LOS
PRELIMINARES DE LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN MADRID
ANTICLERICALISMO
A LA ESPAÑOLA
LA COSA VENÍA DE LEJOS
Nos recuerda José
Francisco Guijarro en su interesante libro “Persecución religiosa y guerra
civil”, hablando de la España de la segunda República, que desde hacía ya más
de un siglo había existido un anticlericalismo que podríamos calificar de
“cultural”: no faltaban círculos que con mayor o menor virulencia atacaban de
una manera más o menos satírica toda la acción de la Iglesia, y en tertulias,
prensa y, a veces, en la literatura y el teatro, cuanto tenía que ver con la
religión católica era blanco de agresiones que sólo alguna vez pasaron de las
palabras a los hechos. A este anticlericalismo, atribuido quizás con excesivo
simplismo siempre a la masonería (que, si bien, sin duda, tuvo una parte en su
provocación, no puede considerarse que fuera su causa única y exclusiva), los
grupos que se situaban en las concepciones colectivistas -los socialistas
mayoritarios o los, por el momento, pequeños núcleos comunistas- asistieron
inicialmente con cierta indiferencia: si evidentemente no sentían el menor
interés por defender los derechos de la Iglesia, pues aspiraban a sustituir su
concepción social por la suya propia, tampoco experimentaban un entusiasmo
mayor por el anticlericalismo, para ellos una característica casi
específicamente burguesa.
Estas concepciones
colectivistas tenían su punto de mira en lo que había sido, quince años antes,
la revolución rusa. Desde la postura maximalista (o bolchevique) de un partido
que se había venido llamando hasta entonces obrero socialdemócrata ruso (la
fundación por Lenin del Partido Comunista tuvo lugar después de la revolución),
se produjo una subversión social total, destruyendo todas las instituciones que
habían configurado hasta ese momento la sociedad rusa, y, entre ellas, también
la Iglesia ortodoxa, tan vinculada cortesanamente al zarismo. Sin embargo, en
España con alguna frecuencia se ha presentado a la Iglesia plenamente vinculada
al antiguo régimen, pero la verdad es que la Iglesia no se puede identificar de
modo simplista con la Monarquía, aunque ciertamente lo pudiera parecer, dada la
vinculación entre el trono y el altar.
En España tampoco
existía por entonces un partido comunista que tuviera una considerable
presencia en la sociedad política, sino que la amenaza del recurso a la
violencia para imponer la revolución social había sido encarnada, hasta aquel
momento, por el sector de la izquierda del Partido Socialista, muy ligado al
sindicato socialista UGT, que estaba encabezado por Francisco Largo Caballero,
a quien solo años después se le dio el sobrenombre de “el Lenin español”,
inventado en la Escuela Socialista de Verano de 1933 en Torrelodones, y que no
se recataba en distintos mítines de hablar de la revolución que acabaría con la
misma Republica, a la que tildaba de burguesa. Y en esta amenaza constante de
una revolución violenta total caía todo, al igual que en la revolución rusa; y
entre todo ello, también la Iglesia católica.
Así, aunque es indiscutible que en el marxismo teórico se presentaba una
dura crítica de todo elemento religioso, es más que discutible suponer que,
aparte del eslogan de que “la religión es el opio del pueblo”, ni en los
dirigentes políticos españoles ni en sus masas revolucionarias hubiera calado
en profundidad el principio de que la abolición de la religión como felicidad
ilusoria del pueblo es una exigencia de su felicidad real.
En la práctica de
la política gubernamental, este anticlericalismo no podía tener mayor
incidencia práctica, desde el momento en que dos graves problemas nacionales,
como eran la enseñanza escolar y la asistencia sanitaria, se encontraban en una
proporción ampliamente mayoritaria atendidos por instituciones religiosas
confesionalmente católicas, que no podrían ser sustituidas sino a medio o largo
plazo: era impensable poner en práctica una nacionalización inmediata de tales
servicios por la indiscutible falta de recursos, incluso humanos, de la que
siempre había adolecido el Estado.
Este problema
quedó sin resolver durante toda la duración de la República: prueba de ello es
el suelto publicado en el diario de Madrid “El Liberal” en 1936, pocos días
antes de producirse el alzamiento militar, según el cual una serie de
federaciones sindicales de los ámbitos de la sanidad y la enseñanza habían
hecho público un escrito dirigido “a la opinión pública y a los hombres que
rigen los destinos del país”, en que hacían ver que la República
“poco o nada ha hecho por dar solución al problema de la sustitución
de la enseñanza religiosa y por dar cumplimiento a sus postulados laicos. Es
cierto que ésta estableció leyes reguladoras de esta importante cuestión, pero
para nadie es un secreto que la enseñanza está en manos de las congregaciones
religiosas y que se hace burla de los postulados laicos de la Republica en
establecimientos benéficos y sanitarios donde subsisten, después de cinco años
de Estado laico, símbolos religiosos, capillas sostenidas con los fondos de los
establecimientos, donde se satisfacen gratificaciones a sacerdotes para
compensarlos de los perjuicios que la ley de haberes al clero les
proporcionara, donde dispone de la administración de los establecimientos,
donde se establece diferencia de trato a los enfermos por el hecho de que unos
se avienen a confesar y comulgar diariamente y otros no.”
Entre estas otras
asociaciones que, además de la francmasonería, hicieron una considerable labor
política antirreligiosa, o, mejor dicho, anticatólica, pero ya entre clases más
populares que el burgués elitismo masón, se encuentra la Liga Nacional Laica,
en cuyo reglamento, aprobado por el Ministerio de la Gobernación en el año
1932, entre otros extremos, se leía que “su fin primordial es propagar y
defender el laicismo, que no representa pugna ni animosidad contra ninguna
creencia, ni contra ningún sentimiento, por estimarlos todos legítimos e
igualmente respetables, como patrimonio que son de la conciencia individual, y
por reconocer esta asociación el derecho de cada persona, no solo a poseerlas,
sino también a exteriorizar libérrimamente sus propias ideas sobre los
delicados problemas que constituyen el contenido espiritual del hombre.”
Junto a este
anticlericalismo intelectual se daba también otro que pudiéramos considerar más
popular, que fue fruto de la agitación social que provocaba un enfrentamiento
demagógico contra la Iglesia, presentándola como aliada del poder y causa de
todos los males sociales: “No hay nada sagrado en la tierra. El pueblo es
esclavo de la Iglesia. Hay que destruir a la Iglesia”, decía, ya en 1906.
Había, además, una
realidad históricamente indiscutible, aunque quizás ahora, al cabo de los años,
y con diferente perspectiva histórica, pueda parecernos difícilmente
comprensible. Pero negarla seria anacrónico, y equivaldría a falsear la
realidad histórica. Se trata de lo que pudiéramos llamar, si no la
confesionalidad del Estado, en el sentido más técnico de la expresión, si, al
menos, la confesionalidad de la sociedad. De esta forma, aunque la nueva
configuración de la sociedad política, mediante el cambio de las instituciones,
le diera un vuelco al régimen anterior, había un fondo profundo en una gran
parte de la sociedad española que identificaba -o confundía- la realidad de
España como nación con una realidad social confesionalmente católica, poco
menos que por su misma naturaleza: había surgido una especie de “patriotismo
católico”, mucho más profundamente enraizado en la conciencia social (tanto
para aceptarlo como para rechazarlo) que lo que años después, y con un considerable
sarcasmo, se ha venido a llamar el “nacional-catolicismo”.
