Defender el Estado: la militarización del sistema de orden
público en el segundo bienio republicano, 1933-1936*
Sergio Vaquero
Martínez1
Universitat de
València
El objetivo del siguiente
artículo consiste en analizar la militarización del sistema de orden público
durante el segundo bienio republicano. El corpus de fuentes consultadas incluye
la Gaceta de Madrid, el Diario de las Sesiones de Cortes, memorias, revistas
policiales, prensa histórica y documentación archivística. Se defiende que su
evolución dependió básicamente de cinco factores: los discursos gubernamentales
sobre el orden público y la cultura profesional de guardias civiles y policías;
el aparato legal y organizativo de seguridad; la presión sobre el Gobierno de
partidos políticos, organizaciones patronales, grandes terratenientes, periódicos
nacionales, cuerpos policiales y el Ejército, destacando la conducta de los border parties y la del presidente
de la República; las diferentes políticas de orden público; y el control policial
de la protesta y los principales episodios de violencia política. Se concluye
que la militarización no fue un fenómeno constante ni irreversible, sino que
hubo dos procesos distintos: uno de militarización entre septiembre de 1933 y
diciembre de 1935, que se aceleró en octubre de 1934 y se desaceleró en abril
de 1935, y otro de desmilitarización hasta febrero de 1936. Esta alternancia
fue originada por la dialéctica entre dos modelos específicos de orden público:
uno contrarrevolucionario y otro liberal.
Introducción
El bienio radical cedista ha
sido conocido hasta hace relativamente poco como el «bienio negro», una etapa caracterizada por un viraje militarista en
la administración del orden público que trajo consigo una escalada de la
represión del obrerismo de clase2. Los especialistas en esta temática han
identificado múltiples componentes de este fenómeno: la constante declaración
de estados de excepción, el intervencionismo del Ejército y la expansión de la
jurisdicción castrense3; la no renovación del funcionariado y la connivencia
entre terratenientes y guardias civiles en el medio rural4; las políticas
contrarreformistas de orden público, la militarización de los cuerpos policiales
y la pretensión gubernativa de asegurarse su respaldo político5; la identificación
del orden público con la defensa del principio de autoridad, la cultura
castrense de las fuerzas de seguridad y el influjo de los feroces repertorios
coloniales6; la movilización huelguística y la radicalización revolucionaria de
lo socialistas7; unos discursos gubernamentales sobre el orden público que legitimaban
diversos grados de militarización8; y el contencioso entre los Ministerios de
Gobernación y Guerra por controlar el aparato securitario9.
El número de variables es
tan elevado que resulta difícil comprender el qué, el cómo y el porqué de este
proceso al no quedar claro cuáles fueron las más relevantes ni mediante qué
mecanismos se interrelacionaron. Ciñéndonos a un plano esencialmente nacional,
nuestro propósito consiste en sistematizar qué factores tuvieron mayor
incidencia causal, subrayando su carácter contingente y la preponderancia de la
agencia sobre las estructuras10. Se defenderá que dicho fenómeno puede
explicarse aplicando un modelo teórico, inspirado en el diseñado por Donatella
della Porta y Herbert Reiter, que considere cinco elementos11: los discursos
gubernativos sobre el orden público y la cultura profesional de guardias
civiles y policías; el aparato normativo y organizativo de seguridad; la
presión sobre el Gobierno de partidos políticos, asociaciones patronales,
grandes terratenientes, periódicos nacionales, cuerpos policiales y el
Ejército; las diferentes políticas de orden público; y el control policial de la
protesta colectiva y los principales episodios de violencia política. Siguiendo
a Giovanni Capoccia, influido a su vez por Juan Linz, se resaltará la conducta
de los border parties o partidos semileales, que ocupaban un
espacio adyacente a los partidos extremistas, respecto a las tentativas del
Ejecutivo de formar coaliciones alternativas para consolidar el régimen, y el
papel del presidente de la República12. Entenderemos por sistema de orden
público:
... el
conjunto de los medios materiales y organizativos, conocimientos, procesos de decisión
y formas pautadas de actuación que configuran la aplicación de la coerción
estatal ante las protestas colectivas, con la función de garantizar que las
decisiones de los poderes del Estado resulten vinculantes. Es decir,
vinculantes de hecho, y no sólo de derecho13
Su militarización será
definida como la asimilación e implementación de las tareas, las pautas
organizativas y los patrones de conducta del Ejército, así como todo lo relacionado
con la preparación para la guerra, por parte de las fuerzas de orden público.
Este proceso tuvo lugar mediante dos vías: la aplicación de políticas contrarreformistas
y la socialización en valores, ideas y creencias castrenses. Según Diego López
Garrido, la persistencia del militarismo en la España liberal se debió,
precisamente, al fuerte centralismo del Estado y al mantenimiento de una
administración de seguridad militarizada. Este modelo se fundamentaba en la
ocupación militar del territorio, el desarrollo de las fuerzas represivas sobre
las preventivas y un continuum entre
Ejército y policía en tres niveles: los militares mantenían un rol central en
la gestión del orden, especialmente durante los estados de excepción; la
Guardia Civil era un cuerpo militar, hegemónico en el aparato de seguridad, que
guardaba un estrecho vínculo con el Ejército; y los oficiales del Cuerpo de
Seguridad procedían enteramente de sus filas. En consecuencia, el sistema de
seguridad heredado por la República estaba mediatizado por una cultura militar
basada en una doctrina de defensa nacional, que tendía a magnificar al enemigo
interno y desviar al Ejército de su función de defensa exterior14.
https://www.elmundo.es/espana/2020/06/21/5eee2fe321efa0f9468b4621.html
Robustecería Autoridad: La Contrarreforma de la
Administración de Seguridad
Los malos resultados de la
coalición gobernante en las elecciones de vocales del tribunal de Garantías
Constitucionales decidieron a Niceto Alcalá Zamora a sustituir a Manuel Azaña
por Alejandro Lerroux, primero, y por Diego Martínez Barrio, después, debido a
que el Gobierno que aquel organizó el 12 de septiembre de 1933 no fue refrendado
por un Parlamento que le era «hostil». El 9 de octubre, el político sevillano
encabezó otro gabinete, cediéndole la cartera de Gobernación a Manuel Rico Avello15.
Este ministro desmanteló los pilares de la reforma policial emprendida durante
el bienio anterior. Para comenzar, facilitó el retorno de los pocos guardias y
policías que habían sido depurados, aprobando una «amnistía policial» que
declaró sobreseídos los expedientes en tramitación no motivados por faltas
graves, y canceló los correctivos de multas, suspensiones de empleo sueldo y
descensos en el escalafón16. Posteriormente, la Sección Especial que se había
constituido para reducir la autonomía de la Dirección General de la Guardia
Civil, reconvertida en «Inspección General», pasó a depender de este organismo
y su personal civil fue sustituido por miembros del instituto17. El Gobierno
satisfizo así al personal de la Benemérita, que veía aquella reforma como una desnortada
intromisión del poder civil en asuntos privativos del estamento militar18.
La llegada de los radicales
al poder conllevó un cambio de repertorio de control policial de la protesta. A
finales de septiembre, Lerroux confió la jefatura de la Guardia de Asalto a
Agustín Muñoz Grandes. El teniente coronel minimizó sus atributos civilistas e
impuso un protocolo más castrense, semejante al de la Benemérita, basado en un
empleo más habitual de la fuerza y las descargas de fusilería. El proceso se
completaría en marzo, cuando las órdenes restrictivas referentes al uso de las
armas fueron suplidas por la de llevarlas cargadas y desenfundadas hasta en las
camionetas19. Esto coartó drásticamente el derecho de manifestación y huelga de
las asociaciones de clase, si bien las cargas a porrazos no desaparecieron,
puesto que se utilizaron durante la huelga general de la construcción de
octubre pese a que las reyertas entre cenetistas y ugetistas se cobraron varias
vidas20. Por norma, su empleo se reservó para protestas cuya represión
conllevaba un mayor coste político, principalmente las huelgas universitarias.
Esta línea contrarreformista
se intensificó a causa del resultado de las elecciones generales del 19 de
noviembre. Los partidos de izquierdas obtuvieron 2.804.695 votos (33 %), los de
centro 1.647.271 (19,5 %) y las derechas 4.028.749 (47,5 %). La gran vencedora
fue la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que obtuvo 115
escaños, seguida por el Partido Republicano Radical, que logró 101, y a mayor
distancia por los Partidos Socialista (59) y Agrario (30)21. El bloque
mayoritario quedó compuesto por radicales, cedistas, agrarios, liberal-demócratas,
progresistas y algunos diputados independientes.
Sin embargo, el inconstante
respaldo que Gil Robles brindó a sus socios de Gobierno por su competencia con
la extrema derecha monárquica provocó una inestabilidad crónica. No por
casualidad, casi todas las crisis ministeriales estuvieron originadas, junto a
otros factores, por desavenencias referentes al mantenimiento del orden.
La Confederación Nacional
del trabajo intentó evitar la alternancia en el poder lanzándose a la
revolución por tercera vez. El movimiento prendió el 8 de diciembre en Aragón, La Rioja, Extremadura, Andalucía, Cataluña,
León y el País Valenciano. Los anarquistas colocaron explosivos, sabotearon las
líneas de ferrocarril —en Puzol, mataron a trece personas—, asaltaron multitud
de casas-cuarteles e incendiaron archivos municipales, mientras que el Gobierno
declaró al estado de alarma y recurrió al Ejército. 75 anarquistas, 11 guardias
civiles y tres guardias de Asalto murieron y hubo, además, cientos de heridos y
detenidos, algunos de los cuales fueron torturados. Los sucesos más luctuosos
acontecieron en Villanueva de la Serena: el sargento Pío Sopena y varios
rebeldes fueron asediados en la Caja de Reclutamiento por fuerzas policiales y
militares, que los bombardearon con ametralladoras, morteros y un cañón. Todo
terminó con un violento asalto de los guardias de dicho nombre —se rumoreó que
cuatro jóvenes fueron fusilados—, quedando en total dos guardias civiles y ocho
rebeldes muertos22.
