Los empresarios catalanes y la Segunda República
(1931-1936)
El 89 aniversario de la llegada de la Segunda
República ha quedado desdibujado por la inmediatez de una pandemia que amenaza
la supervivencia e inquieta con la incertidumbre de un futuro con caminos
aún inciertos. En todo caso la solución no será inocua y es importante no
olvidar la necesidad de mantener el poder de negociación para
evitar una salida no elitista de la crisis económica. Las resistencias, como
ocurrió en la Segunda República, no se harán esperar. Conversación
sobre la Historia
Soledad
Bengoechea
Historiadora, miembro del Grup de Recerca
“Treball, Institucions i Gènere” de la UB
Los países
donde tuvo lugar un proceso de industrialización estuvieron marcados por una
fuerte confrontación social que apareció pronto, hasta convertirse luego en
fenómeno habitual. Los obreros se organizaban y reclamaban, primero, mejoras en
las condiciones de trabajo y, más tarde, un cambio en el orden social
establecido. En los lugares en que los patronos se mostraron más reacios a
hacer concesiones, la radicalización obrera se acentuó. Los empresarios
respondieron entonces organizándose con el fin de oponer un frente unido a las
demandas de los obreros, al tiempo que impugnaban la legislación social
reformista emanada de los sucesivos gobiernos y les reclamaban una mayor
represión contra el movimiento obrero.
La presente
reflexión histórica parte del apriorismo de que ciertos acontecimientos
históricos acostumbran a repetirse. Puede afirmarse que, para el caso
barcelonés, algunos aspectos de la Segunda República instaurada en España el
año 1931 no significaron una ruptura respecto a los últimos años de la
Restauración monárquica de la etapa democrática, sino un continuismo en el que
la dictadura de Primo de Rivera sería solamente un paréntesis. Quien suponga
que las raíces del presente se encuentran en el pasado encontrará en
testimonios amortajados en archivos y bibliotecas testimonios que dan cuenta de
ello.
Un primer
paralelismo que debe destacarse es el espectacular crecimiento de la Confederación Nacional del
Trabajo (CNT), sindicato anarcosindicalista de cariz
revolucionario; un segundo, y como consecuencia de este desarrollo, un aumento
de la conflictividad social. Por último, hay que señalar que, como respuesta a
la provocación obrera y siguiendo su táctica, se distingue una similitud en las
prácticas organizativas de los empresarios.
La hipótesis
que se plantea es que, a pesar de que están contextualizados en unos marcos
políticos muy diferentes -una monarquía y una república-, la movilización
empresarial que tuvo lugar en las dos etapas respondió a cuestiones sociales de
fondo similares. Situadas como sujetos principales de análisis las
organizaciones patronales, esta hipótesis sugiere que las élites dominantes,
tanto en la época de la Restauración, como durante la República, percibieron la
necesidad de dar una respuesta adecuada a una época convulsa, a la crisis
europea de entreguerras.
La caída
del régimen dictatorial español de Miguel Primo de Rivera, en 1930, se tradujo
en un aumento de conflictos sociales después de casi siete años de represión.
Al dictador le sucedió otro militar, el general Berenguer, que proponía una vía
intermedia. Con este panorama en la política española, el Gobierno convocó unas
elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, que fueron el detonante de
la proclamación de la Segunda República Española.
Abril de 1931
La Segunda
República Española llegó a Barcelona en el marco de la primavera de 1931. Fue
el inicio de una “primavera republicana”, llena de expectativas y de
esperanzas. Muchos barceloneses soñaban con unos aires nuevos que despejaran
las nieblas del pasado y, con esta ilusión, el 14 de abril marcharon
entrelazados Ramblas arriba y abajo entonando el himno de La Marsellesa.
Francesc Macià, figura del partido ganador, Esquerra Republicana de Catalunya,
antiguo coronel del ejército español y conspirador catalanista durante la
Dictadura anterior, era el nuevo líder político que emergía aquellos días.
Puede decirse que era la antítesis de Francesc Cambó, parlamentario de la Lliga
Regionalista, partido liderado por hombres de la oligarquía local.