Se trataba, no
obstante, de una manera muy peculiar de entender el catolicismo: era más formal
que moral, mas cultual que religioso, ya que, en la práctica, ninguna
importancia se le daba a la corrupción moral descaradamente publica en la que
vivía una parte muy aparente de altos dignatarios de la política y de las
clases dirigentes de la sociedad, que no tenían luego el menor reparo en
cumplir con no menor publicidad y ostentación con lo que se podría considerar
sus deberes religiosos, reducidos, las más de las veces, a la participación
desde un lugar preferente en los actos del culto católico: Aunque el Estado se
consideraba católico y había muchas manifestaciones de fe, las medidas expresivas
de la superioridad del Estado en materias de carácter espiritual se sucedieron
a lo largo de todo el reinado de Alfonso XII, realizadas por gobernantes que se
consideraban a la vez católicos y anticlericales, y sin que tales medidas
tuvieran otro fundamento que la falta de realidades que ofrecer al país.
Según José
Francisco Guijarro, estas consideraciones nos ayudan a comprender y matizar -no
necesariamente a justificar- las numerosas disposiciones anti eclesiásticas que
se dieron durante la segunda república española. Queda claro que muchas de las
medidas del Gobierno republicano tenían un antecedente en la etapa monárquica
que se llevaron a las últimas consecuencias con el nuevo régimen.
Esto dio lugar a
múltiples fenómenos, entrelazados entre sí: la creación de diferentes
movimientos y asociaciones con el fin reconocido de imponer en la sociedad
política los criterios católicos de conducta (mas por la vía de la promulgación
de las leyes que por la de su cumplimiento efectivo); la pugna de estos movimientos
y asociaciones entre sí por capitalizar el apoyo de unos eclesiásticos o de
otros, como si en ello les fuera el respaldo oficial para sus actividades por
parte de la jerarquía de la Iglesia; y muchas veces, la falta de entendimiento
en el plano político, cuando no el enfrentamiento abierto entre unas
formaciones católicas y otras.
Motivo de hacer
trascender a las clases populares, por medio, sobre todo, de los religiosos de
distintas órdenes, el enfrentamiento entre ambas concepciones de la sociedad y
de la monarquía, fue, entre otros, la capitalización política hecha por los
tradicionalistas del hecho de que cuando los liberales habían tenido necesidad
de liquidez hubieran echado mano de los bienes de la Iglesia mediante sucesivas
leyes de desamortización en el siglo XIX y, como consecuencia de las guerras
carlistas, en 1855 el Gobierno de Pascual Madoz puso también a la venta en
pública subasta los bienes que constituían el patrimonio del “ex infante” don
Carlos; con lo cual al enfrentamiento ideológico se sumaron inmediatamente los
intereses económicos.
Pero apenas fue
proclamada la Republica, se abre una especie de veda para acusar
indiscriminadamente a sacerdotes que ocupaban diversos cargos pastorales de los
más dispares delitos. Famoso fue el caso siguiente: Con fecha 21 de abril de
1932 el Juzgado de Instrucción de Torrelaguna dicta auto de procesamiento
contra el párroco de Buitrago de Lozoya, don Ernesto Peces Roldan -que
posteriormente sería asesinado, en 1936, siendo ya párroco de Móstoles-, por el
delito de escándalo (escándalo que consistió, al parecer, en un azote propinado
con la mano a una niña de la catequesis, lo que se interpretó como abuso de
menores)
Pero ya el día 8 del siguiente mes de agosto el procurador del párroco
manifiesta al juzgado que por disposición del Obispo de la diócesis, el acusado
había sido trasladado a Móstoles. El hecho de la promoción del párroco desde
Buitrago a Móstoles indica que desde el obispado de Madrid-Alcalá se consideró
desde el primer momento que tal denuncia no podía menos de ser calumniosa. Y
así se llegó, al cabo de numerosas diligencias judiciales, al sobreseimiento
ante la jurisdicción ordinaria de un proceso que no pudo prosperar por falta de
pruebas. Pero el caso trascendió y se hizo popular entre la gente y muchos lo
aprovecharon para acusar al clero de vida licenciosa. A este tipo de
acusaciones se sumaron otras, como la difundida en pasquines y libelos acerca
de los conventos llenos de armas y de incontables riquezas, que aparece
frecuentemente en las actas de los procesos de la Causa General llevada a cabo
en la posguerra, como motivación para los registros de las comunidades
religiosas y, a veces, para la ejecución de sus miembros.
MEMORIA HISTÓRICA:
EL ANTICLERICALISMO DE LA 2ª REPÚBLICA (II)
SEGUNDO PERIODO: NOVIEMBRE 1933 A 16 FEBRERO
DEL 1936. LA REVOLUCIÓN DE ASTURIAS
La derrota del
partido socialista en las elecciones del 19 de noviembre de 1933 hizo
prevalecer la corriente violenta que consideraba imposible hacer triunfar su
ideología por las vías legales; la república burguesa no era instrumento apto
para lograr los objetivos del proletariado. Y se comenzó a preparar la
revolución armada. El malestar social -escribe Cárcel Ortí-, creció durante los
meses de enero y febrero de 1934 con frecuentes huelgas, atracos e incendios de
alguna iglesia y se agravó durante la primavera y el verano. El 4 de octubre de
dicho año hubo una huelga general unida a un movimiento revolucionario en toda
España, que triunfó en Asturias y Cataluña pero fracasó en el resto del país.
El día 6 fue proclamado en Barcelona el Estat Catalá, pero solo duró diez
horas, porque la sublevación quedó controlada por el Ejército; pero en Asturias
los revolucionarios dominaron las cuencas mineras y el 6 de octubre se hicieron
dueños de Oviedo (V. CÁRCEL ORTÍ, o.c., p. 61).
Se había creado un
comité encargado de preparar la revolución formada por Largo Caballero, Enrique
de Francisco y Anastasio de Gracia. Besteiro y Prieto redactaron el programa
político que debería actuarse después de la revolución (A. RAMOS OLIVEIRA,
Historia de España, III, Méjico 1952, pp. 207, 208). Las milicias socialistas
comenzaron su preparación. Vestían camisas rojas, se ejercitaban en el tiro.
Fueron procurándose cantidades ingentes de armamento. En la Casa del Pueblo de
Madrid se hallaron docenas de fusiles, revólveres, ametralladoras, 107 cajas de
cartuchos, 37 cajas de bombas de mano. En otros muchos lugares se encontraron
armas y talleres para la fabricación de bombas con dinamita.
La Revolución de
Asturias (5-18 octubre 1934), fue el episodio más lamentable y sangriento de
este período. Si la huelga general del 5 de octubre declarada por el partido
socialista y la UGT. fracasó en la mayor parte de España -aunque en ciudades
como Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Eibar, Mondragón, Santander, León hubo
lucha violenta que fue controlada y vencida en un par de días- sin embargo
donde tomó carácter de verdadera tragedia, fue en Asturias. En la cuenca minera
de Asturias los socialistas invitaron a los comunistas y anarquistas a tomar
parte en la revolución; todos juntos ocuparon la cuenca minera el día 5 y se
dirigieron a la capital Oviedo, a la que pusieron sitio y ocuparon
parcialmente. El Gobierno envió fuerzas del ejército de África que consiguieron
controlar la situación el 12 de octubre, y el 18 se rendían los sublevados.
Continuaron la lucha no pocos mineros huidos a los montes.
