El multilateralismo mexicano ante
la Guerra Civil Española. Las dimensiones panamericana y ginebrina*
Introducción
En septiembre de 1931 México
consumó su ingreso a la Sociedad de Naciones (SDN), con sede en Ginebra, tras
más de una década de acercamientos, distanciamientos y negociaciones
frustradas. Desde ese momento y hasta la Segunda Guerra Mundial, la diplomacia
mexicana participó simultáneamente en dos espacios multilaterales: uno de carácter
global y otro continental. El país ya era miembro de la Unión de Repúblicas Americanas,
a la que se incorporó desde su fundación después de la Primera Conferencia
Internacional Americana, celebrada en Washington en 1889-1890. Esta asociación
contaba con un órgano permanente establecido en la capital estadounidense, la
Unión Panamericana, y realizaba de manera periódica encuentros multilaterales,
entre ellos reuniones de carácter político, las Conferencias Internacionales
Americanas.
El panamericano fue un espacio
privilegiado para la normalización de las relaciones del México
posrevolucionario con el exterior, en particular con el vecino del norte. Estados
Unidos jamás se incorporó a la liga ginebrina, por lo que la Unión Panamericana
fue el único ámbito multilateral en el que interactuaron de manera permanente
las dos naciones norteamericanas, junto a otras 19 repúblicas en las décadas de
1920 y 1930.1 Si bien la presencia
latinoamericana en la SDN fue intermitente, durante los años de entreguerras
todos conservaron la membresía al organismo continental.
Este texto examina el ejercicio de
la diplomacia multilateral mexicana ante Ginebra y ante el sistema
interamericano. Para ello, se eligió como foco la postura asumida frente a la
Guerra Civil Española. Varias investigaciones han estudiado con detalle la
posición mexicana respecto al conflicto en la SDN; sin embargo, el análisis
sobre el papel en el espacio panamericano ha sido secundario.2 La baja atención historiográfica
sobre este último espacio es de llamar la atención, si se considera que en los
años de la guerra la Unión Panamericana organizó dos conferencias
internacionales, una de carácter extraordinario en 1936 y otra ordinaria en
1938.
Comprender la relación entre las
posturas asumidas en ambos espacios puede ofrecer claves para tener un panorama
más completo de la lectura que se dio al conflicto español desde la cancillería
cardenista. Como se buscará demostrar, la pertenencia a dos ámbitos
multilaterales ofreció ventajas estratégicas y complementarias de cara a un
mismo objetivo: respaldar al gobierno republicano. El orden jurídico
panamericano contribuyó a legitimar la posición internacional de México de
defensa activa de la República, expresada en el entorno de la SDN. En
específico brindó elementos para justificar el envío de armas y para disuadir,
en la medida de lo posible, la presión de las potencias europeas
“neutralistas”. A su vez, la diplomacia mexicana desarrolló una estrategia de
contención -defensa pasiva- ante la Unión de Repúblicas Americanas, con el fin
de evitar que sus foros fueran aprovechados por los sublevados españoles como
fuente de respaldo político-moral, dada la simpatía hacia los mismos entre
buena parte de los gobiernos latinoamericanos.
Entre la crisis ginebrina y el
llamado panamericano
Cuando la Guerra Civil Española
estalló, a mediados de 1936, en la opinión pública mexicana se debatía sobre el
sentido de la política exterior y el papel del multilateralismo, de cara a un
mundo cada vez más polarizado. A comienzos de año, el presidente de Estados
Unidos Franklin D. Roosevelt propuso reunir una conferencia panamericana de
carácter extraordinario, a celebrarse en Buenos Aires. El objetivo del
encuentro sería definir mecanismos para garantizar la paz del continente.
Vicente Lombardo Toledano, líder de
la novel Confederación de Trabajadores Mexicanos(CTM), fue una de las voces
críticas. Para Lombardo, la conferencia pretendía motivar la deserción de los
países latinoamericanos de la SDN, con el fin de crear una “Liga de Naciones
Americanas”, que beneficiaría al “imperialismo yankee”, al no existir el
contrapeso de las potencias extracontinentales.3 En la prensa existían lecturas similares
sobre los objetivos estadounidenses respecto a transformar a la Unión Panamericana
en una nueva liga de naciones, que aumentaría el nivel de compromiso entre sus
miembros. Sin embargo, no todos lo veían como algo perjudicial. En un editorial,
El Informador de Guadalajara señalaba que, ante la inoperancia de la
SDN, el encuentro de Buenos Aires brindaba una oportunidad interesante: “quizás
surja de esa Conferencia una Sociedad de las Naciones Americanas para tratar
asuntos que sí tocan de cerca a nuestro país y de los cuales México está seguro
de contar con que sus iniciativas, sus gestiones y su actitud pesarán en la
balanza”.4
El Informador no era la
única voz adversa a la SDN. Desde las páginas de Excélsior y El
Universal, pero también en el Senado y en la Cámara de Diputados, se hacían
llamados para que México reconsiderara su permanencia en Ginebra. Los
argumentos eran que las cuotas de la membresía eran altas, que los asuntos
tratados muchas veces no tenían relación con los intereses del país y que los
resultados del organismo eran magros. El fracaso enfrenar la anexión de Etiopía
a Italia se sumó a tropiezos como las salidas de Japón y Alemania, que ponían
en entredicho la eficacia del multilateralismo ginebrino. En síntesis, se
acusaba a la SDN de ser una “institución europea”, subordinada a los intereses
de las grandes potencias del viejo continente, que poco hacía para proteger los
derechos de los países débiles.5
Frente a los debates, la postura
cardenista fue clara: aun con todos sus defectos, había que permanecer en
Ginebra. Una de las aspiraciones históricas de la política exterior mexicana ha
sido contar con contrapesos que permitan equilibrar la relación con Estados
Unidos y evitar, así, quedar subordinados totalmente ante el poderoso vecino.
La SDN ofrecía esa posibilidad. Así lo expresó Cárdenas en sus Apuntes,
al señalar que la liga ginebrina brindaba una “tribuna[…] en Europa contra el
predominio de nuestros vecinos”.6 El mismo argumento fue empleado
años antes durante la gestión de Genaro Estrada al frente de la Cancillería, en
un informe secreto que recomendaba el ingreso de México a la SDN.7
Aun así, el gobierno cardenista
expresó ante la propia liga su preocupación por el momento que vivía la
organización. Semanas antes de que estallara la guerra en la península ibérica,
el delegado mexicano Narciso Bassols pronunció un duro discurso en el que hizo
patente el malestar por la ineficacia de las medidas para proteger a Etiopía.