Francesc
Macià proclama la-República catalana el 14 de abril de 1931 (foto: Wikimedia
Commons)
Instaurada la
República, el miedo de una gran parte de la clase obrera a expresarse
libremente desapareció. El marco democrático coincidió con un aumento de
afiliación sindical, sobre todo a la CNT. Muchos trabajadores que hasta
entonces se habían mantenido al margen del sindicalismo o que habían militado
en los Sindicatos Libres ingresaron en el sindicato confederal. El cambio de un
sindicato a otro no ha sido infrecuente en la historia del movimiento obrero,
porque no todos los trabajadores mantenían una ideología determinada. Lo que
los obreros necesitaban era una organización que les permitiese defender sus
reivindicaciones.
La conflictividad social
Los
anarcosindicalistas aprovecharon las posibilidades que les ofrecía la nueva
situación para tratar de alcanzar una serie de mejoras, como mínimo para
recuperar las que habían conseguido durante años de lucha anteriores a la
Dictadura. Al iniciarse la Segunda República la situación de la clase obrera
era deplorable. En las industrias de la construcción y el metal el paro era muy
elevado, después de acabadas las obras del metro y de la Exposición Universal
de 1929. Durante el primer año de instaurado el nuevo régimen la conflictividad
social fue muy intensa. Los sectores que más huelgas plantearon fueron el
metal, la construcción y el textil, los ramos más importantes de la economía
catalana del momento. El segundo año la pugna remitió, para volver con un mayor
empuje en 1933, el año más conflictivo de todo el período republicano. A causa
de la nueva legislación, la gran mayoría de paros decretados por la CNT eran
ilegales, y este sindicato se negaba a acudir a cualquier mediación
conciliatoria. Ello provocaba un distanciamiento real entre la militancia
cenetista y el régimen. Y el Gobierno temía detener a los promotores de los
conflictos, por miedo a entrar en una guerra con la CNT, que tenía afiliada la
mayoría de la clase obrera barcelonesa. Pero si no respondía con autoridad se
desprestigiaba. De ahí que esta cuestión fuese de difícil resolución.
Un informe de
la Cámara de Comercio y Navegación de
Barcelona relativo al segundo semestre de 1931
indica que durante esos meses sólo en la ciudad condal se plantearon 120
huelgas. Como consecuencia de las duras condiciones de trabajo, de los despidos
y del paro se produjeron también atracos, agresiones a mano armada y explosiones
de artefactos que causaron una gran alarma social, llegando a producir una
reducción de la circulación de automóviles, sobre todo por las noches. Estos
conflictos crearon tal clima de temor entre la burguesía que los dirigentes de
la patronal Fomento del Trabajo Nacional acordaron abrir una subscripción para
recoger fondos con los que sufragar la construcción de un cuartel para la
Guardia Civil. Algunas de las razones que se daban para ello eran que más de
500 números del cuerpo se hallaban alojados en barrios obreros y que esto
retrasaría su rápida concentración en caso de necesidad. Además, los
empresarios temían que, en caso de agitación social, dichos guardias correrían
peligro al tener que atravesar las barriadas vestidos de uniforme.
Obreros detenidos durante la huelga
general de Fígols (1932) (foto: serhistorico.net)
El proyecto de
construir un nuevo cuartel no era nuevo. Ya en tiempos de Martínez Anido,
allá por los años veinte, se había elevado esta petición, quedando paralizada.
Destinadas a la misma finalidad, la Cámara de
Comercio y Navegación y la Asociación de Banqueros hacía
tiempo que habían donado 50.000 pesetas cada una.