La violencia de la lucha en la que
intervinieron alrededor de 25.000 revolucionarios armados, y 20.000 hombres del
ejército, se deduce del número de bajas de las fuerzas del orden en la lucha:
220 muertos, 743 heridos y 46 desaparecidos. Según Gregorio Marañón, la
sublevación de Asturias en octubre de 1934 fue un intento en regla de ejecución
del plan comunista de conquistar España (G. MARAÑON, Obras completas, t. IV,
Madrid 1968, p. 378). La revolución de Asturias produjo raudales
incomprensibles de sangre y mucho de odio. El ardor con que los mineros y los
obreros se lanzaron a la pelea fue tan llamativo que llenó a todos de
consternación. Los distintos comités locales constituidos al principio por
socialistas y después entregados en la mayor parte de los lugares a miembros
violentos del Partido Comunista, se incautaron de todo lo que podía representar
algún valor. Prohibieron toda manifestación religiosa y quemaron templos y
arrasaron casas particulares.
Los sacerdotes y
religiosos fueron considerados enemigos del pueblo y se dio orden de detenerlos
a todos. Los que no pudieron evadirse o esconderse fueron encerrados en
cárceles improvisadas y sometidos a múltiples humillaciones y atropellos. No se
tuvo en cuenta ni la edad ni cualquier otra consideración. Fueron 33 los
sacerdotes y religiosos ejecutados durante las jornadas revolucionarias (V.
CÁRCEL ORTÍ, o.c., p. 69.).
Estas y otras
muertes dieron el tono anticristiano de la revolución. Pero no fueron sólo
ellas. La destrucción de iglesias, el aniquilamiento de los signos religiosos,
la rabia con que se bombardeó la misma catedral para reducir a los guardias
civiles refugiados en ella, o la saña con que se quemó el palacio episcopal o
el seminario indicaban lo que latía en muchos de los luchadores. Entre estos
mártires de la Revolución de Asturias -entiéndase mártir en su acepción
teológica de asesinado por motivo de odio a la religión, única que reconoce la
Iglesia, y no por política, como ya hablaremos algún día de los curas vascos
que tanto están dando que hablar últimamente- cabe destacar el de los 8
Hermanos de las Escuelas Cristianas y el P. Inocencio de la Inmaculada,
Pasionista, detenidos en Turón y llevados a la Casa del Pueblo de donde fueron
llevados al cementerio en la madrugada del 9 de octubre junto con dos jefes del
ejército y allí fusilados ante una zanja ya preparada. Estos mártires fueron elevados
a los altares por Juan Pablo II.
La llamada
Revolución de Asturias fue en realidad el primer intento socialista de
implantar violentamente la dictadura del proletariado en toda España. Los
máximos responsables de la revolución, Largo Caballero y Prieto, consiguieron
eludir la acción de la justicia: el primero negando cualquier género de
participación, y el segundo refugiándose en Francia. Los responsables más
cercanos condenados a muerte por los tribunales militares, fueron indultados
por imposición del Presidente de la República, con excepción de dos inculpados
sin ninguna significación política, que fueron ejecutados como reos de varios
asesinatos.
Pero los
socialistas no abandonaron la idea de hacer otro intento revolucionario. El
mismo día de la rendición (18 octubre 1934) el Comité Provincial Revolucionario
de Asturias se despedía de los trabajadores con estas palabras anunciadoras de
un segundo acto:
“El 5 del mes en curso comenzó la insurrección gloriosa del proletariado contra
la burguesía; después de probada la capacidad revolucionaria de las masas
obreras para los objetivos de Gobierno, ofreciendo ataque y defensa ponderadas,
estimamos necesaria una tregua en la lucha, deponiendo las armas en evitación
de mayores males. (…) Esta retirada nuestra la consideramos honrosa por
inevitable. (…) Es un alto en el camino, un paréntesis, un descanso reparador
después de tanto surménage. Nosotros, camaradas, os recordamos esta frase
histórica: Al proletariado se le puede derrotar; pero jamás vencer. ¡Todos al
trabajo y a continuar luchando por el triunfo!” (J. ARRARÁS, oc. II, pp. 640,
641.).
Uno de los que
mejor vieron y valoraron las consecuencias de la revolución de Asturias fue,
sin duda, Mons. Manuel Irurita, obispo de Barcelona que, apenas pasado un mes
de dicha revolución, escribió en una Pastoral estas acertadísimas
consideraciones:
“La revolución [de Asturias] fue vencida con rapidez asombrosa. ¿Qué hubiera
sido de nosotros, si hubiera durado mucho tiempo? ¿Qué si hubiera triunfado?
Toda España hubiera sido entonces Asturias; el furor infernal hubiera llevado
por todas partes la destrucción, el horror y el espanto; la dinamita hubiera
destruido nuestros templos y catedrales, el hierro hubiera segado a millares
las vidas de los sacerdotes y religiosos y católicos de acción. Y, tras tantas
ruinas, herida la Iglesia en su jerarquía y en sus órganos auxiliares más
valiosos, muy pronto ya podría decirse con verdad lo que tanto codicia la
masonería: ‘España ya no es católica’. El odio a Cristo no es popular, es
masónico; el pueblo no odia a Jesucristo, le desconoce o no le conoce bien, y
si va contra Él es porque le empujan engañándole, porque se le dan malos
ejemplos desde arriba. ¿Qué extraño es que arrojen al fuego los crucifijos,
después que el laicismo los ha arrojado de las escuelas; que se asesine a los
sacerdotes después que el laicismo les ha condenado a morir de hambre? Y ¿qué
maravilla es que los de abajo se levanten contra los de arriba cuando han visto
que los de arriba se han levantado contra Dios, y que saqueen los Bancos cuando
han visto que se despoja de sus bienes a la Santa Iglesia, Esposa de Cristo?”
(Boletín Oficial de la Diócesis de Barcelona, 30 noviembre 1934, p. 234.”
(Continúa)
18-20 JULIO 1936: COMIENZAN LOS ASESINATOS RELIGIOSOS EN LA
CAPÍTAL
Un informador inmediato, y ajeno al conflicto, dada su condición de
diplomático, el embajador latinoamericano Aurelio Núñez Morgado, nos
proporciona las siguientes cifras globales acerca de los primeros días de la
guerra civil española en Madrid: “Apenas producido el alzamiento militar en
África el 18 de julio, estalló en Madrid la Revolución social que venía
preparándose desde meses antes (…) El asesinato de millares de personas llevado
a cabo por las milicias marxistas había sido atroz. Se mantuvo durante seis
meses un ritmo de asesinatos de trescientos cincuenta a cuatrocientos por día,
con recrudecimiento en relación con las derrotas de los ejércitos rojos.
Después de este periodo disminuyó hasta quedar reducido a diez o quince por día
al cabo del primer año. Más tarde casi desapareció el asesinato callejero para
quedar reducido a los que dictaban los tribunales populares, que también
guardaban relación con los triunfos de Franco.“
Explica José francisco Guijarro, experto en el tema, en su libro
“Persecución religiosa y guerra civil", que esta situación de represión
anárquica se puede decir, sin temor a equivocarnos, y con las indiscutibles
excepciones, que en la capital duró desde las primeras noticias que se
recibieron sobre el alzamiento de los militares en Marruecos, hasta las
eficaces medidas adoptadas por la Junta Delegada de Defensa de Madrid, a partir
del día 7 de noviembre de 1936. En esta situación de violencia se fue
imponiendo progresivamente el sistema de las checas, instaurado o por lo menos
autorizado por el mismo gobierno del Frente Popular. A partir de las primeras
funciones de la Junta Delegada de Defensa, se instauró la eliminación de
detenidos mediante el procedimiento de las “sacas” de los establecimientos
penitenciarios de Madrid. Cada uno de estos sistemas sucesivos de violencia
tolerada, cuando no institucionalizada, causó un número considerable de bajas,
tanto por motivos religiosos -que es lo que a nosotros nos interesa- como por
otros motivos diferentes, principalmente políticos, que tampoco podemos perder
de vista; pero se trata de fenómenos diferentes, que no pueden ser confundidos
entre sí.
