EL CARDENAL LORENZANA,
AMÉRICA Y SU ÉPOCA
La actitud ilustrada de los obispos
americanos
En la época de carlos iii
Casi cada
uno de los obispos de este periodo merece al menos una monografía y algunos,
como el propio Lorenzana, aun teniendo varias dedicadas a su persona, siguen
sin ser suficientes para abordar y comprender toda la actividad que desarrolló.
Por eso, solo tocaremos algunos aspectos generales, de lo que realizaron
aquellos hombres elegidos para las diócesis americanas.
El reinado
de Carlos III en España (1759-1788) coincide con el auge de la Ilustración,
pero este movimiento volvía a repetir en nuestro país y en sus posesiones, en
buena medida, aquello que se había producido con el Humanismo del siglo XVI; es
decir, la Ilustración española iba a tener tintes claros de catolicismo y por
ello vinculó las nuevas corrientes del pensamiento a posturas eclesiásticas
que, de alguna manera, también exigían cambios dentro de una ortodoxia que, sin
poner en duda las verdades esenciales de la fe, pugnaban por una renovación. No
es de extrañar, por tanto, que fuese entonces cuando se tratara de revitalizar
a algunos de aquellos humanistas del quinientos que habían caído en el olvido.
Buen ejemplo de lo que acabamos de decir es la labor de Mayans y Siscar
respecto de Arias Montano y Pedro de Valencia. (1) Es más, del mencionado Arias
Montano se conoce una copia falsa de una carta que debió hacerse en época de
Lorenzana en México y que justificaría la expulsión de los jesuitas. (2) En
fin, pasando al terreno que nos ocupa, muchos de los prelados regalistas del
mundo hispánico eran deseosos reformadores, pero eran también fieles a la
tradición hispánica, por lo que, en muchos de ellos, y especialmente podemos
ver esto en el Cardenal Lorenzana, representan el anhelo de regresar a las
convicciones de la antigua Iglesia española, representada por la tradición
visigótica. (3)
De acuerdo
con las ideas regalistas, vinculadas al fenómeno ilustrado, durante el reinado
de Carlos III, Campomanes y sus seguidores pretendieron realizar profundas
reformas en el mundo eclesiástico para subordinar aún más a éste a la Corona,
tanto dentro de la Península como en los territorios ultramarinos. De forma
general, en sus ideales estaban lo siguientes puntos esenciales: el control de
la Iglesia por parte de la monarquía; los intentos de crear una Iglesia
nacional, fundamentada en la disciplina canónica antigua y medieval (4) En La
Nueva España, quienes mejores representaron aquellos intereses, fueron, los dos
antiguos amigos y ahora prelados en México, Lorenzana y Fabián y Fuero, que
escribieron toda una serie de pastorales para ensalzar al poder real y
justificar la expulsión de los jesuitas (5), lo que les convirtió en estrechos
colaboradores del Virrey Croix.
Los prelados americanos nombrados en la época
de carlos iii
Durante
esta época los siempre discutidos fenómenos del regalismo y el jansenismo en
España habían propiciado más que nunca el control de la Iglesia por el poder
real, lo que en América tenía unos precedentes muchos más claros y evidentes
por cuestiones de Patronato. No es de extrañar, por tanto, que Carlos III
eligiese prelados para las diócesis americanas que fuesen afines a las ideas en
boga, ya que dichos arzobispos y obispos debían de actuar al mismo tiempo que
como pastores de su grey como funcionarios e instrumentos de dominio político.
Ello, a su vez, suponía una revalorización de la consideración de los prelados
y, como consecuencia, de una defensa del episcopalismo. Muchos de aquellos
hombres elegidos para diócesis americanas iban a sentirse más vinculados al
poder del monarca que al del papa de Roma, lo que tampoco quiere decir que
llegaran a subordinar todas sus creencias a las pretensiones reales. En este
sentido el propio Lorenzana es un buen ejemplo, pues, siendo ya arzobispo de
Toledo redactó un escrito en el que apoyaba las reformas que se planteaba a la
Iglesia española, pero aclarando que no se debía tocar los pilares de la misma;
y esto lo hacía precisamente uno de los prelados más adictos a los deseos del
monarca Carlos III y uno de los hombres de la Iglesia al que más se ha acusado
de jansenista y regalista (6). Pero lo cierto es que aquellos prelados que
pasaban a las diócesis americanas juraban el patronato regio y algunos llevaron
aquel juramento al extremo de no llegar a establecer nunca contacto con la
Santa Sede, como ocurrió con el que fuera arzobispo de Charcas, José Antonio de
San Alberto, del que tan sólo se conoce una carta enviada a Roma, que fue
precisamente la consolatoria que remitió a Pío VI en 1791 (7).
La política carolina, en lo que a la
Iglesia se refiere, incluía varios apartados esenciales de reforma,
particularmente en la americana, algunos de los cuales serán de aquellos a los
que aquí hagamos referencia. Tales puntos suponían la creación de nuevas
diócesis, la atención de lugares hasta entonces abandonados, la intención de
educar al clero de acuerdo con las nuevas corrientes del pensamiento y el
intento de someter a las siempre díscolas órdenes religiosas al control de los
prelados. Pero para llevar a cabo las reformas era necesario contar con la
misma Iglesia, especialmente tras eliminar uno de los principales problemas que
tenía el regalismo: los jesuitas, defensores de los derechos del papado frente
a la Corona (8). Por tanto, era necesario buscar colaboradores fieles a la
monarquía y a su programa de reformas dentro de las propias instituciones
eclesiásticas para de esta forma acallar lo más posible las voces que se
levantaban de intromisión del poder temporal en el espiritual. No es de
extrañar, por tanto, que los prelados elegidos para las diócesis americanas,
salvo contadas excepciones, fueran incondicionales contrapartes de la política
regalista.
De los 77 obispos que se nombraron
para América en tiempos de Carlos III, 55 lo fueron del clero secular, lo que
supone casi el 80%. Ello indica el retroceso que se produce en la concesión de
mitras a los regulares. De los 22 regulares que accedieron a una diócesis
americana pocos fueron nombrados para arzobispos, como el Basilio Isidro
Rodríguez y el dominico Fernando del Portillo y Torres, que lo fueron para la
paupérrima metropolitana de Santo Domingo. Al resto de los regulares, por lo
general, se les dio destino en diócesis pobres o de misión. Un caso casi
excepcional fue el del franciscano Lucas Ramírez Galán, al que se propuso para
la archidiócesis de Santa Fe de Bogotá. De aquellos prelados del clero regular
ocho fueron franciscanos, cuatro dominicos y dos benedictinos; el resto de las
órdenes con un miembro fueron premostratenses, carmelitas descalzos, carmelitas
calzados, jerónimos, basilios, agustinos y mercedarios. El mayor número de
franciscanos probablemente tenga que ver con que esta Orden fue la más proclive
a las teorías regalistas. Sin embargo, llama la atención que solo haya un
obispo agustino, cuando fue esta Orden una de las que más apoyó la expulsión de
los jesuitas de los territorios hispánicos; precisamente, el único prelado de
esa Orden, José Luis Lila, obispo de Huamanga, había sido en Roma secretario
del general Francisco Javier Vázquez, a quien se considera uno de los adalides
de la expulsión de la Compañía.
Sin embargo, frente a lo que había
sido más tradicional, de no promover obispos americanos a diócesis
peninsulares, ahora se produce un importante cambio, con algunos antecedentes
en los anteriores borbones españoles, pues son varios los obispos que en el
reinado de Carlos III pasaron de una diócesis americana a una española, incluso
a algunas de gran importancia. El mejor ejemplo nos lo ofrece el propio
Lorenzana, que de la archidiócesis de México pasó a ocupar la sede más
prestigiosa de la Iglesia española, la de Toledo; su amigo Fabián y Fuero desde
Puebla fue promovido a la archidiócesis de Valencia; Juan Manuel Moscoso y
Peralta de su sede de Cuzco fue trasladado al arzobispado de Granada; el
arzobispo de Bogotá, Antonio Caballero y Góngora era enviado a la prestigiosa y
rica silla cordobesa; o Sebastián Malvar y Pinto de Buenos Aires a la
archidiócesis de Santiago. Amén de esto Aguado y Chacón pasaba de Arequipa a
Osma en 1762; López Gonzalo de Puebla a Tortosa, diócesis que también ocuparía
Cortez y Larraz tras salir de Guatemala; Agustín Alvarado del Castillo de
Bogotá a Ciudad Rodrigo; y Ramírez Galán de Bogotá a Tuy. Incluso algunos
miembros de la Iglesia americana, sin ser prelados en aquellas tierras, se les
eligió para ocupar diócesis peninsulares, como a Íñigo Abad y Lasierra,
confesor del obispo de Puerto Rico, Miguel Jiménez Pérez, que fue nombrado
obispo de Barbastro. Es decir, parece que América se había convertido en una
especie de prueba de fuego para prelados que luego pasaron a ocupar diócesis en
España; por tanto, no fue ni mucho menos frecuente que, como señala algún
autor, para el nombramiento de obispos se recurriese a los que ya hubiesen
acreditado su buen hacer en diócesis españolas (9). En ese sentido, caso
excepcional es el de Lorenzana, que antes había sido nombrado para la diócesis
de Plasencia o el de Luis Ramírez Galán, que antes de pasar a Bogotá había sido
auxiliar de la diócesis española de Cartagena.
Durante el reinado de Carlos III
prevalecieron los obispos de origen español, tal y como era el deseo del
monarca y de muchos ilustrados de la Corte, secundada por algunos prelados que
regentaban las diócesis americanas, como el obispo Aguado, de Arequipa, y luego
promocionado a Osma, que era de la opinión de que aquellas sedes fuesen para
peninsulares; así, en una carta dirigida a Carlos III, no dudaba en
menospreciar a los criollos, a los que considera incapaces de actuar por las
muchas circunstancias que les ataban a la tierra (19).
Sin embargo, no todos los prelados
americanos que lo desearon pudieron venir a ocupar una silla en la Península,
como sucedió con el arzobispo de Guatemala, Cayetano Francos de Monroy, que
murió en su archidiócesis, en 1792, después de haber pedido su traslado a
España en 1784 (11). Algo parecido ocurrió con el obispo de Huamanga, Francisco
López, que llegó a solicitar incluso el paupérrimo obispado de Ceuta, sin que
le fuera concedido, muriendo en su diócesis en medio de unas pésimas relaciones
con sus feligreses, lo que le valió varias amonestaciones de la Corona (12).
Este ejemplo, como el paso de algunos prelados de archidiócesis americanas a
diócesis pobres españolas, nos sigue indicando que para la mayoría de los
arzobispos y obispos era preferible un destino en la Península, incluso de
menor categoría. Sin duda, aquellas diócesis americanas ofrecían muchas
dificultades a los prelados para sus visitas, tenían un clero menos formado y
más levantisco, debían enfrentarse continuamente con las autoridades civiles y
el ambiente cultural y de influencias políticas estaba mucho más limitado. Por
todo ello, cualquier diócesis española, por pobre y alejada que fuese, seguía
considerándose como un premio para los obispos con destino en las Indias.
Durante la época de Carlos III, casi
todos los prelados demostraron su intención de plegarse al poder real y pocas
eran las excepciones en este sentido. Ejemplo de ello fueron hombres como Diego
Rodríguez Rivas, obispo de Guadalajara, que prácticamente el único americano
que se opuso abiertamente a la expulsión de los jesuitas; o el obispo
bonaerense Antonio de la Torre, que tuvo frecuentes enfrentamientos con don
Pedro Cevallos y que no quiso plegarse a la política regalista del VI Concilio
Limense. Aquella subordinación estuvo bien representada por los dos grandes
hombres del episcopado mexicano del momento, Fabián y Fuero con vehemencia y
Lorenzana con sutileza. También es un ejemplo claro y paradigmático de aquella
sumisión al poder real el del carmelita José Antonio de San Alberto, que llegó
a elaborar el llamado Catecismo Real,
verdadera exaltación del regalismo más acendrado, en donde llegó a decir que
solamente se podía ir contra el rey, si éste atenta contra la ley natural y
divina, negando además la sujeción del monarca a su pueblo, puesto que, en
palabras del mencionado arzobispo, la cabeza no puede estar sujeta a los pies,
amén de que los reyes son en sus reinos la imagen visible de Dios (13).
