ETA. ORÍGEN E IDEOLOGÍA
Las treguas de ETA
05.09.2010. ETA
anuncia que deja de atentar. (Foto: EFE)
01.07.1996. El
diario Egin publica un comunicado que anuncia el final de la tregua mantenida
durante una semana. (Foto: EFE)
El 20 de octubre de 2011, ETA anuncia el fn de la lucha armada, pero en toda su
Historia, ha declarado una decena de treguas.
Tras el anuncio del 05 de septiembre de 2010, la
banda terrorista declara el 10 de enero de 2011 un alto el fuego «permanente, general y verificable».
La anterior, en 2006, se prolongó durante nueve meses y terminó con un atentado en el aeropuerto de Barajas, mientras que la que
comenzó el 18 de septiembre de 1998, que duró 439 días, fue la más extensa.
Éstas son las fechas clave:
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20.10.2011 | ETA anuncia el fin de la lucha armada.
[Lea el comunicado íntegro, pdf ]
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10.01.2011 | ETA anuncia un alto el fuego «permanente, general y verificable».
[Lea el comunicado íntegro, pdf ]
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05.09.2010 | La banda anuncia su decisión de «no llevar a cabo acciones armadas ofensivas»
en una declaración en la que asegura que «si el Gobierno de España tiene
voluntad», está dispuesta a acordar «los mínimos democráticos necesarios para
emprender el proceso democrático».
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30.12.2006 | La banda terrorista rompe el alto el fuego con un atentado en el
aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas. El atentado se cobra la vida de dos jóvenes ecuatorianos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando
Estacio. No hubo comunicado previo de ruptura,
sólo un aviso telefónico de ETA poco antes de la explosión.
·
22.03.2006 | ETA anuncia un alto el fuego permanente para
«impulsar un proceso democrático en Euskal Herria». Un comunicado de la banda terrorista fija como
fecha de inicio de la tregua el viernes 24 de marzo de 2006.
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18.06.2005 | Un mes después de que el Congreso apoyara la moción del PSOE para dialogar con ETA, la banda anuncia el cese de
«sus acciones armadas» contra «los electos de los partidos
políticos de España». Unas semanas después, la banda
terrorista puntualiza en su boletín interno, 'Zutabe', que esta tregua no
afecta a los miembros del Gobierno.
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18.02.2004 | A un mes escaso de la celebración de elecciones generales, la
banda anuncia una tregua limitada al territorio de
Cataluña.
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28.11.1999 | Un comunicado de ETA anuncia el final del alto el fuego y marca el 3 de diciembre como fecha para la reanudación de
sus operaciones.
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16.09.1998 | Cuatro días después de la firma de la Declaración de Lizarra, la banda
anuncia una tregua indefinida y sin condiciones que
comenzaría dos días después. El Gobierno mostró dispuesto al diálogo: en mayo
de 1999 se celebró un encuentro en Suiza que no fructificó.
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20.11.1997 | La cúpula de ETA declara una tregua en lo que ellos vienen a
llamar el «Frente de las cárceles».
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23.06.1996 | ETA declara una tregua de una semana y ofrece
al Gobierno negociar una salida al conflicto. El Ejecutivo no responde a dicho llamamiento.
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26.04.1995 | La organización terrorista presenta su Alternativa Democrática
como una oferta para la pacificación del País Vasco.
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10.07.1992 | ETA ofrece una tregua de 60 días poco después
de la caída de su cúpula en Bidart.
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04.04.1989 | Fracasan las Conversaciones de Argel y ETA anuncia el fin de la
tregua.
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27.03.1989 | Nueva prórroga de dos meses. Prosiguen
las conversaciones entre representantes de la banda y del Gobierno.
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28.01.1989 | La organización terrorista prorroga su tregua
otros dos meses. Prosiguen los contactos entre ETA y el
Gobierno en Argel.
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08.01.1989 | ETA declara una tregua de dos semanas coincidiendo
con el inicio de las Conversaciones de Argel.
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30.10.1988 | ETA ofrece, en los mismos términos, un cese de hostilidades de 60
días. Una vez más no se llega a producir.
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15.02.1988 | Nueva oferta de ETA para una tregua de 60 días. No se materializa.
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28.01.1988 | ETA ofrece al Gobierno una tregua de 60 días con objeto de
negociar una salida pactada al conflicto vasco. Representantes de la banda
terrorista y del Gobierno mantienen contactos que no fructifican.
·
Febrero 81 | La primera tregua real se produjo días después del golpe de Estado
del 23-F, cuando ETA político-militar comunicó una tregua
de un año que, finalmente, se prolongó hasta agosto del
año siguiente.
UCD y los Acuerdos de Reinserción Social
De izquierda a
derecha, 'Txaflis', 'Erreka' y Ugarte en su primera reunión en Ginebra. (Foto:
'Espía en el País Vasco'. Plaza y Janés)
Las primeras tomas de contacto entre representantes del
Gobierno de la UCD y las dos ramas de ETA, la militar
-partidaria de limitarse a la lucha armada- y la político-militar -a favor de
combinar guerrilla y movimientos de masas-, llegaron tras la Ley de Reforma
Política de 1976. Desde este año y, hasta 1980, se produjeron varias
conversaciones.
El 30 de noviembre de 1976 se establecieron contactos en
Ginebra (Suiza) entre Ángel Ugarte -jefe del SECED (antiguo servicio
secreto) en el País Vasco entre 1974 y 1979-, y la rama
político-militar (p-m). Ugarte ya había tenido contacto con los etarras durante
el franquismo. Esta vez, sus interlocutores fueron Javier Garayalde, 'Erreka',
y Jesús María Muñoa Galarraga, 'Txaflis'.
'Erreka' era miembro del Comité Ejecutivo de los
poli-milis y la mano derecha de Pertur, ideólogo
de esta división de la banda, presuntamente asesinado por sus compañeros. Tras
su desaparición, 'Erreka' se convirtió en el principal impulsor de la
"teoría del desdoblamiento", que apostaba por crear un partido que
participara en el proceso democrático.