Si bien, recalcó que México no contemplaba abandonar la SDN, consideraba que
era necesario que ésta hiciera valer sus principios: “porque estamos dispuestos
a continuar aquí animados de buena fe, nos interesa vitalmente evitar el
colapso de la seguridad colectiva y la ruina de la Sociedad de Naciones”.8
El compromiso con Ginebra no
significó que se relegara a un segundo plano la membresía de México a la Unión
Panamericana, ni que se le diera una importancia secundaria a la convocatoria
de la Conferencia Extraordinaria. La administración cardenista era consciente
del entorno geopolítico en el que se producía el llamado de Roosevelt. A los
estadounidenses les preocupaba no sólo la simpatía que existía en buena parte
de los gobiernos y la opinión pública de Latinoamérica hacia los fascismos,
sino también el estrechamiento de los lazos económicos de la región
conAlemania.9 Otro factor de alarma era Japón,
que en los años previos intensificó su interacción con América.
Al interés del país del norte por
fortalecer su presencia en el continente se sumó la creciente animadversión
hacia la SDN. Las críticas hacia la inoperancia y el alto costo de las
membresías se extendían por toda Latinoamérica. Mientras que en algunos casos
se recalcaba la inoperancia de la SDN para contener el rearme alemán, poner un alto
a la agresividad japonesa contra China o para resolver la guerra del Chaco; en otros
se señalaba que las sanciones previstas contra Italia afectaban intereses nacionales
de países latinoamericanos por lo que era mejor abandonar el compromiso con
Ginebra. Hacia 1936, además de Estados Unidos, tres naciones no formaban parte de
la SDN: Brasil, Paraguay y Costa Rica. Ese año otras tres abandonarían el organismo:
Guatemala, Honduras y Nicaragua.10 Es decir, al momento del arranque
de la reunión en la capital argentina, una tercera parte de los países de la
Unión no participaba en Ginebra.
La creación de una liga de naciones
americanas era una posibilidad real, que rondaba en diversas cancillerías como
un tema a plantear en Buenos Aires. Si bien, la unión ofrecía una base de la
cual partir, la intención de una liga era elevar el nivel de compromiso entre
los miembros. La Unión Panamericana, en tanto órgano permanente, coordinaba y
daba seguimiento a las iniciativas de cooperación continental, pero no tenía
atribuciones políticas. Asimismo, a diferencia de Ginebra, en el organismo panamericano
no existía un pacto constitutivo que fijara de inicio obligaciones a los países
miembros ni tampoco contaba con facultades expresas para intervenir multilateralmente
en caso de un conflicto que involucrara a alguno o algunos de sus integrantes.
Rumbo a la conferencia bonaerense
dos iniciativas se perfilaron para fortalecer el sistema interamericano. La
primera, propuesta por Colombia, era crear una liga continental que, aunque con
un nivel elevado de autonomía, estaría integrada como organismo regional dentro
de la SDN. La otra, desarrollada por República Dominicana, consistía en
aumentar las atribuciones de la Unión de Repúblicas Americanas en materia
política, hacer que la sede de su órgano permanente fuera itinerante y crear una
corte interamericana para la solución de diferendos entre los países miembros; la
organización se mantendría independiente de Ginebra.11
Las propuestas no partían de cero,
sino que tenían antecedentes en otros proyectos de los años 1920. Varios
países, entre ellos México, promovieron iniciativas que caminaban por senderos
similares. El controversial artículo 21 del Pacto de la SDN, que reconocía de
manera ambigua a la Doctrina Monroe como forma “de inteligencia regional”, y el
no ingreso de los estadounidenses a Ginebra provocaron que diversos diplomáticos,
intelectuales y juristas consideraran indispensable fortalecer el multilateralismo
continental con el objetivo de definir, de manera clara, los derechos y
obligaciones de las naciones del hemisferio, pero sobre todo de fijar límites,
en la medida de lo posible, al poderío de Estados Unidos.
La transformación de la estructura
de la unión era una de las vías que se intentó para ello, pero fue mucho más
consistente la ruta del fortalecimiento del orden jurídico interamericano. En
las conferencias panamericanas de La Habana (1928) y Montevideo (1933) se
adoptaron una serie de tratados y convenciones que imprimieron un viraje en las
relaciones intercontinentales, al definir un marco jurídico compartido en
aspectos políticos. Pese a sus avances, prevalecían algunas en cuestiones
relativas a la seguridad colectiva, tanto en la manera de resolver conflictos
intercontinentales como el proceder ante una eventual agresión a una nación
americana por una potencia extracontinental.
Aunque la creación de una liga
parecía tener simpatías importantes entre la opinión pública de su país,12 la diplomacia estadounidense
apostaba por algo distinto en Buenos Aires: la firma de un pacto de seguridad
colectiva y la instauración de un Comité Consultivo Interamericano Permanente,
encargado de coordinar acciones de prevención y de respuesta ante situaciones
que afectaran la paz en el continente. Si bien se señalaba tanto factores
internos como externos, eran estos últimos los que más preocupaban. El proyecto
estelar de los estadounidenses no era más que un intento por extender hacia el
resto del continente las políticas neutralistas que regían al interior del gigante
del norte. Establecía, entre otras cosas, que en caso de un conflicto, los países
americanos no podrían suministrar armas a ninguna de las partes enconflicto.13 Este punto entraba en
contradicción con el Pacto de la SDN que contemplaba restricciones sólo para el
agresor.
Desde México fueron seguidas con
atención todas las iniciativas que circularon previamente al encuentro de
Buenos Aires, programado para diciembre de 1936. Al igual que lo hizo frente a
las voces internas que pedían una salida de la SDN, la postura cardenista fue
de defensa a Ginebra. En las comunicaciones que tuvo por separado con los
presidentes de Estados Unidos, Roosevelt, y de Colombia, Alfonso López, Lázaro
Cárdenas recalcó que para México el multilateralismo panamericano no debía ser
opuesto, sino complementario al ginebrino; los trabajos que se hicieran en Buenos
Aires, expusieron el mexicano, debían sumarse a los esfuerzos de la SDN para mantener
la paz.14
El encuentro continental se
convirtió en un tema prioritario para la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE). Si bien, la iniciativa fue lanzada por Estados Unidos, la organización y
la convocatoria formal de la reunión corrieron a cargo de la Unión Panamericana,
precisamente con el propósito de enfatizar el carácter multilateral. El
embajador en Washington, D. C., y antiguo representante de México ante la SDN, Francisco
Castillo Nájera, fue designado para formar parte de una comisión encargada de
definir el programa de la denominada Conferencia Interamericana para la Conservación
de la Paz, junto con los representantes de Argentina y Guatemala. Esta presencia
ofreció a México una visión privilegiada para conocer las diversas posturas que
se tejían a lo largo y ancho del continente respecto a la reunión de Buenos
Aires.