Aquel dominio de la Iglesia
americana por parte de la Corona, existente desde los primeros tiempos, se
había acentuado en tiempos de Carlos III, pues este monarca y sus ministros
concibieron más que nunca la imagen de los obispos como funcionarios de la
Corona y, por tanto, como colaboradores de la política ilustrada del monarca,
lo que favoreció el que muchos de ellos fuesen partícipes de aquella
intencionalidad desarrollista de la
monarquía ilustrada. En este sentido debe considerarse la importancia que se
dio a las visitas a las diócesis como fuente para obtener información que
permitiese las actuaciones que se considerasen más pertinentes y, así, en una
real cédula de 1776 se ordenaba a los prelados que remitiesen al Consejo de
Indias toda la información sobre las mismas (14).; precisamente de esta fecha
es la que remite el obispo Ramos Herboso de su diócesis de La Plata (15).
La consideración funcionarial de los
máximos dirigentes de la Iglesia americana no debe hacernos pensar que no se
mantuviesen enfrentamientos con las autoridades civiles, que siguieron
jalonando la historia de las posesiones ultramarinas, de lo que encontramos
ejemplos en casi todas las diócesis americanas, desde Durango hasta Concepción;
así, por ejemplo, por su protección a los indios el obispo de Chiapas,
Francisco Polanco, fue acusado por el gobernador González Garrido de alzador de indios.
Otras de las características de las
que gozaban muchos prelados de esta época fue la de su elevado nivel cultural
que, como veremos, les haría poner gran empeño en el desarrollo educativo y fue
habitual el que dispusieran de buenas bibliotecas, en las que con frecuencia
existían libros ilustrados, como ocurría en la del obispo Azamor, de Buenos
Aires, en la que se encontraban obras de Rousseau, Voltaire, Diderot y otros
muchos autores en boga de la época; precisamente este prelado legaría su fondo
bibliográfico para que se formase una biblioteca pública en la capital de su
mitra (16).
De todos modos, algunos prelados con
espíritu ilustrado tuvieron problemas en su carrera eclesiástica. Así, por
ejemplo, a Núñez de Haro no se le concedió una canonjía en Toledo a pesar de la
petición de Benedicto XIX, como tampoco la de magistral de Cuenca y, sólo en
1756, se le dio una canonjía en Segovia, desde entonces saldría para ser
arzobispo de México en sustitución de Lorenzana. Otro ejemplo llamativo, en
este mismo sentido, lo encontramos en Pérez de Calama, protegido en Puebla por
el prelado Fabián y Fuero, que tuvo que abandonar aquella diócesis poco después
que el mencionado obispo, pasando a la de Valladolid de Michoacán, donde se le
criticó por sus ideas de modernidad.
Pero casi todos los prelados
americanos nombrados durante el reinado de Carlos III tuvieron en común el
deseo de una mejora de la sociedad, aunque quizá sin los tintes tan
paternalistas de épocas anteriores. En sus diócesis trataron de mejorar las
infraestructuras, de desarrollar la actividad económica, de potenciar la
beneficencia y la educación, de formar a su clero, de fomentar la vida
misional…, es decir, de desarrollar sus territorios en casi todos los sentidos,
como una prolongación de su acción pastoral. Muchos de ellos fueron, pues,
verdaderos colaboradores de la Corona no solo en aspectos meramente religiosos
sino en tareas que, de alguna manera, iban más allá de sus propias
competencias.
Los concilios provinciales
Una de las
cosas que más caracterizó a la iglesia americana en la época de Carlos III fue
la convocatoria de concilios provinciales. El
motivo esencial era la reforma de la iglesia americana para adecuarla a los
intereses regalistas de la Corona. Los ministros del mencionado monarca
recurrieron entonces a la puesta en marcha de una vieja fórmula del siglo XVI,
que había caído en desuso durante todo el siglo XVII. Con la convocatoria de
aquellos concilios la monarquía española y sus agentes pretendían disimular sus
intenciones, en la medida en que serían los propios arzobispos y obispos,
proclives en su mayoría a los deseos del monarca, que los había propuesto para
sus mitras, los que desarrollaran las reformas regalistas que se pretendían
(17). Así, una famosa real cédula de 21 de agosto de 1769, conocida como Tomo Regio, se envió a los arzobispos de
Indias para que convocasen dichos concilios provinciales (18). En la propia
cédula se daban las directrices de todo aquello que debía tratarse en las
mencionadas reuniones eclesiásticas y que se pueden resumir en los siguientes
puntos: Exterminar las doctrinas
relajadas y nuevas (probabilismo de los jesuitas), restablecer la disciplina
eclesiástica y el fervor en la predicación; exterminar los excesos; elaborar un
catecismo y revisar los ya escritos en lenguas indígenas y someter al clero
regular. Como manifiesta el Dr. de la Hera, en resumen, liberar la
enseñanza de las doctrinas jesuíticas, prohibiendo la utilización en la misma
de autores de la Compañía de Jesús amén de otras medidas predesamortizadoras y
siempre con la presencia en dichos concilios del poder real, a través de
algunos de sus representantes (19). Quedaba claro, pues, que en el fondo se
pretendía poner de manifiesto la subordinación de la Iglesia al rey, como llegó
a exponerlo y defenderlo claramente el obispo de Puebla Fabián y Fuero, en el
IV Concilio Mexicano, cuando dijo: “Ahora
debemos mostrar a su Majestad nuestra lealtad con mayor fervor aún” (20).
El ideal regalista en su forma más visceral, que en el concilio mexicano
representó dicho obispo, lo representaría en el limeño el franciscano Ángel
Espiñeira, muy amigo del virrey Amat y al frente de la diócesis chilena de
Concepción, que sin duda podría haber formado un buen equipo con el ausente
obispo de Córdoba, el ferviente antijesuita Manuel Abad e Illana, que por no
asistir envió en su nombre al magistrado José Rico Corvi (21).
La reforma del clero fue una de las
ideas fundamentales que latió en los concilios americanos de la época de Carlos
III, aunque ese ideal no fue ni mucho menos despertado en los mismos, pues en
ocasiones los prelados carolinos habían abordado el problema de manera previa.
Así, y dejando a un lado los ejemplos de Fabián y Fuero y de Lorenzana en
México, cuando se convocó el concilio límense, el arzobispo Parada, en su sede
limeña ya estaba tratando de llevar a cabo aquella reforma. En esa pretendida
renovación del clero también latían ideales regalistas de sometimiento de los
eclesiásticos a los intereses de la monarquía y por ello era los regulares los
más afectados por aquellas intenciones de control.
Como consecuencia del Tomo Regio, pues, se convocarían en
primer lugar el IV Concilio Mexicano, celebrado en 1771, para lo cual se
contaba al frente de la archidiócesis novohispana con el prelado al que se
halla dedicada esta obra, Francisco José de Lorenzana y Butrón.
Al año siguiente, en 1772, quedaba
convocado por el arzobispo Parada el VI Concilio Límense, que extendería sus
sesiones hasta finales de 1773. Una vez realizado, el prelado de aquella
metropolitana envió dos ejemplares del mismo al Consejo y sólo en 1795 este
organismo se mostró favorable a su publicación, con algunas enmiendas. El
Concilio no había podido ser controlado con la misma eficiencia que lo había
hecho Lorenzana en el mexicano y por ello se convirtió casi en una lucha entre
probabilistas y anti probabilistas (22).
En la misma línea que los
anteriores, en 1774 se convocaba el Concilio Provincial de Charcas por el
arzobispo Argandoña. Su desarrollo fue muy lento y sus sesiones se prolongaron
hasta 1778 por el sucesor del mencionado prelado en aquella iglesia metropolitana,
Francisco Herboso. Como en el de Lima, las cosas no fueron tan fáciles a los
regalistas como lo habían sido en México, pues no todos los conciliares
estuvieron dispuestos a aceptar lo que de ellos se esperaba; si bien, parece
que estuvo bastante presente el miedo en las exposiciones contrarias. Así, el
obispo franciscano de Asunción, Juan José de Priego, hizo ciertas
manifestaciones moderadas de las prerrogativas conciliares, por lo que el
propio obispo de Córdoba (luego de Cuzco y más tarde arzobispo de Granada),
Juan Manuel Moscoso y Peralta, solicitaría al arzobispo Argandoña que le
fulminara con censuras y que eliminase de las actas conciliares sus
manifestaciones. Pero, a pesar de todo, en aquel Concilio lograron imponerse
algunos obispos antirregalistas, como el de Buenos Aires, Manuel Antonio de la
Torre, y el de La Paz, Gregorio de Campos (23). El Concilio fue enviado a
Madrid, donde, como era de esperar en este caso, fue archivado.
La otra gran archidiócesis que
convocó uno de aquellos concilios provinciales fue la de Santa Fe de Bogotá,
aunque la magna reunión eclesiástica sufrió allí de mayores avatares, que
llevaron a un resultado nulo del mismo. La convocatoria fue hecha por el
arzobispo dominico Agustín Manuel Camacho, que la estableció para el 27 de mayo
de 1774. Pero ninguno de los obispos sufragáneos pudo acudir, salvo el de
Cartagena y futuro arzobispo bogotano, Agustín Alvarado. Ni siquiera pudo haber
estado presente el propio arzobispo Camacho, ya que moría en abril del mismo
año para el que había la convocatoria.
Su sucesor, Agustín Alvarado, único
prelado asistente a la primera convocatoria, decidió la apertura del Concilio y
lo inauguraba el 27 de mayo, pero al año siguiente, por la falta de asistencia
de obispos, Carlos III mandó que se suspendiera y pidió que se hiciese una
nueva convocatoria. De nuevo estos intentos recaerían sobre otro prelado,
puesto que Alvarado era destinado a la diócesis española de Ciudad Rodrigo. Lo
cierto es que resultaba evidente el control que se quería tener sobre aquella
reunión eclesiástica, pues aún sin acabar y antes de que el arzobispo
abandonase las tierras americanas, el virrey Flórez, pidió informes de quien
guardaba los papeles del Concilio, que estaba en manos de Mutis, salvo algunos
que había retenido el prelado para formar las constituciones (24).
La nueva convocatoria no llegó a
producirse, pues el sucesor, Caballero y Góngora, a pesar de sus buenas
intenciones en este sentido, se vio imposibilitado para ello por las
circunstancias del momento. De la intención del prelado, no se pudo dudar, pues
su afinidad al regalismo está de sobra probada, amén de que cuando abandonó la
archidiócesis para trasladarse al obispado de Córdoba, en España, manifestaba
la necesidad de la convocatoria “no sólo
para conservar ilesas las regalías del Patronato Real, sino también para que se
reformen abusos introducidos en la doctrina eclesiástica, de que el rey es
protector, y se liberte a los vasallos de la vejación y extorsiones que sufran
del estado eclesiástico” (25).
Hemos aludido con anterioridad a la
reforma del clero, especialmente para tratar de controlar a los regulares, pero
también las monjas fueron en este sentido un objetivo de los concilios,
especialmente del límense y del mexicano, pues la relajación a que se había
llegado era a veces escandalosa. Como este tema está tratado en otros trabajos,
en lo que a México se refiere, pasaremos sobre él muy por encima (26). En Lima,
Parada abogaría por el hermetismo de la clausura para con ellos tratar de
revalorizar la vida moral, además de moderar gastos y limitar el gobierno en
favor del prelado, todo ello puesto de manifiesto en un auto de 1775, a
expensas de las necesidades que en este sentido se habían tratado en el Límense
(27).
Lo cierto es que de aquellos
concilios que se celebraron en América durante el periodo de Carlos III ninguno
llegó a tener validez canónica, por la necesidad que había de su aprobación por
Roma y por la obligación de que para que se aplicase las decisiones conciliares
debían ser aprobados el último término por el monarca. Las malas relaciones
entre ambas cortes hicieron que todo el esfuerzo realizado por los
metropolitanos americanos no diera todos sus frutos.
LA CREACIÓN DE NUEVAS DIÓCESIS
Una de las
características de la política borbónica en general y más particularmente de la
de Carlos III fue la adecuación territorial americana a diferentes aspectos y
necesidades, a lo que no estuvo ajena la reorganización eclesiástica.. Ya desde
los inicios de la presencia española las divisiones de las diócesis plantearon
problemas. Muchas de aquellas demarcaciones ocupaban enormes extensiones mal
comunicadas o que dificultaban la administración del territorio, por lo cual se
hacía necesaria su división para una mejor organización y para que los prelados
pudieran tener un control adecuado, al que no estaba exento el deseo de cobro
de diezmos por parte del erario real. Además, existía un deseo de hacer
coincidir los límites de las administraciones políticas con las eclesiásticas
para evitar cruces de jurisdicciones. Incluso, las propias archidiócesis tenían
una problemática en este sentido especialmente las de Santa Fe y Lima con los
obispados de Nicaragua y Panamá, sufragáneos de Lima y muchos más próximos a
Bogotá; o con los de Cuenca y Quito, que administrativamente dependían del
virreinato de Nueva Granada y en lo eclesiástico de Lima.
