¿Cuál es el futuro de la política?
Kant entendía que
la mejor fórmula para una pacífica coexistencia internacional era tender a
federar naciones y no agruparlas en un artificio macroestatal de gigantescas
dimensiones. La sociedad o concierto de las naciones que daría lugar a la ONU
tenía una inspiración kantiana. Pero de poco sirven sus recomendaciones al
quedar escoradas por el derecho a veto que manejan unos cuantos miembros. De
igual modo la Unión Europea podría ser algo muy diferente, de no haber basado
su cohesión interna en criterios estrictamente monetarios y se hubiera optado
por decantar las diferentes legislaciones ajustándolas con arreglo a los
derechos más ventajosos para la ciudadanía.
El sesgo economicista ha modulado las
constituciones políticas más avanzadas de gran pedigrí democrático y ha
desmantelado paulatinamente un Estado del bienestar que resulta imprescindible
para posibilitar el ejercicio de una libertad inexistente donde priman las
desigualdades más extremas. La concentración de las riquezas en colectivos cada
vez más reducidos escora nuestro rumbo político e impone dogmas financieros que
se homologan a mandatos divinos.
En lugar de mantener los derechos
laborales más elementales y exportarlos a países de talante más dictatorial,
Europa ha importado los modelos de una nueva explotación laboral con salarios
absurdamente bajos para fomentar un consumo razonable sin endeudarse hasta las
cejas y con una insoportable precariedad que impide hacer planes vitales a los
más jóvenes. La deslocalización y los paraísos fiscales que
frecuentan las empresas con mayor facturación contribuyen a falsear un
crecimiento económico tan efímero como insostenible.
Lejos de sentirnos
ciudadanos del mundo, el cosmopolitismo kantiano se ve suplantado por una
globalización que paradójicamente fomenta los nacionalismos identitarios más
excluyentes. Todo se uniformiza mediante un proceso de
digitalización que nos robotiza y excluye a los nuevos analfabetos digitales,
trazando una nueva brecha en este caso intergeneracional, que se añade a las de
género, etnia, credo religioso y clase social.
Una pandemia mundial como la de
Covid-19 podría habernos dado pie a repensar ciertas inercias que nos conducen
hacia ninguna parte y nublan el horizonte con las más negras distopías, mientras
proliferan movimientos negacionistas que
relativizan la emergencia climática o las muertes por coronavirus, alimentando
toda suerte de conspiraciones tan inverosímiles como delirantes. La Infodemia
causa estragos en una población privada del acceso a un patrimonio cultural
suplantado por sucedáneos nada nutritivos para nuestras neuronas.
El altruismo y la interdependencia son
los ejes que deberían vertebrar nuestras reglas de juego político, presididas
ahora por la insolidaridad y el independentismo tribal que incluye identificar
Madrid con España o desconfiar del extranjero por el mero hecho de serlo. Sin
atender al principio de una igualdad real que posibilita la libertad, o mejor
dicho, la colibertad, el futuro de la política se presenta muy tormentoso.
Tiempo es de cambiar ese clima político social que apuesta por optimizar el
beneficio para unos cuantos en detrimento del colectivo más numeroso.
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/cual-es-futuro-politica/20211230151527194057.html
El reto
de poner fin al “toma, fabrica, utiliza y tira”
Un crecimiento
económico que tiene como meta el beneficio empresarial está fundamentado en el
aumento indiscriminado de la competitividad en el mercado internacional, en la
reducción de los costes de producción a cuenta de la rescisión de contratos
laborales, en la sustitución del trabajo por tecnología, en un mayor déficit
comercial y en una total y absoluta incapacidad para favorecer el desarrollo de
los países pobres. El capitalismo globalizado fomenta mercados de trabajo volubles,
deslocalización, innovación tecnológica carente de investigación y desarrollo
en sistemas sustentables, multinacionales con cuotas de poder desmesuradas,
además de una profunda brecha económica entre países desarrollados y
subdesarrollados; es un sistema que busca el beneficio a corto plazo
-reduciendo derechos y costes laborales- y antepone la voluntad de los
intereses privados -tanto del capital especulativo como el de las empresas
transnacionales- al bienestar colectivo, favoreciendo y fomentando la
desigualdad.
