo en algunos casos- desde su publicación inicial. Parece importante señalar
que es un campo de investigación que debe retomarse y desarrollarse porque,
como espero haber demostrado, abre importantes ventanas sobre muchos aspectos
de la historia colonial hispanoamericana, además de que, como parte de una
estructura fiscal con base estamental sobre la cual se erigieron los sistemas
fiscales nacionales, ha tenido sus implicaciones para el desarrollo de las
sociedades actuales.
Como en muchos campos, la investigación sobre el
tributo se beneficiaría de una mejor utilización de una perspectiva comparativa
que permitiera analizar los procesos latinoamericanos dentro de un cuadro más
amplio que hiciera referencia a los sistemas tributarios en otras partes del
mundo; comenzar con estudios sobre los diferentes territorios de la Monarquía
española pareciera ser un buen punto de partida. Las averiguaciones sobre el
tributo indiano pueden beneficiarse de estudios precisos y locales,171 pero con conocimiento
de cómo se sitúan dentro del abanico de las diversas realidades
hispanoamericanas. Estas investigaciones pueden vincularse con los esfuerzos
recientes por repensar las categorizaciones étnicas que han utilizado las
matrículas y censos de finales del siglo XVIII como insumos básicos.172
En relación con los estudios locales, se puede
indagar más sobre las dinámicas del cobro dentro de las comunidades: ¿los
tributarios dejaban el monto total del tributo al momento en que las
autoridades entregaban el tercio o se cobraba por alguna otra temporalidad?173 ¿Se aplicaba en la
práctica el supuesto de que todos pagaban por igual o hubo más casos como los
mencionados por Gibson, en que de alguna manera se modificaban las tasas según
la capacidad económica del tributario? Así mismo, hace falta desarrollar una mayor
seguridad sobre los impactos reales de la movilidad de los tributarios y
entender en cuáles regiones, en qué momentos y con qué éxito el tributo
fomentaba la búsqueda de ingresos por medio de trabajo remunerado.
Referencias
Actas de Cabildo de la Ciudad de México, México, Aguilar e
Hijos, 1871, 50 tomos. [ Links ]
Ahmed, Ziauddin y Ziauddin Ahmad “The Concept of
Jizya in Early Islam”, en Islamic Studies, 14: 4 (invierno 1975), pp.
293-305. [ Links ]
Alamán, Lucas Historia de México, México,
Victoriano Agüero y compañía, 1883, 5 tomos. [ Links ]
Almarza Villalobos, Ángel Rafael y Armando Martínez
Garnica (eds.) Instrucciones para los diputados del Nuevo Reino de Granada y
Venezuela ante la Junta Central Gubernativa de España y las Indias,
Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2008. [ Links ]
Alonso Álvarez, Luis “‘¿Qué nos queréis,
castillas?’ El tributo indígena en las islas Filipinas entre los siglos XVI y
XVIII”, en Jahrbuch für Geschicte Lateinamerikas, 40 (2003), pp. 13-42.
[ Links ]
______ “El tributo indígena en la consolidación de
la Hacienda filipina, 1698-1800”, en Jahrbuch für Geschicte Lateinamerikas,
41 (2004), pp. 91-115. [ Links ]
Angulo Teja, María del Carmen “Los ingresos y
gastos procedentes de las rentas provinciales, 1768-1784”, en Revista de
Historia Económica, 20:3 (2002), pp. 479-507. [ Links ]
______ La Hacienda española en el siglo XVIII: las
rentas provinciales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
2002. [ Links ]
Arowolo, Edward A. “The Taxation of Low Incomes in
African Countries”, en Staff Papers-International Monetary Fund, 15: 2
(1968), pp. 322-348. [ Links ]
Baker, Colin “Tax Collection in Malawi: an
Administrative History, 1891-1972”, en The International Journal of African
Historical Studies, 8:1 (1975), pp. 40-62. [ Links ]
Bando de don José María Ansorena publicado en
Valladolid (Morelia), aboliendo la esclavitud, el pago de tributo y otras
gabelas,
en Hernández y Dávalos, 1878, vol. II, en Hernández Silva (coord.). [ Links ]
Bonilla, Heraclio (comp.) Los Andes en la
encrucijada. Indios, comunidades y Estado en el siglo XIX, Quito, Ediciones
Libri Mundi, Enrique Grosse-Luemern, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales sede Ecuador, 1991. [ Links ]
Bonney, Richard “Early Modern Theories of State
Finance”, en Bonney (ed.), 1995, pp. 163-229. [ Links ]
______ “Revenues”, en Bonney (ed.), 1995, pp.
423-505. [ Links ]
Bonney, Richard
(ed.) Economic Systems and State Finance, Oxford, Oxford University
Press, 1995. [ Links ]
Brewer, John The
Sinews of War: War and the English State, 1688-1783, Londres, Unwin Hyman
Ltd., 1989. [ Links ]
Browman, David L. “Comments”, en Current
Anthropology, 26: 2 (abr. 1985), pp. 197-199. [ Links ]
Cahill, David “Curas and Social Conflict in the
Doctrinas of Cuzco, 1780-1814”, en Journal of Latin American Studies,
16: 2 (1984), pp. 241-276. [ Links ]
______ From Rebellion to Independence in the Andes:
Soundings from Southern Peru, 1750-1830, Amsterdam, Centro de Estudios y Documentación
Latinoamericanos, 2002. [ Links ]
Calvo Stevenson, Haroldo y Adolfo Meisel Roca
(eds.) Cartagena de Indias en la independencia, Cartagena, Banco de la
República, 2011. [ Links ]
Caravaglia, Juan Carlos “Algunos aspectos
preliminares acerca de la ‘transición fiscal’ en América Latina: 1800-1850”, en
Illes i Imperis, 13 (2010), pp. 159-192. [ Links ]
Carmack, Robert M. The Quiche Mayas of Utatlan:
The Evolution of a Highland Guatemala Kingdom, Norman, University of
Oklahoma Press, 1981. [ Links ]
Castañeda García, Rafael “Hacia una sociología
fiscal. El tributo de la población de color libre de la Nueva España,
1770-1810”, en Fronteras de la Historia, 19: 1 (ene.-jun. 2014), pp.
152-173. [ Links ]
Castañeda Delgado, Paulino “Un problema ciudadano:
la tributación urbana”, en Revista de Indias, 33 (ene. 1973), pp.
493-550. [ Links ]
Castillo Fernández, Javier “Incidencia de la
fiscalidad en la segunda repoblación del reino de Granada (1570-1600)”, en Chronica
nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, 25 (1998),
pp. 213-226. [ Links ]
Castillo Rubio, Juan Manuel “El tejido productivo
en la Sevilla de mediados del XVI: un análisis demográfico y socioeconómico a
partir de los padrones de moneda forera de las collaciones de Santa Catalina y
San Román de 1548”, en Historia y Genealogía. Revista de estudios históricos
y genealógicos, 4 (2014), pp. 235-286. [ Links ]
Cobá Noh, Lorgio El “indio ciudadano”. La
tributación y la contribución personal directa en Yucatán, 1786-1825,
México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2009. [ Links ]
Connaughton, Brian (coord.) 1750-1850: la
independencia de México a la luz de cien años, México, Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa, Ediciones del Lirio, 2010. [ Links ]
Connaughton, Brian, Carlos Illades y Sonia Pérez
Toledo(coords.) Construcción de la legitimidad política en México,
México, El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma Metropolitana,
Universidad Nacional Autónoma de México, 1999. [ Links ]
Contreras, Carlos “Estado republicano y tributo
indígena en la Sierra Central en la post-independencia”, en Histórica,
XIII: 1 (jul. 1989), pp. 9-44. [ Links ]
______ “El impuesto de la contribución personal en
el Perú del siglo XIX”, en Histórica, XXIX: 2 (2005), pp. 67-106.
[ Links ]
Copia de la declaración rendida por don Juan de
Aldama en la causa que se le instruyó por haber sido caudillo insurgente. 20-21 de mayo de
1811, Documento XLIII del tomo VI de Documentos históricos mexicanos.
Obra conmemorativa del primer centenario de la Independencia de México, en
García (dir.), Revolución de Independencia. Documentos, Héctor
Cuauhtémoc Hernández Silva (coord.), México, Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco. [ Links ]
Cullen Young, T. “East African Tax-Method
Revision”, en Journal of the Royal African Society, 35: 141 (1936), pp.
381-385. [ Links ]
Chassin, Joëlle “Protecteur d’Indiens contre
Vice-Roi: la lutte de Miguel de Eyzaguirre pour l’abolition du tribut au
Pérou”, en Cahier des Amériques Latines, 13 (1992), pp. 61-74. [ Links ]
D’Altroy, Terrence y Timothy Earle “Staple Finance,
Wealth Finance, and Storage in the Inka Political Economy”, enCurrent
Anthropology, 26: 2 (abr. 1985), pp. 187-206. [ Links ]
Dean, Trevor
“Wealth Distribution and Litigation in the Medieval Italian Countryside: Castel
San Pietro, Bologna, 1385”, en Continuity and Change, 17: 3 (2002), pp.
333-350. [ Links ]
Diario de las discusiones y actas de las Cortes, Cádiz, Imprenta
Real, 1811, t. III. [ Links ]
Díaz Rementería, Carlos J. “En torno a un aspecto
de la política reformista de Carlos III: las matrículas de tributarios en los
virreinatos de Perú y Río de la Plata”, enRevista de Indias, XXXVII
(1977), pp. 51-139. [ Links ]
______ “El régimen jurídico del ramo de tributos en
Nueva España y las reformas peruanas de Carlos III”, en Historia Mexicana,
XXVIII: 3 (111) (ene.-mar. 1979), pp. 401-438. [ Links ]
Don José Simeón de Uría, da parte al ayuntamiento
de Guadalajara de los movimientos de las fuerzas del señor Hidalgo, Arroyo Zarco, 21 de
septiembre de 1810, Documento 37 del tomo II de la Colección de documentos
para la Historia de la Guerra de Independencia de 1810 a 1821, en Hernández
y Dávalos, Revolución de Independencia. Documentos, Héctor Cuauhtémoc
Hernández Silva (coord.), México, Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco, CD-ROM, 2010. [ Links ]
Doucet, Gastón Gabriel “La abolición del tributo
indígena en las Provincias del Río de la Plata: indagaciones en torno a un tema
mal conocido”, en Revista de Historia del Derecho, 21 (1993), pp.
133-207. [ Links ]
Dougnac Rodríguez, Antonio Manual de Historia
del Derecho Indiano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994.