En este sentido de reorganización
territorial, sin duda, los mayores cambios se produjeron en Sudamérica y la
figura más destacada en aquellas delimitaciones territoriales sería el
arzobispo de Santa Fe de Bogotá y virrey de la Nueva Granada, Antonio Caballero
y Góngora, que apoyó la segregación de varios obispados nuevos, de la que se
hicieron efectivas la de Mérida (Venezuela) y la de Cuenca (Ecuador).
Sobre la escisión del de Mérida,
ratificada por Pío VI en una bula de 1778, no hubo mayores problemas, salvo que
se quería extender más su demarcación, mientras el prelado apoyaba que
coincidieran los límites religiosos con los administrativos, que en ese caso
correspondían a la gobernación de Maracaibo (28), por lo que surgía con
territorios que habían pertenecido a la diócesis de Caracas y a la
archidiócesis de Santa Fe de Bogotá. La división de este obispado no parece que
afectara mucho a las rentas del metropolitano, porque eran territorios
reputados de pobres, , que apenas habían sido visitados por lo alejado de la
capital y las dificultades de los caminos; solo la inclusión en la nueva
diócesis de Cúcuta y Pamplona causó inconvenientes que duraron hasta después de
la independencia (29)
También en territorio venezolano se pensó en la creación de una diócesis
para la Guayana, cuyos proyectos datan del reinado de Carlos III, siendo el
obispo Trespalacios quien apoyó aquella posibilidad, aunque la creación no pudo
realizarse hasta 1790, como una diócesis sufragánea de Santo Domingo, bajo cuya
jurisdicción metropolitana permaneció hasta 1805, en que se creó la
archidiócesis de Caracas.
Respecto de los obispados de Cuenca y Quito, planteaba
Caballero y Góngora que era sufragáneos de Lima y en lo administrativo del
virreinato de la Nueva Granada (30). El de Cuenca
se había planteado como una necesidad en tiempos de Fernando VI, pero no sería
hasta 1773 cuando Carlos III decidiera la erección del mismo, que ratificaría
Clemente XIII en 1779; tras todos los avatares burocráticos su primer prelado,
don José Carrión y Marfil, elegido gracias a las influencias De Caballero y
Góngora, del que era obispo auxiliar en Bogotá, llegó en 1787 a su destino.
Nada más empezar su gobierno tuvo que enfrentarse a las pugnas que las dos
grandes ciudades de su diócesis, Guayaquil y Cuenca, que mantenían entre sí una
lucha por la capitalidad e, incluso, la primera de esas ciudades, y la que más
rentas aportaba, pretendía convertirse también en un nuevo obispado (31)
Caballero y Góngora, que había participado activamente en la erección de las anteriores diócesis, no tuvo éxito en la creación de la de Antioquia (Colombia), que debía surgir dentro de los límites de la gobernación del mismo nombre, lo que incluía territorios que pertenecían a los obispados de Santa Fe, Popayán y Cartagena (32). Tampoco tuvo éxito en sus pretensiones para conseguir que la diócesis de Panamá pasase a ser sufragánea de Santa Fe y no de Lima, ciudad esta última, respecto de la cual el prelado decía que había ido perdiendo los contactos con Panamá, ya que este territorio había ido vinculando cada vez más sus intereses a Santa Fe (33).
Otro problema de división
territorial surgió con Mainas, territorio que, en principio algunos pensaron en
agregarlo al obispado de Cuenca, como Francisco Requena en 1776 y, por tanto,
sacar esta demarcación de la jurisdicción de Quito, planteando además un camino
que uniese las ciudades de Cuenca y Borja. En el proyecto intervenía también un
aspecto militar y político, pues se pretendía que con la vinculación de
aquellas ciudades a través de un camino se podría dar una mayor movilidad al
ejército, sobre todo ante el avance de los portugueses en el Oriente. Como
aquella proposición de vincular Cuenca a Mainas no fue atendida, el propio
Requena planteó ya en los años siguientes la creación de un nuevo obispado,
para lo que realizó un informe en 1779, que ampliaría posteriormente (34). El proceso culminaría fuera de los límites de este
trabajo, cuando se dispuso la aparición de aquella nueva división eclesiástica
por la real cédula de 15 de julio de 1802.
En América del Norte y el Caribe, la
diócesis cubana de Santiago también sufrió importantes alteraciones
territoriales por esta época. Así, se erigió el obispado de San Cristóbal de la
Habana, el 10 de septiembre de 1787, aunque la división se había planteado ya
por Carlos III el 28 de julio de 1786. Para su división del de Santiago se
encargó al entonces obispo de Puerto Rico, José de Traspalacios, y al fiscal de
Santo Domingo, Miguel Cristóbal de Irizarri. En el mismo año de la erección, en
1787, se produjo una nueva reorganización, puesto que las dos Floridas pasaron
a depender del nuevo obispado de San Cristóbal de la Habana. Poco antes de que
hubiese surgido esta nueva diócesis en la isla caribeña, en 1784, se había
nombrado un obispo auxiliar para los territorios continentales en América del
Norte, que administraba la diócesis de Santiago, por lo que se nombró obispo
auxiliar de Florida al padre capuchino Cirilo de Barcelona, cuya jurisdicción
se extendía a la Luisiana y a la Florida Occidental. Aquellos territorios
ofrecían una problemática a la Corona, pues parte de los habitantes de origen
europeo de la Florida eran protestantes. Ante esa situación y con fines
misionales el monarca, pensando en la posible conversión de aquella población
no católica, mandó enviar frailes irlandeses amén de que ordenó que se crearan
seis parroquias.
En el norte de la Nueva España
apareció otra nueva diócesis, la de Sonora. El deseo para su creación hay que
vincularlo a don José de Gálvez y al virrey Croix, que, junto a la creación de
una Comandancia de las Provincias del Noroeste, expusieron la conveniencia de
erigir un obispado en aquellos territorios. En la erección de la nueva
demarcación eclesiástica parece que latía la idea de evitar que el clero
regular, en este caso los franciscanos, llegaran a representar un poder
regional, como había sucedido con los jesuitas, a la vez que era una forma de
recaudar los diezmos que antes no se pagaban; ante estas pretensiones, lo que
puede extrañar es que se escogiera un franciscano para ocupar la nueva sede,
fray Antonio de los Reyes; pero la elección se hizo porque este religioso
quería sustraer el control de aquellas misiones a la provincia seráfica de
Jalisco y a los colegios de Propaganda
Fide (35). La diócesis de Sonora fue creada por la bula de Pío VI de 7 de
mayo de 1779 y, aunque su sede estaba en Arizpe, su primer prelado, el
mencionado franciscano fray Antonio de los Reyes Almada, por el peligro de los
ataques indios a la capital de su mitra, se instaló en el real de Concepción de
los Álamos. En los límites territoriales de la nueva diócesis se incluyeron las
Californias, segregadas del obispado de Guadalajara, más todo el territorio que
se sustrajo al de Durango. La zona comprendida tenía como especial
característica el que era de misión, por lo que prevaleció en su territorio la
presencia de los franciscanos, aunque ya se pensaba en que fuera el clero
secular el que se hiciese cargo de aquellos lugares.
Por todo lo anteriormente dicho
podemos manifestar que el mapa diocesano americano sufrió importantes
alteraciones durante el reinado de Carlos III, con el fin de adecuarlo, por un
lado, a las nuevas circunstancias políticas que se estaban produciendo, y, por
otro lado, para hacer más gobernables eclesiásticamente algunos de los
territorios americanos, que adolecían de todo control por parte de sus
diocesanos.
ACCIÓN EDUCATIVA Y
CULTURAL DE LOS PRELADOS
La educación a todos los niveles fue
una de las grandes preocupaciones de los ilustrados en general y de los hombres
de gobierno de Carlos III en particular. Inculcar las nuevas ideas suponía disponer de una población formada en sus
diferentes niveles y la Iglesia, en este sentido, iba a ocupar un papel
primordial en América. Tanto en la enseñanza elemental y media, como en la
universitaria, el papel de los eclesiásticos era fundamental por el gran
control que ejercían sobre todos los resortes de la formación. Por todo ello
los obispos jugaron un importante papel en el desarrollo educativo y cultural
de la época de Carlos III, como fieles servidores a los intereses de la Corona.
La
educación de la Ilustración, aunque apoyada desde todos los ámbitos, incluido
el eclesiástico, era concebida como una sumisión al poder establecido y,
probablemente, ésta fue su principal característica. No estaba concebida, pues,
como un fenómeno de movilidad social, sino como un elemento de la conformidad
con el poder establecido, aunque con la finalidad de reciclar a los ciudadanos
para prestar un mejor servicio al rey. Esto hizo que los ilustrados prestaran
un especial interés por la hasta entonces muy olvidada enseñanza primaria, pues
pensaban que ya desde la infancia debían marcarse las pautas de lo que el poder
establecido esperaba de sus ciudadanos; de hecho, uno de los más significados
ilustrados españoles, como lo fue Campomanes, nos lo dejó bien patente en
alguna de sus obras (36). Por tanto, si se esperaba un mejor servicio
de los ciudadanos a los intereses del estado, la educación primaria pasaba a
ser algo necesario para el desarrollo del mismo, de ahí el fomento de escuelas
y sobre todo lo que hoy podríamos denominar como “formación profesional”. El producto, por tanto, sería el de una
educación que marcase las diferencias sociales y, como consecuencia, lejos de
toda concepción igualitaria de la sociedad (37). Es decir,
la educación era concebida como un fenómeno de utilidad de los ciudadanos
dentro del estatus social en el que cada uno se encontrase y sin plantearse
como un verdadero asunto que facilitara la movilidad social. Por ello, incluso
la educación femenina, que también adquirió nuevas dimensiones, hay que
contemplarla dentro de esos parámetros, en los que los prelados del otro lado
del Atlántico mostraron casi siempre su sumisión a la monarquía.
En el mundo americano es importante señalar que, en los aspectos de
formación media y universitaria, la expulsión de los jesuitas fue decisiva,
pues ellos habían sido fundamentales en esos tipos de enseñanza y, por tanto,
llenar el vacío que dejaron fue una de las tareas primordiales de los obispos
de los tiempos de Carlos III. Para que nos hagamos una idea de la trascendencia
de aquellos hechos, se ha calculado que de los territorios americanos salieron
2.478 miembros de la Compañía de Jesús (38), que se repartían en 83 colegios y 19 seminarios.
Es evidente que, en este
sentido, sería casi inagotable la información de que disponemos sobre la
actividad de los obispos del periodo de Carlos III, pues ilustrados o no, se
vieron muy influenciados por las nuevas corrientes del pensamiento, que les obligó
a dar una gran importancia a los aspectos educativos y culturales en el ámbito
de sus diócesis, especialmente en lugares donde se adolecía de centros para la
formación de la infancia y la juventud e, incluso, de la mujer. Si a esto le
añadimos que los proyectos de secularización de la educación, tan alabados por
muchos ilustrados, resultaban casi inviables en el mundo americano, el
resultado obtenido era que los obispos en sus respectivas demarcaciones
tuvieron mucho que ver con todo el desarrollo del que hablamos en el periodo
carolino. La consecuencia fue que se produjo lo que se ha dado en denominar
como eclecticismo cultural, ya que, consciente o inconscientemente, se produjo
una mixtura entre viejas tradiciones, que
eran muy difíciles de superar en los ámbitos eclesiásticos, con las nuevas
corrientes del pensamiento, patrocinadas por los intelectuales y políticos de
la época.
Pero, para los ilustrados era también
especialmente importante la enseñanza primaria y muchos prelados de los
nombrados por el monarca español nos pueden servir de ejemplo para comprender
lo valioso de su intervención en este campo de la educación, especialmente
porque la Iglesia estaba más preparada para abordarla que otras instituciones.
Así, el obispo García de Vargas cumplió en Chiapas con la cedula real que
mandaba poner maestros en los pueblos. El obispo Martí, en su diócesis de
Venezuela, llegó a fundar nueve cátedras de latinidad, además de que dedicó
algunas rentas al mantenimiento y creación de escuelas como ocurrió en Caraora,
donde para el funcionamiento de un centro educativo utilizó los fondos
existentes de la cofradía llamada del Montón. Antonio Alcalde, cuando fue
obispo de Guadalajara, fundo dos escuelas para niños en las Cuadritas y San
Juan Bautista y una para las niñas en el Colegio de Santa Clara, empleando para
esta última casi 100.000 pesos; también a él se debe que el benefactor Francisco
Rivero y Gutiérrez pudiera llevar a buen término la Escuela de Cristo, en
Aguascalientes, pues aprobó dicha fundación en 1774 (39). En Guatemala el prelado Francos y Monroy
dotó dos escuelas de primeras letras con 20.000 pesos cada una (40); la de muchachas la mando instalar en el
beaterio de Santa Rosa, en la nueva Guatemala (41). Martínez Compañón, en su diócesis de Trujillo puso un especial celo en
la construcción de escuelas, para lo que elaboró un reglamento e implicó en
ello a los caciques indios (42).