La
Junta de Enlace de las Sociedades Económicas de Cataluña
La
conflictividad laboral creaba un profundo malestar entre diversos sectores sociales
y las clases conservadoras consideraban que el gobierno autonómico no actuaba
con la suficiente autoridad y que la policía no era capaz de reprimir a los
huelguistas con la suficiente mano dura. Bajo esta percepción, muchos empresarios
volvieron la vista atrás, a los años inmediatamente anteriores a la dictadura
de Primo de Rivera. Por ello, como entonces, se fraguó la propuesta de crear
una milicia de elementos conservadores que supuestamente salvaguardaría el
orden en la ciudad. Igualmente, esta sensación de indefensión fue el motor que
había impulsado a la patronal a agruparse de nuevo: “al començament dels conflictes els patrons anaven sols, aïllats, però
ara s’agrupen i estan disposats a arribar allà on calgui”, como señalaba la patronal del textil el 8 de agosto de 1931.
Ciertos
sectores patronales, atemorizados ante la amenaza obrera, se decidieron a
cerrar más sus filas. Este desafío les indujo a esbozar la idea de reconstituir
el Sindicato Patronal Único, la organización de combate que había funcionado
los años anteriores a la Dictadura de Primo de Rivera. Entonces, aquel
sindicato, agrupando casi todas las asociaciones patronales y aliadas con el
ejército, había sido una fuerza de choque contra la clase obrera y contra los
gobiernos de la Restauración. Pero el jefe de policía de Barcelona no
consintió la creación de dicho Sindicato. Por ello la patronal decidió una
alternativa.
La aprobación
por las Cortes del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en septiembre de 1932, y el
inicio del servicio de traspasos de competencias del Estado a la Generalitat
constituyeron otros momentos claves en los que la patronal barcelonesa
reaccionó y llevó a cabo un gran movimiento de reunificación de sus fuerzas.
Aunque pueda parecer extraño, dada la catalanidad de la que los líderes
empresariales hacían gala, lo cierto es que se oponían a que la cuestión que
hacía referencia a los conflictos sociales, ahora en manos del poder central,
pasaran a ser competencia de la Generalitat, porque consideraban que este poder
se mostraba más tolerante que el central situado a Madrid. Con la intención de
poder intervenir en la manera de transferir estos traspasos, el 24 de
diciembre, en la sede del Fomento del Trabajo Nacional se celebró una asamblea
a la que asistió un gran número de comisiones de diferentes entidades
económicas, entre las cuales se encontraban las que aglutinaban los grandes
empresarios, pero también los pequeños y medianos.
La asamblea
acordó establecer un órgano de relación, una especie de organismo patronal que
llevaría por nombre Junta de Enlace de las
Sociedades Económicas de Cataluña. Estaría
integrada por los presidentes de las sociedades adheridas que agrupaban todos
los diferentes ramos de la producción. Como líder fue nombrado Luís
Bosch-Labrús, presidente del Fomento del Trabajo Nacional. Esta Junta tendría
una comisión permanente constituida por los presidentes de algunas de las
entidades anunciadas y, en teoría, realizaría varias funciones, entre ellas la
de escuchar y responder las consultas y las dudas que pudiesen tener los
empresarios.
Lluís
Bosch-Labrús i Blat (1870-1942), presidente del Fomento del Trabajo Nacional
De aquí en
adelante, esta entidad constituyó un elemento aglutinador de las fuerzas
económicas, actuando como una verdadera herramienta de presión. Durante los
años de la República, hasta la Guerra Civil, participó constantemente en la
vida económica (industrial, comercial y agraria), política y social catalana.
Cuando algún ramo empresarial tenía un conflicto contactaba con el presidente
de la Junta de Enlace con el fin de que esta entidad pudiese intervenir con
toda la potencia que le proporcionaban la gran cantidad de asociaciones que
tenía enroladas. También resultó muy activa en todo lo que hacía referencia a
las relaciones con el poder político. Envió cartas y se relacionó tanto con
miembros del gobierno como de la Generalitat siempre que percibió que la
situación lo requería.
La relación que
la Junta de Enlace mantuvo con los poderes políticos se puso plenamente de
manifiesto el 19 de julio de 1933, cuando los representantes de las distintas
asociaciones patronales catalanas que constituían dicha Junta libraron al
“Conseller primer de la Generalitat de Catalunya” un documento, en el que se
decía, entre otras cosas, que la ley decaía cada día por la ineficacia
política, al tiempo que crecía una actuación anárquica que no respetaba nada.