Las garantías
constitucionales apenas estuvieron vigentes plenamente durante el segundo
bienio. La Ley de Orden Público permitía declarar tres estados de excepción:
prevención, que posibilitaba adoptar medidas no aplicables en régimen normal
pero sin vulnerar formalmente los derechos constitucionales —a efectos
prácticos, sin embargo, su vigencia se veía seriamente comprometida—; alarma,
que permitía suspender los derechos de habeas corpus, movilidad, expresión,
reunión, asociación y sindicación; y guerra, durante el cual las autoridades
militares asumían el mando y los civiles eran juzgados por consejos de guerra y
no por tribunales de urgencia como en los dos anteriores23. Dichos estados
fueron declarados, prorrogados o sustituidos 48 veces: 15 en todo el territorio
nacional y 33 en una o varias regiones o
provincias, 19 de las cuales afectaron a todas ellas de manera diferenciada. 16
veces lo fue el de prevención, 22 el de alarma y 10 el de guerra. El estado de
prevención estuvo vigente total o parcialmente del 12 de septiembre al 17 de octubre y del 2 al 8 de diciembre de 1933,
del 6 de enero al 6 de marzo y del 24 de junio al 22 de septiembre de 1934, y
del 1 de marzo de 1935 al 6 de enero de 1936 (506 días de un total de 890); el
de alarma del 9 de diciembre de 1933 al 5 de enero de 1934, del 7 de marzo al
23 de junio y del 23 de septiembre al 5 de octubre de 1934, del 23 de enero de
1935 al 6 de enero de 1936 y del 17 al 18 de febrero del último año (501 días);
y el de guerra estuvo vigente del 6 de octubre de 1934 al 12 de abril de 1935 y
del 28 de junio al 26 de septiembre de 1935 (280 días). Por tanto, solo hubo
normalidad constitucional entre el 18 de octubre y el 1 de diciembre de 1933 y
entre el 7 de enero y el 16 de febrero de 1936 (86 días)24.
El 16 de diciembre,
ignorando las peticiones de algunos dirigentes republicanos de izquierda y
socialistas para que impidiera la constitución de las nuevas Cortes, Alcalá
Zamora le ofreció nuevamente a Lerroux formar Gobierno. El presidente mantuvo a
Rico Avello en Gobernación, aunque lo sustituiría el 23 de enero por Martínez
Barrio25. Pese a su profunda disconformidad, el Ejecutivo siguió adelante con
la transferencia de competencias de seguridad a la Generalitat de Cataluña,
acordada durante la etapa anterior. Martínez Barrio había ordenado el traspaso
de los servicios de los Cuerpos de Investigación y Vigilancia y de Seguridad y
Asalto, cuyos miembros podrían decidir entre servir al Estado o a la
Generalitat. No obstante, había subrayado el carácter castrense del segundo
cuerpo, indicando que «por ser una fuerza organizada militarmente y sujeta al
Código de Justicia militar» en lo referente a la disciplina y subordinación al mando,
continuaría dirigido por oficiales del Ejército y los institutos armados26. Expandiendo
la esfera militar de la administración, el Gobierno pretendía limitar el
alcance de la descentralización en su vertiente civil. Poco después, Lerroux
ordenó la transferencia de los servicios de la Guardia Civil, especificándose
que sus hombres seguirían sujetos a su Cartilla y reglamentos y que las
autoridades civiles no podrían mezclarse en sus «interioridades» materiales o
personales ni sancionar sus faltas. Aunque su descentralización fue más
limitada, la medida era revolucionaria, como indica Manuel Risques,
considerando el tradicional centralismo de la Benemérita27. El proceso culminó
con el traspaso de los Mossos d’Esquadra y los Somatenes que, contrariamente,
implicó cierta desmilitarización. Aunque aquellos mantuvieron idénticos
atributos castrenses que el Cuerpo de Seguridad, ambas fuerzas dejaron de depender
parcialmente del ministro de la Guerra y el Somatén del general de la IV
División28.
La creciente militarización
también se materializó en los premios que la fuerza pública recibió por su
papel en la sublevación ácrata. El 14 de diciembre fueron declarados «hechos de
guerra» dichos sucesos para el personal del Ejército, la Guardia Civil y el
Cuerpo de Seguridad que había resultado muerto o herido o se había distinguido
cumpliendo con su deber, lo que reportaba a los interesados y sus familiares
los beneficios del reglamento de recompensas en tiempo de guerra29. La
inclusión del último cuerpo, cuya naturaleza era civil no obstante sus
innegables rasgos militares, constituía una significativa novedad. La medida,
que se extendió a ciertos episodios acontecidos entre abril de 1931 y marzo de
1932, fue acogida favorablemente por los policías, que entendían que corregía
una secular desigualdad respecto a la Benemérita30.
Aprovechando el cambio de
Gobierno, los grandes propietarios denunciaron con enorme tremendismo la
«anarquía» reinante en el campo, propiciando así la aplicación de una política
más coercitiva contra los socialistas. Estos, por su parte, condenaron aquella
«persecución» y recurrieron a formas de protesta más tradicionales y virulentas
(invasiones de fincas, robos de aceitunas, roturaciones ilegales, destrucciones
de cosechadoras...)31. En paralelo, la radicalización de la izquierda obrera y
la irrupción de Falange originaron una espiral de atentados que se prolongaría
hasta octubre de 1934. Por mencionar únicamente los casos más sonados de la
capital, el 9 de febrero Matías Montero fue asesinado por el socialista
Francisco Tello, el 10 de junio unos falangistas mataron a Juanita Rico e
hirieron a tres compañeros suyos cuando volvían de un acto de las juventudes
socialistas, y el 29 de agosto el dirigente de la juventud comunista Joaquín de
Grado murió en una reyerta contra otros falangistas en Cuatro Caminos32.
La defensa del estado: fortalecimiento, centralización,
contrarrevolución.
La defección del ala izquierda
del Partido Radical, derivada de su desconfianza respecto al accidentalismo de
la CEDA, conllevó la dimisión de Martínez Barrio y su remplazo, a primeros de
marzo de 1934, por Rafael Salazar Alonso33. Su política de fortalecimiento del
Estado y mayor intransigencia frente a los socialistas le valieron el respaldo
de Gil Robles y una mejor imagen entre las organizaciones patronales,
especialmente desde la huelga de Artes Gráficas y el decidido apoyo que brindó
al marqués de Luca de Tena34. Esta estrategia, por contra, le reportó también
la oposición de Alcalá Zamora, que obstaculizaría sistemáticamente su puesta en
práctica.
La legitimación de esta política
descansó en un discurso del orden público de tipo contrarrevolucionario.
Salazar Alonso sostenía que el leitmotiv del Gobierno era «defender el Estado»
y «mantener el principio de autoridad», por lo que su misión era «dar una sensación
de energía en defensa del Estado, en defensa de la República, que es decir en
defensa de España». Entendía que transferir el orden público a la Generalitat
era un «gran peligro» y que la Guardia Civil no era un «instrumento de terror»,
pero sí «de respeto, aunque llegue al límite del miedo». El ministro pretendía
restituir su «interior satisfacción», carcomida por los «rozamientos» con los
alcaldes socialistas y la «inactividad» que les ordenaban ante los ataques de sus
seguidores, para que la Guardia Civil fuera «ante todo, Guardia civil».
Igualmente, creía necesario edificar una «organización contrarrevolucionaria»,
integrada por ciudadanos de estratos sociales acomodados, que respaldara
al Ejecutivo, porque no debía haber un
«Estado de clase», sino uno que mantuviera «el derecho de todos». Cualquier
huelga contraria al Gobierno y a las Cortes era, en su opinión, «ilegal» y
«revolucionaria» y, como sucedía con la
guerra, la Constitución debía incorporar el «principio de renuncia» a la
misma. No resulta extraño, pues, que se imaginara gobernando constantemente
«bajo el signo de la revolución»35
... ya no se
trata de luchas entre partidos, ni de posiciones políticas. Hay que
clasificarse en uno de los dos bandos que dividen a España. O revolución o
contrarrevolución. Los que quieren la conservación de la sociedad y del orden, los
que desean la paz y crean en la necesidad de mantener el Estado, deben estar a
su lado; los enemigos del Estado, al otro36
El ministro incrementó
todavía más la autonomía de la Guardia Civil. El día 7 de marzo se declaró el
estado de alarma en todo el territorio y, el 10, se eliminó la Secretaría
técnica instituida el año anterior para coordinar los servicios de la
Benemérita y la Policía, constituyendo en su lugar otro negociado en la
Inspección General37. Por su parte, las Cortes sancionaron una ley que ampliaba
la plantilla del instituto en 1.200 guardias de segunda y la Guardia de Asalto
en otros 1.00038. Asimismo, se restableció el traspaso de los tenientes del
Ejército a la Benemérita anulando la supresión temporal de su ingreso como
oficiales hasta que quedaran amortizados los alféreces del instituto, aunque se
restauró la clásica proporcionalidad que reservaba dos tercios a la Guardia
Civil y uno al Ejército, en lugar de la inversa que, curiosamente, había dispuesto
Azaña39.
Tras un bronco debate que se
cobró la dimisión del ministro de Justicia, Ramón Menéndez Valdés, el 24 de
abril resultó aprobada la Ley de Amnistía. Fueron perdonados ciertos delitos sociopolíticos
cometidos hasta el día 14, salvo los de rebelión y sedición no militares, cuya
fecha se fijó el 3 de diciembre de 1933, excluyendo así la pasada insurrección.