El propio Ugarte -que narra su experiencia en el libro
‘Espía en el País Vasco’, cuenta cómo la banda le tanteó para dialogar, cómo
pidió permiso a Suárez, a través del director del SECED, Andrés
Casinello, y cómo éste dio el visto bueno.
El servicio secreto se encargó de elegir el lugar —una
suite en el hotel D’Avelles de Ginebra, repleta de cámaras y micrófonos ocultos—
y la fecha, el 30 de noviembre de 1976. Ugarte se citó con los etarras en un
edificio de Correos a las 8.30 de la mañana. Juntos partieron hacia el hotel,
recorriendo las calles de la ciudad. Al principio la charla fue tensa, pero
después se creó un ambiente distendido. "Eran gente seria,
con la que se podía negociar", dice Ugarte a elmundo.es
casi 30 años después. A este encuentro le sucedieron otros, a los que se
sumaron miembros de ETA militar, que, en seguida, rechazaron el diálogo.
"Con ellos era más difícil hablar. Incluso se produjeron situaciones
violentas", cuenta.
Ugarte prosiguió los contactos durante el tiempo que
estuvo en los servicios secretos -"Había que escuchar para
conocerlos"-. Como consecuencia de estas reuniones se produjo una
radicalización de ETA-militar, agudizada tras la incorporación de los comandos
especiales (Bereziak), que se separaron de los poli-milis a raíz de las
reuniones.
NUEVOS INTENTOS DE DIÁLOGO
En 1977 el Gobierno Suárez eligió como intermediario para
el diálogo al periodista José María Portell, -autor del libro 'Los hombres de
ETA'-, que conocía el entorno etarra. Para explicarle su cometido se entrevistó
con él un hombre cercano al Gobierno, conocido como 'Estíbaliz'.
En febrero, Portell se reunió con Juan José Etxabe,
un histórico de ETA, para pactar la base de futuras negociaciones. El objetivo
del Gobierno era la paz y, sobre todo, llegar a los comicios del 15 de junio de
ese año sin atentados. A cambio estaba dispuesto a negociar con los presos
vascos.
Durante 1977 año se produjeron cuatro
contactos. En los dos primeros, en Ginebra, participaron
"Estíbaliz", por parte del Gobierno, y Garayalde Velar y Muñoa
Galarraga de ETA (p-m). A la segunda cita se sumó "Peixoto", de ETA
militar. Sin embargo, las negociaciones con esta sección se interrumpieron al
no aceptar el Gobierno sus peticiones. En la tercera y cuarta reunión, en
Francia y Vitoria, respectivamente, estuvieron el comisario Andrés Gómez
Margarida y Garayalde Velar.
Meses después, algunos de estos protagonistas pagaron las
que podrían ser consecuencias de sus actos: Margarida fue cesado de la Jefatura
Superior de Policía de Galicia, al declarar "Soy el hombre que más
contacto directo tuvo con ETA", Portell fue asesinado por la banda en
junio de 1978 y Etxabe fue víctima de un atentado días después.
1981, UN AÑO CLAVE
En 1979 tomaron fuerza los rumores de nuevas negociaciones.
El Gobierno, al contrario que la banda, lo negaba, pero los encuentros no
tardaron en salir a la luz. Se celebraron en Ginebra y participaron 3
poli-milis (Garayalde, Muñoa y José Luis Etxegaray), 2 milis (uno de ellos,
"Peixoto") y 3 oficiales del Ejército.
La fecha clave de la etapa de UCD fue sin duda 1981. Ese
año, con Calvo Sotelo al frente del Gobierno, llegaron las negociaciones entre
el ministro del Interior, Juan José Rosón,
y los máximos representantes de ETA político-militar. Como mediadores
actuaron Mario Onaindía -secretario
general del partido abertzale EIA, próximo a los poli-milis- y Juan María
Bandrés, miembro de EE. La clave de los diálogos fue el Plan de Reinserción
Social, que aceptó Rosón para los etarras que no tuviesen delitos de sangre y
los exiliados de esta sección de ETA.
Como recuerdan Antonio Rubio y Manuel Cerdán en su libro
‘Lobo. Un topo en las entrañas de ETA’, la negociación funcionó y
el 30 de septiembre de 1982 llegó la disolución de ETA p-m VII Asamblea, que
opta por la vía política. La mayoría de sus miembros se integra en la coalición
Euskadiko Ezkerra. El sector disidente de esta sección de la banda, llamados
los "octavos", decidiría seguir con la lucha armada y se integra en
ETA militar, que ha continuado matando hasta la fecha.
Felipe González y las conversaciones de Argel
‘Antxon’, durante
su estancia en Argel. (Foto: ELMUNDO)
Durante los Ejecutivos socialistas de Felipe González se
vivieron unas históricas negociaciones con ETA: las conversaciones de Argel de
1989. Aunque parecía que podrían obtenerse resultados, los contactos no
llegaron a buen puerto.
Tras fracasar el diálogo, el propio presidente del
Gobierno afirmó no haber tenido nunca esperanza en las negociaciones: "No
creo que estuvieran nunca a punto de llegar a un acuerdo. No pensaba que
aquéllo estuviera a punto de resolverse en ese momento. Creía sólo que era una
oportunidad como otra cualquiera", dijo.
Sin embargo, durante el invierno de 1984, Felipe Gónzalez
intentó ya acercarse a los terroristas; tantearles para ver
cómo afrontarían el diálogo. El encargado de establecer el
contacto fue el entonces comandante de la Guardia Civil Enrique Rodríguez
Galindo que, según recogen José Mª Irujo y Ricardo Arqués en 'ETA la derrota de
las armas', en febrero de ese año se reúne en Andorra con el líder de ETA,
Domingo Iturbe Abasolo "Txomin". Las reuniones las repetirán dos
agentes del CESID y el jesuita José Mª Martín Patiño en nombre del Gobierno.