Seguimos a José Francisco Guijarro, que nos explica que el primer acto
violento con víctima mortal por motivos religiosos del que tenemos referencia
es particularmente execrable, dentro de lo que siempre es cualquier atentado
contra la vida humana de un inocente. Tuvo lugar por la mañana del mismo sábado
18 de julio de 1936, y fue el asesinato a sangre fría de un niño, hijo del sacristán
de la parroquia de San Ramón, en el interior de la parroquia de San Ramón
Nonato, en el Puente de Vallecas.
Al mismo tiempo, en la mañana del mismo sábado 18 de julio, en el
Seminario Conciliar de Madrid se celebra un retiro espiritual para los seminaristas
que estaban ya de vacaciones en sus casas, previsto para que asistieran los que
vivían en Madrid o en los pueblos más cercanos, en el que les dirige la palabra
el párroco de Carabanchel Bajo, don Hermógenes Vicente, que pocos días después
será asesinado: murió, efectivamente, en Carabanchel Bajo, el 18 de septiembre.
Cuenta el sacerdote don Hermengildo López Gonzalo, testigo directo de
los hechos que “ese mismo día, 18 de julio, en el seminario, sobre el
mediodía, recuerdo que estando comiendo en el seminario de Madrid el Sr.
Rector, el prefecto de teólogos y yo, bajó el portero del seminario a decirnos
que estaban las turbas para apoderarse del Seminario e incluso que ya habían
roto la mampara de cristales que impedía el libre acceso si él no abría.
Enseguida nos fuimos a la capilla a consumir las Sagradas Especies y los tres
vestidos de paisanos tuvimos que salir por la puerta posterior que había en la
huerta del Seminario y que era para el servicio del hortelano. Nos separamos y
cada uno se fue a su casa (…) Al día siguiente yo llamé al seminario
preguntando si podía ir a celebrar la Santa Misa y ya me contestó un miliciano
diciendo que me iba a escabechar”
Otro acto de violencia contra la religión, con víctimas mortales, del
que se han encontrado referencias, aunque no se haya podido llegar a
identificar aún a las víctimas, tuvo lugar en la mañana del domingo 19 de
julio, antes de que hubiera comenzado el primer acto propiamente de guerra en
Madrid, que fue el asedio al Cuartel de la Montana. En el barrio de Torrijos,
ante la iglesia de los Dominicos, pandillas de jovenzuelos, unos armados con
pistolas y otros con mosquetones, la emprendieron a tiros contra los fieles,
cuando estos salían del templo. En él se encontraba la familia del político Serrano
Suñer, que asistían a las misas gregorianas en sufragio del alma de su padre,
fallecido pocos días antes. Los fieles salieron de la iglesia como pudieron:
unos por las puertas laterales y otros descolgándose por las ventanas. Varios
fieles resultaron muertos y otros heridos.
No obstante, durante la mañana de aquel domingo aún se observaba, al
menos en el centro de Madrid, una cierta normalidad religiosa. El domingo 19 se
celebró en las Calatravas la última Misa, era la de una de la tarde, que
siempre tuvo un concurso de devotos elegantes. Pero en este día se celebró en
medio de un ambiente dramático. Eran ya pocas las gentes que se atrevían a
salir de casa, y los fieles que asistieron lo hacen con el ánimo sobrecogido y
conturbado ante la inminencia de la tragedia. Porque ya por la calle de Alcalá
patrullas de obreros armados detenían a los transeúntes e imponían la autoridad
de la Casa del Pueblo.
Todavía se celebran las misas y la Adoración diurna del Santísimo, como
de costumbre, en la iglesia de la Consolación de la calle de Valverde. Sin
embargo, en la noche del 19 al 20 se suspendió en Valverde la tradicional vela
al Santísimo que celebraban los adoradores todas las noches sin interrupción
desde hace 50 años. Las circunstancias son graves, y podían tomarla los
revolucionarios como una reunión clandestina con la agravante de nocturnidad.
Al día siguiente se suspendió también la Adoración diurna, después de 40 años
de actuación. Durante la noche del 19 al 20 de julio, en Madrid, fueron
incendiadas cincuenta Iglesias.
Queda confirmado que en el lunes 20 de julio, día en el que sobre las
once de la mañana se culminó la operación militar de la conquista del Cuartel
de la Montana, fueron asesinados en Madrid diecisiete, entre sacerdotes,
religiosos y religiosas, a los que hemos de sumar, al menos, los dos hermanos
paúles de Hortaleza, que dados por perdidos ya el día anterior, fueron vistos
con vida en ese día, mas no después, y el párroco de Meco, Cecilio Hernández
Caballero, fusilado según algunas versiones al amanecer del mismo día 20.
Ese día 20 de julio por la mañana una banda de milicianos estaba
tiroteando el edificio de la Congregación de San Pedro, en la calle de San
Bernardo, con el pretexto de que desde él se estaba disparando “contra el
pueblo soberano”. Cuando se cansaron de tirar sin que nadie les contestara,
entraron en el edificio y su primera intención fue quitar los testigos de
vista, y para ello apresaron a las 13 Religiosas Mercedarias que atendían a la
casa y en un camión, entre insultos, burlas y denuestos las llevaron a la
Dirección General de Seguridad. En las camas del Hospital se hallaban catorce
sacerdotes enfermos y en la Residencia dieciocho. Fueron sacados y llevados al
Hospital de La Princesa (hoy desaparecido), sito en la glorieta de San
Bernardo. Las Religiosas pudieron salvar sus vidas, pero los sacerdotes fueron
sacados poco a poco del Hospital de la Princesa y asesinados, sin que se haya
podido saber dónde fueron a parar sus restos.
El mismo día 20 de julio, cuenta el Agustino A. del Fueyo, “el P.
Miguel de la Pinta Llorente telefonea a nuestro portero en lenguaje
convencional y pintoresco, toda la tragedia del Convento e Iglesia del Beato
Orozco, de la calle de Goya, 87. El P. Mariano Gil ha sido asesinado en la
puerta de la calle; la Iglesia y el convento arden por los cuatro costados. El
Cristo es mutilado y arrastrado por las calles con una soga al cuello. Las
monjas, refugiadas en la casa de enfrente, contemplan horripiladas toda la
tragedia.”
De entre las víctimas del 20 de julio, han sido ya beatificadas como
mártires dos religiosas del Instituto de Hermanas de la Caridad del Sagrado
Corazón de Jesús, la madre Rita-Dolores Pujalte Sánchez, y la hermana Francisca
Aldea Araujo. Pertenecían a la comunidad del Colegio de Santa Susana, en la
calle Pedro Heredia, en Ventas, que fue asaltado por unos milicianos sobre el
mediodía del día 20 de julio, tras unas horas de tiroteo contra el edificio, y
a pesar de que les advirtieron de que había niñas en su interior. Consumado el
asalto, la superiora del colegio, madre Amalia Bravo, rogó a los milicianos que
dejaran salir a las hoy Beatas y que no les hicieran daño, pues eran muy
ancianas. En efecto, la madre Rita tenía 83 años, estaba enferma de diabetes y
casi ciega. Uno de los milicianos se ofreció a acompañarlas. Acompañadas por el
miliciano, sor Victorina Uriarte, sor Lorenza Alonso y tres niñas huérfanas, se
dirigieron a una casa de la calle Alcalá, no muy lejos del colegio.