El responsable del
desarrollo sostenible y actual Vicepresidente primero de la Comisión Europea,
Frans Timmermans, alertaba en 2016 sobre la invalidez del actual enfoque del
“toma, fabrica, utiliza y tira”. El temor de que los países se vean afectados
por mayores desequilibrios, tanto geopolíticos como económicos, es ya una
realidad. La grave crisis financiera, económica y social que atraviesa la
sociedad, convulsionada desde la irrupción de un virus que se expandió por todo
el planeta hasta alcanzar la categoría de pandemia, aderezada por un indeseado
y no atenuado cambio climático, hace visible la urgencia de un cambio de
modelo. No es viable seguir manteniendo el desgastado sistema económico actual.
Hace falta un planteamiento asentado sobre nuevas bases, generador de
oportunidades, que considere la creación de empleo una prioridad y que
tenga visión de futuro en relación con los recursos naturales.
Es preciso
incentivar, de un modo correctamente regulado, a empresas capaces de
generar valor económico, social y medioambiental, comprometidas con la sociedad
y el medio ambiente, con recursos para aunar sustentabilidad y rendimiento económico,
que no antepongan otros intereses a los de los trabajadores y que propugnen un
proyecto social que case con la conservación y/o creación de puestos de trabajo
rentables.
Las empresas
públicas, las empresas capitalistas o incluso el sector público no son capaces
de afrontar y enfrentar los problemas sociales, tanto los derivados de la
realidad actual como los heredados de realidades anteriores: sanidad,
educación, desempleo, distribución de la renta, servicios públicos de
calidad, vivienda asequible y garantía de bienestar para nuestros mayores.
Un patrón de
crecimiento válido tiene que aglutinar un conjunto de medidas que resulten
económicamente rentables, además de ambiental y socialmente sostenibles. En
definitiva, una nueva economía que respete los objetivos del desarrollo
sostenible, con capacidad para crear más puestos de trabajo; que sea
competente para preservar la biodiversidad del planeta, que apueste por la
eficiencia, que fomente el reciclaje y que busque la igualdad; un sistema económico
que posibilite adquisiciones igualitarias y que tenga capacidad para rebajar
las cotas alcanzadas por el actual consumismo arbitrario.
La Fundación
Alternativas, en su informe sobre sostenibilidad en España, alerta sobre la
urgencia de acometer la transición energética, la integración ambiental,
el empleo sostenible y la sostenibilidad urbana y rural. La guía 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), iniciativa aprobada por Naciones Unidas en
septiembre de 2015, aconseja la a implantación de medidas de consumo y
producción sostenibles: “economía verde” e
“hipocarbónica”. Europa en la Estrategia Europa 2020/2050 apuesta por la
eficiencia en el uso de recursos sostenibles energéticamente (sin carbón).
Es evidente la necesidad de afrontar
medidas encaminadas a la preservación de los recursos naturales y el medio
ambiente. Urge la implantación de una nueva economía que discurra por el
sendero de la inclusión y la sostenibilidad, que priorice las necesidades de
las personas por encima del lucro; se necesitan empresas que primen el valor
social y ambiental, que promuevan una gestión democrática y participativa,
orientada a las necesidades de las personas y comprometidas con la comunidad;
es decir una economía social y solidaria que promueva un cambio que aúne
la estructura jurídica de las organizaciones -con la participación de los trabajadores-
y que promulgue iniciativas que propicien el cambio social y estructural
imprescindible para paliar las desigualdades actuales; es decir un sistema de
modelo productivo que apueste por la ecoeficiencia productiva, que tenga
capacidad para reducir las desigualdades sociales, que apueste por la cohesión
territorial y que fomente un consumo responsable.
Fondos europeos: digitalización, cambio
climático y modelo productivo
El Acuerdo final de la UE sobre la
cuantía, el reparto y las condiciones para acceder a las ayudas encaminadas a
frenar los efectos perniciosos de la COVID-19 (en la salud, la economía y la
protección social) fue, según todos los analistas, particularmente duro y
complejo. En todo caso, la valoración política y mediática que se hizo, y se
sigue haciendo de esta medida, es muy positiva en términos cuantitativos
(España ha empezado a recibir y repartir una parte del, aproximadamente, 11%
del PIB: 140.000 millones de euros) y cualitativos (por primera vez, la UE se
ha endeudado para ayudar a los países más afectados por la Pandemia, lo que facilitará el arduo
camino hacia la Europa Federal y la Unión fiscal e, incluso, el combate contra
los populismos de extrema derecha).