[ Links ]
Eichelgrun, G. “Income-Tax in British Colonies”, en
The Economic Journal, 58: 229 (mar. 1948), pp. 128-132. [ Links ]
Enríquez, Lucrecia Raquel “La República chilena
ante la cuestión indígena (1810-1830)”, en Hispania Sacra, 63: 128
(2011), pp. 627-652. [ Links ]
Escobar Ohmstede, Antonio “Del gobierno indígena al
ayuntamiento constitucional en las Huastecas hidalguense y veracruzana,
1780-1853”, en Estudios Mexicanos, 12: 1 (1996), pp. 1-26. [ Links ]
______ “Del dualismo étnico colonial a los intentos
de homogeneidad en los primeros años del siglo XIX latinoamericano”, en Escobar
Ohmstede, Falcón y Buve (coords.), 2010, pp. 41-57. [ Links ]
Escobar Ohmstede, Antonio, Romana Falcón y Raymond
Buve (coords.) La arquitectura histórica del poder. Naciones, nacionalismos
y estados en América Latina. Siglos XVIII, XIX y XX, México, El Colegio de
México, Centro de Estudios y Documentación Latinoamericano, 2010. [ Links ]
Escobedo Mansilla, Ronald “El tributo de los
zambaigos, negros y mulatos libres en el virreinato peruano”, enRevista de
Indias, XLI (1981), pp. 43-54. [ Links ]
Espinosa, Aurelio “The Spanish Reformation:
Institutional Reform, Taxation, and the Secularization of Ecclesiastical
Properties under Charles V”, en The Sixteenth Century Journal, 37: 1
(primavera de 2006), pp. 3-24. [ Links ]
Fattal, Antoine Le statut legal des
non-musulmans en pays d’Islam, Beirut, Dar-el Machreq Sarl Éditeurs, 1995.
[ Links ]
Fernández Molina, Manuel Los tributos en el
reino de Guatemala: 1786-1821, Guatemala, Universidad de San Carlos de
Guatemala, 2000. [ Links ]
Fonseca, Fabián de y Carlos de Urrutia Historia
general de Real Hacienda, México, Vicente G. Torres, 1845, t. 1. [ Links ]
Fortea Pérez, José Ignacio “Reino y Cortes: el
servicio de millones y la reestructuración del espacio fiscal en la Corona de
Castilla (1602-1621)”, en Fortea Pérez y Cremades Griñan (eds.), 1993. [ Links ]
Fortea Pérez, José Ignacio y Carmen María Cremades
Griñan (eds.) Política y hacienda en el antiguo régimen, Murcia,
Universidad de Murcia, 1993. [ Links ]
García, Genaro (dir.) Revolución de
Independencia. Documentos, Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva (coord.),
México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, CD-ROM. [ Links ]
García Peláez, Francisco de Paula Memorias para
la historia del antiguo reino de Guatemala, Guatemala, Sociedad de
Geografía e Historia de Guatemala, t. II, 1972. [ Links ]
García Pérez, Rafael “El régimen tributario en las
intendencias novohispanas: la ordenanza para la formación de los autos de
vistas, padrones y matrículas de Revillagigedo II”, en Anuario Mexicano de
Historia del Derecho, XI-XII ( 1999-2000), pp. 279-307. [ Links ]
______ “Modernidad en el Antiguo Régimen: el
problema del Estado (o el Estado como problema)”, en Memoria y civilización,
6 (2003), pp. 43-96. [ Links ]
Gelabert, Juan “The Fiscal Burden”, en Bonney
(ed.), 1995, pp. 539-576. [ Links ]
Gibson, Charles The Aztecs Under Spanish Rule: A
History of the Indians of the Valley of Mexico 1519-1810, Stanford,
Stanford University Press, 1964. [ Links ]
Glave, Luis Miguel “Cultura política, participación
indígena y redes de comunicación en la crisis colonial. El virreinato peruano,
1809-1814”, enHistoria Mexicana, LVIII: 1(229) (jul.-sep. 2008), pp.
369-426. [ Links ]
Goldberg, P.J.P.
“Urban Identity and the Poll Taxes of 1377, 1379, and 1381”, en The Economic
History Review, 43: 2 (1990), pp. 194-216. [ Links ]
González Enciso,
Agustín “La Hacienda castellana y la economía en el siglo XVIII”, en Estudis.
Revista de historia moderna, 29 (2003), pp. 21-41. [ Links ]
Grafe, Regina y
Alejandra Irigoin “A Stakeholder Empire: The Political Economy of Spanish
Imperial Rule in America”, en Economic History Review, 65:2 (2012), pp.
609-651. [ Links ]
Granados, Luis
Fernando “Cosmopolitan Indians and Mesoamerican Barrios in Bourbon Mexico City:
Tribute, Community, Family and Work in 1800”, tesis de doctorado en historia,
Washington, D.C., Georgetown University, 2008. [ Links ]
______ “Huérfanos,
solteros, súbditos neoclásicos. Microhistoria de la abolición del tributo en el
imperio español”, en Connaughton (coord.), 2010. [ Links ]
Guasti, Niccolò
“Clergy and Fiscal Reform in Eighteenth-Century Spain”, en Cromohs, Cyber
Review of Modern Historiography, 19 (2014), pp. 18-49. [ Links ]
Guery, Alain “État,
classification sociale et compromis sous Louis XIV: la capitation de 1695”, en Annales.
Histoire, Sciences Sociales, 41:5 (1986), pp. 1041-1060. [ Links ]
Gudmunson, Lowell y
Justin Wolfe (eds.) Blacks and Blackness in Central America: Between Race
and Place, Durham, Duke University Press, 2010. [ Links ]
Gutiérrez Álvarez,
Coralia “Racismo y sociedad en la crisis del Imperio Español. Los pueblos de
los altos de Guatemala”, en Webre y Herrera (eds.), 2014, pp. 249-277. [ Links ]
Gutiérrez Núñez,
Netzahualcóyotl Luis “La Real Hacienda y la Ordenanza de Intendentes de 1786:
ensayo sobre su estructura y funcionamiento a partir del caso de Valladolid de
Michoacán: 1786-1820”, en Silva Riquer (coord.), 2015. [ Links ]
Gutiérrez Ramos, Jairo
“Acción política y redes de solidaridad étnica entre los indios de Pasto en
tiempos de la independencia”, en Historia Crítica, 33 (2007), pp. 10-37.
[ Links ]
______ “La
Constitución de Cádiz en la provincia de Pasto, virreinato de la Nueva Granada,
1812-1822”, en Revista de Indias, LXVIII: 242 (2008), pp. 207-224.
[ Links ]
Haring, C. H. El
imperio español en América, México, Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, Porrúa, 1990. [ Links ]
Hassig, Ross Comercio,
tributo y transportes. La economía política del Valle de México en el siglo XVI,
traducción de Juan José Utrilla, México, Alianza Editorial Mexicana, 1990.
[ Links ]
Heredia, Edmundo A.
“Los tributos indígenas en el siglo XIX”, en Revista de la Junta Provincial
de Historia de Córdoba, 5 (1977), pp. 59-66. [ Links ]
Hernández Silva,
Héctor Cuauhtémoc(coord.) Revolución de independencia Documentos,
México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, CD-ROM, 2010. [ Links ]
Hernández y Dávalos,
Juan E. Colección de documentos para la historia de la Guerra de
Independencia de México de 1808 a 1821, México, Imprenta José María
Sandoval, 1878, 6 tomos. [ Links ]
Hidalgo, Jorge
“Complementariedad ecológica y tributo en Atacama (1683-1792)”, en Estudios
Atacameños, 7 (1984), pp. 311-325. [ Links ]
Instrucción arreglada
por el teniente justicia mayor de Valencia y alcalde segundo, acerca de los
objetos e intereses nacionales, para informe del vocal y diputado de la
provincia ante la Junta Suprema Central y Gubernativa, Valencia, 29 de
julio de 1809, en Almarza Villalobos y Martínez Garnica (eds.), 2008, pp.
251-266. [ Links ]
Instrucción que da el
Muy Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de la Villa del Socorro al Diputado
del Nuevo Reyno de Granada a la Junta Suprema y Central Gubernativa de España e
Indias,
Socorro, 20 de octubre de 1809, en Almarza Villalobos y Martínez Garnica
(eds.), 2008, pp. 127-138. [ Links ]
Instrucciones para la
constitución fundamental de la monarquía española y su gobierno, Guatemala, Editorial
del Ministerio de Educación Pública, 1953. [ Links ]
Irurozqui, Marta “Las
paradojas de la tributación. Ciudadanía y política estatal indígena en Bolivia,
1825-1'900”, enRevista de Indias, LIX: 217 (1999), Madrid, pp. 705-740.
[ Links ]
______ “Sobre el
tributo y otros atributos ciudadanos: sufragio censitario, fiscalidad y
comunidades indias en Bolivia, 1825-1839”, en Bicentenario. Revista de
Historia de Chile y América, 5: 2 (2006), pp. 35-66. [ Links ]
Isenmann, Eberhard
“Medieval and Renaissance Theories of State Finance”, en Bonney (ed.), 1995,
pp. 21-52. [ Links ]
Jamal, Vali “Taxation
and Inequality in Uganda, 1900-1964”, en The Journal of Economic History,
38: 2 (jun. 1978), pp. 418-438. [ Links ]
Jaramillo Magaña,
Juvenal Hacia una Iglesia beligerante. La gestión episcopal de fray Antonio
de San Miguel en Michoacán, (1784-1804). Los proyectos ilustrados y las
defensas canónicas, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996. [ Links ]
Jáuregui, Luis La
Real Hacienda de Nueva España: su administración en la época de los
intendentes, 1786-1821, México, Universidad Nacional Autónoma de México,
1999. [ Links ]
______ “De re
tributaria ¿Qué son las contribuciones directas?”, en Jáuregui (coord.), 2006,
pp. 9-45. [ Links ]
Jáuregui, Luis
(coord.) De riqueza e inequidad. El problema de las contribuciones directas
en América Latina, siglo XIX, México, Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora, 2006. [ Links ]
Jáuregui, Luis y José
Antonio Serrano Ortega (coords.) Las finanzas públicas en los siglos
XVIII-XIX, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,
1998. [ Links ]
Klein, Herbert S.
“Fiscalidad real y gastos de gobierno”, en Documento de Trabajo, 66,
Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1994. [ Links ]
Konetzke, Richard “La
formación de la nobleza en Indias”, en Estudios Americanos, 10 (1951),
pp. 329-357. [ Links ]
______ “Sobre el
problema racial en la América española”, en Mundo Hispánico, 113-114
(1960), pp. 179-215. [ Links ]
La Lone, Mary B. y
Darrell E. La Lone “The Inka State in the Southern Highlands: state
administrative and production enclaves”, en Ethnohistory, 34: 1
(invierno 1987), pp. 47-62. [ Links ]
Ladero Quesada, Miguel
Ángel “Estructuras y políticas fiscales en la Baja Edad Media”, en Edad
Media. Revista de Historia, 2 (1999), pp. 113-150. [ Links ]
Langer, Erick D.