En casa de esta señora comieron, pasando a descansar a continuación al
domicilio de la vecina de la misma planta, y, al cabo de una hora y media o dos
horas, los perseguidores arrestaron a las dos ancianas religiosas hoy Beatas. A
la madre Rita Pujalte que estaba ciega la bajaban dos milicianos tirando de
ella y una miliciana detrás empujándola; iba ya como muerta. Los milicianos y
milicianas que las apresaron tenían pensado matarlas en la plaza de toros.
Dieron una vuelta en torno a la misma y acaso por la mucha gente que circulaba
por este lugar, tomaron la carretera de Aragón hacia el inmediato pueblo de
Canillejas. En la carretera de Aragón, cerca ya de Canillejas, los del control
requisaron el coche a los milicianos, que hicieron bajar a las Siervas de Dios,
les mandaron caminar hacia adelante y les dispararon diversas ráfagas de fusil.
Y a juzgar por la relación que hicieron los médicos después en la autopsia, los
que dispararon fueron varios, pues las dos religiosas tenían diversos disparos
en la cabeza, en el pecho y en las piernas.
También en el lunes 20 de julio se sitúa la muerte del sacerdote don
Andrés Molinera, capellán de la parroquia de San Antonio de la Florida, después
de saquear el templo, convirtiéndolo en lo que más adelante sería una checa, en
la que se celebraron simulacros de juicios, y entre ellos el del mismo don
Andrés, que seguidamente fue fusilado en la Casa de Campo. Y, entre otros, ese
mismo día fueron asesinados dos religiosos, el Carmelita P. Paulino del
Santísimo Sacramento, profesor en Roma y que se encontraba accidentalmente en
Madrid, y el Paúl, P. Roque Catalán, de la comunidad de la Basílica de la
Milagrosa. También en ese día tuvo lugar el asalto a la parroquia de El
Salvador y San Nicolás, y la subsiguiente matanza de su clero. Eran los
comienzos de una cruel persecución religiosa que duraría, con mayor o menor
intensidad, varios meses.
DE FEBRERO A AGOSTO DE 1936
Concluimos esta
serie de artículos que ha tenido como objeto el describir el anticlericalismo
de la Segunda República. De este tema se podría hablar mucho más, pero esta ha
sido una exposición sencilla y, ojalá, también iluminadora. Con estos artículos
no se termina el tema de la persecución religiosa en España, pues habrá que
tratar más adelante de casos concretos. También trataremos de algún caso que
podría parecer persecución religiosa y sin embargo no lo fue. Con el tiempo,
Dios mediante, trataremos también otros casos de persecución religiosa del
siglo XX, como el de México, Rusia, la Alemania nazi, la Italia fascista,
China, etc.
El 7 de enero de
1936 quedaron disueltas las primeras Cortes ordinarias de la Segunda República
y convocadas las elecciones generales que tuvieron lugar el 16 de febrero de
1936 y dieron la victoria al Frente Popular formado por republicanos,
socialistas, comunistas, sindicalistas y el Partido Obrero de Unificación
Marxista. De esta forma llegaron al poder algunos de los partidos más violentos
y exaltados, creando una situación tan insostenible que los exponentes más
moderados del ejecutivo fueron incapaces de controlar. Comenzó desde el 16 de
febrero de 1936 una serie de huelgas salvajes, alteraciones del orden público,
incendios y provocaciones de todo tipo que llenaban las páginas de los
periódicos y los diarios de sesiones de las Cortes.
La complicidad de
autoridades diversas en algunos de ellos fue a todas luces evidente. Se
incrementó sensiblemente desde aquella fecha la prensa anticlerical y facciosa,
que incitaba a la violencia, como La Libertad; El Liberal y El Socialista (V.
CÁRCEL ORTÍ, o.c., pp. 71, 72.). Según datos oficiales recogidos por el
Ministerio de la Gobernación completados con otros procedentes de las curias
diocesanas, durante los cinco meses de gobierno del Frente Popular, varios
centenares de iglesias fueron incendiadas, saqueadas, atentadas o afectadas por
diversos asaltos; algunas quedaron incautadas por las autoridades civiles y
registradas ilegalmente por los ayuntamientos.
Varias decenas de
sacerdotes fueron amenazados y obligados a salir de sus respectivas parroquias;
otros fueron expulsados de forma violenta; varias casas rectorales fueron
incendiadas y saqueadas y otras pasaron a manos de las autoridades locales; la
misma suerte corrieron algunos centros católicos y numerosas comunidades
religiosas; en algunos pueblos de diversas provincias no dejaron celebrar el
culto, prohibiendo el toque de campanas, la procesión con el Viático y otras
manifestaciones religiosas; también fueron profanados algunos cementerios y
sepulturas como la del obispo de Teruel, Antonio Ibáñez Galiano, enterrado en
la iglesia de las Franciscanas Concepcionistas de Yecla (Murcia) y los
cadáveres de las religiosas del mismo convento. Frecuentes fueron los robos del
Santísimo Sacramento y la destrucción de las Formas Sagradas. Parodias de
carnavales sacrílegos se hicieron en Badajoz y Málaga.
Los atentados personales afectaron a varios
sacerdotes, pues además de los muertos, que fueron 17, otros sufrieron
encarcelamientos, golpes o heridas. Pero a pesar de todas estas amenazas, la
mayoría de los sacerdotes permanecieron fieles en sus ministerios con el
consiguiente riesgo, mientras que los religiosos fueron expulsados de todos los
centros oficiales. En muchas poblaciones los desmanes se cometieron con el
consentimiento de las autoridades locales y en otras éstas impidieron la defensa
de los católicos. En todas partes quedaron impunes los malhechores. Se creó,
pues, un clima de terror en el que la Iglesia era el objetivo fundamental…
Todas las acciones revolucionarias fueron hábilmente desarrolladas por grupos
extremistas de izquierda: los anarquistas con su sindicato, la F.A.I; los
socialistas más radicales de Largo Caballero conocido como el Lenin español y
los comunistas con ideología y métodos estalinistas.
Y todo este
explosivo conjunto, incitado por la fobia anticlerical y anticristiana de 1a
masonería. Cuando se habla de la Persecución Religiosa en España, casi no se
menciona a la masonería. Y sin embargo, tuvo capital influencia en el
desarrollo de la misma. Juan Ordóñez Márquez en su “Apostasía de las masas”, lo
demuestra sobradamente. Sirvan de muestra unas citas breves pero
significativas: “Juzgamos -escribe- oportuno señalar la filiación masónica de
la inmensa mayoría de los prohombres republicanos españoles de aquel
quinquenio. […] Es curioso observar la asombrosa proliferación republicana de
cargos y candidaturas gubernamentales. Desde 1931 a 1936 se registraron hasta
ciento sesenta cambios de personajes en las carteras de los ministerios. Claro
que los cambios se multiplicaron mucho más que las personas, y no deja de ser
significativo el ver cómo los miembros de la Secta pasaban de un ministerio a
otro, o de un cargo otro, sin quedar jamás verdaderamente cesantes.