La Cancillería integró un grupo de
trabajo encargado de estudiar y definir la postura a asumir en la Conferencia.
Entre otros, participaron experimentados diplomáticos como Juan Manuel Álvarez
del Castillo, Isidro Fabela, Pablo Campos, Alfonso Reyes, el propio Castillo
Nájera y los economistas Daniel Cosío Villegas y Alonso Espinosa de los
Monteros. A la cabeza del grupo quedó Ramón Beteta, uno de los hombres de más confianza
de Cárdenas, quien asumió la Subsecretaría de Relaciones Exteriores ese año,
tras los relevos en el gabinete que originó el rompimiento con los callistas. El
canciller Eduardo Hay y el propio presidente estuvieron pendientes de estos trabajos.15
Las críticas al multilateralismo
ginebrino y la preparación rumbo a la Conferencia Panamericana coincidieron con
el inicio y la internacionalización de la guerra en España. El conflicto
estalló a mediados de julio de 1936, tras un levantamiento militar que se
extendió por las islas, y el territorio continental. Lo que se planeó
originalmente como un vertiginoso golpe para derrocar a la República, topó con
una tenaz respuesta de las milicias obreras y de un pequeño grupo de militares
que permaneció leal al gobierno constitucional. La firmeza de la resistencia
republicana, inesperada para los sublevados, no sólo prolongó la guerra, sino
que además la volvió más encarnizada. El conflicto rápidamente alcanzó una dimensión
transfronteriza. ¿De qué manera el tema España afectó la posición de México
ante Ginebra y ante la Conferencia de Buenos Aires?
1936: voces ginebrinas y silencios
bonaerenses
El estallido de la guerra española
tuvo enorme impacto inmediato en México como en gran parte de América Latina,
al grado que se volvió prácticamente un asunto doméstico. Muy temprano se hizo
evidente la división de simpatías por la resistencia republicana y por los
sublevados. La postura cardenista fue categórica desde un comienzo:
reconocimiento y apoyo irrestricto a la República, en tanto era el gobierno
legítimo, emanado de la voluntad popular, de acuerdo con la Constitución vigente.16
Además del respaldo público y del
envío de armas, sobre el que volveremos, México dirigió una andanada
diplomática defensiva, que alcanzó a los dos organismos multilaterales en los
que estaba adscrito. Figuras como la del subsecretario Beteta establecieron las
directrices a seguir en ambos espacios. La estrategia, no obstante, fue
distinta. Mientras que la Cancillería buscó el involucramiento de la SDN en el
conflicto español, en el campo panamericano desplegó una política de contención:
evitar la discusión formal del tema. Primero expondremos brevemente la posición
respecto a la liga ginebrina durante el segundo semestre de 1936 y después analizaremos
la desplegada en torno al sistema interamericano.
Tras el levantamiento, Gran Bretaña
y Francia instauraron en Londres un comité, al que denominaron de No
Intervención. Se sumaron 27 naciones europeas que acordaron, entre otras cosas,
no suministrar armas ni al gobierno republicano ni a los sublevados, con el
supuesto propósito de evitar que la guerra se expandiera allende las fronteras
españolas. Italia y Alemania no tardaron en violar el pacto al apoyar a los
golpistas, sin que el comité pudiera evitarlo. Poco después, la URSS también transgredió
el acuerdo neutralista al apoyar a la República, ante la amenaza que vislumbró
en un triunfo de los rebeldes conseguido con el respaldo nazi-fascista.
México intentó, sin éxito, ser
incluido como observador en el Comité de No Intervención. Ante esto, la
Cancillería canalizó sus esfuerzos para que la SDN se involucrara en la
búsqueda de una salida al conflicto. Aunque el argumento franco-británico para
mantener fuera a Ginebra era que la española era una guerra civil y no
internacional, para el gobierno cardenista era evidente que el “no” intervencionismo
europeo beneficiaba en la práctica a los rebeldes, que gozaban del abastecimiento
militar alemán e italiano, y aislaba a la República. La injerencia de estas
potencias dotaba a la guerra de una dimensión internacional.17
Esa era precisamente la posición
que defendían las autoridades republicanas ante Ginebra, de ahí que hubiera
sintonía entre las dos diplomacias. La delegación española, encabezada por
Julio Álvarez del Vayo buscaba la intervención de la SDN para que se permitiera
a los republicanos la adquisición de armamento, relegando las restricciones del
Comité londinense, y se censurara el respaldo de Alemania e Italia a los
sublevados. La posición española sólo encontró ecos favorables entre mexicanos y
soviéticos.18 A través de un discurso de
Bassols, México expresó su solidaridad con España y nuevamente su preocupación
por la inoperancia de la SDN:
después de los
fracasos ya sufridos, y del ofrecimiento que se ha hecho de perfeccionar
nuestras herramientas de trabajo, este organismo internacional ha llegado a un
punto crítico de su vida en el que -lo diremos con lealtad, pero sin
subterfugios- los que busquen aniquilarlo definitivamente lograrán su propósito
con sólo conseguir que el necesario reajuste de la maquinaria se posponga por
tiempo indefinido.19
Si bien, no tuvo éxito ante la
asamblea, la República tenía una ventaja frente a los sublevados: no sólo
participaba en la liga, sino que además formaba parte del Consejo de la misma,
como miembro no permanente. Esto ofrecía una ventana de oportunidad que intentó
aprovechar para que la atracción del conflicto español fuera un tema vigente en
la agenda de la SDN. Aunque México no formaba parte del Consejo, siguió de
cerca los pasos de los diplomáticos españoles.
En noviembre de 1936, Berlín y Roma
reconocieron a la Junta de Burgos, órgano administrativo de los rebeldes. En
respuesta, la República hizo un llamado a una sesión extraordinaria del Consejo
de la SDN. La diplomacia republicana denunció que España padecía una agresión
por parte de Alemania e Italia, dado el abierto apoyo que brindaban a los
sublevados y, por tanto, era obligación de Ginebra tomar cartas en el asunto.
Esto implicaba sacar de escena al Comité de No Intervención. La demanda topó
con muro. Bajo el influjo de Londres y París, el Consejo desestimó los argumentos,
al reiterar que se trataba de una guerra civil. Ginebra no sólo se desmarcó de
atraer la cuestión, sino que además emitió una resolución que, como señala
Sánchez, “suponía el reconocimiento del Comité de No Intervención por parte de
la Sociedad de Naciones y que proporcionaba a este organismo una cobertura jurídica
que hasta ese momento no había tenido para abordar la cuestión española”.20 Fue un duro revés para los
republicanos.
En los momentos en que se debatía
la cuestión española en Ginebra, al otro lado del Atlántico se desarrollaban
los trabajos de la Conferencia Interamericana para la Consolidación de la Paz.