Pero no debemos olvidar
que aquellos prelados del periodo carolino, como sus antecesores, se
encontraban de entrada con un gran problema, que su propio clero no tenía en
muchos casos la formación adecuada. En algunos lugares, como en la recién creada
diócesis de Cuenca, quedaron patentes las deficiencias que existían en la
educación de los sacerdotes seculares (43). El primer obispo de aquella diócesis, Carrión y Marfil, diría de los
clérigos de sus curatos que eran “incapaces
de servirlos, y no procurando tener después un libro por siquiera estudiar la
doctrina cristiana para explicarla a sus feligreses (44).
Como era de esperar, para la educación eclesiástica era fundamental la
existencia de Seminarios Tridentinos,
de los que seguían adoleciendo muchas de las diócesis americanas. De hecho, la
formación del clero secular dejaba mucho que desear y hubo que tratar de
atajarla con la creación de los mencionados centros. La efervescencia de ese
tipo de lugares de formación eclesiástica era apoyada por casi todos los
prelados y por las autoridades españolas y americanas, puesto que, si existía
un deseo de ir relegando a las órdenes religiosas a un segundo plano, sobre
todo en lo que se refiere a la administración de parroquias, era necesario
contar con un buen número de clérigos seculares formados en dichos seminarios.
Para ello los obispos contaron con un gran aliciente que les facilitaba la
labor, podían disponer de los locales que habían sido de los jesuitas hasta su
expulsión. Buen ejemplo de todo ello está el caso de por ejemplo el obispo
Herboso inició la construcción de su seminario en Santa Cruz de la Sierra, en
1769, aprovechando el antiguo colegio de la Compañía de Jesús. En 1770 se
fundaba el seminario tridentino de Valladolid de Michoacán. En la diócesis de
San Cristóbal de la Habana, el obispo Echeverría fundaría el Seminario de San
Carlos y San Ambrosio, utilizando esa primera advocación en memoria del
monarca, y cuyas constituciones fueron aprobadas por Carlos III, pasando a
ocupar los locales de los antiguos jesuitas (45); pero el mismo prelado mejoró también las condiciones materiales y
aumentó el número de las becas del seminario de San Basilio, de Santiago. En
Durango el seminario pasaría a ocupar las instalaciones de los jesuitas
expulsos en su colegio de Guadiana y fue el obispo Antonio Macarayuca y
Minguilla quien dio el impulso final a la obra de adecuación de los locales, la
cual se concluiría en 1777. En 1785 se fundaba en la recién creada diócesis de
Mérida el Seminario de San Buenaventura, gracias a los esfuerzos del primer
prelado, fray Juan Ramos de Lora, centro que sería confirmado por una cédula de
9 de junio de 1787 (46).
A veces cuando los
seminarios ya se hallaban fundados se recurrió a su promoción y reforma, como
hizo Martínez Compañón en Trujillo, donde aumentó las becas de 12 a 14 y elevó
el número de alumnos y profesores. (47) En otros casos no fue fácil por los problemas existentes de otra índole,
como le pasó a Francisco Javier Calvo, en Santa Marta, donde se alegaba la
urgencia de la obra de la catedral y la necesidad de fortificar la ciudad; solo
la acción del prelado Anselmo Fraga, nombrado ya por Carlos IV, organizó un
pequeño seminario en unas casas particulares, siendo él mismo profesor. (48)
En el otro extremo de la acción educadora, resulta imprescindible saber
que en la enseñanza universitaria también se produjo un vuelco tras la
expulsión de los jesuitas, toda vez que, incluso, por la real cédula de 12 de
agosto de 1768 se extinguían las cátedras jesuíticas y la utilización de obras
de los autores de la Compañía. Por tanto, paralelamente al celo por elevar o
poder contar con seminarios tridentinos para la formación del clero, algunos
obispos pretendieron vincular esos seminarios a la formación universitaria en
el verdadero germen de futuras universidades. Un caso muy llamativo fue el de
Yucatán, donde el prelado fray Antonio Alcalde, con sus rentas, había creado
una cátedra de Teología en el seminario y, en 1768, pedía a Carlos III que le
permitiese asentar allí una real y pontificia universidad, lo que llegaría a
concederse unos años más tarde, en 1778.
En 1769 el obispo de
Buenos Aires, junto con el cabildo secular, propusieron que con los centros
jesuitas se hiciesen tres establecimientos para la educación, lo que se aprobó
en 1772, aunque en 1780 el obispo Malvar suplicaba al rey que se creara una Universidad
en aquella ciudad. (49) En 1785 el obispo
de Mérida (Venezuela), Juan Ramos de Lora, creó una casa de estudios, que luego
se elevó a seminario, y en 1810 a Universidad. En Caracas la vida del seminario
y de la Universidad estuvieron muy unidas, pues el rector de uno lo era de la
otra, hasta que se separaron en 1784, no sin graves problemas de jurisdicción
en todo aquel tiempo, por lo que en dicho año la Universidad anuló los
claustros que había convocado el obispo en 1780. (50) También en Asunción del Paraguay
se elucubró con una creación universitaria, por lo que consiguieron, a través
de los dominicos, un colegio seminario que podía dar grados; amén de que
también se fundara el Seminario Conciliar de San Carlos, inaugurado en 1783,
gracias a los desvelos del prelado Luis
de Velasco: A este obispo se le considera igualmente como el precursor de la
Universidad de Asunción, que retrasó su nacimiento por la oposición Virreinal
de Buenos Aires, que se hallaba en lucha por conseguir su centro de estudios
superiores. (51) En Popayán, tras
la salida de los jesuitas, el colegio seminario de San José entró en una
profunda crisis, a pesar de haber sido entregado a los dominicos y, tras su
cierre temporal, se reabrió en 1778,
como colegio real y seminario, aunque las autoridades de Popayán
solicitaban sin éxito, en 1778, su conversión en Universidad. En Bogotá se
unieron el antiguo seminario regentado por los jesuitas con el colegio laico
que tenían, lo que causó graves problemas, que ya acusaba el arzobispo
Caballero y Góngora (52) También al
prelado Antonio Alcalde le corresponde la creación de la Universidad de
Guadalajara, erigida por cédula de 18 de noviembre de 1791, aunque los intentos
databan del reinado de Carlos III, monarca que en 1774 se había informado de la
necesidad de aquel centro superior en la capital de Jalisco. (53)
Pero en el mundo universitario la labor de los obispos no se limitó a
fundar universidades a partir de sus seminarios. El poder civil no estaba
dispuesto a ceder todo su campo en este sentido a la Iglesia y, por ello, se
produjeron algunas confrontaciones, como sucedió en Caracas en 1785 entre el
rector del seminario y el de la Universidad, en el que tuvo que mediar el
prelado con poco éxito, porque el rector de la Universidad, quería que los
rectores del seminario le prestaran juramento de obediencia, lo que no
aceptaban los implicados. (54) En Santa Fe de Bogotá donde la universidad de los dominicos monopolizaba
la enseñanza superior, el ilustrado Moreno Escandón pretendió acabar con aquel
monopolio y propuso aprovechar las antiguas instalaciones de los jesuitas,
lanzándose contra la enseñanza religiosa y diciendo que “Los religiosos han sido los que empuñando el cetro de las ciencias han
dominado los empleos de rectores…, quedando los seculares sujetos con la dura
servidumbre a vivir siempre inferiores sin esperanza de sacudir tan pesado yugo (55)”. El plan de Moreno sería aprobado en 1771,
incluso con el apoyo del arzobispo Agustín Manuel Camacho, que más tarde se
retractaría de su decisión. Se estableció así una larga pugna que se mantuvo
hasta que Moreno fue enviado como alcalde del crimen a Lima, en 1780. Pero los
hechos coincidieron con el nombramiento de Caballero y Góngora como arzobispo,
y éste mantendría pugna con los dominicos, consiguiendo temporalmente reducir
sus prerrogativas para conceder grados en la Universidad de Santo Tomás (56), aunque esta volvería a recuperar sus
privilegios en 1798.
La universidad de Panamá
desaparecería en esta época tras una profunda crisis. La de Concepción de Chile
decayó con la salida de los hijos de San Ignacio (57). La de San Francisco Javier de Los Charcas agonizó, hasta que en 1771 el
arzobispo Argandoña reunió al claustro universitario y se elaboró una reforma
aprobada al año siguiente; a lo que añadiría en 1776 la Academia Carolina, que
se estableció en 1785, al tiempo que Carlos III concedía todos los honores y
prerrogativas de la Universidad de Salamanca. En aquel afán antijesuítico, el
obispo San Alberto, que había sido nombrado por el Virrey Vértiz para que
visitase la universidad de Córdoba en 1783, trató de adecuar sus enseñanzas a
la ideología de los nuevos tiempos (58), por lo que dotó a dicha universidad de unas nuevas constituciones, en
las que eliminó todo rastro de jesuitismo. Fueron muchas las universidades que,
por entonces, con el apoyo de los
prelados, intentaron impartir estudios hasta entonces no valorados en los
claustros universitarios, como la botánica y la química, o la aceptación de las
teorías de Newton; y un buen ejemplo de ello es la figura de Caballero y
Góngora en su arzobispado de Bogotá (59).
La educación de la mujer
fue otro punto dentro de la enseñanza que, en muchos casos, tuvieron que
abordar los prelados americanos. El propio Lorenzana, si es que comulgaba con
las ideas de Campomanes, debía tener en mente que el renacer de España pasaba
por la promoción de una educación de toda la población, incluidas las mujeres (60), algunas de las cuales reclamaron su derecho
a la formación, siendo el caso más evidente el de Josefa Amar y Borbón (61). En la América española muchos monasterios
femeninos, desde sus primeros tiempos, dedicaban parte de sus esfuerzos a tal
educación, contraviniendo las reglas y tradiciones, por lo que, en el caso de
México, nuestro futuro cardenal condenó la presencia de niñas en aquellos
centros de recogimiento (62). La respuesta no
se hizo esperar y las monjas del monasterio de Jesús María respondieron contra
esto, alegando que recogían huérfanas y desamparadas para enseñarles “Oficios mujeriles” (63). Para contrarrestar aquella decisión, en 1768,
el mismo Lorenzana mandó establecer escuelas públicas de españolas e indias en
su arzobispado. Lo mismo ocurría en Puebla, donde Fabián y Fuero también ordenó
la salida de las niñas de los monasterios (64). Pero ni Lorenzana ni Fuero serían ya partícipes de la real cédula que
apoyaba sus decisiones y que Carlos III dio el 22 de mayo de 1774, cuando ya
ambos ocupaban sus archidiócesis españolas. Sería Núñez de Haro el encargado de
ejecutarla y, por tanto, las niñas educandas debían abandonar los monasterios.
Como con ello se generaban un gran problema, el mencionado arzobispo de México
pidió ayuda al Colegio de las Vizcaínas, para que allí se admitiesen las 414
educandas que había en México, corriendo él con los gastos de comida y vestido.
No aceptó la proposición aquel colegio y el prelado hizo que algunas fuesen
internadas en el de Belén, otras devueltas a sus familiares y 202, por
diferentes motivos, permanecieron en los monasterios.
Cuando se estaban
produciendo todos los sucesos mencionados, ya se había establecido en México la
Compañía de María, con una función docente que parece que apoyó el propio
Lorenzana, a pesar de la estrecha conexión de éstas con los jesuitas (65). Esta Orden siguió después aumentando su
presencia en América durante el reinado de Carlos III, con la ayuda de los
prelados. En Mendoza (Argentina) los intentos fundacionales son de la época de
Fernando VI, pero para que se autorizase hubo que esperar al reinado de su
hermano y a la cédula de 19 de mayo de 1760. Como no llegaron fundadoras de
España sería el prelado de Santiago de Chile, Manuel de Alday, quien encargase
a algunas clarisas que estudiasen la regla y constituciones de la Enseñanza,
para que trasladándose a Mendoza iniciasen el proceso fundacional, y el colegio
se inauguró en 1780(66). La otra fundación
sería la de Bogotá, para la que se solicitó el permiso por el virrey, en 1766,
y la cédula de fundación la dio Carlos III en 1770; tras esto comenzaron las
obras, pero la benefactora moría en 1779 y sería el arzobispo Caballero y
Góngora quien erigiese el colegio en 1783 (67), aunque en el desarrollo de éste tendría mucho que ver con la llegada
del arzobispo Martínez Compañón, después de ser nombrado para dirigir aquella
metropolitana en 1788.