En ellas se puede entrever un posible avance hacia el fin
de las armas. El tiempo apremia por lo que días después, en agosto de
1984, el ministro de Interior, José Barrionuevo, lanza
públicamente una oferta de diálogo -"Alternativa para
la paz"-, que ofrecía la reinserción social a los etarras que entregasen
las armas y acatasen la Constitución. La respuesta de ETA no se hace esperar:
están dispuesto a negociar. Sin embargo, habrá que esperar unos años para que
tomen forma las conversaciones de Argel.
CONTACTOS CON 'TXOMIN'
Los contactos para estas negociaciones comenzaron en el
sur de Francia en 1986, antes de la detención de "Txomin", en
abril, en un control del País Vasco galo. El 12 de julio, "Txomin"
fue deportado a Gabón, país desde el que llegará a Argelia. El histórico
dirigente de ETA se había perfilado como el interlocutor perfecto del Gobierno,
ya que estaba a favor de negociar un fin de la lucha armada.
Durante los meses posteriores, dirigentes socialistas
como Rafael Vera o Alfonso Guerra viajaron a Argelia para dialogar con sus
autoridades, que se encargaría de mediar con ETA. Y es que, el
país argelino se estaba convirtiendo en un santuario de terroristas,
muchos de los cuales llegaban directamente de Francia.
Según explica el periodista Alberto Pozas, autor de 'Las
conversaciones secretas Gobierno-ETA', el Ejecutivo envió a policías a
"tantear" al dirigente etarra en Gabón, pero éste se negó a
recibirlos. En septiembre de 1986, "Txomin" llega a
Argel, donde empiezan los encuentros. Su primer interlocutor
fue Jorge Argote, abogado que representaba a Vera. El Gobierno había decidido
que él iniciase los contactos y después, si el proceso seguía adelante,
enviarían a personas de mayor representación política, cuenta Pozas.
La primera reunión se produce el 13 de noviembre de
1986, en un chalé de la urbanización turística Cap des
Pins, a las afueras de Argel, habilitado especialmente para la
ocasión. Tras este encuentro, el etarra pedirá un interlocutor de mayor calado
político.
El 11 de enero 1987 se produce una nueva reunión en Argel
entre Julián San Cristóbal (director general de la Policía), Manuel Ballesteros
(comisario asesor de Barrionuevo), el policía Pedro Martínez Suárez y
"Txomin". La representación oficial le exige un alto el fuego y que
defienda el Estatuto de Gernika. El etarra responde fijando estos puntos como
contenido del próximo encuentro y pidiendo que Eugenio Etxebeste
"Antxon" se sume al diálogo.
Entre esta reunión y la siguiente se
suceden varios acontecimientos: en enero, la Policía
detiene al comando Madrid y el 19 de junio se produce la matanza de Hipercor en
Barcelona. En febrero había muerto "Txomin" en un accidente de
tráfico en Argelia y será reemplazado por "Antxon" en su condición de
intermediario.
LA TREGUA, REQUISITO IMPRESCINDIBLE
El 10 de agosto del 87 Ballesteros y el comisario Jesús
Martínez Torres se reúnen con "Antxon" en una chalé del Paseo del Mar
de Argel, pero el etarra se niega a negociar con policías. Tras otro encuentro
con Ballesteros, el 14 y 15 de octubre llegan las primeras reuniones con Julen
Elgorriaga (representante del Gobierno en el País Vasco). Se repiten en
noviembre, sin que se logré avanzar en las negociaciones.
Unos días después, el 11 de diciembre, la banda perpetra
los atentados de la casa cuartel de Zaragoza, que acabarán con la paciencia del
Gobierno: Vera viaja a Argelia para decir a las autoridades
que no seguirán con las negociaciones si ETA sigue
matando. Todo queda pendiente de una tregua.
Las campanas de diálogo vuelven a sonar en septiembre del
88, cuando Corcuera, que había sustituido a Barrionuevo al frente de Interior,
explica en el Congreso que podría hablarse con ETA de nuevo —el Gobierno había
reconocido por primera vez que se habían entablado diálogos en agosto del 87-.
El 8 de enero de 1989 la banda anuncia un alto al fuego de 15 días. Ese mismo
mes, el día 14, se reanudan las conversaciones en Argelia al máximo nivel:
ENCUENTRO ENTRE VERA Y 'ANTXON'
Una delegación formada, entre otros, por Corcuera,
Vera y Juan Manuel Eguiagaray (delegado del Gobierno en
Murcia) viaja al país africano. Por la mañana se reúnen con las autoridades y,
después de comer, Vera, Eguiagaray y Pedro Martínez parten al encuentro con
"Antxon". Cuando llegan a la cita descubren que el dirigente no está
sólo. Le acompañan Ignacio Aracama Mendía y Belén Gonzalez Peñalva, 'Carmen' y
'Makario', ambos del Comando Madrid.
Esta vez, la reunión se celebra en una casa de dos pisos
que el gobierno argelino utilizaba para hospedar a dignatarios extranjeros.
Este escenario acogerá posteriores encuentros. "Hemos
venido a comprobar si son ciertas las ofertas para acabar con la
violencia", dice Vera. Lo primero que les piden es una
tregua de dos meses.
El 26 de enero del 89 llega la siguiente reunión. Antes,
el 18, el comisario Martínez había pactado con "Antxon" los temas a
tratar. Los contactos se suceden en febrero y marzo, pero no se avanza en las
negociaciones. Desde el sur de Francia, la banda terrorista presiona a su líder
para que no declare una tregua, explica Pozas.
La ruptura llega tras la reunión
del 3 de abril. Los interlocutores vuelven a sentarse a la mesa de diálogo,
mientras Corcuera llama a todos los partidos para decirles que las
negociaciones marchan muy mal. El 7 de abril, ETA comienza a atentar con
paquetes bombas dirigidos a distintas autoridades. El proceso está roto y así
lo declara Interior en un comunicado. "El Gobierno da por finalizado el
dialogo", reza el texto.
