LA VIOLENCIA DE RETAGUARDIA EN LA GUIPÚZCOA REPUBLICANA DURANTE LA GUERRA
CIVIL
http://www.gipuzkoa1936.com/fotoe.php?Id=15-4
RESUMEN
El presente
artículo quiere contribuir a la actualización de los paradigmas empleados para
explicar la violencia producida en la retaguardia republicana de Guipúzcoa durante
la Guerra Civil, superando las limitaciones de las interpretaciones
tradicionales como las del oasis vasco o los incontrolados. Prestando especial
atención al contexto de derrumbe del Estado republicano y de fragmentación de
la soberanía, se analizan diferentes episodios violentos para avanzar líneas de
interpretación sobre la naturaleza y lógica de la violencia practicada en el
territorio republicano. De esta manera, se revelan las fracturas identitarias
por las que transcurrió la violencia surgida como consecuencia de la ruptura
normativa que supuso el fallido golpe de Estado de julio de 1936.
INTRODUCCIÓN
La Guerra Civil, como lugar central del pasado traumático de
nuestro país, es uno de los temas que mayor atención ha recibido por parte de
la historiografía española, acumulando una cantidad de títulos inabarcable por
su extensión. Dentro de los mismos destacan los dedicados a la violencia que
padecieron los integrantes de uno u otro bando a manos de sus contrarios. En
este sentido (y habida cuenta del tratamiento que recibió durante la dictadura
franquista la practicada por aquellos que permanecieron leales al régimen
republicano y el silencio forzado que se impuso sobre la que ejercieron los
rebeldes), existe una gran desproporción dentro de la historiografía académica
entre el número de trabajos dedicados a analizar lo que, a pesar de la
inexactitud terminológica que supone, se ha dado en llamar represión
franquista, frente a aquellos que han tomado como objeto de estudio la
violencia desatada en los territorios donde la sublevación militar fracasó[1]. Esta escasez de trabajos ha traído aparejada una cierta
debilidad analítica para abordar la violencia desplegada en la retaguardia
republicana. Los paradigmas interpretativos tradicionalmente empleados devenían
directamente de la propia Guerra Civil, como los derivados del concepto de
«terror rojo», articulado por la literatura martirológica franquista, y los que
descansaban sobre la figura de los «incontrolados», lugar común del relato
propagandístico de las autoridades republicanas[2].
A pesar de lo señalado, desde hace ya unos años se han venido
publicando trabajos que escapan a estos paradigmas sobre la violencia de
retaguardia republicana. Estos trabajos han venido recogiendo aspectos como la
incidencia del derrumbe del aparato estatal republicano y la emergencia de
poderes revolucionarios como consecuencia del fracaso del golpe de Estado, el
peso de las representaciones e identidades labradas con anterioridad al
conflicto bélico, la influencia de narrativas palingenésicas o la dimensión
simbólica de la violencia. Así, se ha abierto una nueva etapa en los estudios
de la violencia republicana marcada por la renovación metodológica e
interpretativa que ha arrojado una visión mucho más compleja y rica en matices
que las que tradicionalmente se han elaborado[3].
En el caso del País Vasco también se puede aplicar lo señalado en
relación con la desproporción de estudios y la precariedad interpretativa. El
prisma hegemónico desde el que se ha venido analizando la violencia ocurrida en
el territorio vasco que permaneció leal a la República ha sido el del «oasis
vasco». A pesar de su elaboración historiográfica, los elementos centrales que
le dan forma coinciden en buena parte con los tropos elaborados por la
propaganda de guerra del Gobierno de Euzkadi. Como han señalado diversos
autores, algunos de los presupuestos sobre los que descansa pueden ser
precisos, como la ausencia de revolución social o el mantenimiento del culto
católico, pero los referentes al ejercicio violento, como la minimización de
los asesinatos indiscriminados o la escasa entidad de la violencia
anticlerical, no lo son[4].
En cualquier caso, la violencia desplegada en la retaguardia
republicana guipuzcoana queda fuera de la aplicabilidad del «oasis vasco»,
limitado a Vizcaya y de manera muy concreta a la situación originada tras la
constitución del Gobierno Vasco presidido por José Antonio Aguirre. De esta
manera, lo ocurrido en Guipúzcoa ha quedado, a falta de otros marcos
interpretativos, subsumido dentro de la narrativa de los «incontrolados», que,
como han apuntado diversos autores, supone en última instancia mantener la
violencia republicana dentro del campo del anonimato, de lo oculto y de lo
inexplicable[5].