“Bringing the Economic Back In: Andean Indians and the Construction of the
Nation-State in Nineteenth-Century Bolivia”, en Journal of Latin American
Studies, 41: 3 (2009), pp. 527-551. [ Links ]
Larson, Brooke y
Olivia Harris (eds.) Ethnicity, Markets and Migration in the Andes: At the
Crossroads of History and Anthropology, Durham, Duke University Press,
1995. [ Links ]
Lempérière, Annick
“Reflexiones sobre la terminología política del liberalismo”, en Connaughton,
Illades y Pérez Toledo (coords.), 1999, pp. 35-56. [ Links ]
Lira, Andrés “El
aspecto fiscal de la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII”, en
Jáuregui y Serrano Ortega (coords.), 1998, pp. 27-65. [ Links ]
Lokken, Paul “Angolans
in Amatitlan: Sugar, African Migrants, and Gente Ladina in Colonial
Guatemala”, en Gudmunson y Wolfe (eds.), 2010, pp. 27-56. [ Links ]
López Castellano,
Fernando Liberalismo económico y reforma fiscal. La contribución directa de
1813, Granada, Universidad de Granada, Fundación Caja de Granada, 1995.
[ Links ]
Lorente Sariñena,
María (coord.) De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de
1870, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2007. [ Links ]
Maniau, Joaquín Compendio
de la historia de la Real Hacienda de Nueva España con notas y comentarios de
Alberto M. Carreño, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.
[ Links ]
Marichal, Carlos y
Daniela Marino (comps.) De colonia a nación. Impuestos y política en México,
1750-1860, México, El Colegio de México, 2001. [ Links ]
Marino, Daniela “El
afán de recaudar y la dificultad en reformar. El tributo indígena en la Nueva
España tardocolonial”, en Marichal y Marino (comps.), 2001, pp. 61-83. [ Links ]
Martínez Peláez,
Severo Motines de indios, La violencia colonial en Centroamérica y Chiapas,
Guatemala, F&G editores, 2011. [ Links ]
Mayagoitia, Alejandro
“Un capítulo en la formación del estado noble en la Nueva España: las dispensas
de pasantía concedidas por la real y pontificia Universidad de México en el
último tercio del siglo XVIII”, en Soberanes Fernández y Martínez de Codes (coords.),
2008, pp. 503-532. [ Links ]
Mayorga García,
Fernando “La extinción del tributo indígena en la Nueva Granada”, en Revista
del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 52 ( 2001-2002), pp. 51-90.
[ Links ]
Mazín Gómez, Óscar El
cabildo catedral de Valladolid de Michoacán, Zamora, El Colegio de
Michoacán, 1996. [ Links ]
Meisel Roca, Adolfo
“La crisis fiscal de Cartagena en la era de la independencia”, en Calvo
Stevenson y Meisel Roca (eds.), 2011, pp. 371-403. [ Links ]
______ Crecimiento,
mestizaje y presión fiscal en el virreinato de la Nueva Granada, 1761-1800, Cartagena, Centro de
Estudios Económicos Regionales, Banco de la República, 2011. [ Links ]
Menegus Bornemann,
Margarita “Alcabala o tributo. Los indios y el fisco (siglos XVI al XIX). Una
encrucijada fiscal”, en Jáuregui y Serrano Ortega (coords.), 1998, pp. 110-130.
[ Links ]
______ “Los títulos
primordiales de los pueblos de indios”, en Menegus Bornemann (coord.), 1999,
pp. 137-161. [ Links ]
______ “La iglesia de
los indios”, en Menegus, Morales y Mazín, 2010, pp. 77-137. [ Links ]
Menegus Bornemann,
Margarita (coord.) Dos décadas de investigación en historia económica
comparada en América Latina, México, El Colegio de México, Centro de
Investigación y Estudios Sociales en Antropología Social, Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Universidad Nacional Autónoma de
México, 1999. [ Links ]
Menegus, Margarita,
Francisco Morales y Óscar Mazín La secularización de las doctrinas de indios
en la Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.
[ Links ]
Miranda, José Las
ideas y las instituciones políticas mexicanas, primera parte 1521-1820,
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1978. [ Links ]
______ El tributo
indígena en la Nueva España durante el siglo XVI, México, El Colegio
de México, 1980. [ Links ]
Morelli, Federica Territorio
o nación. Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830,
traducción del francés de Antonio Hermosa Andújar, Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 2005. [ Links ]
Mörner, Magnus La
Corona española y los foráneos en los pueblos de indios de América, Madrid,
Agencia Española de Cooperación Internacional, 1999. [ Links ]
Murra, John V. “Did
Tribute and Markets Prevail in the Andes before the European Invasion”, en
Larson y Harris (eds.), 1995, pp. 57-72. [ Links ]
Obara-Saeki, Tadashi y
Juan Pedro Viqueira El arte de contar tributarios. Provincia de Chiapas,
1560-1821, México, El Colegio de México, en prensa. [ Links ]
O’Phelan, Scarlett
“Presentación”, en Anuarios de Estudios Americanos, 68: 2 (jul.-dic.
2011), pp. 415-427. [ Links ]
Orellana, Sandra The
Tzutujil Mayas: Continuity and Change, 1250-1630, Norman, University
of Oklahoma Press, 1984. [ Links ]
Orozco y Berra, Manuel
Noticia histórica de la Conjuración del Marqués del Valle. Años de 1565-1568,
México, Tipografía de R. Rafael, Cadenas, 1853. [ Links ]
Ortiz Escamilla, Juan
(coord.) Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos XVIII y XIX, México,
El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Universidad Veracruzana, 2005.
[ Links ]
Owensby, Brian P. Empire
of Law and Indian Justice in Colonial Mexico, Stanford, Stanford University
Press, 2008. [ Links ]
______ “Pacto entre
rey lejano y súbditos indígenas. Justicia, legalidad y política en Nueva
España, siglo XVII”, en Historia Mexicana, LXI: 1 (241) (jul.-sep.
2011), pp. 59-106. [ Links ]
Palomeque, Silvia
“Estado y comunidad en la región de Cuenca en el siglo XIX. Las autoridades
indígenas y su relación con el Estado”, en Bonilla (comp.), 1991, pp. 391-417.
[ Links ]
Paredes Martínez,
Carlos y Marta Terán (coords.) Autoridad y gobierno indígena en Michoacán,
Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto Nacional de Antropología
e Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2003. [ Links ]
Peralta Ruiz, Víctor
“Fiscalidad y poder regional en el Cusco a fines de la Colonia e inicios de la
República”, en Urbano (comp.), 1991, pp. 149-164. [ Links ]
______ En pos del
tributo. Burocracia estatal, élite regional y comunidades indígenas en el Cusco
rural, 1826-1854, Cuzco, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de
Las Casas, 1991. [ Links ]
______ “Comunidades,
hacendados y burócratas en el Cusco (Perú), 1826-1854”, en Reina (coord.),
1997, pp. 53-69. [ Links ]
Pérez León, Jorge
“Hidalgos indianos ante la Real Chancillería de Valladolid. El caso peruano en
época de los Borbones”, tesis de doctorado en historia, Valladolid, Universidad
de Valladolid, 2012. [ Links ]
______ “El ‘imperativo
nobiliario’ en Perú a finales del antiguo régimen: la prueba de hidalguía”, en Chronica
Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, 40 (2014),
pp. 277-290. [ Links ]
Pérez Toledo, Sonia
(coord.) Trabajo trabajadores y participación popular, Barcelona,
Anthropos, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2012. [ Links ]
Pietschmann, Horst
“Revolución y contrarrevolución en el México de las reformas borbónicas. Ideas
protoliberales y liberales entre los burócratas ilustrados novohispanos
(1780-1784)”, en Caravelle, 54 (1990), pp. 21-35. [ Links ]
______ Las reformas
borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España. Un estudio político
administrativo, traducción del alemán de Rolf Roland Meyer Misteli,
México, Fondo de Cultura Económica, 1996. [ Links ]
Plan de Juan Antonio
de Riaño, propuesto al Acuerdo para el arreglo de la real Hacienda, Guanajuato, 5 de
octubre de 1808, en Hernández y Dávalos, t. I, doc. 244, en Hernández Silva
(coord.). [ Links ]
Platt, Tristan Estado
boliviano y ayllu andino: tierra y tributo en el norte de Potosí, Lima,
Instituto de Estudios Peruanos, 1982. [ Links ]
Pollack, Aaron Levantamiento
K’iche’ en Totonicapán, 1820. Los lugares de las políticas subalternas,
Guatemala, Asociación para el Avance de la Ciencias Sociales (Avancso), 2008.
[ Links ]
______ “Totonicapán,
1820, ¿Una de las puntas del iceberg?”, en Pollack (coord.), 2013, pp. 189-223.
[ Links ]
Pollack, Aaron
(coord.) La época de las independencias en Centroamérica y Chiapas. Procesos
políticos y sociales, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora, Universidad Autónoma Metropolitana, 2013. [ Links ]
Portillo Valdés, José
M. “Crisis de la monarquía y necesidad de la constitución”, en Lorente Sariñena
(coord.), 2007, pp. 109-134. [ Links ]
Quezada, Sergio y Elda
Moreno Acevedo “Del déficit a la insolvencia. Finanzas y Real Hacienda en
Yucatán, 1760-1816”, enEstudios Mexicanos, 21: 2 (2005), pp. 307-331.
[ Links ]
Real órden de 26 de
Mayo de 1810; publicada en bando de 5 de Octubre del mismo año, libertando de
tributo á los indios, en Legislación mexicana o colección completa de las
disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República.