En la vida cultural
muchos prelados tuvieron un papel esencial y nos dejaron una herencia de gran
relevancia. El propio Lorenzana con sus cuadros de castas, fue un buen ejemplo,
así como con sus ediciones de múltiples obras, como la publicación de los
Concilios mexicanos del siglo XVI, la edición de las Cartas de Relación de
Hernán Cortés (68), entre otros
muchos quehaceres que encargó a prestigiosos hombres. Algunos obispos mostraron
su interés por el coleccionismo, como Caballero y Góngora, que paso a Indias
con un importante fondo artístico y bibliográfico, amén de que a él se debe en
buena medida la expedición de Mutis, ya que escribió a José de Gálvez,
diciéndole que si el Consejo de Indias no la financiaba lo haría él mismo, por
lo que Carlos III promulgó la real Cédula de 1 de noviembre de 1783. La amistad
de este arzobispo con Mutis tuvo una gran importancia para ambos y no es de
extrañar que Caballero escribiese al gaditano antes de salir para España, en
1789, comunicándole que su descubrimiento de la nuez moscada había llegado a manos de Floridablanca, que solicitaba
seis arrobas de ese producto. Martínez Compañón nos legó su magnífica obra de
ilustraciones sobre el obispo de Trujillo; Francos Monroy solicitó al rey, en
1784, la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País en Guatemala, en
1784. En fin, todo un panorama de colaboración educativa y cultural entre los
prelados, las autoridades y los hombres de ciencia de la América del momento.
Precisamente, aquel
ambiente intelectual y cultural que favorecieron los obispos americanos de la
época de Carlos III fue también un campo abonado para la formación de líderes
para la independencia, aunque no fuese esa la intencionalidad de los dignatarios
eclesiásticos. Valgan como ejemplos los del cura Hidalgo, protegido por su
prelado en Michoacán; el de Félix Villegas, en León de Nicaragua, que potenció
a Tomás Ruiz, a quien dio una beca en el seminario de San Ramón y que más tarde
participaría en Guatemala en la conjura de Belén, de 1813; el mismo prelado
también protegió a Manuel Antonio de la Cerda, que participó en los
levantamientos nicaragüenses de Granada. El primer presidente constituyente del
Perú, Francisco Javier Luna Pizarro, había sido protegido por el obispo de
Arequipa, Pedro Javier Chávez de la Rosa, que le prometió en España, hasta el
punto de haber llegado a ser capellán del presidente del Consejo de Indias;
precisamente este obispo había protegido a varios de los futuros patriotas peruanos
como Mariano Melgar y Francisco de Paula González Vigil, entre otros, de los
cuales muchos pasaron por su seminario diocesano.
José Pérez Calama, protegido de Fabián Y fuero y luego Obispo de Quito.
Catedral de Quito (s. XVIII=
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jos%C3%A9_P%C3%A9rez_Calama_%28Obispo_de_Quito%29.jpg
Fundación de
oratorios de San Felipe Neri
No podemos pasar por alto la importancia que muchos prelados dieron a
los oratorios de San Felipe Neri, utilizados en buena medida como una forma de
regeneración del clero y de la enseñanza de la época. Además, no existen
demasiados estudios sobre el verdadero significado que tuvieron los sacerdotes
americanos que se acogieron a la vida comunitaria de los mencionados oratorios,
lo que nos ha inducido a dedicarles este apartado.
La expulsión de los
jesuitas había dejado un vacío en el ambiente espiritual e intelectual
americano, que era difícil de llenar por las órdenes mendicantes u
hospitalarias que trabajaban ya en América, sobre todo cuando éstas estaban en
entredicho y tanto la Corona como las autoridades coloniales y los obispos
querían restarles poder. Hasta 1767 muchos miembros de la elite tenían por
confesores y directores espirituales a los padres de la Compañía de Jesús, y
muchos de ellos y de sus hijos habían cursado estudios en los colegios
jesuíticos, por lo que no era fácil sustituirlos con un clero secular que
muchas veces, como ya vimos, estaba falto de una buena formación. Parece que en
esa situación encontraron una especial acogida los hijos de San Felipe Neri con
sus oratorios, ya que disponían de un carisma que les alejaba de los
mendicantes pero que, por su vida en
comunidad, les acercaba de alguna manera al instituto de San Ignacio. Su
presencia en América, además, no era nueva, pues en México ya funcionaban desde
1659 y los primeros intentos de fundación en Lima datan de 1674. Además de las
fundaciones en las capitales virreinales, hubo otras varias llevadas a cabo en
América a partir de aquellos momentos, aunque no con la proliferación que lo
iban a hacer durante el reinado de Carlos III (69).
Aquellas necesidades que
se plantearon a raíz de 1767 trataron de suplirlas muchos prelados con la
promoción y creación de los oratorios de San Felipe Neri, que además
presentaban unas características que favorecían su poder frente a lo que
sucedía con los miembros de la Compañía de Jesús. Los oratorios estaban
formados por clérigos seculares que se reunían para vivir en comunidad, lo que
quiere decir que permitían un mayor control de la autoridad episcopal.
Además, su propia organización no
entraba en pugna con el regalismo imperante, pues los superiores de estas
comunidades debían ser confirmados por los prelados de las diócesis
correspondientes. Una característica de los miembros de esta congregación de
sacerdotes seculares, que vivían en comunidad, era que no hacían votos ni
promesas y cada fundación era autónoma, sin dependencia del oratorio romano,
que San Felipe Neri había fundado en 1575 (70). Es decir, cada centro filipense era una imitación del romano, pero sin
generar ningún tipo de dependencia y sin la existencia de una autoridad
superior propia. En esa situación genérica, por tanto, los oratorios ofrecían
algunas de las ventajas del clero regular, pero sin generar las dependencias
que éste tenía de sus provinciales y generales, por lo que los obispos y la
propia Corona podían sentirse más cómodos con su presencia que con el resto de
las órdenes y, desde luego, de los jesuitas, siempre mucho más condicionados
por la política romana.
Como dijimos, la
expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios hispánicos había dejado al
descubierto unas necesidades que hasta entonces aquélla había cubierto,
esencialmente la de guía espiritual de las elites y las de la educación
secundaria. Estas necesidades resultaron ser más patentes entre los miembros
acomodados de las ciudades, que vieron como sus antiguos confesores, directores
espirituales y profesores habían abandonado el territorio americano para
siempre, resultándoles difícil en ocasiones adaptarse a los mendicantes, casi
siempre enemigos acérrimos de la Compañía de Jesús, o unos clérigos seculares
cuya formación, en términos generales, dejaba mucho que desear. En esa
situación algunos prelados comenzaron a prestar atención a los oratorios como
forma de sustituir, en determinados aspectos, a los hijos de San Ignacio de
Loyola, bien apoyando la fundación de nuevos oratorios o bien mejorando la
situación de los ya existentes en algunos lugares.
Como forma de mejorar la
situación ya existente de algunos oratorios tenemos el caso de la Ciudad de
México, donde los oratorianos pasaron a ocupar el edificio jesuítico de la
Profesa. En Lima, en 1770, los filipenses trasladaban sus instalaciones al
antiguo colegio de San Pablo, que habían regentado también los jesuitas. En
1773, los oratorianos de Guadalajara, con el apoyo de la propia Audiencia,
decidieron erigir un colegio con cátedras de estudios mayores y menores, aunque
finalmente la concesión real les fue denegada en 1774 (71). En Oaxaca, aunque el oratorio de San Felipe
Neri data de la época de Felipe V, su iglesia sería finalizada en 1773, cuando
la consagró el obispo Álvarez de Abreu, poniéndola bajo la advocación de
Nuestra Señora del Patrocinio.
En lo que se refiere a
nuevas fundaciones, en diciembre de 1771, el obispo Martí, recién posesionado
de su diócesis, pretendió crear una casa de ejercicios en Caracas, donde además
se iba a ejercitar la enseñanza de la música. En 1776, a instancias del prelado
poblano Fabián y Fuero, se fundaba en Orizaba un Oratorio de San Felipe Neri.
El obispo de León de Nicaragua, Feliz de Villegas, en 1786 colocaba la primera
piedra del edificio de los oratorianos en la capital de su diócesis, la llamada
iglesia de la Recolección. Ese mismo año se fundaba el oratorio de Santiago de
Querétaro. En 1791, aunque ya fuera de los límites de nuestro periodo de
estudio, el arzobispo José Antonio de San Alberto, fundaba el centro de los
filipenses de Sucre. También el obispo Echeverría fundo en Santiago de Cuba la
casa de recogidos de San Juan Nepomuceno, aprovechando la existencia de un
oratorio.
Aunque en términos
generales los prelados americanos fueron proclives a la promoción y fundación
de oratorios filipenses, esto no debemos generalizarlo para todos los casos,
pues no faltan ejemplos de enfrentamientos entre los oratorianos y los obispos
por diferentes motivos. Quizá uno de los casos más llamativos es el que se
produjo en Michoacán. En 1767 había viajado a España y Roma el oratoriano
michoacano Juan Benito Díaz de Gamarra para obtener documentos favorables a los
filipenses de San Miguel el Grande (72) En la Península este sacerdote entró en contacto con las ideas en boga y
se sintió atraído por ellas, lo que no disimuló a su regreso a tierras
novohispanas. Su pensamiento no gustó entonces a los filipenses y por ello
renunció a su rectorado del Colegio de San Francisco de Sales, a pesar de
contar con el apoyo del obispo Hoyos y Mier, que consiguió volverlo a poner
como regente, aunque a la muerte del prelado fue sustituido de nuevo. El nuevo
obispo, Juan Ignacio de la Rocha, nuevo protector de Díaz de Gamarra, no pudo
contra las decisiones de los filipenses de San Miguel como tampoco su visitador
y futuro obispo de Quito, Pérez de Calama (73). Quizá aquel enfrentamiento entre los oratorianos y el prelado De La
Rocha fueron la causa de que, en 1773, cuando se intentó fundar otro oratorio
en Santa Fe de Guanajuato, el diocesano se opusiese, lo mismo que hicieron los
curas del lugar, a pesar de la favorable cédula real de 1776.
SANIDAD Y
BENEFICENCIA
Uno de los asuntos por el que los ilustrados se habían sentido más
preocupados había sido el sanitario e higiénico, en muchos casos como una
acción profiláctica, que condujo a la creación de centros en los que aislar a
los enfermos para evitar los contagios de la población, especialmente con la
temida viruela. Cierto es que la fundación de hospitales fue una condición en
la erección de ciudades desde los primeros tiempos de la presencia española;
pero en el siglo XVIII el interés se acrecentó con profundos avances en el campo
de la medicina y de la farmacia, siendo una de las mayores preocupaciones de
los prelados la atención de los hospitales que existían en sus diócesis o que
ellos mismos fundaron. Ahora, en las últimas décadas de la centuria, para la
prevención y cura de enfermedades, más que nuca, la iglesia y las autoridades
civiles colaboraron más estrechamente, en una idea común del despotismo
ilustrado por mejorar la salud y el bienestar de los hombres.
Las fundaciones de
hospitales o la remodelación de los ya existentes fue algo que se dio con
cierta frecuencia entre los obispos nombrados por Carlos III, a los que, además
de interesarles el bien espiritual de sus feligreses, les interesaba igualmente
el cuidado de su salud, sobre todo en épocas de epidemias, donde muchos de
aquellos hombres dieron ejemplo de caridad cristiana y de colaboración con las
ideas de los ministros del reino, llegando a invertir parte de su fortuna
personal en lo que tenía que ver con la atención sanitaria. En algunos casos
también se aprovechó en este tipo de actividades la ausencia de los jesuitas,
pues sus edificios, como hemos visto, pudieron dedicarse a diferentes
menesteres. Un buen ejemplo en este sentido nos lo ofrece el obispo quiteño
Blas Sobrino, que fundó una leprosería y una casa para mendigos en el antiguo
noviciado de la Compañía, aunque en principio se hubiese pensado para ello en
el colegio máximo (74).
Algunos eclesiásticos,
antes de ser prelados, ya mostraron su interés por la sanidad pública, de
acuerdo con las corrientes del pensamiento del siglo. Un claro exponente de
ello fue Diego Salguero de Cabrera, que donó sus bienes para contribuir a la
erección del hospital de San Roque cuando los betlemitas llegaron a Córdoba
(Argentina). Este hombre, antes de abandonar aquella ciudad con destino a su
obispado de Quito, dejó todo dispuesto para la fundación, pero aquellos bienes
no fueron suficientes y por ello los frailes hospitalarios atendieron a los
enfermos en sus casas y luego en un pobre edificio, hasta que en 1771 se les
entregó el noviciado viejo de los jesuitas.