Por la Presidencia
del Consejo pasaron en gestiones sucesivas nada menos que seis conspicuos
masones: Manuel Azaña desde octubre de 1931 a septiembre de 1933, y de febrero
a mayo de 1936; Ricardo Samper Ibáñez que sustituyó a Lerroux, de abril a
octubre de 1934; Alejandro Lerroux García en septiembre de 1933, y de febrero a
mayo de 1933; y desde octubre de 1934 a septiembre de 1935; Diego Martínez
Barrios de octubre a diciembre de 1933; Manuel Portela Valladares que presidió
desde el 14 de diciembre de 1935 al 19 de febrero de 1936, para dejar paso a
Azaña, y finalmente a Santiago Casares Quiroga a partir del 13 de mayo de 1936.
De los cinco años de República apenas nueve meses estuvo la Presidencia del
Consejo en manos de titulares no masónicos: de abril a octubre de 1931 que lo
fue Alcalá Zamora y desde septiembre a diciembre de 1935 que lo fue Joaquín
Chapaprieta (JUAN ORDÓÑEZ MÁRQUEZ, La Apostasía de las masas y la Persecución
Religiosa en la Provincia de Huelva 1931-1936, Madrid 1968, pp. 267 ss.).
De todos ellos
consta su semblanza masónica, que aquí se resume: Manuel Azaña Díaz, el
Plutarco de las logias Matritense e Hispano-Americana de Madrid; Ricardo Samper
Ibáñez, miembro del Rotary Club, Distrito 60, de Madrid y Valencia, ministro de
Trabajo y Previsión Social, de Industria y Comercio y de Estado; Alejandro
Lerroux García, nombre simbólico Giordano Bruno, grado 3° de la logia Verónica,
también perteneció a las logias Adelante y La Unión; Diego Martínez Barrios fue
simplemente la Masonería en el poder, no tenía otra razón de ser su presencia
constante en los Gabinetes Republicanos; Manuel Portela Valladares, nombre
simbólico Voluntad, grado 33 de las logias Fénix y Liberación de Barcelona;
Santiago Casares Quiroga, nombre simbólico Saint Just frecuentó las logias
Hispano Americana de Madrid y Suevia de La Coruña.
Ante tantos y tan
repetidos desmanes como venían sucediéndose desde la llegada al poder del
Frente Popular en febrero de 1936, el Papa Pio XI en un Discurso de 12 de mayo
de 1936 denunció el peligro del comunismo en todas sus formas y grados, como el
primero, el mayor y el más general de los peligros que amenazaban al mundo en
aquellos momentos. El Pontífice, que ciertamente no tenía pelos en la lengua,
habló también de los ensayos realizados hasta el momento por el comunismo eran
Rusia, Méjico, España, Uruguay y Brasil (Discorsi di Pio XI, t. III, p. 487).
A partir del 16 de
febrero de 1936 las violencias en las personas y en las cosas no tienen número.
El 16 de junio de 1936, ante las Cortes, el Sr. Gil Robles puso de manifiesto
el estado de subversión en que se vivía en España: “Habéis ejercido el poder
con arbitrariedad y total ineficacia. Los datos estadísticos lo prueban: desde
el 16 de febrero hasta el 15 de junio último un resumen numérico arroja los
siguientes datos: iglesias totalmente destruidas, 160; asaltos de templos,
incendios sofocados, destrozos e intentos de asalto, 251; muertos, 269; heridos
de diferente gravedad, 1.287; agresiones personales frustradas o cuyas
consecuencias no constan, 215; atracos consumados, 138; tentativas de atracos,
23; centros políticos y particulares destrozados, 69; ídem asaltados, 312;
huelgas generales, 113; huelgas parciales, 228; periódicos totalmente
destruidos, 10; asaltos a periódicos e intentos de asaltos y destrozos, 33;
bombas y petardos que estallan, 146; recogidos sin estallar, 78” (J. ARRARÁS,
oc., IV, p. 228).
Un mes más tarde,
dos días después del asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo, en la
sesión de la Diputación Permanente de las Cortes, el mismo Sr. Gil Robles
completó la precedente estadística con los datos referentes al mes transcurrido:
“Desde el 16 de junio al 13 de julio inclusive se han cometido en España los
siguientes actos de violencia: Incendios de iglesias, 10; atropellos y
expulsiones de párrocos, 9; robos y confiscaciones, 11; derribos de cruces, 5;
muertos, 61; heridos de diferente gravedad, 224; atracos consumados, 17;
asaltos e invasiones de fincas, 32; incautaciones y robos, 16; centros
asaltados e incendiados, 10; huelgas generales, 15; huelgas parciales, 129;
bombas, 74; petardos, 58; botellas de líquidos inflamables lanzadas contra
personas o cosas, 7; incendios, no comprendidos los de iglesias, 19. Esto en
veintisiete días. Ni el derecho a la vida, ni la libertad de asociación, ni la
libertad de sindicación, ni la libertad de trabajo, ni la inviolabilidad del
domicilio han tenido la menor garantía con esta ley excepcional que por el
contrario, se ha convertido en elemento de persecución contra todos aquellos
que no tienen las mismas ideas que los componentes del Frente Popular. Todos
los días, por parte de los grupos de la mayoría, por parte de los periódicos
inspirados por vosotros, hay la excitación, la amenaza, la conminación para
aplastar al adversario, a realizar con él una política de exterminio. A diario
la estáis practicando: muertos, heridos, atropellos, coacciones, multas,
violencias… Este período vuestro será el período máximo de vergüenza de un
régimen, de un sistema y de una nación”.
L’Osservatore
Romano escribió refiriendose a la “Genesi della Tragedia spagnola” está bien
certera observación: “La prima causa della rivoluzione.- La rivoluzione non
incomincia il 18 luglio con la sollevazione della Legione straniera nel
Marocco. Incomincia molto prima: il 16 febbraio, con 1′andata al governo del
Fronte popolare il quale, malgrado la maggioranza elettorale delle destre,
ottiene tutto il potere in virtú di una legge elettorale che é considerata
dalle altre correnti partigiana. Dal 16 febbraio al 18 giugno la Spagna é in
stato di rivoluzione; la rivoluzione permanente, che le sinistre non frenano.
Calvo Sotelo ha pagato con la vita le sue denuncie e le sue statistiche
rivoluzionarie. In cinque mesi si ebbero, secondo i dati piú ottimistici, 334
morti, 1517 feriti, 196 chiese distrutte, 185 attentati, 78 distruzioni di
edifici pubblici e privati, 10 incendi di redazioni di giornali, 192 scioperi
generali, 320 scioperi parziali. Le chiese, la proprietá, il lavoro, la stampa,
la vita, tutto é stato minacciato, offeso,calpestato. Il nuovo calvario della
Spagna é incominciato il 16 febbraio La Spagna -scrive il Journal des Débats-
raccoglie il frutto della politica distruggitrice che 1′ha immolata
all’anarchia rivoluzionaria. Quando si abbattono i principi basilari della
societá e la si abbandona ai demolitori, si inaugura il regno di tute le
violenze“(L’Osservatore Romano, Domenica 26 Luglio 1936, núm. 173, p. 1ss).
Dentro de este
período fueron asesinados 17 sacerdotes y religiosos en diversos lugares. En
vista de todos estos hechos ya desde la Revolución de Asturias tan
frecuentemente repetidos, hay que admitir, por evidente, la conclusión a que
llega Antonio Montero: no hace falta insistir en que al margen de la propia
guerra civil y con antelación a la misma, estaba minuciosamente previsto el
programa de persecución a la Iglesia.