Ordenada por los licenciados Manuel Dublán y José María
Lozano[en línea] Ordenada por los licenciados Manuel Dublán y José María
Lozano[en línea] http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1810_115/Real_rden_de_26_de_Mayo_de_1810_printer.shtml [consultado el 31 de
enero de 2015]. [ Links ]
Real Ordenanza para el
establecimiento é instrucción de intendentes de exército y provincia en el
reino de la Nueva-España de órden de su magestad, Madrid, 1786 [en
línea] Real Ordenanza para el establecimiento é instrucción de intendentes de
exército y provincia en el reino de la Nueva-España de órden de su magestad,
Madrid, 1786 [en línea] http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433019332356;view=1up;seq=11 [consultado el 31 de
enero de 2015]. [ Links ]
Recopilación de leyes
de los reinos de las Indias mandadas imprimir y publicar por la magestad
católica del rey don Carlos II, nuestro señor, t. II, 5a ed., Madrid,
Boix Editor, 1841, cuatro tomos. http://books.google.com.mx/books?id=428DAAAAQAAJ&pg=PA154&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false [consultado el 31 de
enero de 2015]. [ Links ]
Reina, Leticia
(coord.) La reindianización de América, siglo XIX, México, Siglo
Veintiuno editores, Centro de Investigación y Estudios Superiores en
Antropología Social, 1997. [ Links ]
Representación a la
regencia del reino, manifestando el estado de fermentación en que se encuentra
la Nueva España y medio para evitar un trastorno, Valladolid, 30 de
mayo de 1810, en Hernández y Dávalos, t. II, doc. 269, en Hernández Silva
(coord.). [ Links ]
Representación del Cabildo de
Santa Fe, capital del Nuevo Reino de Granada, a la Suprema Junta Central de
España, 1809, en Almarza Villalobos y Martínez Garnica (eds.), 2008,
pp. 87-117. [ Links ]
Representación sobre
la inmunidad personal del clero, reducida por las leyes, por el señor Abad
y Queipo, Valladolid, 11 de diciembre de 1799, en Hernández y Dávalos,
t. II, doc. 261, en Hernández Silva (coord.). [ Links ]
Representación sobre
la necesidad de aumentar la fuerza armada para mantener la tranquilidad pública, Valladolid, 16 de
marzo de 1809, en Hernández y Dávalos, t. II, doc. 265, en Hernández Silva
(coord.). [ Links ]
Romero Martínez,
Adelina “Proceso recaudatorio y mecanismos fiscales en los concejos de la
Corona de Castilla”, en Anuario de Estudios Medievales, 11
(1992), pp. 739-766. [ Links ]
Ruz, Mario Humberto Copanaguastla
en un espejo. Un pueblo tzeltal en el virreinato, 2a ed.,
México, Instituto Nacional Indigenista, Consejo Nacional para Cultura y las
Artes, 1992. [ Links ]
Sala I Vila, Nuria Y
se armó el Tole Tole. Tributo indígena y movimientos sociales en el virreinato
del Perú, 1784-1814, Lima, Instituto de Estudios Regionales José María
Arguedas, 1996. [ Links ]
Samayoa Guevara,
Héctor Humberto El régimen de intendencias en el reino de Guatemala,
Guatemala, Piedra Santa, 1978. [ Links ]
Sánchez Albornoz,
Nicolás Indios y tributos en el Alto Perú, Lima, Instituto de Estudios
Peruanos, 1978. [ Links ]
Sánchez Santiró,
Ernest “La irrupción del liberalismo fiscal en Nueva España. La contribución
directa general y extraordinaria (1813-1815)”, en América Latina en la
Historia Económica, 37 (2012), pp. 9- 35. [ Links ]
______ “Los impactos
fiscales de una guerra distante: crisis y restauración de la Real Hacienda en
la provincia de Yucatán (1801-1821)”, en Revista de Historia Económica,
30: 3 (2012), pp. 323-352. [ Links ]
______ Corte de caja.
La Real Hacienda de Nueva España y el primer reformismo fiscal de los Borbones
(1720-1755). Alcances y contradicciones, México, Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora, 2013. [ Links ]
Sánchez Silva, Carlos Indios,
comerciantes y burocracia en la Oaxaca poscolonial, 1786-1860, Oaxaca,
Instituto Oaxaqueño de las Culturas, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes,
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 1998. [ Links ]
Santamaría, Daniel J.
“La propiedad de la tierra y la condición social del indio en el Alto Perú,
1780-1810”, en Desarrollo Económico, 17:66 (jul.-sep. 1977), pp.
253-271. [ Links ]
______ “Recaudación y
políticas tributarias en Charcas, fines del siglo XVIII”, en Revista de
Indias, LVII: 209 (1997), pp. 885-1111. [ Links ]
Schaub,
Jean-Frédéric “La penisola ibérica nei secoli XVI e XVII: la questione dello
stato”, en Studi Storici, 36: 1 (1995), pp. 9-49. [ Links ]
Schulze,
Winfried “The Emergence and Consolidation of the ‘Tax State’. I. The Sixteenth
Century”, en Bonney (ed.), 1995, pp. 261-279. [ Links ]
Schumpeter, Joseph A.
“La crisis del Estado fiscal”, en Revista Española de Control Externo,
2: 5 (2000), pp. 147-192. [ Links ]
Serrano Ortega, José
Antonio Igualdad, uniformidad, proporcionalidad. Contribuciones directas y
reformas fiscales en México, 1810-1846, México, El Colegio de Michoacán,
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2007. [ Links ]
______ “El sistema
fiscal insurgente. Nueva España, 1810-1815”, en Relaciones, XXIX: 115
(2008), pp. 49-83. [ Links ]
Serulnikov, Sergio “De
forasteros a hilicatas: una familia andina de la provincia de Chayanta, siglo
XVIII”, en Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, 40 (2003), pp. 43-70.
[ Links ]
Silva Riquer, Jorge
“El trabajo indígena novohispano en el siglo XVIII; un viejo problema no
resuelto. Un acercamiento preliminar”, en Pérez Toledo (coord.), 2012, pp.
19-37. [ Links ]
Silva Riquer, Jorge
(coord.) Historia de la Hacienda Pública en Michoacán, 1786-1951. Una
historia larga, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
El Colegio de San Luis, 2015. [ Links ]
Soberanes Fernández,
José Luis y Rosa María Martínez de Codes (coords.) Homenaje a Alberto de la
Hera, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008. [ Links ]
Solano D., Sergio
Paolo “Padrones de población e historiografía sobre la configuración
socio-racial hispanoamericana del siglo XVIII”, en El Taller de la Historia,
5: 5 (2013), pp. 125-177. [ Links ]
______ “La
construcción de los censos de población del Nuevo Reino de Granada a finales
del siglo XVIII”, en El Taller de la Historia, 7: 7 (2015), pp. 41-99.
[ Links ]
Solórzano Pereyra,
Juan Política indiana, Madrid, Matteo Sacristán, 1736, 2 tomos. [ Links ]
Soux, María Luisa
“Tributo, constitución y renegociación del pacto colonial. El caso altoperuano
durante el proceso de independencia (1808-1826)”, enRelaciones. Estudios de
Historia y Sociedad, 29: 115 (2008), pp. 19-48. [ Links ]
Spores, Ronald The
Mixtec Kings and Their Peoples, Norman, University of Oklahoma Press, 1967.
[ Links ]
Storrs,
Christopher “Introduction: The Fiscal-Military State in the ‘Long’ Eighteenth
Century”, en Storrs (ed.), 2009, pp. 1-22. [ Links ]
Storrs,
Christopher (ed.) The Fiscal Military State in Eighteenth Century European
Polities, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2009. [ Links ]
‘T
Hart, Marjolein “The Emergence and Consolidation of the ‘Tax State’. II. The
Seventeenth Century”, en Bonney (ed.), 1995, pp. 281-293. [ Links ]
Tanck de Estrada,
Dorothy Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821,
México, El Colegio de México, 1999. [ Links ]
TePaske, John J. en
colaboración con José Jesús y Mari Luz Hernández Palomo La Real Hacienda de
Nueva España: La Real Caja de México (1576-1816), México, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, 1976. [ Links ]
Terán, Marta “¡Muera
el mal gobierno! Las reformas borbónicas en los pueblos michoacanos y el
levantamiento indígena de 1810”, tesis de doctorado en historia, México, El
Colegio de México, 1995. [ Links ]
______ “El liderazgo
indio de Valladolid, la diversidad de gobiernos en los pueblos y la política
indigenista borbónica (1786-1810)”, en Paredes Martínez y Terán (coords.),
2003, vol. 1, pp. 361-382. [ Links ]
______ “1809. Las
relaciones entre los indios y los criollos de la ciudad de Valladolid de
Michoacán, en el intento de formar una junta soberana de la provincia”, en Historias,
68 (2007), pp. 33-51. [ Links ]
______ “El movimiento
de los indios, de las castas y la plebe de Valladolid de Michoacán en el inicio
de la guerra por la independencia, 1809-1810”, en Terán y Serrano Ortega
(eds.), 2010, pp. 273-293. [ Links ]
______ Tributos
tardíos de la Nueva España. Programa interactivo, México, Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e
Historia, 2014. [ Links ]
Terán, Marta y José
Antonio Serrano Ortega (eds.) Las guerras de independencia en la América
Española, Zamora, El Colegio de Michoacán, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
2010. [ Links ]
Tilly, Charles Coercion,
Capital, and European States, AD 990-1992, Oxford, Blackwell, 1994. [ Links ]
Urbano, Enrique
(comp.) Poder y violencia en los Andes, Cusco, Centro de Estudios
Andinos Bartolomé de Las Casas, 1991. [ Links ]
Van Young, Eric The
Other Rebellion: Popular Violence, Ideology, and the Mexican Struggle for
Independence, 1810-1821, Stanford, Stanford University Press, 2001. [ Links ]
Vinson III, Ben “Los
milicianos pardos y la relación estatal durante el siglo XVIII”, en Ortiz
Escamilla (coord.), 2005, pp. 47-60. [ Links ]
Viñuales Ferreiro,
Gonzalo “El repartimiento del ‘servicio y medio servicio’ de los mudéjares de
Castilla en el último cuarto del siglo XV”, en Al-Qantara, XXIV: 1,
(2003), pp. 179-202. [ Links ]
Viqueira, Juan Pedro
“Tributo y sociedad en Chiapas (1680-1712)”, enHistoria Mexicana, XLIV:
2 (174) (oct.-dic. 1994), pp. 237-267. [ Links ]
Wasserstrom, Robert Clase
y sociedad en el centro de Chiapas, traducción de Laura Elena Pulido V.,
México, Fondo de Cultura Económica, 1989. [ Links ]
Webre, Stephen y
Robinson A. Herrera (eds.) Cultura y sociedad en Guatemala colonial,
Woodstock, VT, Plumsock Mesoamerican Studies, 2014. [ Links ]
Wortman, Miles Government
and Society in Central America, 1680-1840, Nueva York, Columbia University
Press, 1982. [ Links ]
Zamora Acosta, Elías Los
mayas de las tierras altas en el siglo XVI. Tradición y cambio en Guatemala,
Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1985. [ Links ]
1A lo largo del artículo se menciona una
bibliografía amplia sobre el tema, pero algunos de los estudios clásicos
merecen una mención aquí: Miranda, El tributo indígena; Gibson, Aztecs;
Díaz Rementería, “En torno” y “El régimen”; Sánchez Albornoz, Indios.
Aportaciones recientes e importantes incluyen Sala I Vila, Y se armó;
Marino, “El afán”; Granados, “Cosmopolitan”, y Terán, Tributos.
2En diferentes periodos durante la colonia, a estas
categorías solían referirse con los términos de “clases” o “calidades”, los
cuales también utilizo en este artículo.
3Cabe mencionar la importancia de los mecanismos
sumamente abusivos del cobro del tributo desarrollados en Chiapas en el siglo
XVII y que después fueron una de las razones principales detrás de la rebelión
de los zendales en esta provincia en 1712. Viqueira, “Tributo y sociedad”.
4Relativo al tributo en Filipinas, puede consultarse
Alonso Álvarez, “El tributo” y “¿Qué nos queréis?”.
5Con esta afirmación no se quiere implicar que toda
la población andina dependía de la agricultura para sus ingresos principales,
pues alguna parte de ella se sustentaba de otras actividades económicas como el
comercio y la artesanía.
6Se retomará esta discusión más adelante.