Aznar y los intentos de pactar en Zúrich
Noviembre de 1999:
ETA anuncia el fin de la tregua. (Foto: AP)
El Gobierno popular de José María Aznar también intentó
poner fin a la violencia de ETA a través del diálogo. Las conversaciones entre
representantes de este Ejecutivo y la banda terrorista se produjeron el 19
de mayo de 1999 en la ciudad de Zúrich (Suiza). El
contexto era el de la tregua indefinida declarada por ETA en septiembre de
1998.
Dos semanas después del inicio de la tregua, el 2 de
octubre, Aznar ya planteó en una declaración pública la
posibilidad de emprender una fase de diálogo con la banda. Antes se había
reunido con todas las fuerzas políticas.
En la conversación, única, de Zúrich participaron los
etarras Mikel Antza, entonces jefe del
aparato político de la banda, Vicente Goikoetxea y Belén González Peñalba,
Carmen, que había estado también en las negociaciones de Argel. Por parte
del Gobierno, acudió una delegación integrada por el secretario
general de la Presidencia, Javier Zarzalejos; el secretario de Estado de
Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, y el asesor personal de Aznar, Pedro Arriola.
La reunión contó con un moderador, el entonces Obispo de
Bilbao, Juan María Uriarte. Belén González
Peñalba se encargó de dejar acta del encuentro, tomando nota de todo lo que
ocurría.
Según publicó EL MUNDO, también participó en las
negociaciones Jokin Etxeberria, brazo derecho de Mikel Antza, considerado un
intermediario. Poco después del encuentro con el Gobierno, tanto él como
González Peñalva fueron detenidos.
De acuerdo con la información que fue saliendo a la luz,
unos meses antes, y como fase previa a este encuentro, la misma comitiva
oficial se había entrevistado en Burgos con una representación de la ahora
ilegalizada Batasuna. La integraban Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga (más
tarde secretario general del sindicato abertzale LAB) y Pernando Barrena.
DIÁLOGO SOBRE LOS PRESOS
EL MUNDO contó además que, tras la reunión de Zúrich con
la cúpula etarra, los representantes del Ejecutivo se reunieron inmediatamente
con José María Aznar en La Moncloa para contarle lo ocurrido. Acto seguido, en
otra reunión, defendieron ante el presidente la necesidad de hacer
un gesto en política penitenciaria para dar más solidez al
proceso de diálogo.
A pesar de las voluntades negociadoras, este intento de
los 'populares' por terminar con la violencia tampoco consiguió dar frutos. ETA
se negó a seguir adelante con los contactos y, en noviembre, anunció a través
de un comunicado que rompía la tregua. En él atribuía la responsabilidad de la
ruptura del camino a la paz al PNV y EA por "no avanzar en los objetivos
de la construcción nacional", que la banda quiso compaginar con las
conversaciones con el Ejecutivo sobre los presos.
El primer atentado mortal tras este paréntesis se produjo
en enero de 2000 y le costó la vida al teniente coronel del Ejército, Pedro
Antonio Blanco García.
Ahora, seis años después de las negociaciones de Zúrich,
José María Aznar ha asegurado públicamente que sus gobiernos nunca negociaron
con ETA. "Jamás el Gobierno que yo presidí dio
instrucciones a nadie de negociar, y menos con
terroristas", afirmó el pasado 14 de mayo en Santander. En alusión a los
contactos con ETA mantenidos durante la tregua, el ex presidente añadió que las
únicas órdenes que emitió durante su mandato eran para comprobar si los
terroristas "estaban dispuestos a rendirse".
El diálogo frustrado en Barajas
Marzo de 2006: ETA
anuncia el alto al fuego. (Foto: Efe)
El
22 de marzo de 2006, ETA anunciaba un nuevo «alto el fuego permanente» en un comunicado remitido a la televisión pública vasca. «El objetivo
de esta decisión es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria. La
superación del conflicto, aquí y ahora, es posible. Ése es el deseo y la
voluntad de ETA», afirmaban. El anuncio se producía tras casi tres años sin
víctimas mortales y daba comienzo a un nuevo periodo de esperanza que terminó
nueve meses después con un brutal atentado en la Terminal 4 del
aeropuerto de Barajas (Madrid)
y dos nuevas víctimas mortales en el haber de la banda.
El
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estrenaba así su oportunidad de
encontrar una solución al conflicto. Un año antes, el 17 de mayo de 2005, se
había asegurado el aval parlamentario para iniciar un diálogo con los
terroristas si aceptaban abandonar las armas tras aprobarse en el Congreso de
los Diputados una moción de la que sólo se desmarcó el PP.
En los meses anteriores al anuncio de la tregua, Zapatero había expresado
además «su convicción» de que era «el mejor momento en muchos años para empezar
a ver el inicio del principio del fin de la violencia». Y se puso a ello.
Tras
unos meses de detenciones, cartas de extorsión y bronca política, el 29 de junio de 2006 el
presidente anunció en el Congreso el inicio del diálogo con la banda, de nuevo sin el
apoyo del principal partido de la oposición. Pero la 'kale borroka' no cesó en el País Vasco y el anuncio de que un grupo de
etarras había robado en Francia un arsenal de
300 revólveres, 50 pistolas y diversa munición y las
sucesivas huelgas de hambre de De Juana Chaos ante su posible condena por amenazas,
llegaron para complicar las cosas. Un acuerdo parecía entonces lejano.