Si bien, la guerra ibérica no fue incluida en el temario, su sombra rondó no
sólo durante el encuentro, sino también en su planeación. Al igual que en la
SDN, la postura de México fue defender a la República. La diplomacia cardenista
buscó evitar que el multilateralismo panamericano pudiera ser empleado para
legitimar, directa o indirectamente, a los sublevados. Asimismo, procuró combatir
cualquier posibilidad de que, bajo el pretexto de garantizar la seguridad colectiva,
se asumieran compromisos que afectaran no sólo la soberanía nacional o fueran
contrarios al Pacto de la SDN, sino que además dieran pie a condiciones paraque
una situación similar a la que padecía España pudiera reproducirse en América: que
un gobierno progresista se viera cercado por una rebelión interna de sectores conservadores,
respaldada por regímenes autoritarios.
A semanas de iniciado el
levantamiento militar, Uruguay propuso la organización de un comité continental
de mediación, que se reuniría en la Unión Panamericana o en alguna otra
capital. La iniciativa no prosperó. Por diversos motivos, Argentina, Brasil y
Estados Unidos desecharon el planteamiento.21 México tampoco lo apoyó. En
sintonía con la postura asumida ante Ginebra, se consideró que aceptar la
mediación implicaba reconocer de facto la categoría de beligerantes de los
sublevados, lo que iba en detrimento del gobierno constitucional español, al
colocar a ambos bandos en un plano deigualdad.22
Para la administración cardenista
se volvió vital impedir que propuestas como la uruguaya se materializaran antes
o durante la Conferencia de Buenos Aires. Si bien se trataba de un conflicto
extracontinental, en la Cancillería preocupaba que la animadversión que existía
en buena parte del continente hacia la República diera pie a que se buscara
algún pronunciamiento colectivo que beneficiara a los sublevados, aunque fuera
meramente como respaldo moral. En el propio caso del presidente uruguayo
Gabriel Terra, que se mantenía en el poder gracias a un golpe de Estado, era
evidente su simpatía hacia los golpistas encabezados por Francisco Franco.
Para evitar que la cuestión
española fuera incluida en el temario, México manifestó ante las diversas
cancillerías latinoamericanas que la conferencia debía contemplar mecanismos
generales para promover la paz y no enfocarse en conflictos particulares. El
argumento era compartido por diversos gobiernos, ya que era el mismo que se empleaba
para impedir que en el encuentro bonaerense se abordara la guerra delChaco.23
Las precauciones no eran en vano.
El asilo concedido en embajadas a cientos de partidarios de los sublevados sacó
a flote, desde muy temprano, las fricciones entre la República y varios de los
regímenes conservadores de América Latina. Amparadas en una Convención
Panamericana, suscrita en la Conferencia de La Habana de 1928, las legaciones
justificaron su decisión de otorgar refugio en sus sedes. Si bien, el tratado
fijaba como obligación de las representaciones diplomáticas informar los nombres
de los asilados al gobierno del cual éstos eran ciudadanos, las misiones latinoamericanas,
encabezadas por Argentina, negaron los datos. La única excepción fue México.24
La cuestión de los asilados, que
escaló durante los meses siguientes, causó también fricciones en la SDN. En la
sesión de diciembre en la que se buscó un pronunciamiento que condenara la
injerencia de Alemania e Italia en el conflicto español, Chile y Bolivia, que
formaban parte del Consejo, desviaron las discusiones hacia el tema de los
asilos en las embajadas. En sus posicionamientos apuntaron a una supuesta
intransigencia del gobierno republicano que evitaba encontrar una salida a la
crisis.25
Si bien, la cuestión española no
fue incorporada formalmente en el programa de la Conferencia de Buenos Aires,
desde México se temía que pudiera presentarse de manera indirecta Guatemala y
Nicaragua, que junto con El Salvador reconocieron a la Juntade Burgos en
noviembre, exploraron la posibilidad de llevar una propuesta para que se
hiciera un pronunciamiento colectivo de condena al comunismo. Esta idea era similar
a la que promovía Chile para impulsar la creación de un frente americano anticomunista.
Por su parte, Brasil preparó una iniciativa que consideraba al comunismo como
una amenaza para la seguridad colectiva.26
Entre los argumentos de los
rebeldes para legitimar el levantamiento estaba precisamente liberar a España
de los “rojos”. Ante esto, la Cancillería se concentró en evitar que en Buenos
Aires se diera un escenario en el que una condena al comunismo terminara
convirtiéndose en realidad en un ataque a la República y un espaldarazo a los
sublevados. Esta línea de acción también era autodefensiva: como ocurría con el
gobierno republicano, la administración cardenista padecía una campaña que
llamaba a un boicot en su contra, bajo la acusación de ser un régimen con
tendencia “comunista”.27 Como recogían los diplomáticos
estadounidenses, la iniciativa centroamericana iba dirigida específicamente a
condenar a México; molestaba particularmente el activismo de la CTM de Lombardo
en la región.28
Aunque una rebelión similar a la
que padecía España lucía lejana en el México cardenista, había una presencia
importante de grupos que se identificaban con los fascismos europeos y que
veían con simpatía a los sublevados peninsulares. En los reportes de
inteligencia estadounidenses era permanente el seguimiento a las actividades de
grupos conservadores, como los Camisas Doradas de la Acción Revolucionaria
Mexicanista, cuya principal bandera era luchar en contra de la expansión del
comunismo y que estaban en contra de las políticas cardenistas.29 En este sentido, un pronunciamiento
en el foro multilateral podía incentivar a estos grupos a un mayor activismo y
a buscar apoyo internacional.
La delegación que acudió a Buenos
Aires estuvo integrada casi por los mismos personajes que participaron en los
trabajos previos: Castillo Nájera, Beteta y Reyes, entre otros. Tenían claro el
objetivo de evitar la aprobación de los proyectos de carácter anticomunista. De
particular interés era frenar la iniciativa brasileña sobre seguridad
colectiva, ya que se formalizó su propuesta. En sus informes a la Cancillería,
los delegados dieron cuenta de que promovieron diversos cambios al proyecto
original, de tal modo que quedó libre de cualquier sesgo anticomunista. Los
esfuerzos se concentraron en que los ajustes se hicieran en los trabajos de
comisiones, evitando que el proyecto se discutiera en plenarias.30 Los diplomáticos mexicanos contaron
en esta estrategia de contención con un aliado muy importante: sus pares estadounidenses.
Fueron éstos quienes evitaron que la propuesta centroamericana de formular una
declaración contra el comunismo prosperara.31 Otras iniciativas como la chilena
del frente anticomunista no se formalizaron.