El poder que gozaban los
arzobispos y obispos en sus diócesis fue lo que más facilitó la tarea a
aquellos hombres para el desarrollo de la actividad sanitaria y para ello
valgan unos cuantos ejemplos: El prelado de Córdoba, Abad de Illana, en 1769,
pretendió la fundación de dos hospitales en Salta; el uno para españoles y el
otro para pobres, mestizos e indios, puesto que consideraba que los primeros
nunca acudirían a uno general. (75). Antonio Alcalde empleó 20.000 pesos en su diócesis de Yucatán, para la
construcción de una serie de anejos en el hospital de San Juan de Dios;
incluso, cuando se produjo la plaga de langosta de 1769-1770, que asoló su
diócesis y provocó une peste en la región de Tabasco, llegó a comprar víveres
en Jamaica para abastecer a los indios y así evitar que se extendiera. El
obispo de Puerto Rico, Manuel Jiménez Pérez, tuvo la idea de elevar el hospital
de Nuestra Señora de la Concepción en su diócesis, que se inició hacia 1774 (76) y en su construcción llegó a empeñar sus
propios ahorros personales. El ya mencionado Antonio Alcalde, cuando se hizo
cargo de la diócesis de Guadalajara, se encontró con un hospital pobre, a lo
que se añadieron una serie de hambrunas y epidemias, tras las pérdidas de la
cosecha por la langosta en 1778, pero que el prelado no llegó a ver finalizado
puesto que murió en 1792 y la inauguración tuvo lugar en 1794 (77). En 1781 el obispo de Chiapas, Martínez de
Polanco, ordenó la reparación del Hospital de San Cristóbal de las Casas (78). En 1784 el obispo de León de Nicaragua,
Lorenzo de Tristán, solicitaba a la Audiencia de Guatemala la fundación de un
hospital, que se construiría en la ciudad costarricense de Cartago, en 1791, y
al que el mismo contribuyó con su dinero, aunque se cerró poco después, en
1799, por falta de medios. En México, el arzobispo Núñez de Haro, ante una
epidemia de viruela que se produjo en la ciudad, estableció en 1779 el hospital
de San Andrés, al que uniría en 1788 el del Amor de Dios, que había fundado
fray Juan de Zumárraga (79). Miguel Moreno
contribuyó con la ampliación de una sala de 18 camas para el hospital de San
Juan de Dios de Huamanga (80).
Los hospitales americanos
eran casi todos regenteados por las órdenes hospitalarias de San Juan de Dios y
de los Betlehemitas y, aunque su comportamiento y administración solían ser
ejemplares, no siempre estuvieron exentos de problemas, frente a los cuales
tuvieron que actuar los prelados. Así, en 1787, el obispo Trespalacios hizo su
visita al hospital de San Juan de Dios de La Habana y planteó el mal estado en
que se hallaba y la vida licenciosa de los frailes. El arzobispo de México,
Núñez de Haro, tuvo que mediar en los conflictos internos que aquejaban al
hospital de San Hipólito de México, lo cual le fue agradecido por el propio
monarca (81). El obispo Carrión
en Cuenca, también encontró en mal estado el hospital de Guayaquil, atendido
por los hermanos de San Juan de Dios, con los que a menudo tuvo problemas
durante su episcopado.
Dentro de la actividad
benéfica de los prelados americanos de la época de Carlos III una de las tareas
sociales más importantes, además de la hospitalaria, fue la atención a los
niños huérfanos y a los mendigos que pululaban por doquier. El problema de ambos,
que aquejaba a todas las ciudades de Occidente, se convirtió en un reto para
las autoridades ilustradas, que necesitaron solucionarlo, en el caso español,
en casi en todas y cada una de las poblaciones de cierta importancia. No
debemos olvidar, en este sentido, que en el siglo XVIII y especialmente en la
España de Carlos III el concepto de pobreza tendió a perder sus tintes
religiosos y a secularizarse, aunque no tanto como en otras monarquías
europeas, debido aquí al peso que tenía la Iglesia, que hasta entonces había
detentado, casi en exclusiva, el monopolio de los asuntos sociales. Un buen
ejemplo nos lo ofrecerá Lorenzana en su ciudad natal León, en donde colaboró
junto al obispo Cuadrillero para erigir un hospicio.
Los muchos hospicios que
van a fundarse en España y América durante el reinado carolino, al margen de la
intervención que en ellos tuviesen los eclesiásticos, van a tener un profundo
sentido laico. El estado no podía consentir una importante masa de población
improductiva, ya que todos debían de contribuir al mantenimiento del mismo y a
elevar el nivel de vida del reino. Para los ilustrados, en ese sentido, la
pobreza y la vagancia no eran sino una agresión al estado útil y benefactor (82), que se pretendía instaurar. Por tanto, y de
acuerdo con los precedentes históricos existentes, ese estado utilizó el
ascendente del clero sobre la población y sobre las cuestiones sociales para
desarrollar sus ideas de un “mundo nuevo”.
Algunos prelados de España y de América acogieron con sumo interés aquellas
intenciones y prestaron su colaboración al despotismo ilustrado más o menos
convencidos, pues a la postre, de esta manera, servían a sus ideales de caridad
y a una monarquía deseosa de mejorar la situación de sus súbditos, con lo cual
se podía contar también con el beneplácito y los favores del monarca y de sus
hombres de estado.
En América el proyecto
social era imposible desligarlo del mundo eclesiástico, muy controlado además
por el poder civil, a causa de las consabidas cuestiones del patronato. En
realidad, como ya dijimos, había que hacer productivos a aquellos miembros de la
sociedad para contribuir a su mejora y para incrementar los ingresos por vía de
fiscalidad. En ese sentido, los hospicios fueron fundamentales para reciclar a
la población y, de manera muy especial, las casas para niños expósitos, ambos
como lugares de formación de mano de obra para el reino con una cierta
cualificación y como medio de paliar los graves problemas sociales que
proliferaban en esta época. El propio Lorenzana precisamente, fue uno de los
primeros asuntos que abordó al llegar a México como arzobispo; así, creó un
hospicio de pobres y otro de niños huérfanos, a los que dio su apellido. Pero
además del arzobispo leonés fueron muchos otros prelados los que se ocuparon de
esta cuestión. El obispo Cartagena, fray José Díaz de la Madrid, al igual que
Lorenzana, creó un centro para niños expósitos a los que también concedió su
apellido. Ejemplo especialmente relevante en este sentido fue el de José Antonio
de San Alberto que, en su obispado de Córdoba, solicitó en 1781 poder fundar un
hospicio para niños y niñas en la casa máxima que los jesuitas habían dejado en
aquella ciudad (83); la misma tarea
emprendió también en otros lugares cuando fue nombrado arzobispo de Charcas;
así, hizo una fundación de esas características, pero para niñas, en Catamarca,
en 1785, y luego en las ciudades de Cochabamba y Potosí. (84)
La mujer, como ya hemos
visto en el campo de la educación, también tuvo apoyos por parte de los
prelados en otros aspectos sociales, siempre con los intentos de regeneración
social o, como madres y futuras madres, convertirlas en educadoras de cara al
desarrollo de sus hijos, como ya mencionamos en los aspectos educativos. Así,
Fabián y Fuero favoreció el mantenimiento de la casa de mujeres perdidas de
Veracruz, aunque su fundador había sido su predecesor Pantaleón Álvarez de
Abreu (85). Fray Manuel
Jiménez, en el hospital de la Concepción de Puerto Rico, estableció que un piso
se dedicase para las mujeres recogidas, ya que no existía en la isla ninguna
institución de ese tipo (86).
Fundadores de
pueblos y ciudades
Desde el siglo XVI no se
vivió en América un afán fundacional tan importante como en esta época de
Carlos III. Ahora, los prelados de las diferentes diócesis tomaron una parte
muy activa en el proceso, incluso, hubo algún caso en el que los obispos tuvieron
una labor tan destacada que marcaron toda una época fundacional, como sucedió
con el obispo Martí en Venezuela (87), al que se le conoce como “el
hacedor de pueblos”. De nuevo resurgían las ideas de concentración de la
población, como en el primer siglo de la presencia española, y de nuevo vemos
desarrollarse la colaboración entre el poder civil y el religioso.
Las fundaciones de
pueblos proliferaron por toda la América española, en muchos casos promovidas
por los dignatarios eclesiásticos, casi siempre colaboradores de la política
real. Valgan como ejemplo de estos el del obispo mercedario de Chiapas, Manuel
García de Vargas Ribera, que fundó Sabanilla en la provincia de Zóquez, a
petición de los propios indios. El obispo de León de Nicaragua, Lorenzo de
Tristán, bendijo un oratorio público que sería la base de la ciudad de
Alajuela, en Costa Rica; el obispo de Buenos Aires, Sebastián Malvar y Pinto
incitó a la creación de poblados en su obispado; como consecuencia, el virrey
Vértiz, en 1780, encargaba la fundación de varias villas a don Tomás de
Rocamora (88). En su obispado
de Trujillo, Martínez Compañón fundaría la ciudad de Sullana, amén de otros
muchos pueblos.
Este proceso fundacional
fue unido al deseo de un mejor conocimiento de la población, tal y como
solicitaban los ministros del monarca, rememorándose de nuevo aquella actividad
del siglo XVI y de los inicios del siglo XVII, que había dado lugar a un gran
número de relaciones geográficas de las Indias. No es de extrañar, por tanto,
que de igual manera la Corona con sus ministros y los prelados pusiesen mucho
interés en las visitas episcopales, pues, al mismo tiempo que servían para un
mejor conocimiento y administración de las propias diócesis, ofrecían
documentación muy valiosa a los organismos rectores de las Indias en España a
la hora de determinar algunas actividades.
Como hemos dicho, los
obispos necesitaban los territorios bajo su administración, para de esta forma
regirlos mejor y por ello, en algunos casos, durante su visita se levantó el
primer censo existente de los mismos, como el que llevó a cabo el obispo
Cardiñano en su demarcación hondureña, en 1774; o la del mencionado obispo
Martí, que también sirvió para levantar un censo en Venezuela, y de la propia
ciudad de Caracas. Serían muchos los casos que podríamos citar en este sentido,
al que no estuvo ajeno ni el propio Lorenzana. Es decir, existía una necesidad
de conocer para actuar. En esta misma línea es de especial interés, de acuerdo
con los deseos de Floridablanca, que gray Íñigo Abad y Lasierra, secretario del
obispo de Puerto Rico, Manuel Jiménez Pérez, escribiese, la Historia Geográfica, Civil y Política de la
isla de San Juan Bautista de Puerto Rico (89). A veces aquellos conocimientos se nos presentaron de forma gráfica
como ocurrió con la obra de Compañón sobre el obispado de Trujillo o las
pinturas de castas encargadas por Lorenzana.
Además de censos y
fundaciones, y haciendo gala del espíritu ilustrado de la época, los prelados
se unieron al carro de las reformas urbanísticas del siglo XVIII, en el fondo
seguía latiendo el mencionado deseo ilustrado de colaborar en la felicidad de
los ciudadanos, mejorando el aspecto de los lugares en los que residían,
ofreciéndoles un ambiente más adecuado para el desarrollo de su vida.
Como caso especialmente
llamativo tenemos el de la antigua ciudad de Valladolid de Michoacán, hoy
Morelia, donde desarrolló su actividad uno de los obispos al que más preocupó,
en lo que a aspectos urbanísticos se refiere, el bienestar de sus feligreses.
Se trata de don Antonio de San Miguel. Para empezar, a su llegada se encontró
totalmente deteriorado el acueducto que abastecía de agua a la ciudad, por lo
que, para evitar los problemas de tal abastecimiento y lo que ello suponía,
encargó la reconstrucción del mismo, empleando para ello bienes de su iglesia,
lo que permitió que las obras se hallasen finalizadas en 1789. Además de esto,
mandó construir un puente sobre el río Lerma, que encargó al arquitecto
Francisco Eduardo Tresguerras. No contento con aquellas obras, había hecho la
primera planificación urbana del entorno del lugar conocido como la Calzada de
Guadalupe, que unía dicho santuario vallisoletano con el centro de la urbe. Sus
obras públicas pretendían, además de solucionar problemas de la ciudad,
convertirse en un aliciente para dar trabajo a los indios, de ahí que se
atribuya la frase de “la mejor manera de
hacer caridades es promoviendo obras de beneficio social”; en esa misma
línea favoreció la fabricación de tejidos de lana y algodón para paliar la
crisis agrícola de las sequías de 1785-1786. De esta idea participaron otros
muchos prelados, como el propio Lorenzana, que la puso en práctica cuando era
arzobispo de Toledo, donde alentó la enseñanza de los oficios y la producción
de determinados productos en las reales casas de la Caridad de Toledo y de
Ciudad Real. (90)
No menos activa en ese sentido fue la obra del obispo Antonio Alcalde
durante su episcopado en Guadalajara, lugar en el que creó 158 viviendas en las
llamadas Cuadritas, que se realizaron
en torno a 16 manzanas y cuyo proyecto es considerado como el primer ejemplo de
vivienda popular en América.