En definitiva, el documento solicitaba a las autoridades que las leyes se
cumpliesen estrictamente. Y la Junta de Enlace solicitaba al gobierno de la
Cataluña autónoma que mientras no dispusiese de los instrumentos de poder para
garantizar el orden público reclamase del gobierno de la República una mano
dura, una actuación enérgica contra la anarquía que supuestamente destruía Cataluña.
Después de
haber estudiado el papel que tuvo el Sindicato Patronal Único durante los años
anteriores a la Dictadura de Primo de Rivera, es obvio formular una serie
de hipótesis respecto a las acciones que podría haber tenido la Junta de
Enlace en los años de la República: que en su seno existiera una caja de
resistencia mediante la cual los patronos podían hacer frente a las huelgas y
al propio locaut. Incluso
que la Junta estuviese en posesión de listas negras, a través de las cuales los
empresarios podían contratar a los obreros considerados menos conflictivos.
Hacia
una reorganización de la patronal española
Desde 1914, de
manera intermitente la patronal barcelonesa había tratado de organizar a los
empresarios españoles bajo su liderazgo. Así se fundó la Confederación
Patronal Española. Recién implantada la República, ante la
amenaza del movimiento obrero y teniendo como trasfondo el reformismo que en
materia laboral comenzaba a imponer el ministro de Trabajo, el socialista
Francisco Largo Caballero, desde Barcelona se volvió a intentar esta
organización global. Para ello se hizo una llamada al empresariado español. La
intención era realizar una reunión multitudinaria ante el presidente del
gobierno provisional. Su finalidad: presionar para evitar la consumación de tal
legislación reformista. La invocación resultó un éxito, ya que consiguió reunir
en Madrid más de quinientos representantes de entidades patronales llegadas de
todo España (lo cual da una idea de la cantidad de asociaciones en las que
estaba enrolada la patronal) y el 5 de junio de 1931 se organizó un solemne
acto en el Palacio del Senado. No obstante el éxito de la convocatoria, la
propuesta no cuajó.
Más tarde, una
vez constituida la Junta de Enlace de las
Corporaciones Económicas catalanas, durante el
mes de abril de 1933, Luís Bosch-Labrús, presidente del Fomento del Trabajo
Nacional y de la propia Junta de Enlace, envió una misiva al presidente
del Círculo Mercantil e Industrial de Albacete. Respondía así a una carta que
éste le hizo llegar unos días antes, en la que le comunicaba su deseo de reunir
periódicamente las entidades económicas españolas para tratar cuestiones de
carácter nacional. Bosch-Labrús estaba encantado con esta iniciativa y comunicó
a su interlocutor que en Barcelona ya existía un organismo que aglutinaba la
industria, el comercio y la agricultura catalanas: era la Junta de Enlace. La
carta que Bosch-Labrús envió al presidente del Círculo de Albacete era un
comunicado por medio del cual se le informaba que el Fomento, por lo que
afectaba a las Corporaciones de Cataluña, ya había reunido todas las
asociaciones agrícolas, industriales y comerciales, constituyendo la llamada
“Junta de Enlace”.
Y a principios
de 1934 se volvía a hablar de hacer extensiva la Junta de Enlace a todas las
entidades económicas españolas:
Distinguido
amigo: Tengo el gusto de acusarle recibo de su atenta del 2 del corriente
relativa a la próxima reunión para organizar la Junta de Enlace de las
Entidades Patronales de España. El texto convocatoria me ha parecido muy bien y
dejo a su arbitrio la fecha de la reunión.
No obstante, todo parece indicar que este proyecto tampoco pudo llevarse
a cabo.
Octubre
1934
Febrero de 1936: triunfo
del Frente Popular
El marco político creado por el triunfo del Frente Popular en febrero de
1936 favoreció la actuación de los sindicatos, perseguidos durante casi todo el
llamado “bienio negro” en el cual gobernó una coalición de centro-derecha.