7Véase Solano, “La construcción” y “Padrones”, para
una discusión sobre la difícil y complicada utilización de estas categorías en
Hispanoamérica y en particular en el Nuevo Reino de Granada.
8Sánchez Santiró menciona los “vagos” y “laboríos”.
Sánchez Santiró, Corte de caja, p. 142. Silva Riquer argumenta que los
“naboríos” o “laboríos” aparecieron en la documentación novohispana en el siglo
XVIII, entendidos como grupos de trabajadores que se movían de lugar en lugar,
según las posibilidades laborales que se presentaban. Silva Riquer, “El trabajo
indígena”, p. 27. Fonseca y Urrutia se refieren a los “indios laboriosos”, que
se entiende como “gañanes y sirvientes de otros vasallos”, quienes estuvieron
exentos del pago de los cuatro reales y medio (conmutado de la media fanega de
maíz, uno de los cobros establecidos en el intento inicial de uniformizar la
tasa de tributos hacia finales del siglo XVI, al que se referirán más adelante)
que debían los demás tributarios. Fonseca y Urrutia, Historia, t. 1, pp.
432-433.
9En el norte de Potosí, la condición de originario
se definía más por tener acceso a parcelas en diferentes zonas ecológicas, que
los forasteros no tenían, y menos por cuestiones genealógicas. Serulnikov, “De
forasteros”, p. 50. Para una discusión amplia sobre los cambios en el
significado de los términos forastero y yanacona, como también en los de
agregado y vago, véase la explicación de Sánchez Albornoz, Indios. En la
Nueva España y el reino de Guatemala el término forastero se refería a las
personas que habían dejado sus pueblos de origen, pero no se utilizaba como una
clasificación tributaria que describiera a miembros permanentes de las
comunidades de destino. Podría ser interesante, para futuras investigaciones,
comparar el desarrollo de la categoría ladino en Centroamérica y Chiapas con la
de forastero en la región andina.
10Serulnikov recuenta el paso de forastero a
originario en el caso de una familia inmigrante que gozaba de una condición
económica muy favorable. Serulnikov, “De forasteros”. Hidalgo ofrece un
ejemplo: indios, catalogados como tributarios en un pueblo, que vivían en otro
por muchos años sin volverse forasteros, pagando el tributo en su lugar de
origen; en este caso, las presiones fiscales y de los curas a mediados del
siglo XVIII forzaron la recategorización como forasteros en su lugar de
residencia. Hidalgo, “Complementariedad”.
11Sobre los cambios en torno al paso de caciques
hereditarios a caciques de otras naturalezas, a menudo españoles, en las
intendencias de Cuzco y Puno entre 1780 y 1825, véase Cahill, From Rebellion,
pp. 153-168.
12Díaz Rementería esgrime este argumento. Díaz
Rementería, “El régimen”, p. 417.
13Esta discusión se refiere al reino de Castilla
porque los territorios hispanoamericanos se integraron a él jurídicamente a
partir de 1519, por lo que ofrece el referente más obvio.
14Schulze, “The Emergence”, p. 264.
15Schumpeter, “La crisis”, pp. 151-163.
16Gelabert, “The Fiscal Burden”, pp. 542-543.
17En el reino de Castilla, los derechos provenientes
del dominio real no ofrecían aportes significativos al erario real desde
mediados del siglo XIV. Ladero Quesada, “Estructuras”, pp. 124-125. En décadas
recientes muchos investigadores han definido al Estado moderno, en especial en
el periodo anterior al desarrollo de estados de bienestar y socialistas, como
estados fiscal militares. Brewer, The Sinews; Tilly, Coercion;
Bonney, Economic; Storrs, “Introduction”; Caravaglia, “Algunos”. Aunque
hay autores que cuestionan la pertinencia del término “Estado” para referirse a
la Monarquía española durante la temprana modernidad, la noción del Estado
fiscal militar sirve para subrayar la importancia de las funciones
primordialmente militares del Estado (y de la Monarquía española), así como la
importancia de una estructura fiscal que permitiera el desarrollo de estas
funciones. Respecto al debate sobre el uso del término “Estado” para referirse
a la Monarquía española, véase Schaub, “La penisola”; Lempérière,
“Reflexiones”; García Pérez, “Modernidad”. Sobre la relación negociada que el
rey mantenía con los territorios americanos, y por tanto, un argumento que
fortalece la noción de una monarquía española sin suficiente centralización
para considerarse un Estado, véase Grafe e Irigoín, “A Stakeholder”.
18Schulze, “Emergence”, p. 276.
19Sobre el desarrollo de las encomiendas americanas
véase Dougnac Rodríguez, Manual, pp. 332-360.
20A partir de las Nuevas Leyes de 1542, se decretó la
abolición de la provisión de los servicios personales de los indios a los
encomenderos, de manera que el tributo de indios era el único beneficio —por lo
menos por derecho, pues en la práctica los servicios personales continuaron—
que las encomiendas les ofrecían a sus detentores.
21Bonney, “Revenues”, p. 463; ’T Hart, “The
Emergence”, p. 284.
22Las regalías que los judíos, en su condición de servi
camarae, pagaban a los reyes castellanos antes de la expulsión de 1492, se
asemejaban más al tributo de indios y castas por ser un derecho (aunque
correspondía al rey, no al señor). Ladero Quesada, “Estructuras”, pp. 124-125.
23Ladero Quesada, “Estructuras”, p. 133. Sobre los
servicios, véase Angulo Teja, La Hacienda española, p. 138.
24La importancia del papel del tercer estado para la
aprobación de los servicios a pagar no debe subestimarse pues desde mediados
del siglo XVI, de los tres estados que formaban las Cortes de Castilla, sólo el
tercero se reunía; se consideró innecesaria la presencia de los otros dos
brazos en la medida que ellos no tuvieron la obligación de autorizar estos
ingresos reales.
25Espinosa, “The Spanish Reformation”. Owensby ha
notado que las reformas adoptadas a raíz de la revuelta comunera transformaron
al gobierno español en el momento en que su imperio de ultramar comenzaba a
establecerse. Owensby, “Pacto”, p. 65.
26Romero, “Proceso”. Este sistema se mantuvo hasta el
siglo XVIII. Guasti, “Clergy”, p. 32.
27Este sistema es muy similar a la manera en que
varias de las ciudades-estado italianas cobraban ciertos impuestos directos en
el siglo XV, aunque los sistemas italianos eran aún más complejos y podían
incluir la elaboración de catastros. En los dos casos se hacían listados de los
bienes de los tributarios. Bonney, “Revenues”, p. 473; Dean, “Wealth”. La
graduación en la cantidad cobrada, en este caso no según el valor de los bienes
poseídos sino por el estatus (sirvientes, artesanos), se había utilizado en la
segunda y la tercera aplicación de los impuestos de capitación (poll tax)
en Inglaterra en 1377, 1379 y 1381. Goldberg, “Urban”.
28Fortea Pérez, “Reino”.
29Angulo Teja, “Los ingresos”, n. 1, pp. 481-482;
González Enciso, “La Hacienda castellana”, p. 26. La reforma por medio de la
cual se comenzaron a cobrar conjuntamente las rentas provinciales se realizó
entre 1669 y 1691. González Enciso, “La Hacienda castellana”, p. 26.
30Viñuales, “El repartimiento”, pp. 179-181.
31Castillo Fernández, “Incidencia”, pp. 214-215.
Históricamente, los criterios basados en la etnicidad o en diferencias
religiosas, a menudo en contextos de colonización, se han aplicado en muchas
ocasiones para delimitar diferencias en las condiciones tributarias. Sin el
afán de presentar un listado exhaustivo de estos casos, resulta pertinente
notar el cobro de la jizya a los dimmi (cristianos, judíos y
otros no islámicos) en territorios musulmanes, los impuestos que pagaban los
judíos en la Europa del bajo medievo y temprana modernidad, las formas
tributarias adoptadas por los poderes metropolitanos durante el siglo XX en
África colonizada. Sobre la jizya véase Fattal, Statut, pp.
264-343; Ahmed y Ahmad, “The Concept”. Sobre lo cobrado a los judíos,
consúltese Ladero Quesada, “Estructuras”, pp. 124-125. En torno a la
experiencia africana, pueden verse Cullen, “East African”; Arowolo, “The
Taxation”, p. 327; Baker, “Tax”; Jamal, “Taxation”.
32Castillo Fernández, “Incidencia”, p. 214.
33Castañeda Delgado, “Un problema”, pp. 509 y 543;
Haring, El imperio, p. 371; Menegus Bornemann, “Alcabala”, pp. 110-111;
Mörner, La corona española, p. 94.
34Ladero Quesada, “Estructuras”, p. 134; Castillo
Rubio, “Tejido”, pp. 238-240. Es de subrayarse que Solórzano Pereira es citado
con frecuencia como referencia para la comparación entre la moneda forera y el
tributo, pero raramente se menciona que el mismo autor indica la poca
frecuencia del cobro y su diminuto importe. Solórzano Pereyra, Política,
vol. 1, libro II, cap. xix, núm. 38. El cobro de la moneda forera se
extinguió en 1724. Pérez León, “Hidalgos”, p. 66.
35Solórzano Pereyra, Política indiana, vol. 1,
lib. II, cap. XIX, núm. 39; Cobá Noh, El “indio ciudadano”, p. 74.
36Angulo Teja, La Hacienda española, p. 157.
37Dictamen de la Mesa de Memorias y Alcances sobre la
duda de la calidad de tributarios de los expósitos, Mesa de Memorias y
Alcances de la Contaduría Mayor del Tribunal y Audiencia de Cuentas de México,
1º de agosto de 1800, citado en Granados, “Cosmopolitan”, p. 146; Cobá Noh, El
“indio ciudadano”, p. 74.
38Existía también el argumento, vigente por lo menos
en el siglo XVI, sustentado por las órdenes mendicantes, de que el rey de
Castilla tenía el derecho de cobrarles el tributo a los indios con tal de que
se les evangelizara. Menegus, “La iglesia de los indios”, p. 114. Es decir, que
la justificación para el cobro del tributo devenía de las bulas alejandrinas
que permitieron la conquista de América a condición de realizar la
evangelización, así no de la cesión de derechos por parte de Moctezuma y el
Inca.
39Miranda, El tributo indígena, p. 26; Hassig,
Comercio, p. 119.
40En el altiplano ecuatoriano, desde antes del
periodo incaico, a diferencia del centro y sur de los Andes, la presencia de
comerciantes y de mercados permitía que los señores locales cobraran tributo en
bienes. D’Altroy y Earle, “Staple”, p. 195.
41Murra, “Did Tribute”, 1995; D’Altroy y Earle,
“Staple”, p. 189.
42Murra, “Did Tribute” pp. 59-60. Un observador
español del siglo XVI notó que los indios peruanos resentían más que se les
exigiera un costal de papas que se les impusiera un trabajo de 15 días con la
comunidad. “Informe al licenciado Briviesca de Muñatones”, escrito por Polo
Ondegardo en 1562, citado en Murra, “Did Tribute”, p. 59.