Hasta que, el 4 de noviembre de 2006, ETA amenazó con romper el proceso de paz si el Gobierno «no cumplía sus compromisos». A pesar
de que la situación no pintaba bien, el 29 de diciembre de 2006, Zapatero se mostró optimista con la marcha del
proceso: «Hoy estamos mejor que hace un año
(...) Dentro de un año estaremos mejor», dijo. Pero sus palabras fueron
brutalmente rebatidas sólo 24 horas después. A primera hora de la mañana del
día 30, una llamada anónima a la DYA de Guipúzcoa anuncia la explosión de una furgoneta en el aeropuerto madrileño. Dos personas murieron, y
con ellas, la esperanza de establecer un diálogo positivo con la banda.
Topos y negociaciones
Santi Potros, cuando fue extraditado a España
En 1974 el Servicio de Documentación de Carrero
Blanco, antesala del CESID -se creó en 1978-, introduce un topo en ETA
llamado Mikel Lejarza, alias «el Lobo», que consigue situarse en la
cúpula de la organización como responsable de infraestructuras en el interior.
Este infiltrado logró desplazar a Madrid a los grandes jefes de ETA,
propiciando la detención del Comando Madrid y el Comando Barcelona en
1975. Con el asesinato de Carrero Blanco y el atentado de Correos, la lucha
antiterrorista comienza a tomarse más en serio desde el Estado,
intensificándose las detenciones. En el 77, Suárez crea el Mando Único
de la Lucha Contraterrorista.
La lucha se produce en dos frentes: el legal y el ilegal. La
«guerra sucia» se inicia ya en el 75 y se alarga hasta el año 86, cuando
los GAL cierran capítulo. La batalla legal implica la actividad en varios
frentes: el judicial, el policial y la negociación. La estrategia de acción
contra el terrorismo ha ido evolucionando en función de las diversas mutaciones
que ha ido sufriendo la organización criminal. Garzón puso en
marcha desde la Audiencia Nacional una potente maquinaria legal, hoy a pleno
rendimiento, para desmantelar la red terrorista.
En los primeros tiempos, Francia se
niega a colaborar porque desconfía de un país recién salido de la dictadura y
porque considera novata a la Policía. A mediados de los años 80 cambia la
situación y la cooperación con los vecinos da abundantes frutos. Para empezar,
expulsan a numerosos etarras de su territorio, que tienen que emigrar a Argelia
y Sudamérica. Txomín y Antxón pierden la complacencia gala, entre otros. En
1981, cinco días después del 23-F, los poli-milis anunciaron una tregua
indefinida que desemboca en el Plan de Reinserción Social, a raíz del cual
desaparece la rama política de ETA. Esto, sumado a la desarticulación de
comandos y las extradiciones, hace desaparecer también a ETA VIII Asamblea.
Los GAL (Grupos
Antiterroristas de Liberación), que actuaron desde el 84 al 86 cometiendo 23
asesinatos, atentaban contra militantes y simpatizantes de ETA residentes en el
sur de Francia. El secuestro y posterior asesinato de Lasa y Zabala a
finales del 83 y el secuestro de Segundo Marey en el 84,
marcan el inicio de este grupo de mercenarios financiados con los
Fondos Reservados y amparados desde el Ministerio del Interior. La
guerra sucia minó la lucha antiterrorista y acabó salpicando, de cara a la
opinión pública, a algunos de los cuerpos que trabajaban desde la legalidad
contra el terrorismo.
Los contactos y las negociaciones destinadas a lograr la paz constituyen otro de los pilares de la
lucha antiterrorista. En el año 86 se establecen conversaciones Gobierno-ETA
en Argelia. El intermediario «Txomin» muere en accidente de
carretera y le reemplaza «Antxon». Tras la detención de Santi Potros,
hay que aprovechar el debilitamiento de ETA. La caída de Sokoa priva
a los terroristas de su aparato del impuesto revolucionario. En 1991 cae la
cúpula de ETA en Bidart y el efecto dominó acaba con todos los
generales de la banda. En el 96 se regenera la estructura de la lucha
antiterrorista y se garantiza el destino de los fondos reservados. En
1997 se recupera la negociación, esta vez con el PP. En junio de 1998 ETA
anuncia una tregua que dura 16 meses.
Para investigar se usa a los chivatos,
delatores y arrepentidos. Hay gente infiltrada y algunos miembros de la
organización que hablan por dinero. También están los pinchazos telefónicos y
la información que se logra tras cada detención, en la que se encuentran
teléfonos, direcciones, cuentas corrientes y proyectos de operaciones.
La ETA actual se encuentra más enferma y
debilitada, sus miembros son de bajo perfil, más inexpertos y con menos
recursos. Que la organización haya abandonado el secuestro es
un síntoma.
Garzón, contra el entramado de ETA
El
último jefe de ETA detenido, Jurdan Martitegi, planeó asesinar, como si de una
película del mejor cine negro se tratara, con veneno y botella de coñac
incluida, al que probablemente sea el peor enemigo de la banda terrorista: el
juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Desde
que en 1998 abandonara su incursión en la política —concurrió como número dos
de las filas socialistas en las elecciones de 1993— y regresara a su despacho
en la Audiencia, Garzón se convirtió en el azote de la banda
terrorista y de su entorno dando duros golpes a la
organización etarra, que le han llevado no sólo a estar entre los objetivos más
deseados de la banda, sino también a recibir las críticas de muchos sectores
que le han acusado en más de una ocasión de atentar contra la libertad de
expresión.
Sea
como fuere, el juez instructor fue el primero que se plantó en Francia para interrogar
a dirigentes de ETA detenidos en territorio galo, como
Josu Ternera, y otros nombres míticos, los encargados de ordenar dónde se sitúa
el coche bomba o a quién se pega el tiro en la nuca.
Ha ilegalizado Batasuna; clausurado el diario Egin y la emisora de radio Egin Irratia,
acusados de colaboración terrorista; acusado a la Coordinadora de
Alfabetización y Euskaldunización (AEK), una coordinadora vasca para la
alfabetización de adultos en euskera, de ser el entramado financiero de la
organización. Y asím decenas de causas contra la banda terrorista.