Pero en lo que en
aspectos urbanísticos se refiere, quizá uno de los fenómenos más interesantes
nos lo encontramos en Guatemala. El año de 1773 fue especialmente trágico para
aquella ciudad, puesto que un terremoto la dejó totalmente destruida. A partir de
ese momento se decidió su traslado al valle de la Ermita, con un proyecto del
ingeniero militar Luis Díez Navarro, datado en 1776, y que sería rechazado en
España por Sabatini, siendo aceptado el que realizara más tarde Marcos Ibáñez (91). Para llevarlo a efecto, en 1779, se dieron
instrucciones al capitán general de aquella Audiencia, Matías de Gálvez (92), aunque el financiamiento para su
realización no fue propuesto hasta 1786 por su sucesor, José Estachería (93). Tras estos pasos iniciales se comenzó a
desarrollar todo un proceso, en el que tuvo mucho que ver el arzobispo Francos
y Monroy, ya que algunos clérigos guatemaltecos se negaban al traslado de la
catedral. De hecho, parece que el arzobispo llevabas órdenes del Consejo para
acelerar el cambio de lugar, pues muchos vecinos eran reticentes a abandonar la
ciudad destruida; por eso, al poco tiempo de llegar a su sede, ordenó el
traslado de la catedral y del cabildo a la nueva población como forma de incitación
a sus feligreses para que aceptasen el nuevo emplazamiento.
Construcción de
catedrales
En general, como solía
ser tradicional, a todos los prelados les interesaba realizar mejoras en sus
catedrales y adecuarlas a las necesidades de los tiempos. En muchos lugares, el
crecimiento poblacional las había hecho insuficientes para cumplir con sus
funciones; en otros, la mayor riqueza de la diócesis imponía nuevas
pretensiones ornamentales; y, en no pocos, los desastres naturales impusieron
nuevos edificios; ello sin olvidar las necesidades de las nuevas diócesis. Los
prelados, pues, se vieron implicados en la construcción y remodelación de los
templos catedralicios, a veces con un celo encomiable, como el del obispo de
Buenos Aires, José Antonio Basurco, que donó parte de sus bienes para la
ampliación de aquel templo.
Las nuevas diócesis no
siempre pudieron contar con nuevas catedrales, por falta de fondos o porque la
necesidad inmediata obligaba a utilizar templos anteriores, como ocurrió en
Cuenca, donde se adaptó la iglesia mayor (94); en La Habana, donde se utilizó la antigua iglesia de los jesuitas; en
Mérida, donde también se reaprovechó la iglesia mayor, hasta que en 1803 se
iniciaron las obras del nuevo edificio por Manuel Mújica; o en Durango, donde
se utilizó la iglesia de San mateo que se fue readaptando a lo largo del
tiempo.
Abordar aquellas
construcciones –nuevas o en remodelación- implicaba grandes gastos, por lo que
la tarea emprendida por muchos prelados no fue fácil, sobre todo en ciudades de
segundo orden. Pero esas dificultades no sólo debían plantearse en el plano de
lo económico, lo cual era una realidad, sino también en la falta de mano de
obra cualificada para poder abordar con satisfacción obras de tal envergadura.
Recordemos que ya en el siglo XVI maestros como Francisco Becerra y Bartolomé
Carrión eran llamados de un lugar a otro por la escasez de técnicos para
planificar nuevas construcciones. El problema, lejos de solucionarse, se
mantenía vivo en el siglo XVIII, especialmente en el reinado de Carlos III,
puesto que la expulsión de los jesuitas había dejado a muchas ciudades sin
arquitectos y maestros de obra de calidad, ya que algunos de ellos eran
miembros de la Compañía de Jesús. Si a ello añadimos que durante este periodo
se crearon nuevas diócesis el problema se había aumentado. Veamos, pues,
algunos ejemplos de aquella actividad constructiva que abordaron los prelados,
a veces con la reticencia de sus cabildos o de las autoridades civiles. En
alguna ocasión, involuntariamente, pudieron haber colaborado en aquellas
construcciones, como el obispo de Asunción, José de Priego y Caro, que murió
antes de llegar a su sede, y sus bienes, que dejó en herencia a su diócesis, se
planteó por el cabildo que fuesen utilizados para la construcción de una nueva
catedral.
Pero antes de mencionar
esos ejemplos conviene que recordemos, además, que en esta época las
construcciones oficiales debían ser aprobadas por la Real Academia de las Tres
Nobles Artes de Madrid, que ejerció una especie de dictadura que muchas veces
no quiso ser tenida en cuenta en América, por la tendencia que aquella tenía
hacia los modelos neoclásicos, a los que no era muy proclive la población
americana.
En 1770 el terremoto de
Cuba dejo maltrecha la antigua catedral de Santiago y por ello, en 1779, siendo
obispo Santiago José Echeverría, el arquitecto Ventura Buceta elaboraba un
plano para la construcción de un nuevo templo, que no sería aprobado hasta
1785. Pero ni siquiera entonces pudieron comenzarse las obras, por la negativa
de algunos miembros del clero y de la población civil para que se destruyese el
maltrecho edificio anterior y porque la aprobación definitiva, que debía dar la
Real Academia de Madrid, no se hizo hasta 1790 (95).
La catedral de León de
León de Nicaragua había sido destruida por los ingleses en 1685 y, aunque se
inició una nueva casi de forma inmediata, posteriormente se volvió a construir
la definitiva a partir de 1746. Fueron obras realizadas con una gran lentitud
por sus altos costes e, incluso, se pretendió engañar a Carlos III dándole unos
datos con gastos inferiores a los reales, pues se ha llegado a pensar que su
coste final ascendió a más de cinco millones de pesos. Lo cierto es que el
templo sufrió un gran empuje constructivo en 1774, durante el obispado de Juan
Carlos Vilches, que aportó su propio dinero para adelantar la construcción. No
vería este prelado las obras totalmente finalizadas, pues los trabajos de la
cubierta definitiva continuarían más tarde, durante el obispado de Lorenzo de
Tristán. La consagración, por tanto, no tendría lugar hasta 1810.
El ya mencionado obispo
Echeverría, al que vimos implicado en la catedral de Santiago de Cuba, en 1777,
planteó la construcción de una nueva catedral para la recién creada diócesis de
San Cristóbal de La Habana. De hecho, se aprovechó la construcción jesuítica en
1748, pero que había sufrido graves daños en el terremoto de 1766, por lo que
hubo que volver a afrontar nuevas obras que sólo permitieron reiniciar la
actividad del templo en 1773.
Guatemala, por causa del
terremoto que destruyó la ciudad, necesitó de otra catedral en su nuevo
emplazamiento, inaugurándose una primera, provisional, el 22 de diciembre de
1779 (96). La construcción
del templo metropolitano guatemalteco no hay que desvincularla de las tensiones
regalistas y antirregalistas, pues el traslado al nuevo emplazamiento chocó con
el deseo de algunos miembros del clero, que se negaban a que aquel templo fuese
trasladado sin que antes lo aprobase el sumo pontífice. Aquella postura por
parte de algunos sacerdotes, como era de esperar, no agradó al Consejo de
Indias, que decidió en 1779 que se iniciasen las obras del nuevo edificio en el lugar elegido para la
erección de la ciudad, para lo que se contaba con el apoyo de un nuevo prelado
regalista, como lo fue Francos y Monroy. Los esfuerzos por poseer una
edificación digna en aquella archidiócesis consumieron en gran medida el tiempo
y los empeños del prelado en 1781(97). La construcción sufrió varias paralizaciones por falta de fondos y de
personal cualificado, aunque en su diseño estuvieron implicados importantes
técnicos. Marcos Ibáñez dio el diseño inicial y lo desarrollo hasta 1783, en
que se hizo cargo Antonio Bernusconi; en 1785 le sucedió Sebastián Gamundi y,
en 1788, José Sierra. Aquel sucederse de técnicos y la falta de medios hicieron
que las obras no pudiesen ser concluidas por el que había sido su gran
impulsor, el mencionado arzobispo Francos y Monroy.
La catedral de la recién
creada diócesis de Cuenca es, quizá, el mejor ejemplo de todo lo que sucedió
con las nuevas construcciones de catedrales. Al crearse el obispado funcionó
como catedral la antigua iglesia mayor, después de que se desestimara la que
habían dejado los jesuitas. El primer prelado, Carrión y Marfil, pretendió su
construcción siguiendo el modelo de la de Málaga, para lo que contaba
esencialmente con los fondos que producía el cacao de Guayaquil. Los ingresos,
de todas formas, no fueron suficientes, pero los planos se pasaron a la
Academia de Madrid, que no los aceptó y mandó diseñar una obra neoclásica al
arquitecto Antonio López Aguado; pero aquel proyecto llegaba a Cuenca en un
periodo fuera de los límites de nuestro estudio y en vísperas de los sucesos
independentistas, por lo que el proyecto no tuvo reflejo en la realidad (98). El prelado Carrión sería trasladado en 1798
a la diócesis de Trujillo, en la que su predecesor, Martínez Compañón, se había
empeñado también en la reconstrucción de la catedral, que había abierto al
culto en 1781 (99)
NOTAS
|
(1)G. MAYANS Y SISCAR, entre otras obras del
siglo XVI, editó en Valencia, en 1771, el Distatum
Christianum de B. ARIAS MONTANO, traducido ya por P. DE VALENCIA. (2)
AGN (ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. MÉXICO), Inquisición 45, “Colección Riva Palencia”, ff. 273-276v. (3)
No olvidemos en este sentido el interés de Lorenzana por la publicación de
textos antiguos que se podían vincular a esa tradición, tales como el
facsímil publicado por la Universidad de León para conmemorar el II
Centenario de la muerte de FRANCISCO ANTONIO DE LORENZANA Y BUTRÓN, Breviarium Gothicum, secundum regulam
Beatissimi Isidori, archepiscopi hispalensis, jussu Cardenalis Francisci
Ximenii de Cisneros prius editum; nunc opera Excmi. D. Francisci Antonii
Lorenzana, sanctae ecclesiae toletanae hispaniarum primatis, Archiepiscopi
recognitum, ad usum sacelli mozarabum, León, 2004 (según la primera
edición de 1775). (4)
J. DE LA HERA, “Notas para el estudio del regalismo español en el siglo
XVIII”, en Anuario de Estudios
Americanos, 31 (1974), pp. 427-428. (5)
N.M. FARRIS, La Corona y el clero en el
México colonial 1579-1821. La crisis del privilegio eclesiástico, México,
1995, p. 126. (6)A.
L. CORTÉS PEÑA, La política religiosa
de Carlos III y las órdenes mendicantes, Granada, 1989, p. 57. (7)
P. GATO CASTAÑO, La educación en el
virreinato del Río de la Plata. Acción de José Antonio de San Alberto en la
audiencia de Charcas, 1768-1810, Zaragoza, 1990, pp. 121-122. (8)
Resume muy bien estos aspectos A. DE LA HERA, “El regalismo indiano”, en P.
BORGES (DIR.), Historia de la Iglesia
en América y Filipinas, Madrid, 1992, pp. 85-97. Es esencial en este
sentido, también, su obra El regalismo
borbónico en su proyección indiana, Madrid, 1963. (9)
G. ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, La
Corona y la América en el Siglo de las Luces, Madrid, 1994, p. 40. (10)
A. DE EGAÑA, Historia de la Iglesia en
la América Española. Desde el descubrimiento hasta comienzos del siglo XIX,
Hemisferio Sur, Madrid, 1966, p. 859. (11)
AGI 8ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA), Guatemala,
915. (12)
A. DE EGAÑA, Historia de la Iglesia…,
op. cit., p. 886. (13)
J. DE SAN ALBERTO, Catecismo Real, que
baxo forma de instrucción, compuso y publicó para enseñanza de los seminarios
de niños y niñas de sus diócesis…, en que por preguntas y respuestas enseñan
catequísticamente en veinte lecciones las obligaciones que un vasallo debe a
su rey y señor, Madrid, 1786. (14)
AGS (ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS), Consejos
51690, f. 112 (15)
BR/M (BIBLIOTECA REAL DE MADRID), Miscelánea
de Ayala, 349. (16)
D. RIPODAS ARDANAZ, La biblioteca
porteña del Obispo Azamor y Ramírez (1788-1796), Buenos Aires, 1994. (17)
A. DE LA HERA, “El regalismo indiano”…, op.
cit., p.91. (18)
Sobre este asunto puede consultarse el trabajo de D. Alberto de la Hera en
esta misma obra. (19)
A. DE LA HERA, op. cit., pp. 92-93. (20)
N.M.FARRIS, La Corona y el clero…, op.
cit., p. 128. (21)R.