43Miranda, El tributo indígena, p. 26;
Carmack, Quiche, pp. 148-155; Orellana, Tzutujil, pp. 63-67;
Zamora Acosta, Los mayas, pp. 206-210; Ruz, Copanaguastla, pp.
285-288.
44Miranda, El tributo indígena, p. 26; Zamora
Acosta, Los mayas, p. 206.
45Gibson, The Aztecs, p. 154.
46Miranda, El tributo indígena, p. 26; Gibson,
The Aztecs, p. 198; Carmack, The Quiche, pp.
149-155.
47Miranda, El tributo indígena, pp. 24-34;
Gibson, The Aztecs, p. 196, 198. Algunos autores del siglo XVI
han indicado que en Chalco y Texcoco los labradores tributaban en proporción a
las tierras que tenían. Aunque Miranda no comparte esta interpretación, Gibson
la acepta ampliamente. Miranda, El tributo indígena, n. 88, pp. 32-33;
Gibson, The Aztecs, n. 23, p. 518.
48La
Lone y La Lone, “The Inka State”, p. 53.
49D’Altroy y Earle, “Staple”, p. 195.
50Browman, “Comments”, p. 197.
51Spores, The Mixtec, pp. 157-164;
Miranda, El tributo indígena, pp. 24-25; Gibson, The Aztecs,
p. 44.
52Sánchez Santiró, Corte de caja, p. 141.
53El tributario entero se conceptualizaba, en
general, como un hombre y su esposa, es decir, un matrimonio, lo que
definitivamente lo distingue del contribuyente en los sistemas republicanos y
asimismo invita a pensar sobre su impacto en el patriarcado en Hispanoamérica.
Granados, “Cosmopolitan”, pp. 113-116. Existía también la categoría de “medio
tributario” que podía, en diferentes momentos y lugares, referirse a, entre
otras cosas, viudos/viudas, solteros/solteras, forasteros andinos sin tierra
—mencionados anteriormente—, o indios recientemente congregados. Díaz
Rementería, “En torno”, p. 55; Sánchez Santiró, Corte de caja, p. 141.
54Miranda, El tributo indígena, pp. 18-20.
55Marino, “El afán”, p. 73.
56Sánchez Santiró, Corte de caja, p. 142;
Marino, “El afán”, pp. 63-64.
57Miranda, El tributo indígena, p. 159. En el
reino de Guatemala, por lo menos hasta 1584 se aplicaban dos formas de tributo:
uno personal y otro real, tasado según la posibilidad de pago que la producción
agrícola permitía. Orellana, The Tzutujil, p. 154.
58Miranda, El tributo indígena, pp. 149-152 y
165-168; Jáuregui, “De re tributaria”, p. 11. Claramente, este debate se
desarrolló en el contexto demográfico de una reducción drástica de la población
india, lo que probablemente influyó en las diferencias económicas dentro de los
pueblos y en la discusión sobre la forma más adecuada de tasar a los
tributarios.
59Miranda, El tributo
indígena, p. 152. Sánchez Santiró, Corte de caja, pp. 141-142. Cabe
subrayar que la incapacidad de establecer un sistema adecuado de avalúo fue una
de las limitantes notorias al momento de intentar cobrar contribuciones
directas, que se calculaban a partir de los bienes o ingresos de los
individuos, durante el periodo gaditano y después de las independencias
americanas.
60Fonseca y Urrutia, Historia,
p. 429; Maniau, Compendio, p. 10; Gibson, The Aztecs, pp.
202-203; Marino, “El afán”, p. 63 et passim.
61Fonseca y Urrutia, Historia,
p. 429.
62Marino, “El afán”, p.
63.
63En general, a lo largo
del periodo colonial, estaban exentos los caciques y sus hijos primogénitos,
las mujeres (a veces), los hombres menores de 15 años y mayores de 50 (con
algunas variaciones) y las personas con dificultades que limitaran su capacidad
de trabajar y, en la Nueva España y el Reino de Guatemala, los indios del
cabildo —responsables de la recaudación del tributo— durante el periodo de su
gestión. Spores menciona que los mayeques, siervos vinculados a las tierras de
los caciques y los nobles también estaban exentos en la Mixteca en el siglo
XVI. Spores, The Mixtec, p. 74. Sin embargo, hubo otras
exenciones aplicadas, en ciertos lugares y en ciertos momentos, a otras
personas, como podían ser indios con otras cargas civiles o religiosas.
64Gibson, The Aztecs,
pp. 201, 207. En general, los ejemplos que cita Gibson son del siglo XVI, pero
menciona el caso de Coyoacán en 1731, donde la cantidad que pagaba cada
tributario correspondía a la extensión de tierra que trabajaba. Gibson, The
Aztecs, p. 207.
65Tanck, Pueblos,
pp. 47-48, 59.
66Klein, “Fiscalidad”,
p. 25. Santamaría, “La propiedad”, p. 270 y “Recaudación”, p. 86.
67Díaz Rementería se
refiere a vagabundos, mostrencos, alcabaleros, zédulos, plateros y chilches.
Díaz Rementería, “En torno”, pp. 57-58.
68Díaz Rementería, “En
torno”, pp. 55-58.
69Solano explica
brevemente los factores que incidían en la definición de la “calidad” del
individuo. Solano, “La construcción”, p. 66. Bien podría argumentarse que las
divisiones estamentales en el sur del reino de Castilla también tenían su
aspecto “étnico”, en la medida en que los nuevos cristianos no tuvieron acceso
a la hidalguía aun generaciones después de su conversión.
70Que la ciudad de
Méjico tenga el primer voto y lugar entre las de Nueva España y Que la ciudad
del Cusco sea la más principal del Perú, y tenga el primer voto de la Nueva
Castilla, Recopilación, lib. 4, tít. 8, leyes 2 y 4, p. 109; Portillo
Valdés, “Crisis”, p. 123. Ya en el contexto de la crisis de la Monarquía, el
Cabildo de Santa Fe en Nueva Granada, en su “Memorial de Agravios”, enviado al
diputado de la Nueva Granada que iba a participar en el Consejo Supremo, anotó
que las leyes del reino requerían una reunión de Cortes antes de aplicar nuevos
impuestos y derechos, y preguntó por qué no había representación americana
correspondiente. Representación del Cabildo de Santa Fe, pp. 108-109.
71Mayagoitia, “Un
capítulo”, pp. 509-511; Pérez León, “Hidalgos”, p. 117.
72Dougnac Rodríguez, Manual,
pp. 63-64; Pérez León, “Hidalgos”, p. 121.
73Konetzke, “Formación”,
pp. 356-357; Pérez León, “Hidalgos”, pp. 118-126 y “El ‘imperativo’”, pp.
280-282.
74Mayagoitia, “Un
capítulo”, pp. 512-514; Miranda, Las ideas, pp. 138-140. Se encuentra la
discusión en varias actas del cabildo de la ciudad de México elaboradas entre
el 30 de enero y el 1º de marzo de 1567. Actas de Cabildo, 1871, lib.
7º, pp. 322-347. Es de notarse que esta negociación se realizó pocos meses
después de que se diera por terminado lo que se ha conocido como la Conjuración
del Marqués del Valle, que se ideó con el objeto principal de asegurar la
perpetuidad de las encomiendas en la Nueva España. Orozco y Berra, Noticia
histórica.
75Castañeda indica que
en 1501 hubo un primer intento de aplicar el tributo indio y resume las
primeras directivas en este campo. Castañeda Delgado, “Un problema”, pp. 494 et
passim.
76Escobedo Mansilla, “El
tributo”; Mörner, La Corona española, pp. 148-49.
77Lokken, “Angolans”, n.
65, p. 54; “Que los negros, y negras, mulatos, y mulatas libres paguen tributo
al rey”, Recopilación, lib. VII, tít. V, ley primera, p. 320.
78Richard Konetzke
menciona varios intentos para cobrarles tributo a los mestizos en los
territorios americanos durante los siglos XVII y XVIII, pero sólo un esfuerzo
exitoso en Chile. Konetzke, “Sobre el problema racial”, pp. 196-197. Véase
también Menegus Bornemann, “Alcabala”, p. 117 y Mörner, La Corona española,
pp. 147-148.
79Castañeda Delgado, “Un
problema”, p. 512; Escobedo Mansilla, “El tributo”, n. 6, p. 45; Lira, “El
aspecto fiscal”, p. 40; Mörner, La Corona española, p. 149. Para
una discusión interesante sobre la “‘naturaleza tributaria del indio’” al
comienzo del siglo XIX y la relación entre los estatus en América y en la
Península, véase Cobá Noh, El “indio ciudadano”, pp. 70-79 y Granados,
“Huérfanos”, pp. 313-318.
80En esta categoría
caben la exención inicial del tributo en todo el territorio tlaxcalteca y las
exenciones otorgadas a los descendientes de los tlaxcaltecas y otros pueblos
americanos que acompañaron a los españoles durante las conquistas y se
trasladaron a las regiones conquistadas. Sobre las exenciones en la Nueva
España, véase Sánchez Santiró, Corte de caja, p. 143. Los caciques de
Totonicapán, en Los Altos de Guatemala, que heredaron los privilegios de los
“indios conquistadores”, pero que eran más una especie de clan que una nobleza
(había unos 578 a finales del siglo XVIII), actuaron como apoyo a las milicias
durante el periodo colonial y tuvieron responsabilidades militares aun en el
periodo republicano. Pollack, Levantamiento, pp. 38-40.
81García Peláez, Memorias,
pp. 32-37; Escobedo Mansilla, “El tributo”; Vinson, “Los milicianos”, pp.
54-60; Sánchez Santiró, Corte de caja, p. 143. Al parecer, los ingresos
provenientes del tributo de mulatos y negros libres se mantuvieron en niveles
bastante bajos y para 1770 se había dejado de cobrar este derecho en el
virreinato del Perú a la vez que en la Nueva España se aplicaba poco. Díaz
Rementería, “El régimen”, p. 427; TePaske y Hernández Palomo, La Real
Hacienda, núm. 677-781. Los datos recopilados por Terán demuestran que en
la Nueva España se mantuvo el cobro del tributo de las castas hasta el final
del periodo colonial. Terán, Tributos. Díaz Rementería nota que cuando,
como parte de las reformas en los mecanismos del cobro del tributo que se
realizaron en las décadas de 1770 y 1780, se propuso cobrar tributo a los
cholos, el virrey de Buenos Aires advirtió de los riesgos que este cobro habría
podido significar ante un eventual levantamiento indígena. Díaz Rementería, “En
torno”, p. 59.
82Vinson, “Los
milicianos”, pp. 54-60. Se temía la movilidad de la población negra y mulata
libre hacia otros pueblos o distritos donde se aplicaba la exención.