Al igual que su vecino del sur, el
gobierno de Roosevelt no deseaba que el caso español fuera tratado directa o
indirectamente en Buenos Aires. En primer lugar, se lo impedía su propia
legislación de neutralidad. En segundo, implicaría aceptar que un asunto
europeo fuera abordado dentro del sistema interamericano, lo que históricamente
había rechazado.32Finalmente, los estadounidenses no
querían que un tema que invitaba a la polarización llevara a la Conferencia a
un callejón sin salida.
El encuentro panamericano se
celebró en momentos en los que Estados Unidos experimentaba un viraje en sus
relaciones con América Latina, que dotaba de un mayor pragmatismo a la
narrativa de la Buena Vecindad. A comienzos de ese año lo estadounidenses
dieron un vuelco en su política hacia Centroamérica, al abandonar como
condicionante para otorgar el reconocimiento al gobierno de un país, el que hubiera
llegado al poder mediante la vía constitucional. Esta nueva postura le brindaba
mayor margen de maniobra no sólo en esa región, sino en un continente en el que
los golpes militares eran un fenómeno constante desde la crisis de 1929.33
Para Estados Unidos era fundamental
aumentar su nivel de influencia, con el fin de desplazar a Alemania y Gran
Bretaña, potencias con las que disputaba los mercados latinoamericanos. Al
mismo tiempo, necesitaba preparar el terreno para que, en caso de un eventual
estallido bélico internacional, los países americanos mantuvieran una actitud
común. Para ello, era indispensable el éxito del encuentro panamericano, en tanto
mandaba un mensaje de unidad continental. Fue tal el interés del gigante del norte,
que el propio Roosevelt acudió a la inauguración de la conferencia.
En el ánimo de promover consensos,
la delegación estadounidense terminó abandonando su proyecto de pacto de
seguridad, que le había generado previamente críticas desde Argentina, al
considerar que era un intento por “continentalizar” la Doctrina Monroe. Para
México el desistimiento estadounidense de su iniciativa estelar fue positivo;
en los estudios previos había determinado que tendría que oponerse, ya que entraba
en contradicción con el Pacto de la SDN.34 A través de Castillo Nájera, que
fue electo para presidir la conferencia, México contribuyó a que se acotara el
espacio para potenciales debates encendidos en las sesiones abiertas al
público. En las dos Conferencias Panamericanas previas, La Habana 1928 y
Montevideo 1933, se vivieron momentos de enfrentamientos ríspidos que ahora se
querían evitar.
Otra de las discusiones que se
esquivó fue la instauración de una liga de naciones americanas. Contrario a lo
que sostiene David Jorge, México no se oponía “abiertamente” a esa alternativa,
sino que tenía una actitud más pragmática: las instrucciones de los
representantes mexicanos contemplaban la posibilidad de apoyar la creación de
una liga, siempre que fuera un organismo regional integrado a Ginebra.35 Otras delegaciones, como la
argentina, sí se oponían rotundamente. Bajo el pretexto de que los proyectos colombiano
y dominicano merecían un estudio con detalle, se acordó trasladar el debate del
tema al siguiente encuentro panamericano.36
El desistimiento de Estados Unidos
de su proyecto neutralista y el descarte del tema de un nuevo organismo,
pavimentaron el camino hacia el consenso. La Conferencia de Buenos Aires acordó
por unanimidad instaurar un sistema de consultas, que se activaría en caso de
una agresión a algún país americano, y adoptó un Protocolo de No Intervención
que recalcaba el rechazo a la injerencia de un país en los asuntos internos de
otro.37 Este último documento, propuesto
por México, era fruto de una larga tradición jurídica latinoamericana, que
desde la I Conferencia Panamericana buscó establecer límites a la intervención
de las grandes potencias en la vida interior de los países del continente. La
aceptación del mismo por parte de Estados Unidos da cuenta del interés del
gobierno de Roosevelt por alcanzar consensos ante el contexto geopolítico.
Pese a que la prensa internacional
esperaba que la Guerra Española tuviera un papel central en el cónclave
panamericano, la cuestión quedó marginada. Una de las pocas menciones al
conflicto fue en un discurso de Beteta. Autores como Mario Ojeda Revahy Fabián
Herrera León han resaltado las palabras del mexicano, pero no han reparado en
el contexto en el que fueron enunciadas. La intervención ocurrió en la
penúltima sesión plenaria de la conferencia. Ya se habían desahogado los temas
importantes; además, no había espacio para réplicas ni intención de buscar un
pronunciamiento colectivo. Es decir, se trató de un entorno controlado, de bajo
riesgo: la intención era expresar la legitimidad de la postura mexicana ante la
guerra española, pero sin dar margen para que se pudiera perjudicar a los
republicanos.
Tras un largo preludio en el que
señaló que el mundo se dividía entre democracias, respaldadas por la voluntad
popular, y dictaduras, amparadas en el “terror y en la violencia”, Beteta
dedicó la última parte de su discurso para referirse, indirecta y directamente,
a la cuestión “España”. Primero, criticó veladamente la inacción de las
potencias europeas y del propio Estados Unidos: “la neutralidad, como indiferencia
ante los conflictos de otros pueblos, es indebida y es miope, ya que no hay
guerra, por circunscrita que sea, que no afecte a todos en diversa medida”.38 Después, justificó el apoyo político
y con material bélico que brindaba México a la República, exponiendo que la postura
era consecuente con la asumida ante otros conflictos, como las invasiones a Etiopía
y a Manchuria, en la que se posicionó en favor de la legalidad y de los países
agredidos. En el caso español, México se ponía del lado del gobierno legítimo.
El discurso de Beteta tuvo impacto
mediático. A nivel internacional, The New York Times lo calificó como
“brutal ataque a las dictaduras”.39 Por su parte, el diario oficialista
El Nacional resaltó que lo expresado por el diplomático era una síntesis
de la manera en que México entendía su papel en el mundo.40 Sin embargo, el éxito de la delegación
mexicana no estuvo en los periódicos ni en las palabras de Beteta, sino en
evitar que la Conferencia de Buenos Aires se hubiera convertido en un
instrumento moral de respaldo a los sublevados, en detrimento de la República.
México, Ginebra y la legitimidad
panamericana
Desde el comienzo de la guerra, el
abastecimiento de material bélico se convirtió en un asunto apremiante para la
República. Al bloqueo impuesto por la “neutralidad” franco-británica, se sumó
la imposibilidad de importar armamento desde Estados Unidos, por las
restricciones de su legislación interna que señalamos previamente. México,
junto con la Unión Soviética, se convirtió en una de las pocas fuentes de suministro
para las tropas republicanas. Además del envío de armas y pertrechos de guerra
de fabricación doméstica, México fungió en un primer momento como “pantalla” para
la reexportación de materiales manufacturados en terceros países, entre ellos Estados
Unidos.41¿Cómo se justificó la determinación
cardenista de brindar apoyo material a España?