VARGAS UGARTE, Concilios Limenses
(1571-1772) III, Lima, 1954, pp. 158-160. (22)
Sobre este Concilio ver R. VARGAS UGARTE, Concilios
Limenses…, op. cit., III y IV. (23)
M. JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “Las doctrinas populistas en la independencia de
Hispano-América”, en Anuario de
Estudios Americanos 3 (1946), p. 548. (24)
ARJB/M. (ARCHIVO DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID), Expedición de José Celestino Mutis III, 2,2,1. (25)
A. CABALLERO Y GÓNGORA, “Relación del estadio del Nuevo Reino de Granada, que
hace el arzobispo obispo de Córdoba a su sucesor el excelentísimo señor don
Francisco Gil Lemos”, en Relaciones e
informes de los gobernantes de la Nueva Granada I, Bogotá, 1989, p. 381. (26)
Sobre este asunto en México es de reciente publicación la obra de I. ARENAS
FRUTOS, Dos arzobispos de México
–Lorenzana y Núñez de Haro- ante la reforma conventual femenina (1766-1775),
León, 2004. (27)
Estos autos del arzobispo Parada han sido estudiados por A.I. LASERNA GAITÁN,
“El último intento de reforma de los monasterios femeninos en el Perú
colonial: el auto del arzobispo Parada de 1775”, Anuario de Estudios Americanos 52-2 (1995), pp. 263-287. (28)
A. CABALLERO Y GÓNGORA, “Relación del estadio del Nuevo Reino de Granada…”, op. cit., pp. 378-379., (29)
L.C. MANTILLA, Historia de la
Arquidiócesis de Bogotá, Bogotá, 1994, pp. 50-51. (30)
A. CABALLERO Y GÓNGORA, “Relación del estadio del Nuevo Reino de Granada…,”,
op. cit., p. 381 (31)
J. PANIAGUA PÉREZ,”Noticias Socioeconómicas del Austro Ecuatoriano obtenidas
en el proceso de la nunca construida catedral colonial de Cuenca”, Anuario Jurídico y Económico Escurialense,
26- I (1993), pp. 513-541. (32)
A. CABALLERO Y GÓNGORA, op. cit., p.
379. (33)
A. CABALLERO Y GÓNGORA, op. cit., p.
380. (34)
Todo lo referente a la erección del obispado de Mainas puede verse en M. E.
PORRAS, Gobernación y obispado de
Mainas siglos XVII y XVIII, Quito, 1987, pp. 93-118. (35)
E. LÓPEZ MAÑÓN e I. DEL RÍO, “La reforma institucional borbónica”, en S.
ORTEGA NORIEGA e I. DEL RÍO (Coords.), Tres siglos de Historia Sonorense (1530-1830), México, 1993, pp.
319-320. (36)
P. RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Discurso sobre
la educación popular de los artesanos y su fomento, 1775, p. 1. (37)
J. A. MARAVALL, Estudios de la Historia
del Pensamiento Español. Siglo XVIII, Madrid, 1991, p. 462. (38)
T. EGIDO, “La expulsión de los jesuitas”, Historia
de la Iglesia en España IV, Madrid, 1979, p. 756 (39)
Francisco Rivero y Gutiérrez era un rico comerciante de la ciudad, de origen
peninsular y soltero. B. ROJAS, Las
instituciones de Gobierno y la élite local. Aguascalientes del siglo XVII
hasta la Independencia, Zamora (Mich.), 1998, pp. 142 y 176. (40)
D. JUARROS, Compendio de la historia de
Guatemala 1500-1800, Guatemala, 1981, p. 159. (41)
M.I. GONZÁLEZ DEL CAMPO, Don Cayetano
Francos de Monroy, arzobispo de Guatemala a finales del siglo XVIII”, IX
Congreso Internacional de Historia de América I, Badajoz, 2002, p. 260. (42)
A. DE EGAÑA, Historia de la Iglesia…, p.
876. (43)
J. PANIAGUA PÉREZ, “La imagen del tiempo. El intento de creación de una
universidad colonial en Cuenca”, Revista
de Historia de la Educación latinoamericana 3 (2001), pp. 73-75. (44)
ANH/C. (ARCHIVO NACIONAL HISTÓRICO DE CUENCA, ECUADOR), Gobierno-administración 12, ff. 101-106. (45)
J.E. WEISS, La arquitectura colonial
cubana. Siglos XVI al XIX, La Habana-Sevilla, 1996, p. 256. (46)
E. CHALBAUD (ED.), Historia de la
Universidad de los Andes I, Mérida (Venezuela), 1966, pp. 94-97. (47)
A. DE EGAÑA, Historia de la Iglesia…,
pp. 875-876. (48)
A. DE EGAÑA. Historia de la Iglesia…, pp.
964-965. (49)
A. RODRÍGUEZ CRUZ, Salmantica docet. La
proyección de la Universidad de salamanca en Hispanoamérica I, Salamanca,
1997, p. 424. (50)
A. RODRÍGUEZ CRUZ, Salmantica docet…,
pp. 412-413. (51)
A. RODRÍGUEZ CRUZ, Salmantica docet…, pp.
442-443. (52)
AGI, Santa Fe 973. (53)
Sobre la Universidad de Guadalajara puede verse C. CASTAÑEDA, La Educación en Guadalajara durante la
colonia 1552-1821, Guadalajara, 1984, pp. 337-431. (54)
R. FERRERO MICÓ, “Intentos de reorganización en la Universidad de caracas a
finales del siglo XVIII”, en Estudios
de Historia Social y Económica de América 7 (1991), pp. 159-160. (55)
AGI, Santa Fe 759-8, ff. 3-4. (56)
D. SOTO ARANGO, Polémicas
Universitarias en Santa Fe de Bogotá. Siglo XVIII, Bogotá, 1993, p. 1-57. (57)
A. RODRÍGUEZ CRUZ, Salmantica docet…,
pp. 437 y 440. (58)
M. BALDÓ LACOMBA, “La Ilustración en la Universidad de Córdoba y el Colegio
de San Carlos de Buenos Aires (1767-1810)”, Estudios de Historia Social y Económica de América, 7 (1991), p.
39. (59)
D. SOTO ARANGO, “Francisco Moreno Escandón, reformador de los estudios
superiores en Santafé de Bogotá”, Las
universidades hispánicas desde la Monarquía de los Austrias al centralismo
liberal II, Salamanca 2000, p. 344 y 348. (60)
M. A. GALINO, Textos pedagógicos
hispanoamericanos, Madrid 1974, p. 748. (61)
Entre las obras de esta autora son de destacar: Importancia de la instrucción que conviene dar a las mujeres, Zaragoza,
1784 y Discurso en defensa del talento
de las mujeres y su aptitud para el gobierno, Madrid 1786. (62)
AGI, Indiferente General 3043. (63)
L. ZAHINO PEÑAFORT, “El convento de Jesús María ante el IV Concilio
Mexicano”, La Orden Concepcionista. Actas del I Congreso
Internacional I, León, 1990, p. 516 (64)
R. LORETO LÓPEZ, Los conventos
femeninos y el mundo urbano de la Puebla de los Ángeles del siglo XVIII, México,
2000, pp. 96-97. (65)
P. FOZ Y FOZ, La Revolución pedagógica
en Nueva España (1754-1820), Madrid, 1981. (66)
P. FOZ Y FOZ. La Enseñanzas
iberoamericanas, Bogotá, 1988, pp. 79-80. (67)
P. FOZ Y FOZ, Idem, pp. 83-89. (68)
Un facsimilar de esta obra ha sido publicado por la Universidad de Castilla.La
Mancha y por el grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa en 1992. (69)
J. PANIAGUA PÉREZ, “Los oratorianos en la Audiencia de Quito”, Boletín del Archivo Nacional, 22
(1992), pp. 117-120. (70)
San Felipe Neri nunca tuvo la idea de expandir su Oratorio romano, pero el
éxito del mismo hizo que se tratase de imitar en otros muchos lugares del
orbe católico, en donde se intentaron adaptar las constituciones que en 1612
Pablo V había confirmado para aquél por la bula Christi Fidelium. (71)
C. CASTAÑEDA, La educación en
Guadalajara…, pp. 151-153. (72)
Para este colegio de San Miguel el Grande se dio cédula el 18 de diciembre de
1774. C. CASTAÑEDA, Idem…, p. 181. (73)
G. CARDOZO CALUÉ, Michoacán en el siglo
de las luces, México, 1973, pp. 11-20. (74)
Historia de los hospitales coloniales
en Hispanoamérica X, Miami, 1995, p. 87. (75)
E.O. ACEVEDO. “La gobernación de Tucumán en el virreinato del Río de la Plata
(1776-1783)”. Anuario de Estudios
Americanos 14 (1957), p. 59. (76)
A. PABÓN CHARNECO, Una promesa
inconclusa: apuntes socio.arquitéctonicos sobre el Hospital de Nuestra Señora
de la Concepción el Grande, Puerto Rico, 1999. (77)
G. FAJARDO ORTIZ, Los caminos de la
medicina colonial en Iberoamérica y las Filipinas, México, 1996, p. 95. (78)
S.D. MARKMAN, “San Cristóbal de las Casas”, Anuario de Estudios Americanos 19 (1962), p. 398. (79)
M. JUSTINA SARABIA VIEJO, Anuario de
Estudios Hispanoamericanos 30 (1973). (80)
A. DE EGAÑA, Historia de la Iglesia…, p.
885. (81)
F. CANTERLA, “La Orden Hospitalaria de San Hipólito mártir hasta la fecha de
su reforma”, Anuario de Estudios
Hispanoamericanos 37 (1980), p. 155. (82)
P. CARASA SOTO, Historia de la
beneficencia en Castilla y León. Poder y pobreza en la sociedad castellana, Valladolid,
1991, p. 91. (83)
P. GATO CASTAÑO, La educación en el
virreinato del Río de la Plata…, p.313. (84)
P. GATO CASTAÑO, Ibid., pp.
312-339. (85)
J. MURIEL, Los recogimientos de
mujeres. Respuesta a una problemática social novohispana, México, 1974,
pp. 193-194. (86)
C. CAMPO LACASA, “Notas generales sobre la historia eclesiástica de Puerto
Rico en el siglo XVIII”, Anuario de
Estudios Americanos 18 (1961), p.
148.
(87)
Sobre este prelado existe un amplio estudio de P. VILA, El obispo Martí: interpretación humana y geográfica de la larga
marcha pastoral del obispo Mariano Martí en la diócesis de Caracas, Caracas,
1980, 2 vols. (88)
M. MACCHI y A. MASRAMÓN, Síntesis
histórica de Entre Ríos 1520.1930, Paraná, 1962, p. 33. (89)
Esta obra fue publicada en Madrid en 1788. (90)
A. SANTOS VAQUERO, La Real Casa de
Caridad de Toledo. Una institución ilustrada, Toledo, 1994. (91)
J. BERNAL PONCE, Ciudades del caribe y
Centroamérica del siglo XV al siglo XIX, Cartago, Costa Rica, 1993, p.
309. (92)
F. DE SOLANO, Normas y leyes de la
ciudad hispanoamericana 1601-1821, Madrid, 1996, pp. 216-218. (93)
F. DE SOLANO, Idem, pp. 253-255. (94)
J. PANIAGUA PÉREZ, “El gran templo que nunca se llegó a construir. La
catedral colonial de Cuenca (Ecuador)”, Estudios
Humanísticos. Geografía Historia Arte 15, (1993), pp. 149-156. (95)
J. E. WEISS, La arquitectura colonial
cubana. Siglos XVI al XIX, La Habana, Sevilla, 1996, pp. 290-292. (96)
M. I. GONZÁLEZ DEL CAMPO, Don Cayetano
Francos y Monroy…, p. 260. (97)
M. I. GONZÁLEZ DEL CAMPO, Idem, p.
261. (98)
J. PANIAGUA PÉREZ, “El gran templo que nunca se llegó a construir…”, pp.
149-165. (99)
A. DE EGAÑA, Historia de la iglesia…, p.
876.
PANIAGUA
PÉREZ, JESÚS, “La actitud ilustrada de los obispos americanos en la época de
Carlos III”, en España y América entre
el Barroco y la Ilustración (1722-1804), II Centenario de la muerte del
Cardenal Lorenzana (1804-2004), Coordinador Jesús Paniagua Pérez, León,
Universidad de León, 2005, pp. 123-154 |



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