Como se pretendía, fueron excarcelados los condenados por la Sanjurjada y
reingresaron los guardias y militares que habían sido separados40. Por otro
lado, al día siguiente se extendió a todo el país el estado de alarma declarado
en Zaragoza y Valencia41. Por añadidura, además de facilitar el rearme de los
ciudadanos de orden, Salazar Alonso concedió licencias gratuitas al personal
retirado o en la reserva de la Guardia Civil, los Carabineros y los Cuerpos de
Seguridad y Vigilancia. Esto lo completó con otra orden que autorizaba a los
guardias de Seguridad a ir armados cuando no llevaran uniforme. De esta manera,
aumentando el número y la disponibilidad de sus efectivos, pretendía reforzar
la dimensión más represiva del aparato de seguridad42.
La amnistía motivó un tenso
enfrentamiento entre el Gobierno y el presidente de la República. Alcalá Zamora
se negó a firmarla y, cuando lo hizo, adicionó una nota exponiendo su oposición.
Sintiéndose desacreditado, Lerroux dimitió y aquel le ofreció su cargo a
Ricardo Samper, que obtuvo la autorización del caudillo radical a condición de
que mantuviera a Salazar Alonso43. Esto daría pie a numerosos conflictos porque
el talante de Samper era considerablemente más liberal que el de su predecesor.
El principal episodio de
protesta anterior a octubre fue la huelga general convocada el 5 de junio por
la Federación Española de trabajadores de la tierra. Días antes, Salazar Alonso
promulgó el estado de alarma, declaró la cosecha «servicio público nacional» y
anunció que se ilegalizarían las huelgas y los ockouts, se prohibirían las
manifestaciones y propagandas del paro, los diarios no sometidos a censura
previa serían multados y los gobernadores civiles disolverían las reuniones, deteniendo
a sus participantes44.Intentó también declarar el estado de guerra, pero Alcalá
Zamora no lo consintió45. La huelga fue proclamada en 1.563 pueblos: la mitad
de los de Ciudad Real, Córdoba y Málaga, y la cuarta parte de los de Badajoz, Huelva
y Jaén. El saldo final fue de 14 muertos, 200 heridos y 25.000 detenidos.
Aunque los huelguistas actuaron pacíficamente por lo general, hubo coacciones y
agresiones contra esquiroles, destrucción de segadoras, incendios de las
cosechas y enfrentamientos con los serenos. A su vez, las fuerzas policiales cerraron
numerosas casas del pueblo, detuvieron a sus directivos y dispararon contra los
campesinos. Los hechos más trágicos ocurrieron en Alconchel: un cabo fue
apuñalado durante una discusión contra decenas de huelguistas y sus compañeros
abrieron fuego, matando a tres personas e hiriendo a otras cuatro46.
A raíz de la huelga, Salazar
Alonso aceleró su política de recentralización municipal. Además de sustituir
193 ayuntamientos por comisiones gestoras dominadas por partidos derechistas,
reforzó su control de las policías locales y auxiliares47. El 11 de julio dispuso que en la DGS y los Gobiernos
civiles hubiera registros de los guardias municipales, serenos, vigilantes y
porteros, obligando a los primeros a renovar sus licencias de armas, que podrían
ser suspendidas por los gobernadores. Todos obtenían la consideración de
agentes de la autoridad, lo que recrudecía el castigo de los que se les
resistieran o atentaran contra ellos, pero también el suyo cuando fueran negligentes
o desobedecieran las órdenes48. Gracias a esta medida, el ministro pudo
acelerar la depuración y sustitución de las policías municipales nombradas por
los alcaldes socialistas recurriendo a la clientela de las élites locales. A
fin de cuentas, durante la República su contratación no había dejado de estar
determinada por el caciquismo y el favoritismo político, independientemente del
signo de los ayuntamientos49.
Antes de dimitir, Salazar
concedió aún más independencia a la Guardia Civil mediante una reorganización
que rectificaba la de Casares del 28 de julio de 1933. El aumento del número de
tercios de 19 a 23, la equiparación en categoría de todas las Comandancias y el
traslado de las Mayorías de las zonas no ya a los tercios, donde estaban antes,
sino a las Comandancias, mucho más numerosas, agravaba dos problemas que Azaña
había intentado mitigar: aumentaba el número de jefes y oficiales y favorecía
cierta descentralización orgánica que resultaba paradójica considerando que el
cuerpo era el principal símbolo del centralismo estatal50. De otra parte, para
contener la politización de la juventud y la radicalización de ciertas
organizaciones, se restringió la movilización de los jóvenes: los menores de 16
años no podrían ingresar en entidades políticas y los menores de 23
necesitarían autorización de sus padres o tutores51. Para concluir, el 23 de
septiembre el Ejecutivo declaró el estado de alarma en todo el país52
La guerra contra la revolución: militarización policial y «pacificación»
del territorio.
A primeros de octubre
sobrevino otra crisis de gabinete desencadenada por Gil Robles, que se resolvió
con la incorporación de tres miembros de su partido: Rafael Aizpún, Manuel
Giménez Fernández y José Anguera de Sojo. Alcalá Zamora se vio obligado a
aceptarlo y volvió a encargarle el Gobierno a Lerroux, aunque forzándole a
sustituir a Salazar Alonso por el radical Eloy Vaquero53. Interpretando el
ascenso de la CEDA como una provocación y una amenaza, los socialistas
cumplieron lo prometido y declararon la huelga revolucionaria. El momento para
el que llevaban preparándose meses, organizando milicias y adquiriendo armas
clandestinamente, había llegado.
La insurrección afectó
principalmente a Asturias, Cataluña, Palencia, León, Vizcaya y Madrid. En la
segunda región intervinieron tres actores: la Generalitat presidida por Lluís
Companys, Estat Català y sus escamots, y la Alianza Obrera y los rabassaires.
Proclamado el Estado Catalán dentro de la República Federal Española, el
general Batet, desoyendo las órdenes de Diego Hidalgo, consiguió que los
rebeldes se rindieran la madrugada del 7, un día antes del desembarco de las huestes
africanas; todavía así, los sucesos produjeron 103 muertes en Cataluña. En
Asturias, el conflicto exhibió los atributos formales de una guerra civil,
según Eduardo González Calleja. Las fuerzas obreras constituyeron un
embrionario «ejército rojo», organizaron grupos parapoliciales y recurrieron a
la guerrilla urbana. Columnas de milicianos tomaron las cuencas mineras y
marcharon a conquistar Oviedo, asaltando las casas-cuarteles de la Guardia
Civil y asesinando a varios paisanos, la mayoría religiosos. La contraofensiva
del Ejército, comandada por el general López Ochoa, desembocó en sangrientos
combates seguidos de maltratos, torturas y fusilamientos perpetrados
generalmente por los legionarios y regulares del teniente coronel Yagüe. El balance
oficial, contabilizado manifiestamente a la baja, fue de 1.084 muertos —855
civiles y 229 militares y policías— en Asturias y 1.335 —1.051 y 284,
respectivamente— en toda España. Cabe añadir que de los 2.629 asesinatos que
cuenta dicho autor para el periodo republicano, 1.705 acontecieron en este
bienio y, de estos, 1.054 (61,8 %) fueron responsabilidad de las fuerzas
estatales54
El Gobierno adoptó ante la
sublevación una estrategia inequívocamente bélica. En principio, transfirió el
poder a las autoridades castrenses declarando el estado de guerra y el ministro
del ramo le pidió al general Franco que asumiera el control de las operaciones55.
Seguidamente, autorizó la cooperación de los soldados disponibles y oficiales y
clases de complemento y retirados como «reserva de las fuerzas vivas»56. A
continuación, fueron militarizados los guardias y agentes municipales que
prestaran servicios durante aquel estado, siendo considerados «fuerza armada»57.
Como resultado, la justicia castrense experimentó una expansión sin parangón:
hasta la amnistía, buena parte de los miles de detenidos —más de 10.500 solo en
Asturias— serían procesados por tribunales militares58.
La reacción
contrarrevolucionaria se materializó en una coalición parlamentaria entre la
CEDA, Renovación Española, la Comunión tradicionalista y otros partidos de
derechas contra el «impunismo». Sus diputados reclamaban una política de
seguridad más militarista y la aplicación de la pena capital cuando lo
dictaminaran los consejos de guerra. José María Fernández Ladreda exigió «una
represión enérgica, justificada y precisa», arguyendo que la «política de
atracción, de cordialidad y de pacificación de los espíritus» no era más que una
«política de cobardía y de miedo». Después elogió la resistencia de los guardias
civiles, arrancando un aplauso en su honor, y advirtió que la «Asturias mártir»
no consentiría la «bandera del impunismo», atribuyendo el mérito de la «pacificación
de Asturias» a Franco y Yagüe. Santiago
Fuentes Pila argumentó que no podía
enviarse «a combatir a un ejército en plan de guerra» sin el amparo del Código
Militar, y elogió a las guardias cívicas formadas por las organizaciones
derechistas59. Asimismo, Fernando Suárez de Tangil denunció que los diputados
izquierdistas debían elegir, «o a la revolución y a la calle, o al Parlamento y
a la lucha de ideas». Nadando a contracorriente, Samper defendió su «política
de pacificación de los espíritus» ante la Generalitat durante el contencioso
sobre la Ley de Contratos de Cultivo, y las medidas que había tomado para
abortar la revolución en otras regiones. Arguyó que las carencias del Estado no
estaban en el aparato coercitivo, sino en la policía de investigación60:
... el Estado es invencible cuando pone en uso todos los resortes
de su poder, pero el Estado español es débil respecto a las medidas de
previsión; el Estado español no tiene montada la organización policiaca de tal manera
que pueda conocer, por medio de los órganos adecuados y de las confidencias,
las noticias que debe saber para adoptar certeramente las medidas oportunas de previsión61.