Por nuestra parte, queremos contribuir a la renovación del
conocimiento sobre la violencia que se practicó en la retaguardia republicana
guipuzcoana. Por un lado, actualizando la base empírica y cuantitativa. Por
otro, incorporando los avances que se han producido en los estudios sobre
violencia política tanto en la disciplina histórica como en otras ciencias
afines. La comprensión de la violencia de la que partimos entronca en última
instancia con la Teoría de Movilización de Recursos, en la medida en que,
contrastando con el paradigma de los «incontrolados», entendemos que la mayoría
de la violencia producida en Guipúzcoa respondía a un cálculo racional de
costes y beneficios con el objetivo último de realizar una limpieza social de
la retaguardia que, por una parte, contribuyese a neutralizar al enemigo
interno y reforzase las posibilidades de victoria bélica, y por otra, allanase
el camino a la nueva sociedad del futuro deseada por los partidos y sindicatos
revolucionarios. Además, integramos aportes novedosos a la conceptualización de
la violencia, como el impacto en su modulación de los modos bélicos o warfare, su dimensión simbólica y
nacionalizadora o la incidencia de las identidades en su ejercicio[6]. A pesar de que la definición de violencia política de la
que partimos es más amplia, hemos limitado el presente análisis a aquella
ejercida con intencionalidad letal[7]. Los motivos de esta elección obedecen a la necesidad de
adecuarse a los límites de este texto y al hecho de que se trata de la
manifestación más extrema dentro del repertorio violento y atributo definitorio
del marco bélico.
Para la consecución de nuestro objetivo nos hemos apoyado en un
amplio abanico de fuentes tanto primarias como secundarias. Dentro de las
primeras, ocupa un lugar preeminente la documentación elaborada por la
dictadura franquista, así como la incautada por la misma a las autoridades
republicanas, caso de la Causa General y del fondo Político Social del Centro
Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Esta documentación ha de ser empleada
con precaución debido a la intencionalidad legitimadora y punitiva con que fue
elaborada por sus autores. Sin embargo, sometida a un adecuado ejercicio de
crítica histórica y al contraste exhaustivo con otras fuentes constituye una
pieza fundamental para el estudio de la violencia de retaguardia en la zona
republicana[8].
DINÁMICAS
Y CONTEXTOS DE LA VIOLENCIA
La
situación de Guipúzcoa el 18 de julio de 1936 al llegar las primeras noticias
sobre la sublevación militar en Marruecos se puede calificar de tranquila, con
la excepción de San Sebastián. Allí el ambiente estaba tenso debido a los
enfrentamientos habidos durante los funerales del líder monárquico José Calvo
Sotelo el día 15, en los que se produjo la muerte del joven falangista Manuel
Banús. Ello motivó la prohibición por parte del gobernador civil, el republicano
Jesús Artola, de manifestaciones y reuniones públicas y la clausura de los
centros de Renovación Española (RE) y Comunión Tradicionalista (CT),
efectuándose varias detenciones y registros domiciliarios[9]. No obstante, la situación se
precipitó bruscamente al llegar noticias del contagio de la sublevación a la
Península. Con el fallido golpe de Estado los sublevados rompieron los
mecanismos ordinarios de resolución social de los conflictos y de relación
comunitaria, legitimando el uso de la violencia como herramienta válida para la
gestión de los asuntos colectivos[10]. De esta manera, una vez quebrado el
consenso sobre los cauces de intervención en el espacio público, se habilitaba
el recurso al ejercicio de la violencia. Los contrarios al golpe de Estado
respondieron a la amenaza sublevada de una manera precipitada e improvisada,
con los militantes de las organizaciones obreras y de los partidos de izquierda
ocupando lavanguardia de la resistencia, suplantando en sus funciones de
control del orden público a un Estado republicano en proceso de descomposición.
En Guipúzcoa, grupos de milicianos asaltaron varias armerías y se comenzaron a
producir cacheos, registros y detenciones de personas de ideología derechista,
tanto locales como veraneantes, sospechosas de ser partidarias de la rebelión[11].
No
fueron solo los códigos sociales los que saltaron por los aires como
consecuencia del golpe de Estado devenido en guerra incipiente, también supuso
en buena medida el desmoronamiento del Estado republicano. En el caso
guipuzcoano este derrumbamiento se consumó el día 21 con la sublevación de la
guarnición y de parte de las fuerzas de orden público presentes en San
Sebastián, prolongándose los combates hasta el día 28, tanto en la ciudad como
en los cuarteles de Loyola, que fueron asediados. En estas circunstancias
desaparecieron los resortes judiciales y de orden público del Estado, pasando
el poder efectivo de manos del gobernador civil a las diferentes fuerzas
políticas, sindicales y milicianas ante su impotencia. Las figuras del
gobernador civil y del comandante militar pervivieron, aunque su autoridad era
poco más que nominal. Como ya han señalado diversos autores, fue
paradójicamente el golpe perpetrado bajo el pretexto de evitar la revolución lo
que la hizo posible y originó[12].
El
día 27 se instituyó la Junta de Defensa de Guipúzcoa (JDG), presidida por el
diputado a Cortes socialista Miguel de Amilibia, encargada del gobierno,
defensa y administración de la provincia, ya que el gobernador Artola se
encontraba sobrepasado[13]. La Junta estaba dividida en varias
comisarías, encontrándose representadas en ella todas las fuerzas políticas y
sindicales contrarias a la sublevación. Paralelamente, en Éibar y Azpeitia se
crearon sendas juntas de carácter comarcal que teóricamente estaban
subordinadas a la provincial, controladas respectivamente por socialistas y
nacionalistas. Este proceso se reprodujo a nivel local, proliferando juntas y
comités en los diferentes municipios y localidades[14].