También está resultando particularmente
complejo el reparto y la gestión de esa notable cantidad de dinero en nuestro
país, lo que nos obligará a alcanzar un mínimo consenso entre los partidos
políticos, los gobiernos autonómicos (se han transferido ya 11.000 millones a
las Comunidades Autónomos, según fuentes de La Moncloa recogidas por El País),
ayuntamientos y los interlocutores sociales. Por eso, en estas circunstancias,
ha resultado muy relevante el debate y la aprobación final de los PGE-2022, a
pesar de haber sido materialmente imposible un gran Acuerdo presupuestario,
ante la actitud montaraz del PP, como algunos bienintencionados proponían. Un
partido insensible a la demanda de la gran mayoría de los ciudadanos, incapaz
de presentar alternativas constructivas en esta difícil situación y en coqueteo
permanente con la ultraderecha, en su afán por golpear y desestabilizar al
actual Gobierno.
De los proyectos relevantes que aspiran
a ser financiados (en parte) por la UE destacan, sobre todo, la digitalización
(cuarta revolución industrial) y la lucha contra el cambio climático
(transición energética e impulso al denominado empleo verde).
Todo ello al margen de que la izquierda, en las actuales circunstancias, siga
reflexionando y debatiendo -a partir de los nuevos efectos de la Pandemia- sobre el crecimiento
sostenible de la economía, el empleo y la precariedad, la mejora de los
servicios públicos (sanidad y educación), las rentas mínimas de inserción y el
reparto del trabajo existente para incorporar a los jóvenes al mercado de
trabajo y a una vivienda digna con el propósito de impulsar su desarrollo integral.
La primera revolución industrial
significó a grandes rasgos la introducción de la máquina de vapor y del carbón
como fuente de energía y suscitó la aparición de dos figuras claramente
antagónicas: el capital y el trabajo (sobreexplotado para financiar el
creciente y costoso maquinismo). La segunda instauró la división del trabajo y
la producción en cadena con el uso de sistemas eléctricos e hidráulicos y la
utilización de otros tipos de energía (petróleo, gas y electricidad). Y, la
tercera, se distinguió por el uso de la microelectrónica y la tecnología de la
información (automatizar la industria), además de por la utilización de la
energía nuclear y otras fuentes de energías renovables.
La actual
revolución digital (economía del conocimiento) y la comunicación en tiempo real
en un mundo globalizado (los grandes datos en diversos formatos se han
convertido en un nuevo factor de producción: el llamado petróleo azul del que las empresas
obtienen fuertes beneficios y por el momento no tributa), se encaminan a
instaurar la fábrica inteligente (robotización), la movilidad y el transporte
automatizado y por eso se la considera como la cuarta revolución industrial. Su
finalidad última debería ser digitalizar toda la economía, reactivar la política industrial y
de servicios y alcanzar un mayor crecimiento sostenible en un mundo
globalizado.
Sin embargo, estos principios básicos
no están exentos de severos problemas. El primero se refiere a sus efectos
sobre el empleo, el trabajo futuro y el control interesado de las personas
(abusos contra la libertad y privacidad individual: “capitalismo vigilante”).
Según el estudio “Estrategia Digital”, de la Unión de Técnicos y Cuadros (UTC)
de UGT, el debate se ha polarizado en torno a dos criterios claramente
diferenciados. Unos pronostican, si nadie lo remedia, que la digitalización, a
medio y largo plazo, destruirá millones de empleos en el mundo, pondrá fin al
trabajo remunerado, aumentará el control de las empresas sobre sus
trabajadores, significará el ocaso del modelo social europeo, la total
desregulación del mercado de trabajo y, como consecuencia, pondrá fin a las
organizaciones sindicales.