En los meses de
julio y agosto de 1936 se alcanzó la cifra más elevada de asesinatos de toda la
persecución. Antes de seguir con otras consideraciones es oportuno condensar
los datos globales de la tragedia que hoy todos los historiadores de todas las
tendencias e ideologías admiten sin discusión. Me refiero a los que ofreció
Montero en 1960 y que aunque ciertamente no son totalmente exactos, sin
embargo, revelan la magnitud de los asesinatos: de los 6.832 muertos, 4.184
pertenecen al clero secular, incluidos 12 obispos y 1 administrador apostólico;
y los seminaristas; 2.365 son religiosos y 283 religiosas. No es posible
ofrecer ni siquiera cifras aproximadas del número de seglares católicos
asesinados por motivos religiosos, porque no existen estadísticas fiables, pero
fueron probablemente varios millares (Cfr. A. MONTERO, Historia de la
persecución religiosa en España, pp. 762 SS).
Pero si, como
advierte Cárcel Ortí, los datos de Montero no son enteramente exactos, pues
según documentos posteriores hay que modificarlos, tal modificación de las cifras
es insignificante en el conjunto, y siempre dan un aumento de número de
víctimas. Por lo cual Cárcel afirma que en verdad quitando Madrid y Cuenca, las
variantes de otras diócesis con los datos de Montero son insignificantes.
Respecto a Madrid, Montero anota 334 víctimas, mientras que Alfaya Camacho dice
que fueron 435; y de la diócesis de Cuenca Montero anota 109 mientras Cirac en
su Martirologio Conquense ofrece 120. Insignificantes las variantes de Toledo y
Lérida…. En resumen, las víctimas eclesiásticas martirizadas en la Persecución
Religiosa de la Segunda República, 1931-1939, se aproximan a 7.000 33.
Entre todas las
Congregaciones Religiosas obtuvo la palma por el mayor número de sus Mártires,
la más joven Congregación Religiosa, la Congregación de Misioneros Hijos del
Inmaculado Corazón de María (Misioneros Claretianos) que en julio de 1936
acababa de cumplir los 87 años de su Fundación. El total de mártires
claretianos asesinados, según Montero, son 259, y según las estadísticas de la
Congregación, ascendieron a 270.
Iribarren, que
hizo un minucioso estudio sobre la cronología de la persecución, afirma que
desde el 1 de enero de 1936 hasta el 18 de julio del mismo año habían sido
asesinados 17 sacerdotes y religiosos en diversos lugares y circunstancias.
Pero durante los últimos días del mes de julio el número de víctimas del clero
ascendió a 861 y sólo el día de Santiago, patrón de España, 25 de julio, fueron
martirizados 93 miembros del clero secular. En agosto se alcanzó la cifra más
elevada, con un total de 2.077 asesinatos que corresponden a una media de 70 al
día, entre los cuales hay que incluir a diez obispos. El 14 de septiembre
cuando Pio XI dirigió unas palabras de aliento a varios peregrinos españoles,
no se habían cumplido todavía dos meses desde el comienzo de la revolución y
las víctimas de la persecución religiosa se aproximaban a las 3.400.
Durante el otoño
prosiguieron las matanzas, aunque en número inferior y desde comienzos de 1937
decrecieron sensiblemente de forma que el 1 de julio de 1937 cuando los obispos
publicaron la célebre Pastoral Colectiva sobre la guerra, el clero sacrificado
alcanzaba ya la cifra de 6.500. Por ello termina Iribarren su minucioso
análisis con dos importantes conclusiones: Primera, 6.500 mártires no en tres
años sino en menos de uno; y segunda, la influencia que el eco mundial de la
pastoral debió de tener en que después de ella y hasta el final de la guerra
civil, veintiún meses más tarde, ya no fueron sacrificadas sino 332 víctimas
más, la mayor parte de ellas el mismo año 1937 (Cfr. V. CÁRCEL ORTÍ, Mártires
Españoles del siglo XX, pp. 74,75).
El testimonio más
elocuente de cuanto había ocurrido en la zona republicana hasta finales de
1936, en apenas seis meses de persecución lo debemos a Manuel de Irujo,
ministro del Gobierno republicano, que en una reunión del gabinete celebrada en
Valencia el 9 de enero de 1937 presentó el siguiente Memorándum sobre la
persecución religiosa:
“La situación de hecho de la Iglesia a partir de julio pasado, en todo el territorio
leal, excepto el vasco, es la siguiente:
a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas
excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio.
b) Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente
suspendido.
c) Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se
incendiaron.
d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias,
candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aún han aprovechado
para la guerra o para fines industriales sus materiales.
e) En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados,
garajes, cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos…
f) Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en
los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron
incendiados, saqueados, ocupados y derruidos.
g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados
sin formación de causa por miles; hechos, que si bien amenguados, continúan
aún, no tan solo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de
modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid y Barcelona y las restantes
grandes ciudades suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa
conocida que su carácter de sacerdote o religioso.
h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y
objetos de culto. La policía que practica registros domiciliarios, buceando en
el interior de las habitaciones de vida íntima personal o familiar, destruye
con escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el
culto se relaciona o lo recuerde.” (V. CÁRCEL ORTÍ, o.c. pp. 77, 76.)
El Cardenal ARTURO
TABERA ARAOZ, C. M. F., Profesor de Derecho, pasó en Madrid toda la dominación
roja, librándose providencialmente de la persecución. Siendo ya Obispo de
Albacete declaró en el Proceso de los Mártires de Fernancaballero (Ciudad Real)
lo siguiente:
“Creo en conciencia que debo añadir que la persecución de aquellos tres años
[1936-1939], según pude apreciar personalmente por mi permanencia en Madrid
escondido y perseguido, fue netamente antirreligiosa; solo aduciría estos dos
argumentos:
1°.- La saña con que se persiguió a los sacerdotes, religiosos y religiosas por
el mero hecho de serlo, sin ninguna relación a sus actuaciones políticas o a
sus actitudes antisociales. En concreto podría afirmarlo de los grandes núcleos
de jóvenes religiosos, inocentes a todas luces bajo este aspecto, que fueron
asesinados, sin formación de causa en diferentes regiones de España (puedo
referirme por tratarse de Colegios de la Congregación a que pertenezco, a los
Teologados de Barbastro y Cervera, cuyos componentes fueron asesinados en masa,
y a éste de Ciudad Real [mártires de Fernancaballero], y a multitud de
sacerdotes de cuyo martirio he tenido conocimiento en Barbastro y en Albacete
por mis ministerios pastorales.
2°.- Por la destrucción y profanación sistemática de todas las iglesias de
Madrid, donde residí por tres años; figura entre mis apuntes personales una
estadística que pude hacer aquellos años del destino profano y a veces
inverecundo a que fueron entregadas las iglesias.
Puedo afirmar que el culto público en Madrid, y seguramente en toda España
roja, cesó absolutamente y que los sacerdotes habían de ejercitar sus
ministerios en la más absoluta clandestinidad y conscientes del riesgo seguro
que por ello corrían sus vidas.