Por desgracia, su certero
diagnóstico cayó en saco roto. Antonio Goicoechea le reprendió por no haber
recuperado en junio el control del orden público en Cataluña62. Joaquín
Manglano defendió que no bastaba con reforzar las policías porque a veces era
necesario recurrir al Ejército, aunque Luis Rodríguez de Viguri matizó que su
misión era esperar «firme y robusto» en sus cuarteles para que la Guardia Civil
se sintiera respaldada63. José María Lamamié de Clairac exigió una depuración
que eliminara las infiltraciones de la masonería y propuso que Franco
sustituyera a Hidalgo para que hubiera «un Ministro de verdad, que sería bien
recibido por el Ejército y por España entera»64. Álvarez Valdés denunció que el
miedo de ciertos gobernantes a parecer poco liberales les había impedido
aplicar políticas más rigurosas y propuso construir para la Benemérita
«cuarteles a manera de fortines». Como colofón, Gil Robles explicó que la confianza
de la CEDA estaba condicionada a la adopción de una «política firme», y
presentó una segunda proposición para que las Cortes declarasen su
«incompatibilidad moral» con los diputados implicados en la rebelión y
exigieran el cierre de las entidades obreras involucradas. La propuesta salió
adelante por 161 sufragios contra 13, con el respaldo de la minoría radical y
los votos en contra de la Lliga y Unión Republicana65.
La revolución fue construida
en la memoria corporativa de guardias y policías como una auténtica guerra.
Batallas como la resistencia numantina del cuartel de Sama de Langreo o la
defensa de Oviedo se reinventaron como episodios míticos, en los cuales los
«soldados del orden» habían actuado como «vanguardia del Ejército» y cientos de
héroes se habían inmolado, ganándose el «nimbo deslumbrante del martirologio»66.
Hasta la revista Policía Española, conocida por su retórica civilista, demandó
para los guardias de Seguridad «recompensas militares», argumentando que habían
actuado «revestidos del carácter militar» y bajo mando castrense67. Los cuadros
de la milicia aprovecharon la coyuntura para extender su influencia sobre las
fuerzas policiales. Por ejemplo, el comandante militar de Vizcaya, que presumía
de haber vertido los «carmines de su roja sangre» igual que en África, arengó a sus hombres
describiendo al Cuerpo de Seguridad como «continuación del Ejército» y a los
guardias civiles como «viejos soldados» que conformaban el «florón que adorna
al Ejército»68.
Las presiones militaristas y
las referencias a las guerras coloniales aparecieron también en la prensa conservadora.
El Debate defendió que el único remedio era que los dirigentes revolucionarios
fueran «castigados con ejemplaridad y justicia». El rotativo presionó a Lerroux
para que no intentara «armonizar lo imposible por debilidad» como Kerenski,
exigiéndole que prohibiera los diarios y cerrara los centros obreros69. Por
otra parte, José María Salaverría, en un artículo en ABC, aseveró que la
Guardia Civil, comparándola con los tercios de Flandes, era «la tropa hecha
para los menesteres civiles, pero que actúa en lo civil con el estímulo más
profundo de la milicia: el honor». La novedad de aquel entonces era que el
«guardia de la paz pública» ya no era el agente que patrullaba las manzanas,
sino un «soldado en guerra. De esta guerra civil que se ventila por calles y
carreteras», que equiparaba con el «paqueo del Rif» y las guerras con los
«ñádigos de Cuba» o los «asesinos juramentados del Katipunán filipino»70.
Asturias fue, evidentemente,
el territorio donde la militarización de los sistemas judicial y policial fue
más intensiva. Allí se constituyeron una Auditoría y una Fiscalía militares
encargadas de aplicar el fuero castrense71. Para centralizar el mando de la
Guardia Civil y la Policía se creó el cargo de delegado del ministro de la
Guerra para el orden público, siendo nombrado Lisardo Doval72. El comandante
del instituto orquestó una represión metódica, terrorífica e indiscriminada de
las organizaciones obreras a base de delaciones, palizas, torturas y
asesinatos, que se sumarían al del periodista Luis de Sirval a manos del
teniente de la Legión Dimitri Ivanov73. Poco después, se designó a un gobernador
civil general para Asturias y determinados partidos judiciales de León,
Palencia y Santander, aunque durante el estado de guerra estaría subordinado a
la autoridad militar y ejercería las funciones que esta no asumiera74
Asturias fue, evidentemente,
el territorio donde la militarización de los sistemas judicial y policial fue
más intensiva. Allí se constituyeron una Auditoría y una Fiscalía militares
encargadas de aplicar el fuero castrense71. Para centralizar el mando de la
Guardia Civil y la Policía se creó el cargo de delegado del ministro de la
Guerra para el orden público, siendo nombrado
Lisardo Doval72. El comandante del instituto orquestó una represión metódica,
terrorífica e indiscriminada de las organizaciones obreras a base de delaciones,
palizas, torturas y asesinatos, que se sumarían al del periodista Luis de
Sirval a manos del teniente de la Legión Dimitri Ivanov73. Poco después, se
designó a un gobernador civil general para Asturias y determinados partidos
judiciales de León, Palencia y Santander, aunque durante el estado de guerra
estaría subordinado a la autoridad militar y ejercería las funciones que esta
no asumiera74
La represión
posrevolucionaria devino un problema omnipresente en las crisis gubernativas
subsiguientes. El 1 de noviembre el presidente de la República consiguió que el
Gobierno indultara la pena de muerte de los responsables del aparato policiaco
catalán: Joan Ricart, Enric Pérez Farràs y Federic Escofet, no solo la de este
último, tras solicitar un informe al tribunal Supremo. Considerándolo una
coacción, Gil Robles propuso a Fanjul y Goded que presionaran a Alcalá Zamora
para que diera marcha atrás, pero, tras sondearlo, respondieron que no podían
contar con el Ejército. Aunque el informe no resultó favorable, el 5 de
noviembre el gabinete refrendó los indultos y los ministros cedistas no
dimitieron. Respecto a los consejeros de la Generalitat, incluido Companys, la
mayoría del Gobierno opinaba que debía juzgarlos un consejo de guerra, si bien
Don Niceto maniobró nuevamente para que se ocupara el tribunal de Garantías
Constitucionales, a diferencia de Azaña, que sería procesado por el Supremo75.
Aprovechando el clima
contrarrevolucionario, las Cortes sancionaron una ley que incrementaba la
Guardia de Asalto en 4.000 hombres, los Escuadrones de Seguridad en 206
efectivos y la Benemérita en 3.804 guardias, además de 549 jefes, oficiales,
suboficiales y clases de tropa76. A ello se sumaba la incorporación de los
alumnos de la Escuela de Policía Española, cuyos cursos finalizaron antes para
que pudieran ingresar en el Cuerpo de Investigación77. La Cámara también
restableció la pena de muerte para los delitos de terrorismo con explosivos o
robo con violencia o intimidación a mano armada que causaran homicidio o
lesiones graves78. Por otra parte, se autorizó a los empresarios a rescindir
los contratos de aquellos trabajadores que hubieran holgado por motivos no
laborales, y fue aprobada una ley que endurecía las medidas contra la posesión
ilegal de armas, depósitos y sustancias explosivas79. En último lugar, para
recompensar a la fuerza pública se declararon «hechos de guerra» los episodios
acaecidos desde el 4 de octubre hasta que se levantara el estado de guerra80.
La reacción estatal en
Cataluña trajo consigo la recentralización del aparato de seguridad. El
Ejecutivo incautó los servicios transferidos a la Generalitat y dispuso que los
policías en excedencia por haber pasado a su servicio y los agentes nombrados
por ella ingresaran en la Policía, lo que originó malestar entre los agentes de
Investigación, que exigieron que se depuraran sus responsabilidades en la
rebelión81. El giro centralizador culminó con la ley de 2 de enero, que
suspendió las facultades concedidas por el Estatuto al Parlamento catalán hasta
que las Cortes levantaran la suspensión de garantías y acordaran restablecer el
régimen de autonomía. Las funciones de la Generalitat serían asumidas por un
gobernador general, Manuel Portela Valladares y, mientras tanto, una comisión
estudiaría qué servicios deberían subsistir, rectificarse o revertir al Estado82.
Por su parte, el general Batet disolvió los Somatenes e institucionalizó la
Agrupación de Acción Ciudadana Armada, una guardia cívica integrada por
antiguos somatenistas y simpatizantes de los partidos derechistas que habían
cooperado con el Estado, para que auxiliara a la fuerza pública, ratificando la
desprofesionalización del ejercicio de la violencia propiciada por la respuesta
a la intentona revolucionaria83
El Gobierno emitió también
disposiciones para militarizar la administración de orden público a nivel
general. En concreto, propuso un proyecto de ley para organizar una división motorizada
dotada de ametralladoras, cañones y obuses, constituida por soldados voluntarios
que tendrían preferencia para ingresar en los institutos armados, el Cuerpo de
Seguridad y otras policías84. Sin embargo, el impacto en la opinión pública
nacional e internacional de las brutalidades cometidas por el Estado en
Asturias le obligó a moderar la represión. De una parte, suprimió el cargo de
delegado del ministro de la Guerra, cesando a Doval y transfiriendo sus
funciones al gobernador general, aunque aclarando que las fuerzas de la
comandancia militar exenta constituirían el «núcleo» del dispositivo de seguridad85.