De
esta manera, con las organizaciones obreras y partidos contrarios a la rebelión
ocupando los espacios que dejaba el Estado, se erosionaba aún más la posición y
competencias del aparato estatal, produciéndose un trasvase de poder desde las
instituciones republicanas a los organismos nacidos de la revolución. La
retaguardia republicana ha sido descrita como un «hervidero de poderes», aunque
quizá la mejor expresión que se ha acuñado sea la de una «miríada de
micropoderes»[15]. Micropoderes que pugnaban entre sí en
un escenario de soberanía fragmentada, en el que establecían parcelas de
actuación propia que en numerosas ocasiones se solapaban, se contradecían y
entraban en colisión entre sí. El contexto bélico contribuyó a la instauración
de una legitimidad de guerra, en la que la capacidad de desarticular la
sublevación y hacer frente a los rebeldes se convirtió en un campo privilegiado
para el refrendo de estos poderes[16]. De hecho, buena parte de la evolución
de la retaguardia republicana se ha explicado en base al proceso de ida y
vuelta desde la descomposición del Estado republicano y la fragmentación de la
soberanía a la reabsorción por parte del Estado del monopolio de la violencia y
la supeditación de las milicias y sus organizaciones madres, partidos y
sindicatos, a su autoridad[17]. En el caso guipuzcoano, a causa de la
rápida toma de la provincia por parte de las tropas sublevadas, este proceso no
se produjo en todo su recorrido. Sin embargo, sí que tuvo lugar esta pugna por
la centralización y control del ejercicio de la violencia entre los diferentes
actores que se habían arrogado la legitimidad para ello.
Un
temprano ejemplo lo encontramos en la actuación de la Comisaría de Orden
Público de la JDG, a cuyo frente se situó el peneuvista Telesforo Monzón. La
prioridad de la comisaría fue la absorción del monopolio de la violencia,
cuestión inexcusable para dar credibilidad a la continuidad con el Estado
republicano sobre la que en buena medida descansaba su legitimidad y certificar
la proclamación de la JDG como el organismo rector de la provincia. Así, el
mismo día de su constitución, se publicó una nota oficial en el periódico Frente
Popular en la que se proclamaba la exclusiva
competencia de las comisarías de Orden Público y de Guerra en todas las
cuestiones relacionadas con la rebelión y su punición, así como su autoridad
para imponer castigos a aquellos que contraviniesen dicha disposición[18]. Para estos momentos ya se habían producido
los primeros asesinatos, como el de José María García, secretario del Círculo
Carlista de Rentería, que lo fue el día 20 en una de las calles de esta villa
cuando era conducido a la Casa del Pueblo tras su detención[19]. Con la intención de poner coto a los
«paseos» y arbitrariedades de los diferentes grupos armados se organizó la
Guardia Cívica de San Sebastián, que comenzó a actuar el 29 de julio[20]. En este contexto de micropoderes
armados y de desaparición de los resortes coercitivos y represivos del Estado
republicano, las medidas adoptadas por la Comisaría de Orden Público tuvieron
un alcance muy limitado, continuando los «paseos» y «sacas»[21].
Los
días transcurridos entre el 20 y el 28 de julio, en que se rindieron los
cuarteles de Loyola, constituyeron una etapa con características propias en lo
que hace al ejercicio de la violencia. Esta primera etapa estuvo marcada por la
circunscripción casi absoluta de la violencia a San Sebastián y las localidades
de su entorno, adquiriendo mayoritariamente la forma de «paseos» perpetrados
por milicianos y militantes de los partidos y sindicatos de la izquierda
obrerista, en un escenario agravado por el inicio de los combates contra las
fuerzas sublevadas procedentes de Navarra. La violencia producida en estos
primeros momentos se puede calificar de revolucionaria, entendida como aquella
generada como consecuencia de contextos en los que capas sociales situadas en
posiciones subalternas intentan hacerse con los resortes del poder del Estado para
la realización de un proyecto de transformación de los fundamentos políticos,
económicos y sociales del régimen imperante[22]. Los días posteriores a la sublevación
constituyeron un marco liminal en el que algunos atisbaron la posibilidad de
realización de sus proyectos palingenésicos. La violencia adquiría entonces un
sentido simbólico que marcaba el punto de ruptura con el statu
quo anterior y la afirmación del inicio de un nuevo tiempo. En
esta dimensión simbólica jugaron un papel importante acciones violentas no
letales, como la quema de la documentación judicial de la Audiencia provincial
de Guipúzcoa, asaltada el día 23 de julio, o la asunción del control de la
cárcel de Ondarreta por parte de grupos de milicianos, que suspendieron en sus
funciones a los guardias y alimentaron nuevamente las llamas con sus registros[23]. Acontecimientos de esta naturaleza se
reprodujeron por toda la geografía republicana como ritos de paso que
consagraban mediante una violencia pretendidamente «creadora» el tránsito a un
nuevo orden[24].
GRÁFICO 1.