De
todas las instrucciones contra ETA, la más comprometida y polémica fue la
ilegalización de Batasuna, en un auto publicado en Madrid el 26 de agosto de
2002, por un delito de integración en organización terrorista. La ilegalización
de la tercera fuerza política vasca levantó ampollas entre los nacionalistas vascos (PNV),
que gobernaban en Euskadi, y el por entonces Gobierno de Aznar, quien desde ese
momento iniciaría una campaña de acoso contra los nacionalistas.
Cinco
años después de aquel ambicioso auto, los españoles se despertaban el 4 de
octubre de 2007 con la detención de toda la cúpula de
Batasuna. En total, 23
detenidos que fueron arrestados mientras celebraban una
reunión en la que supuestamente iban a realizar el traspaso de poderes de la
antigua mesa nacional a una cúpula renovada, muy tocada tras la detención de Arnaldo Otegi y Joseba Álvarez, entre otros.
Con
el auto, el conocido juez 'estrella' dejaba claro su intención de acabar tanto
con el brazo político de la banda como con el militar. Cuando Batasuna quedó
completamente ilegalizada, ETA intentó voler a incurrir de alguna manera a las
elecciones, esta vez bajo las siglas de ANV y PCTV.
Lo consiguió, pero de nuevo Garzón estuvo al quite para investigar su
vinculación terrorista y logró que el Supremo ilegalizara a los dos partidos.
Javier
Arruabarrena Carlos y Ohiane
Garmendia Marín han sido dos de los últimos etarras en caer
bajo las fauces judiciales de Garzón. Ambos ostentan el título de
ser dos de los terroristas más buscados y responsables
del aparato de información de la banda —encargado de
recopilar datos para futuros objetivos—. Fueron detenidos en la localidad
francesa de Charenton-le-Pont.
Pero
antes que ellos, el juez instructor dio uno de los golpes que más daño ha hecho
a la banda en los últimos tiempos: el encarcelamiento del número uno de ETA y responsable del aparato militar, Jurdan Martitegi Lizaso.
En una operación similar a la que se realizó contra su predecesor en la
dirección terrorista, Aitzol Iriondo,
Garzón apareció de nuevo en escena, esta vez contra la cúpula sangrienta de la
banda.
El 'comando Vizcaya' también cayó en sus redes. Nueve detenidos, entre
ellos, Arkaitz Goikoetxea —jefe
del comando—, Libe Agirre Mazaga, Adur Aristegi Aragon o Aitor Kotano Sinde.
Fue uno de los mazazos más duros a la banda, ya que era uno de los comandos más
activos desde la ruptura del alto el fuego.
Pocos
ejemplos para una lucha antiterrorista que, sin duda, ha tenido desde el
principio como coprotagonista al juez Garzón. Desde la ruptura de la tregua, las
operaciones contra la banda han ido 'in crecendo' y en la mayoría de ellas lha
sido el juez de la Audiencia Nacional el que ha dado el pistoletazo de salida
para intentar mermar aún más a un banda que cada vez se muestra más débil y
aislada.
Acuerdos políticos
La historia de los acuerdos antiterroristas comenzó en
1987 con el Pacto de Madrid, resolución a la
que siguierpn el Pacto de Ajuria Enea (1988),
el Pacto de Navarra o de Pamplona
(1988) y el Pacto por las Libertades y contra el
Terrorismo (2000).
1987. PACTO DE MADRID
La historia de los acuerdos antiterroristas comenzó con
el Pacto de Madrid, firmado el 5 de noviembre de 1987 en
el Congreso de los Diputados por todos los grupos excepto EA. Surgió a
iniciativa del PSOE meses después del atentado de Hipercor, el más sangriento
en la historia de la banda terrorista, con 21 muertos.
El acuerdo asumía una resolución parlamentaria de 1985,
denunciaba la falta de legitimidad de ETA para expresar la voluntad del pueblo
vasco, rechazaba la negociación de problemas políticos con
la banda, y emplazaba a los terroristas a abandonar las armas y
a aceptar las vías democráticas.
El Pacto de Madrid, que se convirtió en el referente de
los dos siguientes acuerdos contra ETA —el de Ajuria Enea (Vitoria) y el de
Navarra—, se reunió por última vez el 12 de diciembre de 1997, tras el
asesinato del concejal PP en Rentería José Luis Caso.
1988. PACTO DE AJURIA ENEA y PACTO DE NAVARRA
El Acuerdo para la Normalización y la Pacificación de
Euskadi, conocido como Pacto de Ajuria Enea y firmado el 12 de enero de 1988,
duró diez años y fue suscrito por todos los grupos con representación
parlamentaria en la Cámara vasca, excepto HB.
Los firmantes se comprometían a defender el Estatuto de
Gernika como «expresión de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos vascos», a
apoyar «las vías de reinserción» para quienes renunciaran al terrorismo y a
respaldar el diálogo «entre los poderes del Estado y quienes abandonen la
violencia».
Si Ajuria Enea unió a los partidos democráticos vascos en
1988, el Acuerdo por la Paz y la Tolerancia, también
conocido como Pacto de Navarra o de Pamplona, aglutinó a las
formaciones navarras ese mismo año, excepto EA y HB, impulsado por el gobierno
foral presidido por el socialista Gabriel Urralburu. Esta iniciativa proclamó
la legitimidad de todo proyecto político que no se apoye en la violencia,
exigió a ETA el abandono inmediato y definitivo de las armas y abrió la puerta
a una solución dialogada del conflicto vasco y a la aplicación de medidas de
reinserción para los que abandonen la violencia.
En las últimas reuniones del Pacto de Ajuria Enea se
comprobó el progresivo distanciamiento de los firmantes, que se consumó el 12
septiembre de 1998 con la firma de la Declaración de
Lizarra en la localidad navarra de Estella. El PNV, EA, HB
e IU defendían en ella el diálogo sin condiciones y el denominado «ámbito
vasco de decisión» como claves para la paz. Cinco días
después, ETA anunció un alto el fuego «total,
unilateral e indefinido», que rompió en diciembre de 1999.