Recuerdo que en una ocasión, y ya al final de la guerra civil, se recibió en la
Delegación de Euzcadi donde yo estaba clandestinamente como Secretario del
Delegado General del Partido Vasco, miembro del Frente Popular, una carta desde
Londres, del Exministro (sic) Sr. Irujo en la que preguntaba si era cierto que
en Madrid se había abierto al culto público la iglesia de San Ginés. Carta a la
que yo hube de contestar en calidad de Secretario camuflado en términos cuya
sustancia es ésta: que en Madrid en ninguna iglesia y en ninguna época de la
revolución se había podido celebrar ni el más insignificante acto religioso,
cosa que hubiese significado con certeza moral la persecución y la muerte; y
que la noticia, que tenía todos los visos de tendenciosa, en vista de una
propaganda de libertad en el extranjero, obedecía, con toda probabilidad, a una
confusión, a saber: que en un afán propagandístico se había obtenido que un
sacerdote, coadjutor de la parroquia de San Ginés (de ahí la confusión de la
carta sobre el culto en la iglesia de San Ginés) había recibido consigna de los
Partidos del Frente Popular de celebrar algunos actos en una casa particular,
con autorización de asistir a ellos, a lo que según mis referencias de aquellos
días, nadie se prestó. Otros muchos detalles podrían presentarse que harían
prolija esta declaración (CLUNIEN. Canonizationis Servorum Dei Thomae Cordero et
XIV Sociorum e Congregatione Missionariorum Filiorum Inmaculati Cordis B.M.V.
in odium Fidei, uti fertur, interfectorum, Summarium, pp. 474, 475).
Los horrores de
esta persecución no solamente no fueron execrados por los dirigentes de los
partidos políticos que los provocaron, sino que los alabaron y se vanagloriaron
de ellos. Así Andrés Nin, jefe del POUM (Partido Obrero de Unificación
Marxista) escribía en La Vanguardia del 2 de agosto de 1936: “La clase obrera
ha resuelto el problema de la Iglesia sencillamente, no dejando en pie ni una
siquiera” (La Vanguardia de Barcelona, 2 agosto 1936) Este programa de
aniquilamiento se iba perfilando día tras día, a juzgar por una frase del mismo
Nin pronunciada en un teatro de Barcelona el 8 de agosto de 1936: “Había muchos
problemas en España y los republicanos burgueses no se habían preocupado de
resolverlos: el problema de la Iglesia…; nosotros lo hemos resuelto yendo a la
raíz. Hemos suprimido sus sacerdotes, las iglesias y el culto”.
Juan Peyró,
prohombre de la C.N.T., escribía en 1936: “El anatema general contra los
mosqueteros con sotana y los requetés engendrados a la sombra de los
confesonarios fue tomado tan al pie de la letra que se ha perseguido y exterminado
a todos los sacerdotes y religiosos únicamente porque lo eran. La destrucción
de la Iglesia es un acto de justicia. Matar a Dios si existiese, al calor de la
revolución, cuando el pueblo, inflamado por el odio justo, se desborda, es una
medida muy natural y humana”
De modo más furibundo y agresivo La Solidaridad Obrera de Barcelona en su
número de 15 de agosto de 1936, en el encabezamiento de un extenso editorial,
arremetía despiadadamente contra la Iglesia y su historia, contra sus jerarcas,
contra las personas consagradas a Dios, para terminar con estos párrafos
finales que decían textualmente: “La Iglesia ha de desaparecer para siempre.
Los templos no servirán más para favorecer las alcahueterías más inmundas. No
se quemarán más blandones en aras de un costal de prejuicios. Se han terminado
las pilas de agua bendita […] Pero hay que arrancar la Iglesia de cuajo. Para
ello es preciso que nos apoderemos de todos sus bienes que pertenecen al
pueblo. Las órdenes Religiosas han de ser disueltas. Los obispos y cardenales
han de ser fusilados. Y los bienes eclesiásticos han de ser expropiados”.
Igualmente Cárcel
Ortí escribe: “Algunos presidentes y miembros de dichos comités declararon que
habían recibido órdenes tajantes como éstas: tratándose de sacerdotes, ni
piedad, ni prisioneros: matarlos a todos sin remisión… Ya sabéis que tenemos
orden de matar a todos los que lleven sotana… Para los curas no hay solución
alguna… A todos en general hay que matarlos; no se puede evitar… Tenemos orden
de matar a todos los obispos, a todos los curas y a todos los frailes ….”( V.
CÁRCEL ORTÍ, o.c. pp. 77,-78)
Pero acaso nadie
tan pintorescamente satisfecho por los resultados obtenidos, como el periódico
satírico humorístico L’Esquella de la Torratxa que en julio de 1937,
manifestaba su satisfacción en esta breve y significativa frase: “¡Ya vivimos
tranquilos! Porque hemos matado a los curas, a los que parecían curas y a los
que nos parecía que parecían curas.”
Sin embargo, ya
unos meses antes el Papa Pio XI, en una Audiencia concedida a quinientos
españoles, el 14 de septiembre de 1936, había admirado y ensalzado el heroísmo
de nuestros mártires: “Todo esto es un esplendor de virtudes cristianas y
sacerdotales, de heroísmos y de martirios; verdaderos martirios en todo el sagrado
y glorioso significado de la palabra…” (AAS 29 (1937) 96.) Esta extensa
alocución pontificia es un texto fundamental para la historia de la persecución
religiosa española porque en ella, por vez primera se habla de martirio
refiriéndose a las víctimas de la misma. Y una vez terminada la contienda, Pio
XII, en el Mensaje radiofónico de 16 de abril de 1939, pronunció estas bien
elocuentes palabras: “Ahora, ante las ruinas acumuladas en la guerra civil más
sangrienta que recuerda la historia de los tiempos modernos, Nos, con piadoso
impulso inclinamos ante todo nuestra frente a la santa memoria de los Obispos,
Sacerdotes, Religiosos de ambos sexos y fieles de todas edades y condiciones
que en tan elevado número han sellado con su sangre su fe en Jesucristo y su
amor a la Religión católica” (AAS 31 (1939) 151-154)
Con todo lo dicho
quedan demostradas palmariamente estas características fundamentales de la
persecución religiosa en España durante la Segunda República 1931-1939. Las
resume así Cárcel Ortí:
“A las cosas hay que llamarlas por su nombre y no favorece a nadie y desde
luego no favorece a la verdad fingir que se ha olvidado lo que ha ocurrido… La
verdad y la justicia sobreviven al sectarismo y a la manipulación histórica
aunque se realicen con métodos científicos. La persecución religiosa fue
anterior al 18 de julio de 1936, no solo por la quema y destrucción de iglesias
sino también por el asesinato de sacerdotes en Asturias en octubre de 1934.
Entonces faltaban todavía dos años para el comienzo de la guerra y no existía
provocación alguna del Ejército…
Por eso es insostenible la tesis defendida hasta la saciedad por una
historiografía, tanto española como extranjera, que ha pretendido explicar el
fenómeno persecutorio contra la Iglesia como respuesta por parte republicana
contra la rebelión militar que desencadenó la contienda fratricida….
La persecución religiosa fue la mayor tragedia conocida por la Iglesia en
España y su tributo de sangre, a partir de 1936, el más ingente que registra la
historia. Casi siete mil eclesiásticos fueron víctimas de un volcán de
irracionalidad…. El detallado análisis de sus características fundamentales
confirmará… que los perseguidores actuaron casi siempre in odium fidei, in
odium Ecclesiae. De lo contrario hubiese bastado la eliminación física de las
víctimas como se hizo con muchos laicos y no el ensañamiento demostrado durante
las torturas, y vejámenes, e incluso los ultrajes y profanaciones cometidos con
los cuerpos exánimes y con los cadáveres ya destrozados” (V. CÁRCEL ORTÍ, o.c.,
p. 77, 82).
https://www.infocatolica.com/blog/historiaiglesia.php/0912100639-memoria-historica-y-iii-la-ex-1936
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