83Vinson, “Los
milicianos”, pp. 58-59; Castañeda García, “Hacia una sociología fiscal”, pp.
166-170.
84Pérez León,
“Hidalgos”, pp. 51-54.
85Sánchez Albornoz, Indios,
n. 23, p. 205.
86Platt, Estado.
Se ha retomado la suposición de la existencia de este “pacto” entre el Estado y
las comunidades en el periodo colonial por varios autores en referencia a la
aplicación de las diferentes contribuciones que sustituyeron al tributo indio
en los países andinos después de las independencias. Contreras, “Estado
republicano”, y “El impuesto”; Palomeque, “Estado”, p. 400; Peralta Ruiz,
“Fiscalidad”, En pos, y “Comunidades”; Morelli, Territorio, pp.
159-182; Irurozqui, “Las paradojas”, y “Sobre el tributo”; Soux, “Tributo”.
Recientemente, Irurozqui ha argumentado que después de la independencia
boliviana, los indígenas compartían la visión de los legisladores nacionales al
considerar que el pago de la contribución era la manera en que participaban en,
y formaban parte de, la nueva república nacional boliviana. Irurozqui, “Las
paradojas” y “Sobre el tributo”.
87Langer, “Bringing”;
O’Phelan, “Presentación”, p. 422.
88Menegus Bornemann,
“Alcabala”, p. 110; Owensby ha desarrollado esta idea de manera extensa.
Owensby, “Pacto” y Empire.
89Owensby, “Pacto”, pp.
82-83; véase también Díaz Rementería, “El régimen”, 410.
90Menegus Bornemann,
“Títulos”, p. 149.
91Marino, “El afán”, p.
64.
92Wortman,
Government, p. 140; Sala I Vila, Y se armó, pp. 34-35.
93Díaz Rementería, “El
régimen”; Cahill, From Rebellion, pp. 153-168; Morelli, Territorio,
pp. 161-165. Sobre la reducción en las categorías de los exentos, véase Cahill,
“Curas”, p. 252; Mazín Gómez, Cabildo, p. 356; Morelli, Territorio,
p. 162. En Filipinas se había aplicado con éxito una reforma al sistema de
cobro de tributos en la década de 1740 que incluyó dos prácticas que se
implementarían en América (y de nuevo en Filipinas) décadas después: la
reducción en el número de personas exentas del tributo y un recuento de los
tributarios. Alonso Álvarez, “¿Qué nos queréis?”, pp. 35-41.
94Cahill, From Rebellion,
p. 155.
95Daniela Marino nota
que la época de la reforma en la Nueva España incluyó no sólo las reformas de
Gálvez y la aplicación de la Real Ordenanza de intendentes, sino también la
Ordenanza de Revillagigedo en 1794 y que siguieron los intentos por reformar el
sistema de tributos hasta la crisis de la Monarquía. Marino, “El afán”.
96Real Ordenanza, art. 132, pp.
155-156; Cahill, “Curas”, p. 247. En la Nueva España, se indicó que el 1%
otorgado a las autoridades indias eliminaba la necesidad de que los
gobernadores y alcaldes recibieran algún pago de las cajas de comunidad. Tanck,
Pueblos, pp. 23, 29.
97Cahill, From Rebellion,
pp. 153-168. Una cédula de 1783 instruyó a los oficiales peruanos a que dieran
preferencia a los españoles sobre los indios como caciques y recaudadores.
Cahill, From Rebellion, p. 160. Ocurrió un antecedente
interesante cuando en 1767, después de la rebelión en el actual territorio de
Michoacán, Gálvez castigó a los pueblos con la pérdida de sus autoridades por
un periodo de 25 años: en lugar de gobernadores, los “comisarios de tributo” se
ocupaban de la recaudación. Terán, “Liderazgo”, pp. 371-72.
98Morelli, Territorio,
p. 164. Existió la propuesta de que los curas se volvieran auxiliares de la
administración tributaria y que su salario dependiera del número de tributarios
en sus parroquias, para así promover que se hicieran los censos sin
ocultaciones. Morelli considera que también se buscaba que el párroco se
transformara “en un auténtico defensor de la comunidad, que se esmerara en
frenar los procesos de emigración y concertaje”. Morelli, Territorio,
n. 11, p. 163. Si la interpretación de Morelli es correcta, prevé la actitud
del gobierno republicano del Perú durante la primera parte del siglo XIX, que
buscaba fortalecer las comunidades y así asegurar un alto número de tributarios
y entonces un mejor ingreso proveniente de la contribución directa. Además,
corresponde a lo argumentado por Martínez Peláez sobre el interés predominante
de la corona y de las autoridades españolas en el reino de Guatemala de
priorizar el cobro del tributo de indios sobre su participación eventual en los
repartimientos de trabajo. Martínez Peláez, Motines, pp. 77-78.
99Escobar Ohmstede, “Del
gobierno”, p. 8.
100En el reino de
Guatemala inicialmente se aplicaron las ordenanzas de Buenos Aires hasta que se
publicaran las de la Nueva España. Samayoa Guevara, El régimen de
intendencias.
101Según Fonseca y
Urrutia, en 1753, el contador José Rodríguez Gallardo propuso a la real
audiencia de México que el tributo para todos los indios fuera de 16 reales y
medio —además de lo cobrado en razón de “ministros” y “hospitales”—. Fonseca y
Urrutia, Historia, p. 430.
102Pietschmann, Las
reformas, p. 217; Marino, “El afán”, p. 73, n. 22; García Pérez, “El
régimen tributario”, p. 283.
103Fernández Molina, Los
tributos, pp. 22-30; Gutiérrez Álvarez, “Racismo”.
104Sobre la Audiencia de
Quito, véase Morelli, Territorio, p. 164 y sobre Perú, Díaz Rementería,
“El régimen”, pp. 428-429; Klein, “Fiscalidad”, pp. 27-29; Sala I Vila, Y se
armó, pp. 281-285.
105Marino, “El afán”, pp.
77-79. Gutiérrez Núñez, “La Real Hacienda”, pp. 37-41. Silva Riquer considera
que una de las razones del aumento fue el incremento en la remuneración del
trabajo de los indios en dinero durante el siglo XVIII. Silva Riquer, “El trabajo”,
p. 29.
106Wortman, Government,
pp. 140-141, tabla 7.2, p. 146 y tabla 7.5, p. 153. En su discusión sobre
Chiapas, sin referirse a los montos recaudados, Wasserstrom indica un aumento
de 5 070 tributarios indígenas en 1761 a 9 372 en 1816-1817. Wasserstrom, Clase
y sociedad, p. 92.
107Mayorga García, “La
extinción”, pp. 53-56.
108Pietschmann,
“Revolución”, p. 29.
109Jaramillo Magaña, Hacia
una Iglesia, pp. 158-161; Representación sobre la inmunidad.
En 1809, Abad y Queipo sugirió que, con el fin de fortalecer el ejército
español en la Nueva España, se reclutara soldados de las clases tributarias
ofreciéndoles la eliminación del pago del tributo mientras participaran en el
ejército y, para los que sirvieran bien, la exención permanente. Representación
sobre la necesidad de aumentar. El mismo Abad indicó en un documento
elaborado en 1810 que él había recomendado la eliminación del tributo desde
1791. Representación a la regencia.
110Menegus Bornemann,
“Alcabala”, p. 122. Menegus ha demostrado los problemas que las autoridades
fiscales tenían para identificar el estamento de los comerciantes, lo que les
dificultaba realizar los cobros correctamente y, entonces, hacía sufrir a los
erarios reales. Menegus Bornemann, “Alcabala”, pp. 116-123.
111Para una discusión
sobre el cobro de los impuestos en el contexto de las guerras y rebeliones
relacionadas con las luchas independentistas en Perú, Nueva España y el Alto
Perú, respectivamente, véase Sala I Vila, Y se armó, pp. 238-39; Serrano
Ortega, “El sistema fiscal” y Soux, “Tributo”.
112En la región central
de la Nueva Granada, las autoridades españolas habían facilitado que los
blancos y mestizos tuvieran acceso a las tierras comunales desde mediados del
siglo XVIII ante un fuerte aumento en la población de estos grupos y muchas
presiones sobre los resguardos indios. Meisel, Crecimiento, pp. 33-35.
113Entre 1770 y 1784, las
reformas impuestas bajo Carlos iii permitían que los “cholos” (entendidos como
hijos de mestizo e indio) fueran matriculados como tributarios en Perú, y
algunos mestizos, argumenta Sala I Vila, prefirieron integrarse a las comunidades
indias peruanas y pagar el tributo. Díaz Rementería, “Régimen”, pp. 427-428;
Sala I Vila, Y se armó, pp. 51-52. En el periodo gaditano, al parecer,
los indios de San Salvador y León preferían continuar con el pago del tributo y
del sustento que entregaban a los curas en lugar de pagar la alcabala y los
derechos parroquiales. Fernández Molina, Los tributos, p. 35.
114Chassin, “Protecteur”,
n. 29, p. 74. Eyzaguirre sustentaba su argumentación en lo abusivo que era el
sistema de tributos, en la igualdad de los indios ante la ley según lo
pronunciado por el Consejo de Regencia y en la lógica de que los indios
aportarían más a la economía y al fisco si se les repartieran tierras y pagaran
los impuestos que correspondían a todos los demás grupos sociales (una idea
que, como se ha mencionado, era bastante difundida en esta época). Chassin,
“Protecteur”, pp. 65-66.
115Chassin, “Protecteur”,
pp. 70 y 74, n. 29.
116Glave, “Cultura
política”, p. 403. Desde principios de 1810 una rebelión indígena en el Alto
Perú mantenía como una de sus propuestas el no pagar el tributo hasta que se
definiera a quién se le debía pagar. Soux, “Tributo”, pp. 25-26. Véase Glave,
“Cultura política”, para más discusión de este movimiento y de otros en el
mismo periodo en Perú y el Alto Perú. Sala I Vila menciona, como resultado de
las influencias de la Junta Tuitiva en La Paz, dificultades en recaudar el
tributo en el partido de Chucuito en el Puno ya en 1809. Sala I Vila, Y se
armó, p. 163.
117Terán, “1809”, p. 34.
118Terán, “1809” y “El
movimiento”.
119Edmundo Heredia
argumentó que la disposición del Consejo de Regencia se dio en respuesta al
levantamiento de Caracas del 19 de abril de 1810. Heredia, “Los tributos
indígenas”, p. 60. Granados ha elaborado una discusión dirigida a entender por
qué la Regencia decidió eliminar el tributo de indios en la Nueva España.
Granados, “Huérfanos”, pp. 294-298.
120Real orden de 26 de
Mayo.
121Real orden de 26 de
Mayo.
122Diario de las
discusiones y actas de las Cortes, t. III, sesión del día 15 de febrero de 1811,
Cádiz, Imprenta Real, 1811, 21 t.