Entonces se inició una nueva oleada de conflictos laborales y de huelgas, y el
paro continuó agravándose. Las manifestaciones, mítines y movilizaciones se
sucedían cotidianamente. Las calles se llenaban de trabajadores que gritaban
consignas y la gente de orden temía el estallido de una revolución. Se tenía la
percepción de que un lenguaje que hablaba de división de clases y que incitaba
al enfrentamiento había impregnado la atmósfera. Este párrafo emitido por una
entidad económica de la ciudad es bien significativo:
Per
tant, més que mai, cal deixar la demagògia; cal desoir les incitacions a
revolucions socials; prou punys enlaire; prou himnes exòtics; prou excitació
d’odis; prou d’estridències d’una i altra part.
Por un decreto
del día 29 de aquel mes, y con la finalidad de frenar la violencia en las
relaciones laborales, el gobierno central presidido por Manuel Azaña decretó la
readmisión de los obreros que habían sido despedidos el primero de enero de
1934 por actividades subversivas. Además, los readmitidos, habrían de ser
indemnizados con unas sumas que variarían del importe de treinta y nueve
jornales hasta un máximo de seis meses de salario. Se produjo una fuerte
presión en pro de la readmisión de los despedidos, a pesar de que la situación
de crisis no ofrecía señal de mejoría desde su agravación en 1933.
Plaça de
Sant Jaume de Barcelona, 17 de febrero de 1936: la guardia de asalto reprime la
celebración del triunfo del Frente Popular (foto: Agustí Centelles)
La ley que
obligaba a readmitir a los despedidos provocó una gran reacción entre la
patronal. Se negaba a asumir esta medida bajo el argumento de que vulneraba los
cursos legales y de que iba en contra de la esencia misma de la realidad
económica al destruir la estabilidad del régimen de trabajo. Con el fin de
reafirmar su postura, una representación de les entidades económicas se
trasladó a Madrid para entrevistarse con el ministro de Trabajo. Una vez más,
el poder económico, por medio de sus delegados, no ocultaba su intención de
presionar directamente sobre los poderes políticos.
La patronal
estaba exasperada porque la derecha política había perdido el poder político y
su actitud de intransigencia aumentaba ante cada demanda obrera. Cuando llegó
el mes de junio, el boletín del Fomento dibujaba un panorama
apocalíptico:
Nadie puede
desconocer el momento crítico que vive la economía nacional ante la avalancha
de huelgas y conflictos sociales que continuamente se producen y que parece no
tienen otra finalidad que perturbar las condiciones económicas del país y el
desquiciamiento de su riqueza como base imprescindible para promover luego la
revolución de la miseria y el hambre.
Después, los
representantes de las entidades económicas se reunieron en el salón de actos
del Fomento del Trabajo Nacional y aprobaron unánimemente un manifiesto dirigido a las autoridades
y a la opinión pública que se hizo público por medio de la prensa. El escrito
tuvo una resonancia en España, sobre todo, según el Fomento, por dos motivos.
Uno de ellos, porque iba avalado con las firmas de las más importantes
entidades económicas de Cataluña que representaban toda su actividad agrícola,
industrial y comercial. El otro, porque el manifiesto era una exposición clara,
contundente y serena de la dramática realidad actual y de las consecuencias
dolorosas que se derivarían si los Poderes públicos no se decidían a poner
remedio urgente a un estado de cosas que era ya insostenible.
Algunos de los
párrafos del manifiesto son especialmente reveladores:
Sin
contar la multiplicidad casi infinita de pequeños conflictos aislados
circunscritos a cada empresa y a veces hasta concentrados a algunas de las
secciones de la misma, que se producen y reproducen a cada momento y de los que
contadas empresas escapan, aparecen los otros conflictos más ostensibles, más
sonados, que afectan a estamentos enteros o sectores de las diversas
actividades, a consecuencia de los cuales, y de la anarquía imperante las
empresas padecen y se arruinan. Nadie puede saber fijamente a que costo le
resultará la producción, cuál será la calidad de los productos, si podrá
cumplir los plazos de entrega, porque lo único cierto es que ya nunca se sabe
cuándo ni cómo harán los obreros su trabajo. El espíritu del empresario está
sobrecogido; nadie tiene ilusión ni aliento para establecer un negocio, ampliar
el que existe, intensificar el trabajo. Todo se contrae, todo se va paralizando
y cuando la desolación y la ruina hayan puesto fin a lo que era orgullo de
nuestra tierra ya se nos dirá por dónde vendrá el providencial remedio que acabe
con la miseria que se apoderará de todos.