La digitalización
es ya un hecho tangible que afecta a la industria y a los sistemas productivos,
con un gran impacto en millones de trabajadores
En todo caso, la digitalización es ya
un hecho tangible que afecta a la industria y a los sistemas productivos, con
un gran impacto en millones de trabajadores. También afecta a los servicios y a
la movilidad: funcionamiento y dimensión de las ciudades, atención al público a
distancia, sector financiero, pequeño comercio, edificios energéticamente
sostenibles, coches y camiones eléctricos autónomos (incluso taxis voladores
sin conductor) …. Según las estimaciones de diversos analistas, un 43% de los
puestos de trabajo en España serán susceptibles de ser automatizados a medio
plazo. Por su parte, la OCDE, en su celebrado estudio “Perspectivas de empleo
2017”, estimaba que los puestos de trabajo con un alto riesgo de
automatización; es decir, aquellos que tienen una probabilidad de ser
automatizados (al menos en un 70%) alcanzarán el 9% del total y, en el caso de
España, el 11,7%.
Otros criterios, sin embargo, hacen una
valoración más positiva y señalan que la digitalización ofrece nuevas
oportunidades desconocidas en la actualidad, donde el trabajador participará
junto a las máquinas estableciendo un nuevo modelo económico, con cero costos
marginales, que se convertirán en el motor del crecimiento económico y de la
creación de empleo. Las oportunidades de crear empleo se establecen en torno a
nuevas industrias (robótica, mecatrónica, drones…), industrias de servicios
avanzados, nuevas actividades culturales y de ocio e, incluso, en el
afloramiento de la economía informal. Tampoco debemos olvidar la aparición de grandes plataformas digitales (Google,
Amazon, Facebook, Microsoft, Uber, Globo, Deliveroo…) que, bajo una presunta
economía colaborativa, desarrollan actividades, incluso al margen de la
relación laboral, y utilizan nuevas formas de ingeniería fiscal con el
propósito de reducir al máximo sus obligaciones tributarias.
En este mismo sentido debemos recordar
que, según los datos del Massachusetts Institute of Technology, en su informe The work of future de 2019, la
productividad laboral entre 1973 y 2016 aumentó un 75%, pero el retorno
económico a los trabajadores sólo alcanzó un 12%. Estos datos están
reformulando el axioma de que el aumento de la productividad equivale siempre a
más y mejor empleo y confirman que el trabajo está perdiendo centralidad y
protagonismo como instrumento de organización económica y distribución de
rentas, según se contempla en el informe del Consejo Económico y Social sobre
“Digitalización de la Economía”.
A pesar de todo ello, hay analistas que
hablan del gran potencial que tiene la digitalización en la creación de empleo.
Randstad Research estima que la digitalización y la robotización crearán en los
próximos 5 años nada menos que 1.250.000 empleos netos en España, muchos de
ellos desconocidos en la actualidad. Lo que beneficiará a los profesionales del
Big-Data, Cloud Computer (información en la nube), seguridad informática,
mantenimiento de redes, aplicaciones móviles, ingeniería robótica e
inteligencia artificial… No es extraño que, en este contexto, la Asociación
Española de Robótica haya incorporado en su imagen pública de marca (lógicamente
interesada) el lema: Robots ¡Cread Empleo!
Por eso, en la
actual situación, los interlocutores sociales adquieran un inusitado
protagonismo y, al margen de las decisiones que tome el Gobierno, los
sindicatos están comprometidos a exigir que la financiación pública en este
campo respete una serie de requisitos elementales: regulación, transparencia y
participación de los sindicatos (democracia económica), en claro retroceso
desde hace años y con un escaso protagonismo en las reivindicaciones sindicales
actuales (ya no se habla de control obrero o de cogestión y mucho menos de
autogestión). Los sindicatos y empresarios, además de regular el trabajo a
distancia y el teletrabajo, deben abordar a fondo la digitalización de las
empresas y de la economía, así como el futuro del trabajo que nos espera.
Efectivamente, los sindicatos deben poner en marcha iniciativas relacionadas
con el diálogo social y la negociación colectiva, que garanticen una transición
justa en estos procesos y, en todo caso, el mantenimiento del empleo con todos
los derechos. En este sentido, y como ejemplos significativos de los conflictos de clase suscitados ante
la falta de futuro de los jóvenes, debemos recordar el considerable retraso que
sufre la reindustrialización de las zonas carboníferas de Asturias y León y las
últimas movilizaciones en la Bahía de Cádiz y la comarca de la Mariña (A
Coruña) en defensa de un empleo digno y de mejores salarios.