123Como se mencionó
anteriormente, Abad y Queipo había solicitado la eliminación del tributo para
promover la paz social. Representación a la regencia. José Antonio
Serrano ha señalado que el intendente de Guanajuato, Juan Antonio de Riaño,
compartía la posición de Abad y Queipo sobre la utilidad de la eliminación del
tributo y el cobro de la alcabala a todas las clases por igual. Serrano, “El
sistema fiscal”, p. 78; Plan de Juan Antonio de Riaño.
124Pocos días después del
levantamiento de Hidalgo, el 21 de septiembre, un crítico del movimiento
insurgente indicó que el líder rebelde había logrado conseguir apoyo “bajo la
engañosa apariencia de libertad americana, de tributos, alcabalas, y de todo
gravamen”. Don José Simeón de Uría. Véase también Copia de la
declaración rendida. Granados nota que en sus primeros decretos, los
insurgentes abolieron el tributo de castas y solamente en diciembre de 1810
eliminaron el de indios. Granados, “Huérfanos”, pp. 300-301. Sobre esta
cuestión, véase también la discusión de Terán. Terán, “¡Muera el mal
gobierno!”, pp. 404-405. El texto del decreto de Hidalgo del 19 de octubre se
lee: “[…] quede totalmente abolida para siempre la paga de tributos para todo
género de castas, sean las que fueren, para que ningún juez ni recaudador exija
esta pensión ni los miserables que antes la satisfacían, la paguen […]”. Bando
de don José María Ansorena.
125Alamán, Historia de
México, t. I, pp. 364-365; Granados, “Huérfanos”, pp. 299-301, n. 30.
126Bando del virrey. Por lo mismo, Van
Young no encuentra ejemplos de levantamientos posteriores a 1810 en los pueblos
novohispanos relacionados con el pago de impuestos. Van Young, The Other
Rebellion, p. 410.
127Mayorga García, “La
extinción”, pp. 60-61. Desde 1809, el cabildo de Socorro había propuesto al
diputado de la Nueva Granada a la Junta Suprema que se aboliera el tributo de
indios, se repartieran las tierras comunales de los resguardos y que los indios
pagaran los impuestos que tocaban a los demás. Cabe notar que para el “Ilustre
Cabildo”, los indios “por lo común […] son estúpidos y tan pobres que parece no
entienden sus ideas más allá del momento presente”. Instrucción que da el
Muy Ilustre Cabildo, arts. 1 y 3. El cabildo de Santa Fe refiere a “un
ignominioso tributo que le impuso la injusticia y la sinrazón” y la Instrucción
enviada de Valencia proponía no específicamente la eliminación del tributo,
sino que los pocos indios que vivían en algunos de los pueblos se convirtieran
en españoles de manera que se vendieran sus tierras “a cuenta de S.M.” y
comenzaran a pagar los impuestos correspondientes a los españoles. Representación
del Cabildo de Santa Fe; Instrucción arreglada por el teniente justicia mayor.
128Gutiérrez Ramos,
“Acción política”, pp. 13-14. El siguiente año, el gobernador de Popayán redujo
el tributo de los indios en Pastos y en 1812 el cabildo de la ciudad de Pasto
condonó uno de los dos pagos anuales a los indios que habían luchado en defensa
del rey. El siguiente año, 1813, sin embargo, el gobernador de Popayán le
advirtió al presidente de la Audiencia de Quito (de la que dependía en aquel
momento álgido de las guerras de independencia) que ante la proclamación de la
Constitución de 1812 que confirmaba la abolición del tributo, le sería
imposible cobrárselo a los indígenas sin una presencia armada. Gutiérrez Ramos,
“Acción política”, pp. 13-14.
129Enríquez, “La
República chilena”, p. 631. Doucet nota que entre los considerandos que
anteceden el decreto, se menciona el poco ingreso proveniente del tributo.
Doucet, “La abolición”, p. 143. Dos años después, en 1813, se declaró la
abolición de las repúblicas de indios y de las tierras comunales; así mismo se
decretó la venta de las tierras de los indios para financiar su reubicación
(con bueyes, tierras, semillas, arado y telares) en “villas” establecidas en
algunos de los pueblos. Enríquez, “La República chilena”, p. 639.
130Sobre el debate, o más
bien la sorpresiva ausencia de debate, en las Cortes gaditanas sobre la
abolición del tributo, véase Granados, “Huérfanos”, pp. 300-304.
131Fernández Molina, Los
tributos, pp. 30-33.
132Doucet, “La
abolición”, pp. 133 y 152.
133Doucet, “La
abolición”, p. 144.
134Sánchez Albornoz, Indios,
pp. 187-88; Doucet, “La abolición”, p. 152.
135Doucet, “La
abolición”, pp. 170-173.
136Sala I Vila, Y se
armó, pp. 191-225.
137O’Phelan,
“Presentación”, p. 421.
138Fernández Molina, Los
tributos, p. 33.
139Pollack,
“Totonicapán”, pp. 199-200.
140Fernández Molina, Los
tributos, p. 33.
141Meisel, “La crisis
fiscal”, pp. 390-391.
142Morelli, Territorio,
p. 170. Igualmente, en la provincia neogranadina de Pasto, que colindaba con la
Audiencia de Quito y en donde dominaban —en general— los realistas, nunca se
publicó la eliminación del tributo indio decretada por las Cortes de Cádiz.
Gutiérrez Ramos, “Constitución”, pp. 215 y 222.
143Wortman, Government,
pp. 209-210.
144Sala I Vila, Y se
armó, pp. 171, 248-249; Glave, “Cultura política”, p. 406.
145Sala I Vila, Y se
armó, pp. 173; Soux, “Tributo”, n. 21, p. 29.
146Contreras, “El
impuesto”, pp. 70-71; Glave, “Cultura política”, pp. 396-411.
147Sala
I Vila, Y se armó, pp. 184-185.
148Sala
I Vila, Y se armó, pp. 238-239.
149Sala
I Vila, Y se armó, p. 244.
150Serrano Ortega, “El
sistema fiscal”.
151Serrano Ortega, “El
sistema fiscal”, p. 79.
152López Castellano, Liberalismo,
pp. 27-88.
153Mientras hay una larga
historia de impuestos graduados —algunos de los cuales se han mencionado
anteriormente—, el primer ejemplo de un impuesto progresivo que se aplicó a la
tierra y otras formas de riqueza lo encontramos en Florencia en 1442, que se mantuvo
hasta el siglo XVIII. Isenmann, “Medieval”, pp. 48-52. El tema de la igualdad
fiscal aplicada a la monarquía francesa comenzó a tener un auge a finales del
siglo XVII y principios del XVIII; la capitation francesa de 1695 se
estableció con la noción de su aplicabilidad universal y con una graduación
severa basada en la supuesta riqueza correspondiente a la ubicación del
individuo en una de las 569 categorías que se establecieron, aunque en la
práctica las exenciones florearon. Guery, “État”. Sólo en la segunda mitad del
siglo XVIII se creó la idea de la “progresividad” en los impuestos y comenzó a
considerarse la aplicación de impuestos con esta característica. En 1787 y 1788
el abate Sieyes había escrito sobre la creación de un impuesto
progresivo basado en la renta (como la propuesta de las Cortes gaditanas).
Bonney, “Early”, p. 205 y “Revenues”, pp. 485-486. En 1793 el gobierno
revolucionario francés aplicó, por una sola vez, un préstamo forzoso con tasas
progresivas (hasta 70% para el bando más alto de ingreso) y en 1798 y 1800 se
aplicó un impuesto progresivo sobre la renta en los Países Bajos. Bonney,
“Revenues”, pp. 485-486. El impuesto sobre la renta (income tax) se
había implementado por primera vez en el Reino Unido en 1799 en el contexto de
las guerras napoleónicas pero se abolió al terminar éstas y recibió muchas
críticas por estar de alguna manera vinculado al pensamiento de la revolución
francesa y por pretender igualar las riquezas. Bonney, “Revenues”, pp. 486-488.
154López Castellano, Liberalismo,
n. 249, p. 270. Uno de los cuatro apartados de las Instrucciones
enviadas por el ayuntamiento guatemalteco a su diputado en las Cortes gaditanas
se intitula “Proyecto de una contribución” (firmado el 12 de enero de 1812) y
en él se planteó la universalidad del impuesto y un sistema de aplicación
graduado —sin definir muy bien con base en qué criterios— y regresivo. Instrucciones
para la constitución, pp. xi, 63-79.
155Sánchez Santiró, “La
irrupción”, p. 23. Este tipo de dificultades en la aplicación de las
contribuciones directas es bastante común.
156Serrano Ortega, Igualdad,
pp. 34-38. El artículo XIII de la Declaración reza así: “Siendo
necesaria, para sostener la fuerza pública y subvenir a los gastos de
administración, una contribución común, ésta debe ser distribuida
equitativamente entre los ciudadanos, de acuerdo con sus facultades”.
157Jáuregui, La Real
Hacienda, p. 276; Sánchez Santiró, “La irrupción”, p. 18.
158Sala
I Vila, Y se armó, pp. 248-249.
159Quezada y Moreno
Acevedo, “Del déficit”, pp. 326-327.
160Sánchez Santiró, “Los
impactos”, p. 17, cuadro.
161Cobá Noh ha discutido
algunos de los intercambios sobre la legalidad de los cobros del tributo, la
comunidad, el medio real para ministros y el diezmo que demuestran las
diferentes opiniones existentes sobre estos cobros. Cobá Noh, El “indio
ciudadano”.
162Quezada y Moreno
Acevedo, “Del déficit”.
163En el reino de
Guatemala se le llamaba así o bien “tributo”.
164Mayorga García, “La
extinción”, pp. 65-67.
165Serrano Ortega, Igualdad,
p. 79. En Oaxaca, por lo menos, existió un esfuerzo para que se implementara.
Sánchez Silva, Indios, pp. 118-119.
166Glave, “Cultura
política”, p. 402.
167Mayorga García, “La
extinción”, pp. 65-66.
168Gutiérrez Ramos,
“Acción política”, pp. 14-17.
169Pollack, Levantamiento.
170La bibliografía sobre
el tema es extensa y a partir de ella estoy elaborando un artículo que da
continuación a este trabajo. Como puntos de partida, se puede sugerir Sánchez
Albornoz, Indios; Jáuregui, De riqueza; Serrano Ortega, Igualdad;
Escobar Ohmstede, “Del dualismo étnico”.
171Se espera la
publicación de los resultados de una investigación profunda sobre los tributos
a lo largo del periodo colonial en Chiapas. Obara-Saeki y Viqueira, El arte
de contar.
172Véanse, por ejemplo,
los trabajos recientemente publicados en El Taller de Historia.
173Hay algunas
indicaciones en Tanck, Pueblos, p. 46 y Gutiérrez Núñez, “La Real
Hacienda”, pp. 39-40.
Recibido: 08 de Febrero de 2015; Aprobado: 07 de
Julio de 2015
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-65312016000100065&lng=es&nrm=iso&tlng=es