Periodización
de la violencia. Fuente: Elaboración propia a partir del Archivo Intermedio
Militar del Noroeste, Ferrol, La Coruña (AIMNO) y del Centro Documental de la
Memoria Histórica, Salamanca (CDMH), prensa periódica y bibliografía citadas.
|
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
||
|
Asalto de la cárcel de Ondarreta |
48 |
– |
– |
– |
|
|
Sacas de centros de reclusión |
8 |
22 |
23 |
– |
|
|
Paseos |
29 |
29 |
7 |
– |
|
|
Violencias del frente |
10 |
– |
1 |
– |
|
|
Asesinatos tras un intento de fuga |
2 |
1 |
– |
– |
|
|
Linchamientos |
1 |
– |
– |
1 |
|
|
Ejecuciones tras sentencia de Tribunal Revolucionario |
1 |
– |
1 |
– |
|
|
Ejecuciones tras sentencia del Tribunal Cívico-Militar o los
consejos de guerra |
– |
15 |
– |
– |
|
|
Violencias de retirada |
– |
– |
36 |
– |
|
|
Sin información concluyente sobre la tipología |
– |
– |
28 |
– |
|
|
Total víctimas |
99 |
67 |
96 |
1 |
|
La
violencia alcanzó a aquellos individuos integrantes de las categorías sociales
y/o políticas que las narrativas revolucionarias de sus victimarios señalaban
como a eliminar. De esta manera, algunos de los primeros asesinados fueron los
directamente implicados en la sublevación, identificados de manera inequívoca
con la defensa del viejo orden que había que derrumbar. Este fue el caso del
teniente de la guardia de asalto Atilano Roldán, disparado en el pecho al salir
del Hotel María Cristina tras su rendición el 23 de julio o el de los
falangistas Mateo Barcos y Julián Mansilla, asesinados por milicianos
cenetistas el día 21 en el paseo del Duque de Mandas.
Aunque
esta violencia surgió de manera reactiva frente a la sublevación, buena parte
de la misma transcurrió por grietas identitarias surgidas con anterioridad al
levantamiento militar. Esto lo podemos ejemplificar con el caso de Ramón
Mercero, encargado de personal de la fábrica Michelin de Lasarte, para el que
la construcción social de su papel como víctima ya había empezado durante la II
República, siendo publicada su foto el 21 de diciembre de 1935 por el
semanario Euskadi Roja, portavoz
del Partido Comunista de Euskadi, señalándole como explotador de obreros y
confidente patronal[25]. La campaña contra Mercero continuó a
lo largo de los siguientes meses, rebajando los costes de su ulterior asesinato
mediante su exclusión de la comunidad moral conformada por buena parte de los
que después se opondrían al golpe de Estado[26]. Una vez producido este, y consumada
la fractura del cuerpo social, Mercero, ajeno ya a las normas aplicables a los
integrantes de la comunidad, fue «paseado» el día 2 de septiembre[27]. También tenemos el ejemplo de José
María Paternina, elegido concejal por el Partido Republicano Federal en las
elecciones municipales de abril de 1931 y teniente de alcalde de San Sebastián
durante el primer bienio republicano. En el segundo fue nombrado alcalde en
calidad de «republicano independiente» por designación gubernativa tras la
dimisión del Consistorio como consecuencia del conflicto fiscal entre los
Ayuntamientos vascos y el Gobierno central. Tras los sucesos revolucionarios de
octubre de 1934 se negó a readmitir a los empleados municipales que habían
secundado la huelga. Todo ello le granjeó la inquina de sectores de la
izquierda obrera, llegando a ser agredido y amenazado. Producida la
sublevación, fue asesinado el 17 de agosto[28].
Además
de revolucionaria, la violencia en la retaguardia republicana en estos momentos
iniciales es cuando más se acercó a ser espontánea[29]. Los primeros compases de desconcierto
tras el fallido golpe de Estado y de atropellada respuesta al mismo
constituyeron el marco idóneo para la actuación de partidas, patrullas y grupos
de incontrolados que actuaban por su cuenta y sin responder a órdenes emanadas
de autoridades superiores. Sin embargo, no debe exagerarse la importancia de
estos actores en el volumen total de óbitos. La mayoría de asesinatos se
produjeron por parte de integrantes de milicias y organizaciones obreras.
Además, los diferentes poderes armados contaban con mecanismos internos para el
control de la disciplina y la aplicación de la violencia. Un «Comité del Frente
Popular» juzgó al delincuente Julio Romano tras ser sorprendido el 25 de julio
desvalijando un domicilio, siendo condenado a muerte y pasado por las armas.
Por su parte, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) tenía su propio
tribunal, que juzgó al miliciano Ángel Arteche, miembro del sindicato, por
aprovechar la situación para lucrarse y saldar cuentas personales, siendo
también condenado a muerte y fusilado[30]. Asimismo, y como elemento discordante
con la espontaneidad que tradicionalmente se ha imputado a la violencia
republicana, han quedado evidencias de implicación comunitaria en su ejercicio,
como pone de manifiesto el testimonio del cenetista Manuel Chiapuso:
Continuamente, sea por teléfono o por
notas dejadas en los plantones, nos llegaban denuncias de todo género. De
lugares donde estaban escondidos hombres de derechas, de hechos que se habían
cometido anteriormente por personas consideradas honradas, a veces se
denunciaban cosas que habían pasado hacía más de veinte años[31].