Edificio
de la sede del Fomento del Trabajo Nacional en Via Laietana, obra de Adolf
Florensa y Josep Goday en 1931-1936 (foto: Arquitectes de Catalunya)
Para frenar la
situación, las entidades citadas proponían, en primer lugar, robustecer el
principio de autoridad. En segundo lugar, establecer una tregua prudencial por
espacio de tres o cuatro meses en las luchas sociales, durante los cuales
tendría que quedar rigurosamente prohibido presentar cualquier demanda de
mejora laboral. La tregua se aprovecharía para un doble objetivo: renovar la
composición de los Jurados Mixtos y celebrar una gran Conferencia de Trabajo
que estudiase los problemas fundamentales que planteaban las cuestiones de
trabajo.
Ninguna de
estas resoluciones llegó a ponerse en marcha. Como es bien sabido un mes
después de este manifiesto y de estas deliberaciones comenzaba la Guerra Civil
Española. Una parte del ejército español, con el respaldo de un importante
sector de la población civil, se había alzado contra el gobierno de la
República. Desde el siglo XIX, en España, las fuerzas de derecha tendían a
buscar la solución de los problemas mediante el golpe de estado militar y las
dictaduras, mientras que las izquierdas no veían otra solución para lograr sus
aspiraciones que la vía revolucionaria.
Un balance
A lo largo de
estas páginas, el apriorismo del cual ha partido el presente estudio ha estado
ampliamente corroborado: ciertos aspectos de la Segunda República no
significaron una ruptura respecto a los últimos años de la Restauración
monárquica de la etapa democrática, sino un continuismo en el que la dictadura
de Primo de Rivera seria sólo un paréntesis. Igualmente, otra de las hipótesis
con la que se iniciaba este trabajo también se ha visto fundamentada: con
modulaciones distintas, se ha puesto de manifiesto cómo existe un claro
paralelismo en algunos de los acontecimientos producidos en Barcelona durante
estas dos etapas: el crecimiento de la CNT, el aumento de la conflictividad social
y la actitud y articulación empresarial en organizaciones unitarias. Los
contextos políticos eran diferentes pero el sueño de la patronal era el mismo:
conseguir frenar el auge del sindicato confederal que cuestionaba el orden
vigente.
La consulta de
la documentación de las corporaciones económicas que ha sido posible consultar,
pues apenas quedan documentos sobre el período del Frente Popular ni en el
archivo del Fomento del Trabajo Nacional, ni en los de las Cámaras de Comercio e Industria lo cual impide
conocer cuál fue la actitud de la patronal en este período crucial, pone de
manifiesto que la movilización de la patronal durante los años anteriores a la
Dictadura de Primo de Rivera fue desgastando el régimen liberal. Igualmente,
las posiciones de la patronal en la República llevan a sospechar que
haría difícil su consolidación. Todo el conjunto parece constatar que, tanto
durante la Restauración monárquica, como durante la República, la actitud
de dureza que los gobernantes adoptaron hacia los obreros estuvo en gran medida
mediatizada por la reacción de la patronal. Ambos regímenes políticos se
encontraban amenazados por las izquierdas revolucionarias que, en cierta
medida, los desestabilizaban, pero también ciertos sectores de derechas y las
corporaciones económicas los desafiaban y les solicitaban que empleasen una
mano dura contra sus obreros.
Este
paralelismo en la actuación de los empresarios en las dos etapas analizadas no
es casual: muchos de los patronos que habían dirigido las corporaciones económicas
en los años de la Restauración, como Eusebio Bertrand Serra, Andrés
Oliva, Bartolomé Amengual, Luís Ferrer-Vidal.., entre otros, estuvieron
presidiendo las juntas directivas de las corporaciones durante la República.