2000. EL PACTO ANTITERRORISTA
La ruptura de la tregua y la apuesta de los partidos
nacionalistas vascos por Lizarra llevaron al entonces líder de la oposición y
secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a
proponer un acuerdo al PP. El Acuerdo por las
libertades y contra el terrorismo, también conocido como Pacto Antiterrorista,
fue suscrito en la Moncloa el 12 de diciembre de 2000. En su introducción, PP y
PSOE destacaban como «requisito imprescindible» para alcanzar «cualquier pacto
político o institucional» con el PNV y EA que ambas formaciones rompieran de
manera «formal» con el Pacto de Estella.
PP y PSOE se comprometieron a «impulsar
conjuntamente» las
libertades y la política contra ETA, con una «colaboración
permanente», el intercambio de información y la búsqueda de
posiciones conjuntas en esta materia, compromiso que dio lugar, por ejemplo, a
la ley de partidos por la que se ilegalizó a Batasuna.
En el Pacto, cuya última reunión tuvo lugar el 3 de
noviembre de 2004, los dos partidos aseguraban que corresponde al Gobierno
dirigir la lucha antiterrorista y se comprometían a «eliminar del ámbito de la
legítima confrontación política o electoral las políticas para acabar con el
terrorismo».
Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo
El 8 de diciembre de 2000, el Partido Popular y el
Partido Socialista sientan, con este acuerdo, las bases de una política común
para el País Vasco.
«El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero
Español, decididos a reforzar su unidad para hacer plenamente efectivas las
libertades y acabar con el terrorismo, entienden que es su responsabilidad ante
la sociedad española adoptar el siguiente Acuerdo:
El retorno de ETA a la violencia terrorista, tras el cese
temporal anunciado en Septiembre de 1998, ha puesto dramáticamente en evidencia
la situación en el País Vasco. Con ello, ha quedado también de manifiesto el
fracaso de la estrategia promovida por el PNV y por EA, que abandonaron el
Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al
abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la
autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco.
La estrategia de ETA no puede ser más evidente: tratan de
generalizar el miedo para conseguir que los ciudadanos y las instituciones
desistan de sus principios, ideas y derechos y así alcanzar sus objetivos que,
por minoritarios, excluyentes y xenófobos, no lograrían abrirse camino jamás
con las reglas de la democracia.
El abandono definitivo, mediante ruptura formal, del
Pacto de Estella y de los organismos creados por éste, por parte de ambos
partidos, PNV y EA, constituye una condición evidente y necesaria para la
reincorporación de estas fuerzas políticas al marco de unidad de los partidos
democráticos para combatir el terrorismo. La recuperación plena de esa unidad
para luchar contra el terrorismo debe llevarse a cabo en torno a la
Constitución y el Estatuto de Guernica, espacio de encuentro de la gran mayoría
de los ciudadanos vascos.
Asimismo, la ruptura del Pacto de Estella y el abandono
de sus organismos constituye, para el Partido Popular y el Partido Socialista,
un requisito imprescindible para alcanzar cualquier acuerdo político o pacto
institucional con el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna.
Desde el acuerdo en el diagnóstico y en las consecuencias
políticas que del mismo se derivan, el Partido Popular y el Partido Socialista
Obrero Español queremos hacer explícita, ante el pueblo español, nuestra firme
resolución de derrotar la estrategia terrorista, utilizando para ello todos los
medios que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición.
Queremos, también, reforzar nuestra unidad para defender
el derecho de los vascos, el de todos los españoles, a vivir en paz y en
libertad en cualquier lugar de nuestro país.
ACUERDO
·
1. El terrorismo es un problema de Estado.
Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero
combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos
políticos democráticos, estén en el Gobierno o en la oposición. Manifestamos
nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o
electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el
terrorismo.
·
2. La violencia es moralmente aborrecible
y radicalmente incompatible con el ejercicio de la acción política democrática.
Quienes la practican, quienes atentan contra la vida de aquellos que no piensan
como ellos sólo merecen la condena y el desprecio de los partidos políticos
democráticos y del conjunto de la sociedad. No existe ningún objetivo político
que pueda reclamarse legítimamente en democracia mediante coacciones o asesinatos.
El único déficit democrático que sufre la sociedad vasca, el verdadero
conflicto, es que aquellos que no creen en la democracia ejercen la violencia
terrorista para imponer sus objetivos a la mayoría. Por ello, el PP y el PSOE
nos comprometemos a trabajar para que desaparezca cualquier intento de
legitimación política directa o indirecta, de la violencia. Por eso, también,
afirmamos públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún
caso, ventaja o rédito político alguno.
·
3. Durante más de dos décadas de democracia, el
pueblo vasco ha desarrollado su capacidad de autogobierno en el marco de la
Constitución y del Estatuto de Guernica. Ese marco ha permitido la expresión
política, cultural y social de la pluralidad que alberga la sociedad vasca.
Cualquier discrepancia política existente entre vascos puede y debe plantearse
en ese marco institucional. Cualquier proyecto político, incluso aquellos que
pretenden revisar el propio marco institucional, debe respetar las reglas y los
procedimientos en él establecidos. El diálogo propio de una sociedad
democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los
ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y
Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia. La paz, la convivencia
libre y el respeto a los derechos humanos son valores no negociables.
·
4. La defensa de los derechos humanos y de las
libertades públicas corresponde, en primer lugar al conjunto de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y,
en su ámbito, la Ertzaintza. De su capacidad y eficacia depende que se
erradique en el País Vasco y en el resto de España la violencia, las amenazas y
los chantajes de los terroristas y de quienes los sostienen. Por ello,
reiteramos nuestra confianza en su trabajo y apoyaremos su dotación adecuada de
medios humanos y materiales para desarrollar la labor que tienen encomendada.