Los
motivos de estas delaciones son muy complicados de discernir, solapándose las
esferas de lo privado, lo político y lo social. Un ejemplo de ello sería el del
comerciante Macario Sanz y su hijo Cándido, asesinados el día 25 de julio por
unos milicianos capitaneados por un antiguo empleado despedido por robo[32].
A
partir del 28 de julio, con la rendición de los cuarteles de Loyola, comenzó
una nueva etapa en la aplicación de la violencia en la retaguardia guipuzcoana,
que se extendió hasta finales de agosto. Este momento estuvo caracterizado por
el asalto de la cárcel de Ondarreta, las «sacas» de presos y la continuación
del esfuerzo de la JDG por establecer su monopolio sobre el ejercicio de la
fuerza. Todo ello originó un cambio en la modalidad homicida más recurrente,
disminuyendo la importancia relativa de los «paseos» y aumentando la de «sacas»
y asaltos.
Una
vez rendidos los cuarteles, fueron conducidos e internados en la Diputación más
de un centenar de militares, policías y paisanos, siendo zarandeados, golpeados
y amenazados por una multitud que pedía sus cabezas. Para calmar la situación,
tuvieron que salir al balcón del edificio Miguel de Amilibia y el comunista
Jesús Larrañaga, comisario de guerra de la JDG, prometiendo que serían juzgados
y se haría justicia. Para ello, el día anterior habían comenzado las
diligencias de un procedimiento judicial militar y se estaba tomando
declaración a los detenidos[33].
Al
igual que ocurría en otros puntos de la retaguardia republicana con
acontecimientos similares, esta situación se convirtió en una encrucijada del
proceso de asentamiento de la autoridad de la JDG. La presión popular y de los
diferentes grupos armados para una rápida y ejemplarizante ejecución chocaba
con la pretensión de la junta de administrar una justicia acorde con unas
mínimas garantías procesales que subrayase su continuidad con el Estado
republicano. Ya el mismo día 28 se produjo el primer intento de «saca» de la
Diputación. Unos milicianos comunistas trataron de llevarse al coronel León
Carrasco, comandante militar de Guipúzcoa, evitándolo el diputado peneuvista
Manuel de Irujo. Sin embargo, al día siguiente volvieron y consiguieron su
propósito, apareciendo el cadáver del comandante militar en el Puente de Hierro[34].
Lo
ocurrido mostraba a la JDG que en caso de que no aplicase una justicia rápida y
contundente le sería imposible contener a los elementos armados que pedían las
cabezas de los golpistas. Ante la precaria situación de la seguridad del
edificio de la Diputación, la JDG dispuso el traslado de los presos a la cárcel
de Ondarreta el día 30 a la una de la madrugada. En este momento, el comisario
Larrañaga tomó una decisión drástica. Fuese por reafirmar la autoridad de la
JDG y calmar los ánimos de los más exaltados, por la necesidad de asentar su
posición y liderazgo en el seno del comunismo guipuzcoano o por simple
desconfianza en la aplicación de la «justicia burguesa», Larrañaga ordenó que
un grupo de milicianos se presentasen unas horas después del traslado en la
prisión[35]. Una vez allí comenzaron a sacar de
sus celdas a los presos de la planta baja y a parte de los del primer piso, siendo
asesinados en el patio 48 de ellos, logrando sobrevivir a sus fusilamientos un
capitán de ingenieros y tres policías[36]. Más allá del hecho de que se trataba
de aquellos que habían participado en la sublevación, en su gran mayoría
militares y miembros de las fuerzas de orden público en activo[37], todo parece indicar que la selección
de las víctimas respondió al azar, como apunta el relato del comandante
Bernardo Ardanaz, que debido a las circunstancias del traslado fue de los
últimos en entrar en la cárcel, siendo instalado en una de las celdas del
segundo piso, librándose así de la «saca»[38].
Dos
días después se produjo en San Sebastián otra matanza, esta vez de presos
provenientes de Tolosa. En su desarrollo se puede ejemplificar la superposición
e interacción de las esferas de actuación de los diferentes micropoderes
constituidos en la provincia tras el fracaso del golpe de Estado. En este
contexto bélico y de vigencia de una legitimidad de guerra, se inició una
competición entre los diferentes actores armados por extender su soberanía,
legitimando su acción a través de su capacidad de enfrentarse con éxito a los
sublevados y a sus partidarios, reales o potenciales, en la retaguardia.