La base de partida debe ser la
consolidación de la autonomía sindical, la defensa de la unidad de acción entre
los sindicatos, el fortalecimiento de la participación sindical en las empresas
y la recuperación de la movilización social. Se pretende con ello mejorar la
relación de fuerzas y abordar a fondo la creación de nuevos empleos; la
organización del trabajo; la jornada laboral; la contratación; la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral; el cuidado de la salud en el trabajo
(riesgos psicosociales y derecho a la desconexión); la formación continua; las
desigualdades sociales (brecha salarial, de género, digital…).
España debe
encabezar el impulso a las energías renovables (sobre todo la eólica y solar),
al amparo de sus favorables condiciones climatológicas
La lucha contra el cambio climático y
la transición del carbón a las nuevas energías renovables es el otro objetivo
prioritario de la UE y, por lo tanto, de nuestro país (Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima). Por este motivo, España debe encabezar el impulso a las
energías renovables (sobre todo la eólica y solar), al amparo de sus favorables
condiciones climatológicas. En este marco, la colaboración entre la iniciativa
pública y la privada será más necesaria que nunca, respetando siempre los
principios de transparencia, eficacia, inversión y cumplimiento de los
objetivos marcados.
La reciente crisis económica producida
por la COVID-19 ha puesto más en evidencia la necesidad de perseguir estos
objetivos. En este sentido, el Gobierno, a través del ministerio para la
Transición Energética y el Reto Demográfico (Teresa Ribera), dedicado
expresamente a esta tarea, cuenta con el impulso y el apoyo de las
organizaciones ecologistas representativas (Verdes)
para desarrollar las tareas encomendadas. El ascenso de la temperatura media,
la subida del nivel del mar, el deshielo ártico, la extensión de la sequía y la
contaminación de las ciudades son hechos muy graves a combatir con decisión,
inteligencia y financiación adecuada.
Esta política facilitará la reducción
de manera sustancial y sostenida de las emisiones de gases de efecto
invernadero: instalación de energías limpias, movilidad eléctrica,
edificios inteligentes, fomento del transporte público, aviones menos
contaminantes… En esta tarea también deben estar presentes los interlocutores
sociales y, sobre todo, los sindicatos exigiendo su participación en la toma de
las decisiones que correspondan. Una política que debe converger con la
digitalización y la exigencia de empezar a cambiar nuestro modelo productivo
(excesivamente dependiente del turismo, los servicios, la construcción y la agricultura),
modernizar nuestra economía y recuperar así el peso de la industria como
demanda la UE y los propios sindicatos (hasta alcanzar el 20% del PIB, con
especial incidencia en la España vacía, en la industrialización de la
agricultura y en el sector de la restauración y construcción de viviendas).
También a dar una mayor dimensión a las plantillas de las pequeñas y medianas
empresas y, en definitiva, a mejorar la productividad de sectores y empresas en
general. Sin olvidar abordar el florecimiento novedoso de la minería de
“tierras raras”, de gran abundancia en el interior de nuestro país, lo que
puede convertir a España en una potencia mundial en la producción de estos
materiales imprescindibles en la electrificación de coches (construcción de
baterías), lo que desde luego pondrá de nuevo a prueba la colaboración
pública-privada.
En cualquier caso, los retos enunciados
demuestran la envergadura de los problemas pendientes de ser abordados en los
próximos meses. Sobre todo, cuando los poderes fácticos siguen poniendo en
entredicho el futuro del actual Gobierno y, lo que es más importante, la salida
progresista de la crisis: la salud de las personas, el empleo, la protección
social de los ciudadanos, la economía digital, el cambio climático, la igualdad
de género y una fiscalidad más justa. Efectivamente, nuestro país se encuentra
ante un desafío mayúsculo que, además, pondrá a prueba la gestión de la izquierda política (PSOE-UP),
de las administraciones públicas y de los interlocutores sociales. Y, sobre
todo, la capacidad de movilización de la ciudadanía (rearme social
y moral) en defensa de las ideas progresistas encaminadas a superar
las desigualdades sociales y a defender a las personas más vulnerables. Razones
añadidas para seguir atentos a las políticas que vaya aplicando el Gobierno de
coalición recientemente constituido en Alemania.
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