Incluso después de la Guerra Civil, muchos dirigentes patronales de las dos
épocas mencionadas ocuparon cargos de responsabilidad política en el nuevo
régimen franquista.
Eusebio
Bertrand y Serra (1877-1945), industrial textil, diputado en la Restauración,
fundador del RACC y presidente del Círculo del Liceu (foto: Real Academia de la
Historia)
Por último,
situando la actuación de la patronal catalana en su entorno europeo existe la
tentación de pensar que fue más dura, más cerrada, menos dispuesta a negociar y
a hacer concesiones a los trabajadores, más reaccionaria, en definitiva, que no
la del resto de Europa. Ahora bien, la comparación francesa, por ejemplo, nos
obligaría a matizar esta argumentación. En Francia, la patronal tuvo una
actitud también durísima ante las huelgas y asimismo la patronal francesa se
resistió a cualquier forma de reconocimiento del derecho obrero a afirmar un
peso dentro de la empresa. Los estudios sobre el tema permiten encontrar
paralelismos. Al igual que en Cataluña, el empresario francés consideraba la
organización obrera una intromisión externa inadmisible.
Reflexión
final
La consulta de
la documentación de la patronal hace sospechar que la movilización y la actitud
de la patronal catalana y española durante la República irían desgastando el
régimen, imposibilitando su consolidación. Desde sus publicaciones, los
empresarios arremetieron constantemente contra los gobernantes y contra los
políticos, calificándolos de inoperantes. Sobre todo los culpabilizaban de la
llamada «cuestión social», que para ellos significaba, principalmente, la
perturbación del orden público. Consideraban que la República no actuaba con
energía, con suficiente dureza, y que por eso proliferaban los conflictos.
Arremetían también contra las reformas laborales impulsadas desde los aparatos
de poder. Sin duda, esta oposición que cuestionaba la política de la República
y sus gobernantes, jugó un papel de elemento desestabilizador del régimen. Para
los militares, que acabarían dando el golpe militar en el treinta y seis,
aquella sociedad de los años republicanos daba una imagen de desorden
permanente y ofrecía la apariencia de que un gran sector del pueblo estaba en
contra del nuevo régimen. Para los patronos, el cambio político había
significado algo totalmente alejado de lo que para amplias capas obreras
catalanas y españolas quería decir, también descontentas y movilizadas en
contra del gobierno. Los empresarios no se planteaban la instauración de una
sociedad nueva, más justa e igualitaria. Aunque entidades como el mismo Fomento
del Trabajo Nacional hacían gala de respeto a la legalidad republicana, su
actitud muestra que, en su horizonte imaginario, se dibujaba un modelo de
sociedad en la que los de siempre conservaran sus privilegios. Privilegios que
un régimen político republicano podía poner en cuestión. Ellos deseaban unos
obreros dóciles, trabajadores y pacientes, no agrupados en sindicatos o bien
presentes en unas asociaciones que no fueran revolucionarias y de clase como lo
era la CNT.
Por último, hay
que cuestionarse el pretendido apoliticismo del que generalmente hacían
ostentación las organizaciones patronales. Siempre aducían que había un interés
general de la nación que estaba por encima de las cuestiones políticas. El
mismo Fomento del Trabajo Nacional y las Cámaras Oficiales se declaraban
apolíticos, pero esto no impidió que durante todo el primer bienio republicano
la gestión del gobierno fuera criticada calificándola de socialista. Y, por
otra parte, algunos presidentes de ciertas asociaciones patronales, como
Santiago de la Riba del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, o Ferran
Valls i Taberner de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, eran
dirigentes de la Lliga Regionalista.
Francesc
Cambó y Ferran Valls i Taberner durante un mitin el 8 de noviembre de 1933
(foto: diputatsmancomunitat.cat)
El texto está basado en BENGOECHEA,
Soledad, Reacció en temps de canvis. La patronal
catalana davant la República (1931-1936). Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Històrics, 2005.
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