En
la villa papelera existía desde el mes de abril un Comité Revolucionario
Socialista, presidido por Francisco García Lavid[39]. En él estaban representadas las
diferentes organizaciones socialistas tolosarras: la Agrupación Socialista, la
Unión General de Trabajadores (UGT), las Juventudes Socialistas Unificadas y el
Grupo Claridad, al que pertenecía Lavid. Su objetivo era hacer frente a la
conspiración contra la República, de la que ya tenían referencias. Al llegar
las primeras noticias de la sublevación el Comité Revolucionario se puso en
acción. Se asaltaron las armerías locales y se trajo un cargamento de pistolas
desde Éibar, procediendo a la detención de una cincuentena de personas que
fueron internadas en la Casa del Pueblo. Sin embargo, ello produjo un
enfrentamiento con la Guardia Civil, los republicanos y los nacionalistas,
siendo una parte de los detenidos liberada y otra trasladada a la Prisión
Municipal. Finalmente, se constituyó un Comité del Frente Popular (FP) en el
que se integraron socialistas, nacionalistas, republicanos y cenetistas,
coexistiendo con el Revolucionario, que continuó actuando. No obstante, a
juicio del comité socialista, el del FP[40]:
… se manifestaba con gran timidez y falta de resolución. Los
elementos fascistas entraban en la cárcel por una puerta y salían por otra. Los
nacionalistas, que tardaron algunos días en decidir su lealtad al Régimen,
arrastraban en sus planes atemperadores a republicanos y cenetistas,
mediatizando no pocas veces el criterio de los delegados socialistas.
Llegado
el 31 de julio, con el avance a las proximidades de la localidad de fuerzas
sublevadas, el Comité Revolucionario volvió a actuar:
Aun repudiándole los procedimientos de violencia, estimó
llegado el momento de proceder con mano dura para cortar las alas a la reacción
y estabilizar la situación a favor de la República (…). Por su composición
discordante, el Comité Permanente [del FP] no era el organismo adecuado (…). En
él predominaban el miedo, las conveniencias sociales pueblerinas, el arribismo,
las amistades personales con los facciosos. El Comité Revolucionario Socialista
de Tolosa (…) entró en contacto directo con las entidades militares y civiles
de la provincia[41]. García Lavid, que era a la vez jefe
de las fuerzas combatientes socialistas de la localidad, expuso un plan de
acción, que fue íntegramente aprobado. A su regreso a Tolosa expusieron ambos
delegados al Comité Revolucionario lo tratado y acordado en San Sebastián,
aprobando todos, unánimemente, la gestión y lo acordado. Alguien tenía que
aceptar la responsabilidad de lo que iba a suceder aquella noche, dar las
órdenes precisas. La aceptó el presidente del Comité Revolucionario, él dio la
orden y el Comité en pleno, bajo su entera responsabilidad, ejecutó el plan
acordado. Aquella noche fueron ejecutados los dirigentes más caracterizados del
fascismo tolosano; se efectuaron múltiples registros en domicilios fascistas,
encontrándose armas, municiones y documentos; se encarceló a más de doscientos
reaccionarios; la dirección de la cárcel pasó a manos de gente de confianza;
las dos únicas ametralladoras que había en Tolosa, ocultas en el cuartel de la
Guardia Civil, pasaron a manos del pueblo, así como algunos fusiles y munición.
De
esta manera, el Comité Revolucionario, ante el avance de las fuerzas
insurrectas y bajo el convencimiento de la incapacidad del Comité del FP para
defender Tolosa, dio una suerte de golpe de Estado en miniatura. Puso bajo su
control los recursos disponibles para enfrentar a los sublevados y mantener el
orden público y la seguridad, erigiéndose como la auténtica autoridad local en
virtud de su capacidad de gestión de la situación bélica. El castigo a los que
se habían rebelado y la neutralización de los posibles apoyos enemigos ocupaban
un lugar central en este sentido. Así, el 1 de agosto doce presos carlistas
fueron sacados de la Prisión Municipal y trasladados a San Sebastián, donde
fueron asesinados en el Paseo Nuevo.
Sin
embargo, estas matanzas y el asesinato de Carrasco encontraron una fuerte
desaprobación en buena parte de la sociedad guipuzcoana. Una sociedad
eminentemente rural, conservadora y católica en la que los lazos de solidaridad
comunitaria, aunque maltrechos como consecuencia de la ruptura normativa que
supuso el golpe de Estado, continuaban en buena medida vigentes. Así lo
atestiguan los numerosos ejemplos de permanencia de las redes relacionales por
encima de las nuevas lógicas derivadas de la guerra. Un ejemplo elocuente fue
el «acuerdo vecinal» al que llegaron el 19 de septiembre los habitantes de
Azcoitia, por el que los presos carlistas, a cambio de ser puestos en libertad
por el comité del FP, se comprometían a evitar represalias por parte de los
sublevados cuando estos llegaran[42]. De manera similar aconteció en
Andoain, donde nacionalistas y republicanos protegieron a sus vecinos
derechistas hasta la entrada de los sublevados[43].
Esta
interacción entre los cauces normativos previos y la fractura identitaria que
provocó la rebelión militar también se produjo dentro de la JDG, en la que la
cuestión de la violencia provocaba «severas agarradas, fricciones que rayaban
la ruptura» entre los diferentes grupos políticos y sindicales. De acuerdo con
el testimonio de Manuel Chiapuso, «la discusión fue tormentosa entre moderados
y extremistas». Para los más garantistas y partidarios del «derecho ante todo y
su aplicación, la ejecución del coronel Carrasco se asemejaba a un crimen», y
lamentaban que la situación estuviese «a merced de cualquier piquete de
partido». La discusión se saldó con la dimisión de su cargo de Telesforo
Monzón, que fue sustituido por su compañero de partido Juan Antonio Careaga.