De otra, a finales de enero levantó el estado de guerra, sustituyéndolo por el
de alarma, excepto en Asturias, Cataluña, Madrid, Aragón, Navarra, Guipúzcoa,
Vizcaya, Palencia, Santander, León, Marruecos, Ceuta y Melilla86.
Un punto capital de la
agenda de Vaquero fueron unos proyectos de ley cuya finalidad era militarizar
la Policía. El dedicado al Cuerpo de Investigación, publicado el 9 de
diciembre, aunque proponía crear una «Escuela Superior de Investigación» donde
se formaran la mitad de los agentes que aspiraran a incorporarse a la escala
superior y alargar los cursos de la Escuela de Policía hasta dos años,
prescribía la constitución de un «Cuerpo de Vigilancia» que incluiría una
Sección de «agentes de Vigilancia uniformados», formada por los agentes
auxiliares de tercera —muchos de los cuales eran sargentos o suboficiales del
Ejército— y donde los efectivos de los institutos armados y el Cuerpo de Seguridad
tendrían facilidades de ingreso87. Al mes siguiente, se publicó otro proyecto
referido al último cuerpo. Pese a que consignaba que los jefes y oficiales del
Ejército serían dados de baja en sus armas y se constituiría un Cuerpo de
Suboficiales para que las clases de Seguridad pudieran ascender, reservándoles
una de cada tres vacantes de oficiales, modificaba la organización territorial
imitando la de la Guardia Civil, disponía la construcción de pabellones junto a
los cuarteles para que los policías pudieran vivir con sus familiares y
reservaba a los veteranos plazas en la Escuela de Policía para que ingresaran
en el Cuerpo de Investigación y otras fuerzas menores, con el objetivo de
extender la militarización organizativa y técnica al resto de policías88. Este
texto, en cuya redacción participó Muñoz Grandes, tampoco resultó aprobado,
aunque sería reveladoramente recuperado en 1941 para organizar la Policía
Armada franquista —«los grises»—89.
Los proyectos anteriores
pusieron fin a la unidad que había emergido en la policía, fruto de la
expansión experimentada por el culto a los caídos. Respecto al Cuerpo de Investigación,
Policía Española criticó la división en dos escalas, propuso que en el cuerpo
uniformado solo pudieran ingresar los guardias de Seguridad mientras hubiera
voluntarios y rechazó la fundación de nuevos cuerpos, proponiendo que los agentes
auxiliares ingresaran en la última escala90. Su revista particular,
Investigación, condenó con mayor firmeza la creación del cuerpo uniformado, la
permanencia de los vigilantes en la escala técnica de la corporación y la
posibilidad de que pudieran acceder a la
escala superior91. En cuanto al proyecto del Cuerpo de Seguridad, su
principal portavoz, ¡Pre-sente...!, respaldó su militarización inspirada en el
modelo de la Guardia Civil, aunque criticó la reducción del salario real y la
edad de jubilación92. Investigación, en contraposición, no consideraba
necesario militarizarlo para que obtuviera más respeto, sostuvo que la rigidez
del Código Militar era incompatible con la flexibilidad que debía exhibir con
los ciudadanos y condenó su exclusión de la Policía Gubernativa93.
La publicación profesional
que adoptó una retórica más militarista fue la Revista Técnica de la Guardia
Civil. Sus lectores sintonizaron a la perfección con los planes de Vaquero, que
declaró que «el sentimiento republicano obliga a fortalecer al Estado,
dotándolo de todos los recursos de defensa» y «sembrando en los guardadores del
orden interior satisfacción», para que fuera más fuerte que el de la Monarquía.
La revista demandó para el instituto el mismo armamento que el Ejército,
especialmente en Asturias, que era representada como una zona de posguerra
todavía por pacificar. Lamentando lo poco que habían aprendido del «ilustre
compañero Doval», la publicación propuso un «estudio topográfico-militar» que
permitiera elaborar planes de contingencia y establecer cuarteles fortificados
en puntos estratégicos dotados de armas de parapeto, bombas de mano y fusiles.
Paralelamente, en Madrid Barcelona y Sevilla planteó organizar el «Grupo de
vanguardia», una fuerza motorizada equipada con fusiles, ametralladoras, morteros,
cañones, granadas, lanzallamas y lanzagases94.
Vaquero sí consiguió
militarizar, no obstante, otras policías de menor entidad. Primero, fue
aprobado el nuevo reglamento del Cuerpo de Guardería Forestal. El texto lo
reorganizaba en un «sentido ligeramente militar». La Guardia Civil controlaría
su armamento, adiestramiento y disciplina, y un jefe del instituto sería
destinado a la Dirección General de Montes, Pesca y Caza para que ejerciera
como enlace con la Inspección General. Asimismo, cuando se declarara el estado
de guerra, sus efectivos quedarían militarizados y serían considerados «fuerza
armada» en caso de agresión, permaneciendo bajo el amparo del Código de
Justicia Militar95. De esta manera, la Benemérita consolidaba su hegemonía policial
y obtenía presencia en otro ministerio civil: el de Agricultura. La siguiente
policía militarizada fue el Cuerpo de Vigilantes de Caminos. El nuevo
reglamento, publicado el 13 de marzo, le imprimiría un aire más marcial: el
jefe y los oficiales procederían del Ejército o los institutos asimilados; su
instrucción, disciplina y régimen interno se regirían por normas militares; y su
personal estaría sometido tanto al fuero militar como a la legislación general
del funcionariado96.La militarización continuó desarrollándose ese mes mediante
dos disposiciones. Por un lado, el día 1 se prorrogaron los estados
excepcionales declara-dos en los distintos territorios, salvo en Huesca,
Navarra, Santander y Teruel, donde el de alarma sustituyó al de guerra97. Por otro,
se permitió a las autoridades castrenses conceder cruces del Mérito Militar,
con distintivo blanco y sin pensión, a miembros de las guardias cívicas que habían
cooperado con el Estado en octubre98. Esto sancionó una tendencia novedosa del
proceso militar rizador a nivel simbólico:
la trascendencia de las fronteras del campo burocrático propiamente dicho y su
creciente influencia sobre la sociedad civil.
Asedio al poder civil: Rivalidades Interministeriales y
expansionismo militarista
A finales de marzo, el
indulto de los socialistas asturianos Ramón González Peña y Teodomiro Menéndez
provocó otra crisis de Gobierno. Los tres ministros cedistas que habían votado
en contra, junto al agrario José María Cid y el reformista Joaquín Dualde, presentaron
su dimisión y Lerroux, al verse desasistido, hizo lo mismo. Alcalá Zamora le encargó
entonces constituir un gabinete que gobernara transitoriamente con las Cortes
cerradas, formado por radicales, progresistas, independientes y dos militares:
nació así el «Gobierno de los treinta días», en el que Portela asumió la
cartera de Gobernación99. El político pontevedrés implementó una política de
seguridad más distendida. El 13 de abril sustituyó el estado de guerra, allí
donde seguía vigente, por el de alarma, mientras que, en el resto de España,
este último dio paso al de prevención, excepto en Huesca, Navarra, Palencia,
Santander y Teruel100. Cuatro días después suspendió las disposiciones que
habían alterado el régimen estatutario en Cataluña, sin perjuicio de lo que se
resolviera en aplicación de la ley de 2 de enero y excluyendo los servicios policiales,
que seguían dependiendo del Estado101. Porque, a diferencia del reformismo de
Azaña, el civilismo portelista no contemplaba la descentralización del sistema
de orden público.
Contrariamente al criterio
de Alcalá Zamora, el 6 de mayo Lerroux formó Gobierno con cedistas, agrarios y
liberal demócratas. Este gabinete no solo incorporó a cinco ministros de la
CEDA, sino que asignó a Gil Robles el Ministerio de la Guerra, aunque como
contrapartida Portela mantuvo su puesto. El político salmantino presionó para
militarizar los cuerpos policiales e influir en la designación de sus cuadros
con el propósito de hacer de Gobernación «una sucursal de su Ministerio». Para
lograrlo, promocionó a generales contrarios o escasamente leales al régimen
como Franco (jefe del Estado Mayor Central), Fanjul (subsecretario de Guerra) o
Goded (director general de Aeronáutica)102. Portela aguantó el envite
manteniendo la Guardia Civil en su órbita y colocando bajo su dependencia la
Oficina de Información y Enlace de la DGS. Una importante victoria fue la sustitución
del director general de Seguridad, José Valdivia, por el nuevo subdirector e
inspector general, Ramón Fernández Mato. También consiguió la dimisión de Muñoz
Grandes al frente del Cuerpo de Seguridad, si bien su sustituto, el teniente
coronel Rafael Fernández López, defendería una línea militarista semejante.
Pero nada pudo hacer ante al nombramiento como jefe superior de Policía de
Madrid de Santiago Martín Báguenas, conocido por las brutales prácticas que
había promovido en Barcelona durante los años veinte.103
Portela marcó distancias con
sus predecesores elaborando un discurso liberal de la seguridad. Creía que la
prerrogativa del Ejecutivo era «mantener el orden público y garantizar el
derecho», y que la única forma de consolidar el régimen era construyendo una
«República de orden» sobre el principio de autoridad y el respeto de los
derechos individuales. También era más renuente a utilizar al Ejército y
declarar el estado de guerra por el riesgo que conllevaba para la supremacía
del poder civil. Para Portela, el orden no consistía en «la violencia del fusil
despejando la calle o el sable amenazando las cabezas», porque la «represión
que excede de una línea lo que es necesario» deviene en «agente de desorden».