Formar parte de dos espacios
multilaterales fue un factor estratégico: permitió legitimar las políticas
mexicanas y amortiguar posibles presiones. Para ello, fue clave el relevo en la
representación de Ginebra de Narciso Bassols por Isidro Fabela. A través de
este último, durante 1937 la diplomacia mexicana articuló una narrativa
amparada no sólo en cuestiones de índole moral, sino en instrumentos jurídicos
concretos para justificar el apoyo material a la República. Fabela, un diplomático
curtido desde la Revolución Mexicana, participó en los trabajos preparatorios
de la Cancillería para la Conferencia de Buenos Aires y por años estudió el
sistema interamericano. Para legitimar la posición mexicana ante la guerra
española, recurrió a un instrumento panamericano: la Convención sobre Derechos
y Deberes de los Estados en casos de Luchas Civiles, suscrita en 1928 en la
Conferencia de La Habana.
En caso de un conflicto, la
Convención establecía la prohibición del “tráfico de armas y material de guerra
salvo cuando fueren destinadas al gobierno, mientras no esté reconocida la
beligerancia de los rebeldes, caso en el cual se aplicarán las reglas de
neutralidad”.42 El punto embonaba perfecto con la
postura asumida por el gobierno cardenista y sirvió de base para la
argumentación articulada por Fabela. México tenía no sólo el derecho, sino la
obligación de apoyar a la República, en tanto la Convención fue ratificada por
el Senado. Más allá de la cuestión jurídica, para la diplomacia mexicana el
instrumento tenía un sentido histórico. Fue precisamente un delegado mexicano,
Fernando González Roa, quien presentó el proyecto final de la Convención para
su discusión en 1928.
La Conferencia de La Habana se
celebró cuando México sufría la guerra cristera. Entorno al encuentro
panamericano se movilizó un poderoso lobby que buscó promover una
resolución que condenara al gobierno de Calles por atentar contra la libertad
religiosa y, por tanto, legitimar el levantamiento armado. Este lobby
sumó a organizaciones como los Caballeros de Colón en Estados Unidos, a
arzobispos sudamericanos y al gobierno cubano. La discusión del proyecto de
convención encendió la polémica, toda vez que su objetivo era evitar el apoyo
material a movimientos subversivos que se enfrentaran a un gobierno constitucional,
que era precisamente lo que ocurría en esos momentos en México. Pese al
activismo de los simpatizantes cristeros, que paradójicamente acusaron al gobierno
de México de oponerse “a las revoluciones”, la convención fue aprobada y la posibilidad
de que se condenara a Calles fue ignorada.43
La convención no está en
contradicción con el principio de no intervención, defendido por México
precisamente en la Conferencia de La Habana y tres años después en Montevideo.
El criterio mexicano siempre fue claro: se rechazaba el involucramiento de un
país en los asuntos internos y/o externos de otro, en tanto fuera en perjuicio del
gobierno constitucional de éste. Además de la cuestión cristera, había un antecedente
inmediato: la guerra de Nicaragua. Tras el golpe de Estado de 1926, México
brindó apoyo humano y material a las tropas que defendían el orden constitucional.
Esto provocó serias fricciones con Estados Unidos, que se decantaba por los
golpistas. La iniciativa de convención presentada en La Habana buscaba consolidar
una armadura jurídica internacional para situaciones similares. Para el caso
español, el instrumento funcionaba a la perfección. El apoyo que brindaba México
no sólo estaba destinado a las autoridades constitucionales, sino que además se
hacía a petición expresa de éstas. En su correspondencia con el presidente Cárdenas,
Fabela señaló que su propósito al invocar la Convención Panamericana fue fortalecer
la posición mexicana en Europa.44
Ahora bien, México sostenía ante
Ginebra que la ayuda de Italia y Alemania a los sublevados era una agresión a
España, que violentaba los artículos 10 y 11 del pacto. Como ha advertido
Herrera, la Convención Panamericana parecía entrar en contradicción con esta
postura, ya que implicaba calificar el conflicto español como una “guerra
civil” y no como una “guerra internacional”.45 Al respecto, consideramos que es
necesario analizar minuciosamente el empleo del instrumento. La primera vez que
se hizo referencia explícita a la Convención fue en abril de 1937, en
declaraciones de Fabela a la prensa. Unas semanas antes, México envió una nota
a la SDN en la que reiteró la petición de que el organismo atrajera la cuestión
española, sin hacer referencia alguna al tratado panamericano. Desde nuestra
lectura, la omisión fue intencional. La convención no se mencionó en la
exposición formal ante la liga ginebrina por dos motivos: evitar cualquier
interpretación que diera pie a que México consideraba el conflicto como una
guerra civil y sortear un posible extrañamiento, toda vez que era un
instrumento jurídico regional.
En este sentido, inicialmente el
empleo de la convención buscó un efecto político: enviar un mensaje para que
las potencias europeas -Gran Bretaña, Francia, e incluso Italia y Alemania-
evitaran recriminar la posición cardenista. El apoyo con material de guerra que
brindaba México a España estaba amparado por una convención internacional,
firmada por 21 repúblicas americanas, entre ellas Estados Unidos. Aunque el
gigante norteamericano estaba impedido por su propia legislación para suministrar
armamento a los republicanos, el hecho de que la diplomacia mexicana invocara
un tratado panamericano lo involucraba. De este modo, México blindaba la autonomía
de su política exterior, sacando jugo a los equilibrios del tablero internacional.
El posicionamiento mediático
acompañó a una campaña internacional de la Cancillería cardenista, que buscaba
romper el aislamiento de la República. Se entabló comunicación con todos los
gobiernos con los que sostenía relaciones para manifestar que se consideraba
indispensable que desapareciera el comité londinense de neutralidad e incluso
sugirió la posibilidad de conducir una mediación internacional ante el
conflicto español.46
De manera particular, se buscó un
acercamiento con Roosevelt. La diplomacia mexicana era consciente de que era
prácticamente imposible que Estados Unidos abandonara su política neutralista;
sin embargo, se persiguieron tres objetivos. En primer lugar, intentar que los
estadounidenses influyeran para que Inglaterra y Francia modificaran su
política frente a España. En segundo, medir las posibilidades para reanudar la
exportación de material bélico estadounidense desde México, que se suspendió a
petición del Departamento de Estado.47 Finalmente, reiterar la
legitimidad de la postura cardenista, amparada en la Convención Panamericana, y
evitar que pudiera afectar la relación bilateral.48 Este último objetivo tuvo
resultados positivos; pese a las divergencias, la cuestión española no llegó a
tener un impacto relevante en la complicada interacción bilateral.