Por su parte, el Comité del FP tolosarra dimitió en pleno, incluyendo a sus
representantes socialistas[44].
Asimismo,
el Gipuzko Buru Batzar (máximo órgano del
Partido Nacionalista Vasco en la provincia) hizo pública el 2 de agosto una
nota de «protesta contra (…) el asalto de las cárceles de Ondarreta y Tolosa»,
puesto que en su «defensa del régimen constituido» no podían «admitir la
actuación de bandas de asesinos que contra las normas del Frente Popular
realizan crímenes que avergüenzan a toda conciencia honrada», apostando «por
afirmar una legalidad»[45]. A su vez, tres días después, la JDG
publicó otra nota, firmada por todos sus miembros, en la que se señalaba que,
«examinados (…) los (…) incidentes ocurridos (…) con algunos de los presos»,
como consecuencia del «desbordamiento de la indignación popular y la actuación
de elementos fuera de todo control y disciplina», había decidido condenar «con
la máxima severidad tales excesos»[46]. A pesar de todo ello, el poder de la
JDG para hacer valer su autoridad era muy limitado y durante todo el mes de
agosto los «paseos» continuaron, y se produjeron nuevas «sacas» de la cárcel
habilitada en el edificio del Kursaal y de la de Ondarreta. Ello provocó las
dimisiones sucesivas de Careaga y su sustituto, Teodoro Ernandorena.
Finalmente, Andrés de Irujo, hermano de Manuel, fue nombrado comisario de Orden
Público, ocupando el cargo hasta la disolución de la JDG en octubre de 1936[47].
Con
todo, la JDG hubo de seguir teniendo que afrontar el asunto de los militares
presos. Trató de mantener su pulso con el resto de poderes armados por el
monopolio de la violencia mediante la continuación de la causa que empezó a
instruirse el 27 de julio, que seguía su curso con la toma de declaración a los
rebeldes supervivientes. Sin embargo, el 13 de agosto, dos bombardeos sobre San
Sebastián originaron varias víctimas mortales y numerosos heridos, levantando
la indignación popular y obligando de nuevo a la JDG a tomar medidas
extraordinarias para calmar los ánimos y evitar verse sobrepasada por los
acontecimientos[48]. En la reunión subsiguiente de la
junta, que contó con la asistencia del teniente de carabineros Antonio Ortega,
nombrado gobernador civil el 7 de agosto en sustitución de Artola, se tomó el
acuerdo de juzgar en consejo de guerra a los presos como represalia. Tras
recabar permiso del Ministerio de la Guerra, Ortega remitió un oficio al juez
instructor de la causa contra los militares sublevados para que en la madrugada
del día 14 fuera celebrado el consejo de guerra[49]. A pesar de la sanción desde las
instancias estatales republicanas, no se observaron las garantías legales
exigidas, puesto que ni Ortega ni la JDG tenían atribuciones para realizar ni
intervenir en el consejo de guerra. Tampoco se cumplieron las instrucciones
dictadas desde el Ministerio en el sentido de que el tribunal había de estar
integrado en exclusiva por militares. Por una parte, porque aquellos que había
permanecido leales se encontraban en el frente y había fuertes dificultades
para conseguir oficiales dispuestos a juzgar a sus compañeros. Por otra,
existía en estos momentos una gran desconfianza hacia la actitud que pudiesen
adoptar los vocales militares respecto de los que pocos días antes habían sido
sus compañeros, amigos o, incluso, familiares. De esta manera, se acabó optando
por una solución de compromiso entre un proceso realizado plenamente según el
Código de Justicia Militar y un tribunal revolucionario, conformándolo con una
minoría de cinco vocales militares respecto a los cinco vocales civiles,
elegidos de entre los partidos del FP y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), y
el presidente, que en este caso fue el comisario de Guerra Larrañaga. Para
reforzar la pátina de legalidad que se le quería dar al juicio, se requirió la
ratificación de las sentencias de muerte por el comandante militar de la plaza,
el comandante de Caballería Antonio Sanjuán, llegado a San Sebastián el 4 de
agosto con la misión de organizar la defensa de la provincia.
La
urgencia e improvisación con que se instituyó el consejo de guerra respondía al
temor de los miembros de la JDG a que la situación de ira popular ocasionada
por los bombardeos pudiese derivar en un asalto a la prisión. Tanto era así,
que durante las deliberaciones del consejo
… se [tuvo que proceder] a la votación apresuradamente,
porque entró (…) el Director de la cárcel, quien sin duda apremió al
presidente, porque en cuanto aquel salió dijo muy alterado «que el pueblo
estaba presionando para entrar en la cárcel y hacer una barbaridad», y que era
menester dictar pronto la sentencia porque de otro modo no respondía de la vida
de los detenidos en la cárcel; que ellos habían impedido el día anterior la
irrupción del pueblo en la cárcel a consecuencia del bombardeo aéreo (…), bajo
la promesa de que en la madrugada del siguiente día se haría justicia; «así que
a votar enseguida si quieren ustedes evitar una matanza como la del otro día»[50].