Sin embargo, consideraba que hasta que no se alcanzara «un estado de
conciliación, de templanza, de invitación a la no violencia», no debía concederse
«vía libre a los derechos y a las garantías constitucionales». En su opinión,
el mejor recurso para conseguirlo, sin «acudir a operaciones de cirugía», era
el estado de excepción, que no debía preocupar a los ciudadanos «honrados». Con
su utilización, Portela no pretendía apuntalar el Estado, sino la libertad, que
concebía como un valor inseparable del orden. La tranquilidad de España, a su
juicio, no podía estar «a merced de 300 señores que quieren malparar la
libertad», porque es «absurdo dejar que, por respeto a un principio, peligre el
régimen en que estamos, peligre la libertad misma»104.
El proyecto de Portela se asentaba,
igualmente, en la despolitización de la vía pública y una actitud más férrea
contra las milicias juveniles. En verano, prohibió la exhibición de banderas,
enseñas y estandartes políticos sin autorización, el empleo de uniformes y las concentraciones
o marchas que encubrieran manifestaciones o ejercicios paramilitares como si fuesen
actividades campestres o deportivas105. Por otra parte, el ministro concedió al
Cuerpo de Seguridad el derecho a utilizar la bandera nacional por su
intervención en la rebelión de octubre106. Aunque el origen castrense de este honor
y el énfasis del decreto en el carácter marcial de su disciplina evidenciaban
los límites del reformismo de Portela, esta medida tenía un propósito
desmilitarizador, pues buscaba fortalecer la lealtad de los policías hacia su Ministerio,
alejándolos de Gil Robles.
El ministro de Gobernación
fortaleció también la vertiente coercitiva del aparato policiaco autorizando
que los guardias de Seguridad sirvieran de paisano107. Después se agravaron las
condenas de los delitos de empleo de armas, explosivos o sustancias inflamables
por móviles sociopolíticos o terroristas, elevando las sanciones máximas y
prescribiendo la aplicación de la pena de muerte en más supuestos, excepto
cuando hubiera ciertas circunstancias atenuantes108. No obstante, también
fueron adoptadas otras medidas punitivas gracias a la presión ejercida por Gil
Robles. El 28 de junio, por ejemplo, consiguió que se declarara el estado de
guerra en Barcelona para contener un repunte coyuntural de la delincuencia y
los atentados, pese a que Portela no lo consideraba necesario, redactando
incluso el bando de promulgación109.
De manera simultánea tuvo lugar un nuevo incremento
de plantillas. El 13 de julio, Portela convocó oposiciones para cubrir las vacantes
de agentes de tercera clase de Investigación con la intención de reforzar la
rama más civil de la policía110. Sin embargo, las Cortes aprobaron una ley, ese
mismo día, que estableció que los aspirantes a ingresar en la Guardia Civil,
los Carabineros, el Cuerpo de Seguridad y demás fuerzas policiales deberían
haber servido tres años en el Ejército sin notas desfavorables, siendo
derogadas las preferencias que disfrutaban los hijos y huérfanos de aquellas
corporaciones si no habían prestado servicio al menos dos años111.
El Parlamento siguió entorpeciendo la desmilitarización
del sistema de orden público militarizando la administración judicial, cuya
ramificación civil era competencia del ministro cedista Cándido Casanueva. Una
ley reorganizó la justicia castrense, revirtiendo las reformas impulsadas por
Azaña mediante los decretos de 11 de mayo y 2 de junio de 1931 y la ley de 12
de septiembre de 1932. Las autoridades militares recobraban las tradicionales
atribuciones judiciales de los capitanes generales, perdiéndolas como
consecuencia los auditores, que eran profesionales del derecho pertenecientes
al Ejército. No solo eso, sino que, además, se incorporaban a la Sala de
Justicia Militar del Tribunal Supremo dos generales de división y dos suplentes
designados por el ministro de Guerra, y el personal del Cuerpo Jurídico
recuperaba su condición militar112.
El político gallego
aprovechó agosto para ganarse el aprecio de la Guardia Civil, suavizando el requisito
castrense impuesto en el reclutamiento. Portela decretó que, mientras no hubiera
suficientes aspirantes que lo cumplieran, se permitiría el ingreso de aquellos
escalafonados que no lo hicieran. No obstante, paralelamente emitió una medida
que incomodó a los agentes de la escala técnica de Investigación: autorizó que
los agentes auxiliares de tercera —que no habían pasado por la Escuela de
Policía— fueran destinados a capitales provinciales, algo que se había
prohibido cuando, en julio de 1931, se había organizado con ellos el Cuerpo de
Policía Local, disuelto a finales de 1932113.
En septiembre, Portela
promulgó unas normas para mejorar la coordinación de las policías de ámbito
regional, provincial y municipal. Sus objetivos eran afianzar el mando único
del Ministerio de Gobernación y corregir la privatización de la seguridad
impulsada por las élites locales tras la revolución. El ministro ordenó que la
Guardia Civil ejerciera funciones de mando, inspección y disciplina sobre miqueletes,
miñones, mossos d’Esquadra, vigilantes de caminos, guardias forestales,
guardias jurados y peones camineros, y que la Policía hiciera lo propio con los
guardias municipales, si bien la Benemérita asumiría esta tarea donde no
tuviera efectivos. Para implementar estas medidas se formaron juntas de
coordinación de los servicios de orden público en Cataluña, Asturias y el resto
de provincias, presididas por la autoridad gubernativa del territorio e
integradas por los mandos de las policías pertinentes, que se encargarían de
dictar instrucciones y armonizar sus reglamentos con las normas114. Con estos decretos,
Portela pretendía garantizar sus competencias frente a Gil Robles, que presentó
una enmienda que no fue aprobada, descubierta por Pilar Mera Costas, para
militarizar la Guardia de Asalto y facilitar una mayor intervención del
Ejército en la administración de orden público115.
A resultas de los rumores
sobre el caso del estraperlo, el día 25, Alcalá Zamora reemplazó a Lerroux por
Joaquín Chapaprieta, que sustituyó a Portela por el radical Joaquín de Pablo
Blanco. Pese a estar recomendado por Don Niceto, su mejor sintonía con Gil
Robles devino en algunas disposiciones militarizadoras en materia policial. Por
ejemplo, propuso que el nuevo director de Seguridad fuera Santiago Martín
Báguenas, aprovechando que Lerroux había dejado preparado su nombramiento, pero
Chapaprieta lo frenó después de que Alcalá Zamora le transmitiera sus
suspicacias116. Su siguiente medida, en cambio, fue de distensión: la permuta
del estado de guerra por el de alarma en Barcelona, y el paso al de prevención
en Guipúzcoa, Huesca, Navarra, Santander y Teruel117. Con la tercera pretendía
suscitar una buena primera impresión en el Cuerpo de Seguridad: otro
sobreseimiento de los expedientes en trámite —excepto por faltas muy graves— y
la anulación de las multas, suspensiones de empleo y sueldo y pérdidas de
puestos de guardias y clases, excluyendo a los de la Generalitat, cuyos
expedientes de depuración seguían pendientes118
En noviembre, de Pablo
Blanco aprobó determinadas contrarreformas de peso. La más relevante fue el
cierre de la Escuela de Policía, que causó indignación entre los agentes de
Investigación, pues lo interpretaron como una sanción contra el cuerpo119. No
obstante, al tiempo siguió restaurando las garantías constitucionales, sustituyendo
el estado de alarma por el de prevención en León, Palencia, Vizcaya, Ceuta y
Melilla; y restableciendo la normalidad en las otras provincias, excepto en
Santa Cruz de Tenerife, donde mantuvo el de prevención, y en Asturias,
Cataluña, Madrid y Zaragoza, donde subsistió el de alarma120. Esta política no
afectó a Cataluña, donde la recentralización cobró nuevo impulso mediante la
creación del delegado general de Orden Público, que asumiría las competencias
de seguridad de los gobernadores generales y civiles y los delegados autónomos.
No resulta casual que el primer titular fuera Martín Báguenas121.
Entretanto, la Cámara sancionó una ley que aumentaba la capacidad punitiva de la Ley de Vagos y Maleantes al adicionar un párrafo que posibilitaba considerar como «peligrosos antisociales» a aquellos que incitaran a la ejecución o realizaran apología de los delitos de terrorismo o atraco122. Respecto a la Guardia Civil, de Pablo restableció el empleo de alférez para facilitar el ascenso de sus hombres a la oficialidad, algo que perjudicaba a los tenientes del Ejército y la Armada. Sin embargo, una orden posterior autorizó que ingresaran sin haber cumplido el compromiso con su arma para promover su incorporación, anulando el efecto desmilitarizador del decreto anterior123.
Desmilitarizar la Policía: del
proyecto de Vicente Santiago al «Ruido de sables»
Chapaprieta dimitió el 9 de
diciembre tras haber perdido el respaldo del bloque mayoritario. Gil Robles
decidió negar su apoyo a cualquier gobierno que no presidiera él mismo, si bien
Alcalá Zamora continuó sin ofrecérselo. Para impedir la disolución de las
Cortes, el líder salmantino propició que Franco, Fanjul, Varela y Goded
evaluaran la posibilidad de rebelarse y, aunque no ofreció su concurso explícitamente,
sí prometió que no interferiría, pero Franco concluyó que no era el momento.
Fue Portela quien finalmente formó Gobierno, incorporando a dos militares y
ocupándose del Ministerio de Gobernación, con la misión de organizar las
próximas elecciones124.
El político liberal retomó
su agenda profesionalizadora impulsado por la prensa policial, que presionó
para que rectificara las contrarreformas militarizadoras de sus antecesores.
Primero, sustituyó al director general de Seguridad, José Gardoquí, por Vicente
Santiago, y al inspector general de la Guardia Civil, Miguel Cabanellas, por
Sebastián Pozas. Después envió unas normas a jueces, auditores y jefes
militares para que aceleraran la actividad de los consejos de guerra, con el
objetivo de restablecer la preponderancia de la justicia civil cuanto antes. A
continuación, paralizó el cierre de la Escuela de Policía y ordenó la redacción
del plan de estudios de la siguiente promoción. En último lugar, forzó la
dimisión de Martín Báguenas en Cataluña y transigió con la restitución del
Somatén porque necesitaba el apoyo de la Lliga, pero se aseguró de que la
Benemérita fiscalizara su reclutamiento, organización y disciplina125.