Es una confianza, un apoyo y un compromiso que queremos hacer extensivo a
Jueces y Fiscales, a todos los que trabajan al servicio de la Justicia para
asegurar nuestra convivencia libre y pacífica.
·
5. Los delitos de las organizaciones terroristas son
particularmente graves y reprobables porque pretenden subvertir el orden
democrático y extender el temor entre todos los ciudadanos. Nuestro sistema
penal ofrece una respuesta jurídica adecuada para reprimir esos delitos. No
obstante, si nuevas formas delictivas o actitudes y comportamientos que
constituyeran objetivamente colaboración o incitación al terrorismo exigiesen
reformas legales, nos comprometemos a impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo.
La política penitenciaria forma parte de la estrategia de
persecución contra las bandas terroristas y, por tanto, se sitúa en el marco de
acuerdo entre ambos partidos y con el Gobierno. Dentro de nuestro ordenamiento
jurídico, la legislación penitenciaria ha de aplicarse asegurando el más
completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas. La política
penitenciaria contemplará las formas de reinserción de aquellos que abandonen
la organización terrorista y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento
y voluntad de resocialización tal y como establece nuestra Constitución.
·
6. La experiencia de las actuaciones
policiales ha puesto de manifiesto reiteradamente la importancia que tiene la
cooperación internacional para la lucha antiterrorista. Los partidos firmantes
del presente Acuerdo nos comprometemos a trabajar para reforzar nuevas
iniciativas de cooperación, singularmente con Francia y en el marco de la Unión
Europea. A tal efecto, ambos partidos creemos necesario mantener una actividad
informativa permanente, a escala internacional, en el ámbito de las
instituciones y de las organizaciones políticas y ciudadanas.
·
7. Las víctimas del terrorismo constituyen nuestra principal
preocupación. Son ellas quienes más directamente han sufrido las consecuencias
del fanatismo y de la intolerancia. Sabemos que la democracia nunca podrá
devolverles lo que han perdido, pero estamos dispuestos a que reciban el
reconocimiento y la atención de la sociedad española. La Ley de Solidaridad con
las Víctimas del Terrorismo ha sido una expresión unánime y cualificada de su
reconocimiento moral y material. Pero nuestras obligaciones no han terminado.
Debemos esforzarnos por preservar su memoria, por
establecer un sistema de atención cotidiana y permanente. Su colaboración con
la sociedad española en la batalla contra el terrorismo sigue siendo necesaria
ya que nadie mejor que las víctimas para defender los valores de convivencia y
respeto mutuo que quieren destruir aquellos que les han infligido tal sufrimiento.
Para promover esa colaboración, ambos partidos nos
comprometemos a impulsar, junto con las asociaciones de víctimas, la creación
de una Fundación en la que estén representadas dichas asociaciones que
coordinará sus actividades con las fundaciones ya existentes.
·
8. Pero la definitiva erradicación de la violencia
terrorista en España no es una tarea exclusiva de los partidos políticos
democráticos. Exige el compromiso activo de todos, instituciones, gobiernos y
ciudadanos en la afirmación constante de los valores cívicos y democráticos. PP
y PSOE reafirman su determinación de impulsar y apoyar la movilización de los
ciudadanos en contra de la violencia terrorista y en repudio de los asesinos.
Ambos partidos expresan su apoyo a los medios de comunicación y a los
profesionales que en ellos trabajan y subrayan la importancia de su función
para transmitir los valores que garantizan la convivencia entre los españoles y
que aparecen recogidos en nuestra Constitución.
La libertad de expresión y el pluralismo informativo
constituyen un patrimonio democrático esencial frente a la coacción, la amenaza
y la imposición del silencio buscada por los asesinos y sus cómplices. En este
Acuerdo, queremos dirigir un llamamiento especialmente a los jóvenes. Son ellos
los que deben protagonizar, de una forma singular, la rebelión contra la
violencia. Es a ellos a quienes corresponde principalmente extender la ética de
los valores democráticos y de la convivencia. ETA debe perder toda esperanza. Y
esa esperanza la perderá con la respuesta firme unida y democrática de los
ciudadanos vascos y del conjunto de los españoles a cada una de sus vilezas.
Nuestro compromiso es poner en España y singularmente en
el País Vasco, toda nuestra energía de partidos democráticos para conseguir un
gran impulso cívico al servicio de la salvaguarda de las libertades y de los
derechos de todos los ciudadanos. Este no es un compromiso coyuntural. Queremos
dar a nuestro acuerdo eficacia de presente y proyección en el futuro. Para ello
trabajaremos conjuntamente para que los valores y principios plasmados en este
acuerdo alcancen el máximo apoyo social y de las instituciones, en las que
ambos partidos nos comprometemos a defenderlos.
·
9. El objetivo de este acuerdo, impulsar
conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, exige una
colaboración permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero
Español, que implica el intercambio de información, la actuación concertada en
los ámbitos recogidos en el presente Acuerdo -reformas legislativas, política
penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e
instituciones- y la búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los
acontecimientos que afecten a la política antiterrorista. A tal fin, se creará
una comisión de seguimiento que se reunirá periódicamente y en la que se
integrarán representantes de ambas fuerzas políticas y, con el acuerdo del
Gobierno, representantes de éste.
·
10. Con la firma del presente acuerdo PP y PSOE queremos
ratificar públicamente nuestro compromiso firme de trabajo en común, para la
defensa del derecho a la vida y a la libertad de todos los ciudadanos
españoles. Ambas formaciones políticas coincidimos en los principios que deben
inspirar la lucha antiterrorista y, en los términos aquí recogidos, en la
política que debe desarrollarse.
Queremos, finalmente, convocar a las demás fuerzas
democráticas a compartir estos principios y esta política, convencidos como
estamos de que son un cauce adecuado para expresar su voluntad de colaboración
en el objetivo de erradicar la lacra del terrorismo».
·
En Madrid, a ocho de diciembre de 2000
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