La narrativa de legitimidad
panamericana de la posición mexicana alcanzó su punto más alto en septiembre de
1937, durante la Asamblea de la SDN. Fabela recurrió expresamente no sólo a la
Convención de La Habana, sino que incorporó panamericano: el Protocolo de No
Intervención, signado en la reciente Conferencia de Buenos Aires. Respaldado en
ese tratado, el mexicano indicó que, de acuerdo con los criterios jurídicos que
reconocían los países americanos, España sufría una intervención externa. De
este modo, solicitaba el involucramiento de la SDN y denunciaba la inoperancia
del neutralismo franco-británico:
Esta intervención de facto,
efectuada en realidad contra el Gobierno Constitucional de España, es contraria
a la política tradicional de no intervención del Gobierno Mexicano. No
solamente hemos protestado siempre contrala injerencia extranjera en los
asuntos internos de los Estados (habiendo ratificado esta invariable línea de
conducta en la Conferencia de Buenos Aires donde presentamos y obtuvimos la
aprobación del Protocolo de No Intervención, cuyo texto consagra el principio
fundamental de la política mexicana) sino que consideramos insoluto, ilimitado
e inalienable el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos y darse sin
ninguna intervención extranjera la forma de gobierno que corresponde a su
voluntad.49
La petición mexicana no tuvo éxito
y el aislamiento de la República siguió agudizándose. De cualquier modo, el
“paraguas” jurídico panamericano permitió a México subrayar que su posición era
legítima, en plena concordancia con el respeto al derecho internacional y a los
acuerdos multilaterales a los que el país estaba suscrito. Esto demuestra cómo
se fue construyendo lo internacional en distintas escalas, y cómo estas escalas
interactuaban. En otras palabras, México hizo uso del multilateralismo
panamericano para fundamentar su política hacia el caso español y buscar el
involucramiento de la SDN en la guerra en España.
Entre el declive ginebrino y el
epílogo peruano
Durante 1938 el panorama para la
República Española se agravó. El Vaticano y varios países latinoamericanos
reconocieron la beligerancia de los rebeldes, dotándolos de un estatus
jurídico. Asimismo, militarmente los sublevados fueron imponiéndose gracias al
apoyo italiano y alemán. México mantuvo su apoyo irrestricto a la República,
aunque las condiciones provocaron un viraje en la atención diplomática. El
multilateralismo panamericano acaparó el protagonismo para la Cancillería cardenista,
particularmente de cara a la VIII Conferencia Internacional Americana, programada
a celebrarse en Lima a finales de ese año. ¿Qué circunstancias provocaron el
giro? ¿De qué manera impactó a las estrategias mexicanas en torno al tema español?
En primer lugar, la SDN padecía un
evidente agotamiento. La impasividad ante la guerra española era sólo un
síntoma de un mal mayor: garantizar la paz internacional, uno de los objetivos
centrales del organismo, simplemente se desdibujaba. La liga lucía impotente
para frenar la creciente agresividad y el expansionismo de Alemania, Japón e
Italia. Este debilitamiento repercutió en la deserción de más países; hacia
finales de año, 10 de las 21 repúblicas americanas no eran miembros de la SDN:
Costa Rica, Brasil, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador,
Venezuela, Chile y, por supuesto, Estados Unidos. En el caso particular de este
último, el contexto global lo hizo renovar su interés por fortalecer el sistema
interamericano, en tanto condición indispensable para garantizar su propia
seguridad. Eso repercutió en la atención que pusieron en el multilateralismo
panamericano el resto de países, incluido México.
Lima aparecía como una oportunidad
para definir los alcances de la hegemonía estadounidense. El gobierno de
Roosevelt pretendía la adopción de un sistema de seguridad colectiva para hacer
frente no sólo a amenazas externas, sino también “internas”. El proyecto
contemplaba la posibilidad de una intervención multilateral en contra de
cualquier intento por instaurar en el continente “un sistema de gobierno no
americano”.50 Para México, como para otros
países latinoamericanos, más que un supuesto dique al fascismo o al comunismo,
la iniciativa violentaba los principios de autodeterminación y no intervención
dando una posición de privilegio total a Estados Unidos, en tanto podría
determinar qué era y qué no era un sistema de gobierno americano.
Un segundo factor relevante era que
el gobierno cardenista vivía momentos de tensión en la relación con el vecino
del norte, por la aplicación de diversas medidas de política interna, entre
ellas la expropiación petrolera. La cercanía de la Conferencia de Lima y el
interés estadounidense por incrementar los niveles de compromiso de la Unión
Panamericana brindaron a la diplomacia mexicana un campo de negociación
alternativo al de la interacción bilateral. La simpatía que prevalecía entre
los gobiernos autoritarios de Latinoamérica hacia los fascismos europeos volvía
a México un aliado indispensable para Estados Unidos en su necesidad de apuntalar
el sistema hemisférico. La Cancillería buscó aprovechar estas condiciones en
favor de los intereses nacionales y como factor de distensión. De este modo, aunque
México continuó esmerándose en pregonar su compromiso con Ginebra, la realidad
geopolítica lo anclaba al continente.
Un tercer factor, aunque con menos
peso que los anteriores, estaba relacionado con cuestiones internas. Durante
1938 aumentó la movilización de grupos conservadores en contra del cardenismo.
Uno de los momentos más críticos fue la asonada encabezada por Saturnino
Cedillo, que estalló en mayo y que fue derrotada totalmente en enero del
siguiente año. El levantamiento fue endeble en el aspecto militar; sin embargo,
la propaganda y los rumores sobredimensionaron sus posibilidades. Hubo voces ,incluso,
que llegaron a considerar al cacique potosino como un potencial “francomexicano”,
patrocinado por las compañías petroleras agraviadas por la expropiación o por
la Alemania nazi.51 En este contexto, dadas las
coincidencias ideológicas, la diplomacia cardenista estuvo atenta a los
vínculos que eventualmente pudieran establecerse entre los grupos de la derecha
mexicana y los de otros puntos del continente, en el marco de la Conferencia de
Lima.52
Estos factores influyeron en el
enfoque hacia la cuestión española. Paulatinamente la Cancillería consideró
llevar el tema al espacio panamericano, pese al riesgo que existía por la
creciente simpatía de muchos de los gobiernos latinoamericanos hacia los
sublevados. Si bien, formalmente México siguió apostando por solicitar la intervención
de la SDN, sus llamados no tenían trascendencia más allá del discurso; la
propia diplomacia cardenista era consciente de ello. Así lo evidencian los discursos
de Primo Villa Michel en la XIX Asamblea en septiembre de ese año:
No debo insistir sobre la gravedad
de la situación que la agresión ha creado en España, ni sobre el peligro que la
misma implica para la paz mundial. Hace más de dos años que la Sociedad de las
Naciones se vio colocada en la necesidad de cumplir con su deber […] no lo ha
hecho, pese a los argumentos sostenidos aquí mismo y en el Consejo y no
obstante que las pruebas aportadas sonirrefutables.53
A diferencia de la Conferencia de
Buenos Aires, en la que se descartó presentar alguna propuesta que hiciera
referencia al tema español, en el camino hacia Lima se preparó un proyecto en
ese sentido. Se trató de una iniciativa para que la Unión Panamericana
condenara los ataques aéreos sobre población civil. La propuesta tenía su
origen en el discurso de Cárdenas en el I Congreso de la CTM, celebrado en febrero
de 1938, en el que se pronunció en contra de los bombardeos a población abierta,
como los que realizaba las aviaciones de Alemania en España y de Japón en China.