Portela continuó firmando
disposiciones de tono desmilitarizador en el mes de febrero. De una parte,
consiguió que la Junta Central del Censo ratificara el derecho de voto de los
guardias de Seguridad, arguyendo que era un cuerpo «esencialmente civil» que
estaba militarizado solo en lo tocante a la obediencia a sus jefes y el
mantenimiento de la disciplina, y levantó todos los estados de excepción cuando
arrancó la campaña electoral126. De
otra, encargó a Santiago la redacción de un proyecto de reglamento policial que
consolidara su carácter civil; sin embargo, no llegaría a ser ratificado127.
Como es sabido, los comicios
generales se celebraron el 16 de aquel mes. Respondiendo a la escalada de
desórdenes impulsada por los manifestantes del Frente Popular para precipitar
el traspaso de poderes y la aprobación de la amnistía, Portela promulgó el
estado de alarma. Gil Robles, Calvo Sotelo y Franco le presionaron para que
declarara el de guerra y se mantuviera en el poder. No obstante, aunque Alcalá
Zamora había firmado el decreto, Portela se negó, temeroso de que los militares
dieran un golpe. Precisamente, Fanjul y Goded pulsaron sin éxito el sentir del
Ejército y Franco sondeó a Pozas, que le advirtió que la Guardia Civil detendría
cualquier rebelión. Todavía así, las autoridades castrenses de Albacete,
Zaragoza, Valencia, Oviedo y Alicante, entre otras, proclamaron la ley marcial.
Rodeado por ambos flancos y sin recursos bastantes para mantener el orden, el político
gallego decidió presentar anticipadamente su dimisión128.
Conclusión
La militarización del
sistema policial en el segundo bienio no fue constante, ni irreversible ni
estaba predeterminada, sino que fue un fenómeno contingente que presentó múltiples
etapas, velocidades y agentes implicados. En puridad hubo dos procesos: uno de
militarización, entre septiembre de 1933 y diciembre de 1935, que se aceleró en
octubre de 1934 y se desaceleró a partir de abril de 1935, y otro de
desmilitarización hasta febrero de 1936. El motor de esta alternancia fue la
dialéctica entre dos modelos de orden público: uno contrarrevolucionario, que
conllevaba un nivel de militarización elevado, diseñado por Salazar Alonso,
Vaquero y de Pablo Blanco; otro liberal, que implicaba una militarización más
reducida, elaborado por Rico Avello, Portela Valladares y, parcialmente,
Martínez Barrio. Dicho fenómeno estuvo causado básicamente por cinco factores
de índole cultural, administrativa, política y social.
En primer lugar, los
gobernantes construyeron dos discursos sobre el orden público partiendo de la
creencia de que, para garantizar los derechos ciudadanos, antes debía
restablecerse el principio de autoridad: el contrarrevolucionario anteponía la
defensa del Estado y la neutralización del peligro revolucionario; el liberal
preconizaba una «República de Orden» y abogaba por suspender las garantías
constitucionales hasta extinguir el clima de violencia que hacía peligrar la
libertad. Asimismo, los especialistas del orden público poseían una cultura
profesional equipada con valores, protocolos e imágenes castrenses, cuya
incidencia era primordial en la Guardia Civil, notable en el Cuerpo de
Seguridad y minoritaria en Investigación. El segundo elemento era el aparato
legal y organizativo de seguridad, particularmente la persistencia de
estructuras, inercias y rutinas burocráticas derivadas del tradicional militarismo
de la administración estatal.
Los factores políticos
fueron todavía más relevantes. Por un lado, la presión que partidos
derechistas, organizaciones patronales, grandes terratenientes y periódicos conservadores
ejercieron sobre el Gobierno, destacando la coalición que constituyeron contra
el «impunismo». Claves resultaron la actitud semileal de la CEDA, los devaneos
de Gil Robles con los militares y el ineficaz intrusismo de Alcalá Zamora. También
lo fue la presión del Ejército para controlar el orden público y, en menor
medida, la de la Guardia Civil y el Cuerpo de Seguridad, que demandaron la
reversión de las reformas y armamento de guerra. Por el otro, las políticas policiales
contrarreformistas que dispusieron la restitución de la autonomía de la
Benemérita, la potenciación de las fuerzas represivas sobre las preventivas, la
intervención del Ejército y las tropas africanas y la militarización de determinados
cuerpos policiacos. La última variable fue la evolución castrense del control
policial de la acción colectiva, evidentemente correlacionada con el incremento
de las protestas violentas y los atentados políticos, y con la movilización
revolucionaria de anarquistas y socialistas. Especial importancia tuvo la
insurrección de octubre, que desencadenó la mayor oleada militarizadora del
periodo y extremó la militarización del repertorio coercitivo iniciada meses atrás.
Este proceso constituyó una tentativa de los radicales de
consolidar la República mediante la construcción de un Estado fuerte que garantizara
la ley y el orden. Sin embargo, sus resultados fueron enormemente contraproducentes.
Los Gobiernos no apuntalaron el respaldo de la CEDA y perdieron el apoyo del republicanismo
de centro y otros sectores moderados, la administración policiaca se desprofesionalizó
y crecieron las divisiones internas, el Ejército recuperó su preeminencia y
aumentó su peligrosidad respecto al régimen, y el incremento de la represión
causó 1.054 de los 1.705 muertos del bienio. La terrorífica represión de la
revolución asturiana redujo drásticamente la protesta en 1935, pero su recuerdo
en 1936 posibilitaría el triunfo electoral de las izquierdas, catalizaría el
empleo de la violencia política en ambos extremos y minaría la confianza policial
en los protocolos incruentos de actuación. Así
pues, la legitimidad que perdieron los radicales por implementar
políticas más represivas en un régimen democrático no quedó compensada por una
mayor eficacia porque, a largo plazo, empeoraron el problema del desorden,
dejando una herencia difícil de gestionar.
NOTAS
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ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0950-5334 2 VIDARtE, 1978 3 BALLBÉ, 1985: 363, 368 y 378. 4 LÓPEZ MARTI NE z, 1995: 119 y 69. 5 BLANEY, 2007: 49-50. PALACIOS CEREZALES, 2011:
626-628. 6 GONZÁLEZ CALLEJA, 2014: 52-53 y 57. 7 REY, 2008: 379. 8 VAQUERO MARTINEZ, 28 (Madrid, 2016). 9 MERA COSTAS, 2015: 178-222. 10 Un
estudio que enmarca la represión de la
insurrección asturiana en
el debate internacional sobre
la brutalización de la política en CHAMBERLIN, 2020. 11 DELLA PORTA y REITER, 1998. 12
CAPOCCIA, 2007: 16-17. 13
PALACIOS CEREZALES, 2008: 2. 14 LLEIXÀ,
1986: 21-30. LÓPEZ GARRIDO, 1987: 64-71. CRUZ, 10-11
(Salamanca, 1992-1993): 219. 15 MARTINEZ BARRIO, 1983: 191-204. ZTOWNSON,
2002: 219-222. 16Gaceta de Madrid,
288, 15 de octubre de 1933: 414-415. BLANEY, 2007: 50. 17Gaceta de Madrid,
292, 19 de octubre de 1933: 489-491. 18Revista Técnica de
la Guardia Civil, Madrid, noviembre de 1933: 409-410. 19 PALACIOS CEREZALES, 2011: 627-628. 20 SOUTO KUSTRIN, 2004: 102. 21 VILLA GARCIA, 2011: 348-349 y 489-490. 22 CASANOVA, 2010: 102 y 115-123. AHN,
Gobernación, serie A, legajo 58, expediente 27. GONZÁLEZ CALLEJA, 2015: 354.
TOWNSON, 2011: 110-115. 23 Gaceta de Madrid,
211, 30 de julio de 1933:682-690. Los
ciudadanos también eran juzgados en consejos de guerra en régimen de normalidad cuando agredían física o
verbalmente a funcionarios considerados «fuerza armada», como guardias civiles, carabineros
o, en supuestos de rebelión o sedición, guardias de Seguridad. 24 Estas
cifras se han calculado utilizando exclusivamente la Gaceta de Madrid. Un
estudio mucho más minucioso en GONZÁLEZ CALLEJA, 2014: 205-208 y 327-334. 25
LERROUX, 1985: 119 y 144-145. TOWNSON, 2002: 237-238. 26Gaceta de Madrid, 320, 16 de noviembre de 1933:
1082-1084. 27Gaceta de Madrid, 343, 9 de diciembre de
1933:1654-1656. RISQUES CORBELLA, 2012: 187. 28Gaceta de Madrid,
26, 26 de enero de 1934: 650-651. 29Gaceta de Madrid,
349, 15 de diciembre de 1933: 1834. 30Gaceta de Madrid,
358, 24 de diciembre de 1933: 2109. Policía Española, Madrid, 16 de diciembre
de 1933: 16. 31 REY, 2008: 342-347 y 381. 32 GONZÁLEZ CALLEJA, 2015: 356. SOUTO KUSTRÍN,
2004: 140-142 33 LERROUX, 1985: 173-174. 34 CABRERA CALVO-SOTELO, 1983: 241. SALAZAR
ALONSO, 1935: 63. 35Diario de las
Sesiones de Cortes, 46, 7 de marzo de 1934: 1348 y 1357-1358. Diario de las
Sesiones de Cortes, 49, 13 de marzo de
1934: 1497. SALAZAR ALONSO, 1935: 34-35, 81, 146-148, 271 y 346. 36 SALAZAR ALONSO,
1935: 267 37 BALLBÉ, 1985: 364. Gaceta de Madrid, 72, 13
de marzo de 1934: 1948. Gaceta de
Madrid, 73, 14 de marzo de 1934: 1972 38Gaceta de Madrid, 81, 22 de marzo de 1934:
2187. 39Gaceta de Madrid, 82, 23 de marzo de 1934:
2216-2217. 40Gaceta de Madrid, 115, 25 de abril de 1934:
548-549. 41 BALLBÉ,
1985: 364. 42 VAQUERO
MARTÍNE z, 2018: 368. 43 ALCALÁ
ZAMORA, 1977: 272-274. TOWNSON, 2002: 259-260. 44Gaceta de Madrid, 146, 26 de mayo de 1934:1300.