La Cancillería intentó presentar la cuestión como una problemática universal, con
el fin de sortear la oposición de las naciones latinoamericanas que
simpatizaban con los sublevados hispanos. A pesar de ello, en el sondeo previo
las legaciones mexicanas reportaron poco entusiasmo hacia la propuesta, salvo
en los casos de Colombia y Cuba.54
Más allá de este proyecto y
conforme el bando rebelde arrebataba plazas a los republicanos, las esperanzas
mexicanas se depositaron en una iniciativa promovida por Estados Unidos semanas
antes de que iniciara el encuentro multilateral. De acuerdo con los reportes
del embajador en Washington y presidente de la delegación mexicana, Castillo
Nájera, el secretario de Estado, Cordell Hull, promovía una salida negociada a
la crisis ibérica. Para ello, contaba con el respaldo del alto clero católico
estadounidense. La intención era dejar las bases de un acuerdo preliminar, y
que en la Conferencia de Lima los países americanos acordaran, por unanimidad,
promover en España “la concertación de un armisticio y la apertura de negociaciones
de paz, en las que no deberían intervenir elementos extraños; la paz tendría
que resolverse por los españoles mismos”.55 La propuesta, sin embargo,
fracasó: a través del arzobispo de Panamá, los rebeldes manifestaron que no
deseaban acuerdo alguno y mejor optaban por dejar todo a la “suerte de las
armas”.56
La iniciativa mexicana contra los
bombardeos enfrentó la oposición de Argentina y Uruguay. A través de
legalismos, buscaron evitar que la propuesta se discutiera en las plenarias, al
señalar que no aspiraba a fomentar la paz, sino que intentaba reglamentar la
guerra, algo contrario al sentido de los acuerdos panamericanos. En realidad,
querían impedir una condena indirecta a los sublevados hispanos y sus aliados
alemanes. Gracias al respaldo de Colombia, Cuba y Estados Unidos, la propuesta
mexicana fue aprobada, pero con modificaciones sustanciales. El proyecto de
convención que condenaba los bombardeos indiscriminados se convirtió en una simple
“Declaración en Defensa de los Derechos Humanos”.57 Para los mexicanos era claro que
no se podía ir más allá, como lo señaló Castillo Nájera:
La Delegación de México, para
evitar divisiones y suspicacias, acepta en vez de una Convención, la
Declaración de orden más general […]. Le basta, queda satisfecha, con que
América unida repruebe los atentados que se cometen en nuestros días y que
deben considerarse como crímenes de lesa civilización, por medios
excepcionalmente destructivos y atrozmente inhumanos.58
La cuestión española fue opacada
por el tema central de la conferencia: el proyecto estadounidense de seguridad
colectiva. Pese a sus divergencias ideológicas, Argentina y México encabezaron
el rechazo mayoritario a la iniciativa, ya que significaba dar carta blanca a
Estados Unidos para intervenir en Latinoamérica. Ante la necesidad de generar
una imagen de consenso hacia las potencias no continentales, los
estadounidenses terminaron por ceder. Lima concluyó sus trabajos con una simple
declaración de solidaridad, precisamente cuando daba comienzo la batalla por Barcelona,
que marcó el ocaso de la Guerra Civil.59 Durante la primavera de 1939
Francia, Gran Bretaña y poco después Estados Unidos se sumaron a los países que
reconocieron al gobierno de Franco. Aunque México no reconocería al nuevo
régimen, la República había sido derrotada.
Consideraciones finales
Participar simultáneamente en dos
organismos multilaterales, independientes uno del otro y con dinámicas
particulares, ofreció ventajas para la defensa que México hizo de la República
Española; la principal de ellas fue garantizar un nivel alto de autonomía en el
accionar del gobierno de Cárdenas. Los instrumentos jurídicos panamericanos no
sólo fueron una fuente para legitimar el suministro de material bélico a la
resistencia republicana, sino también un elemento disuasivo ante posibles
presiones por parte de las potencias europeas. Para México fue favorable, en
este sentido, que Estados Unidos no formara parte de la SDN, pero que sí
tuviera un interés estratégico en el multilateralismo panamericano.
En un primer momento, la diplomacia
mexicana desarrolló una estrategia de defensa activa de la República ante
Ginebra, demandando su intervención en el conflicto, mientras que ante la Unión
Panamericana optó por una defensa pasiva o de contención: evitar que el tema
español fuera abordado, ante la posibilidad de que pudiera ser benéfico para
los rebeldes. En este último aspecto la diplomacia mexicana, que encontró
sintonía con sus pares estadounidenses, tuvo éxito, al evitar que la Conferencia
de Buenos Aires sirviera como un foro de apoyo político y/o moral para los
sublevados.
Si bien, discursivamente México
mantuvo la misma postura respecto a la SDN durante toda la guerra, en un
segundo momento la Cancillería contempló el involucramiento del sistema
interamericano en la guerra española, como ocurrió en la Conferencia de Lima.
Este viraje obedeció a una variación en las circunstancias y, en cierto modo, fue
un último recurso ante el declive republicano y la impasividad de la SDN. No obstante,
la iniciativa para prohibir los bombardeos aéreos contra población civil, que
en sí misma era un proyecto bastante acotado para condenar indirectamente a los
sublevados y sus aliados, no tuvo trascendencia.
La experiencia adquirida durante
los años 1920 en el multilateralismo panamericano, poco estudiada por la
historiografía, tuvo un rol relevante en la defensa mexicana de la República.
Ofreció un marco jurídico preciso para justificar el suministro de armas, pero
también para definir los márgenes de la “no intervención”. Como se explicó,
este marco jurídico no se construyó en abstracto, sino a partir de experiencias
históricas concretas: la guerra Cristera, en el plano doméstico, y la guerra de
Nicaragua, en el plano internacional. Esta vinculación histórica, que marcó el
desempeño diplomático, es un tema con gran potencial para desarrollar.
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