Gaceta de Madrid, 150, 30 de mayo de 1934: 1387-1389. AGA, Interior, caja
44/02421, legajo 1. 45 SALAZAR ALONSO, 1935: 165. 46 AHN,
Gobernación, serie A, legajo 50, expediente 10. ESPINOSA MAESTRE, 2007: 70-71
y 340. COBO ROMERO, 2007: 252-272. 47 SALAZAR
ALONSO, 1935: 122-123. 48 Gaceta de Madrid, 194, 13 de julio de 1934:
471-472. 49
PALACIOS CEREZALES, 2011: 617. 50Gaceta de Madrid, 187, 6 de julio de 1934:
187-188. 51Gaceta de Madrid, 243, 31 de agosto de 1934:
1893-1894. 52 BALLBÉ,
1985: 364. 53 GIL
ROBLES, 1968: 136-139. TOWNSON, 2002: 309-311. 54 GONZÁLEZ CALLEJA, 2015: 75, 92, 198 y
225-235. RUIZ, 2008: 129-133 y 251-328. 55 Gaceta de Madrid,
280, 7 de octubre de 1934: 194. HIDALGO, 1934: 30-31. 56Gaceta de Madrid,
282, 9 de octubre de 1934: 228. 57Gaceta de Madrid,
284, 11 de octubre de 1934: 259-260. 58 GIL VICO, 2019: 222. 59 Diario de las
Sesiones de Cortes, 117, 7 de noviembre de 1934:
4584-4585, 4588-4589 y 4603. 60 Diario de las
Sesiones de Cortes, 118, 8 de noviembre de 1934: 4619, 4623 y 4626-4627. 61 Diario de las
Sesiones de Cortes, 118, 8 de noviembre de 1934: 4627. 62 Diario de las
Sesiones de Cortes, 118, 8 de noviembre de 1934: 4633. 63 Diario de las
Sesiones de Cortes, 119, 9 de noviembre de 1934: 4669 y 4673. 64 Diario de las
Sesiones de Cortes, 121, 14 de noviembre de 1934: 4752-4756. 65 Diario de las
Sesiones de Cortes, 122, 15 de noviembre de 1934: 4805-4811, 4815-4816 y
4819. 66 Policía Española,
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11-12. 69 El Debate, Madrid, 13 de octubre de 1934: 1. 70 ABC, Madrid, 11 de octubre de 1934: 3-4. 71 Gaceta de Madrid, 287, 14 de octubre de 1934:
332. 72 Gaceta de Madrid, 306, 2 de noviembre de 1934:
928. 73 RUIZ,
2008: 340-352. GIL VICO, 2019: 164-168, 193-220. 74 Gaceta de Madrid, 314, 10 de noviembre de
1934: 1179-1180. 75 ALCALÁ
ZAMORA, 1977: 292-294 y 521-523. GIL ROBLES, 1968:141-148. ALVÁREZ TARDÍO,
2016: 157-159. 76 Gaceta de Madrid, 290, 17 de octubre de 1934:
379-383. 77Gaceta de Madrid, 300, 27 de octubre de 1934:
754. 78 OLIVER OLMO, 2008: 116-117. 79Gaceta de Madrid, 307, 3 de noviembre de 1934:
964-965. Gaceta de Madrid, 331, 27 de
noviembre de 1934: 1612-1613. 80 Gaceta de Madrid, 333, 29 de noviembre de
1934: 1696. 81 Gaceta de Madrid, 331, 27 de noviembre de
1934: 1613. Gaceta de Madrid, 335, 1 de diciembre de 1934: 1793. 82 Gaceta de Madrid, 3, 3 de enero de 1935:
82-83. MERA COSTAS, 2015: 122-124. 83 El Benemérito Español, Barcelona, agosto de
1935: 37-38. 84 Gaceta de Madrid, 335, 1 de diciembre de 1934:
1787-1788. 85 Gaceta de Madrid, 343, 9 de diciembre de 1934:
2027. 86 Gaceta de Madrid, 24, 24 de enero de 1935:
707. 87 Diario de las Sesiones de Cortes, 143,
Apéndice 5.º, 20 de diciembre de 1934:1-5. COMÍN COLOMER, 1966: 11-13. 88
¡Presente...!, Madrid, 1 de enero de 1935: 8-11. Investigación,
Madrid, 29 de enero de 1935: 1-3. 89
PALACIOS CEREZALES, 2011: 633-634. 90 Policía Española, 2 de enero de 1935: 7-10. 91 Investigación, 9 de diciembre de 1934: 8-9.
Investigación, 9 de enero de 1935: 1-9. 92 ¡Presente...!, 15 de enero de 1935: 3.
¡Presente...!, 1 de febrero de 1935: 3. 93 Investigación, 19 de enero de 1935: 12. 94 Revista Técnica
de la Guardia Civil, febrero de 1935: 75-76 y 70-72. Revista Técnica de la
Guardia Civil, marzo de 1935: 104. 95 Gaceta de Madrid,
31, 31 de enero de 1935: 903-904. 96 Gaceta de Madrid,
72, 13 de marzo de 1935: 2091-2095. 97 BALLBÉ, 1985:
378. 98Gaceta de Madrid,
62, 3 de marzo de 1935: 1866. 99 ALCALÁ ZAMORA, 1977: 301-304. MERA COSTAS,
2015: 156-158. 100 Gaceta de
Madrid, 105, 15 de abril de 1935: 362. 101 Gaceta de
Madrid, 108, 18 de abril de 1935: 563. 102 PORTELA VALLADARES, 1988: 147. ALCALÁ
ZAMORA, 1977: 334-335. ÁLVAREZ TARDÍO, 2016: 170 103 MERA
COSTAS, 2015: 186-190. 104
PORTELA VALLADARES, 1988: 51, 89, 127, 181 y 188. Diario de las
Sesiones de Cortes, 199, 6 de junio de
1935: 7987-7988. Diario de las Sesiones de Cortes, 230, 25 e
julio de 1935: 9429-9430. 105 Gaceta de Madrid, 199, 18 de julio de 1935:
649-650. 106 Gaceta de Madrid, 163, 12 de junio de 1935:
2111-2112. 107 Gaceta de Madrid, 167, 16 de junio de 1935:
2228-2229. 108Gaceta de Madrid, 176, 25 de junio de 1935:
2411.109 MERA COSTAS, 2015: 216-217. 110 Gaceta de Madrid, 198, 17 de julio de 1935:
626. 111 Gaceta de Madrid, 199, 18 de julio de 1935:
646-647. 112 Gaceta de Madrid, 205, 24 de julio de 1935:
807-808. 113 Gaceta de Madrid, 222, 10 de agosto de 1935:
1300 y 1309. 114 Gaceta de Madrid, 260, 1 de septiembre de 1935: 2146-2150. VAQUERO
MARTÍNEZ, 2018: 490-492 y 503. 115 MERA COSTAS, 2015: 218-220. Gil Robles
propuso que los mandos fueran militares o guardias civiles retirados; que la
Guardia de Asalto estuviera sujeta al fuero militar y su Ministerio tuviera
más peso en la concesión de destinos; y que se constituyeran unos «Batallones
de Choque» qu vivieran acuartelados, dependieran del Estado Mayor Central y se
organizaran administrativamente como la Legión. Agradezco a la autora
que me informara de su hallazgo. 116 CHAPAPRIETA, 1971: 212-224 y 230-231. 117 Gaceta de Madrid, 271, 28 de septiembre de
1935: 2398. Gaceta de Madrid, 285, 12 de octubre de 1935: 247. 118 Gaceta de Madrid, 272, 29 de septiembre de
1935: 2433. 119 Gaceta de Madrid, 305, 1 de noviembre de
1935: 922-923. 120 Gaceta de Madrid, 317, 13 de noviembre de
1935: 1219. 121 Gaceta de Madrid, 324 20 de noviembre de 1935: 1427-1428. Gaceta
de Madrid, 331, 27 de noviembre de 1935: 1670. 122 Gaceta de Madrid, 332, 28 de noviembre de
1935: 1715. 123 Gaceta de Madrid, 333, 29 de noviembre de
1935: 1751 y 1775. 124 GIL ROBLES,
1968: 355-375. MERA COSTAS, 2015: 239-251. ÁLVAREZ TARDÍO, 2016: 197-199. 125 Gaceta de
Madrid, 360, 26 de diciembre de 1935: 2586-2587. VAQUERO MARTÍNEZ, 2018:
499-503. 126 Gaceta de
Madrid, 40, 9 de febrero de 1936: 1228-1229. Gaceta de Madrid, 8, 8 de enero
de 1936: 203. 127Policía Española,
16 de enero de 1936: 9-10. 128 PORTELA
VALLADARES, 1988: 175-196. GIL ROBLES, 1968: 492-502. MERA COSTAS, 2015: 311-322. ÁLVAREZ TARDÍO, 2016: 212-217. GONZÁLEZ CALLEJA, 2014: 332. |
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