En
estas circunstancias los ocho acusados fueron sentenciados a muerte en virtud
de los votos de los vocales civiles y del presidente[51]. A pesar de los intentos de Manuel de
Irujo por obtener el indulto para los sentenciados, la pena fue ejecutada aquel
mismo día. El comandante Sanjuán ratificó las condenas debido a que, a su
juicio, era necesario un «pronto y ejemplar castigo». Un apesadumbrado Ortega
le explicó a Jean Herbette, periodista y entonces embajador francés en España,
que las ejecuciones debían realizarse ya que en caso contrario se produciría un
linchamiento[52].
Esta
dinámica de consejos de guerra celebrados tras bombardeos aéreos y/o navales
para evitar mayores desmanes por parte de los poderes armados y grupos de
incontrolados se mantuvo a lo largo del mes de agosto. Así ocurrió los días 19
y 26, sumándose otras siete penas de muerte que fueron cumplidas poco después
de su fallo[53].
Los
juicios sumarísimos no fueron la única herramienta empleada por la JDG en su
tratamiento de la problemática de los presos. El 30 de julio, cautivos de
reconocida importancia y notoriedad pública, como Honorio Maura o Antonio
Elósegui, fueron trasladados desde San Sebastián al fuerte de Guadalupe,
situado en la localidad de Fuenterrabía, contigua a la frontera francesa. El
movimiento fue acompañado con la publicación de una nota que señalaba que «Ante
la amenaza facciosa de bombardear Irún (…) se advierte al enemigo que las
familias más expuestas son las derechas. (…) los rehenes derechistas (…) se
encuentran en la ciudad de Irún y serán los primeros en sufrir los efectos del
bombardeo»[54]. El fuerte venía siendo empleado como
prisión desde el 24 de julio, albergando a los derechistas detenidos en
Fuenterrabía e Irún. Con el inicio el 11 de agosto de la ofensiva de las
fuerzas sublevadas para cerrar el paso con la frontera francesa, Irún se
convirtió en el objetivo de los esfuerzos rebeldes, siendo bombardeado al día
siguiente[55]. Ante este hecho, el comité local del
FP irundarra amenazó con que «por cada víctima que causaran las bombas y
granadas, serían fusilados 5 como represalia»[56]. A través de estos ejemplos se puede
observar la «lógica de contragolpe», en palabras de José Luis Ledesma, que
animaba la actuación de las autoridades y poderes existentes en la retaguardia
republicana[57]. Se trataba de medidas improvisadas,
descoordinadas y precipitadas, cuya naturaleza era eminentemente reactiva ante
las acciones bélicas de los sublevados y su violencia. En un contexto en el que
la iniciativa militar se encontraba en el bando de los sublevados, los
diferentes poderes surgidos en la zona republicana se veían empujados a
responder a las acciones de sus contendientes.
Sin
embargo, estas advertencias y amenazas carecieron de efecto disuasorio. Durante
los siguientes días se produjeron nuevos bombardeos navales y aéreos,
provocando que se formara un tribunal improvisado que condenó a muerte a varios
presos, aunque no se llevaron finalmente a cabo los fusilamientos. Tampoco esta
estrategia consiguió mantener la autoridad del comité local del FP de Irún
sobre los diferentes actores armados que pugnaban por aplicar una venganza
expeditiva sobre las personas de los cautivos en respuesta a los bombardeos. El
25 de agosto, tras un ataque aéreo y naval sobre la localidad, dos reos fueron
fusilados en el cementerio[58]. Algo similar ocurrió durante la
madrugada del 2 de septiembre, horas antes del ataque final contra el monte San
Marcial. Cinco presos fueron sacados de la prisión y cuatro de ellos fueron
asesinados, logrando el restante escapar[59].
Por
otra parte, el mes de septiembre inauguró una última etapa en la aplicación de
la violencia de retaguardia en Guipúzcoa, caracterizada por un repunte en el
número de víctimas y protagonizada esencialmente por las «violencias de
retirada». Una modalidad violenta que se integra dentro de una «violencia
combatiente», entendida como aquella practicada por integrantes de las fuerzas
de combate regular o irregular contra la población civil. Concretamente, nos
referimos a la violencia ejercida durante el proceso de retirada de las fuerzas
combatientes en las localidades o lugares que se abandonaban ante la inminencia
de la llegada de las tropas enemigas. Sus víctimas fueron aquellas personas que
eran percibidas como potenciales simpatizantes o colaboradores del contrario
por diversos azares como la negativa a evacuar, permanecer escondidos… En ella
jugaron un papel preponderante no solo las motivaciones de naturaleza bélica,
sino también los condicionantes psicológicos, como la frustración ante la
derrota o la búsqueda de retribución por el sufrimiento padecido.
El
3 de septiembre, el desconcierto comenzó a enseñorearse de Irún ante la
inminencia de la entrada de las fuerzas sublevadas. La guarnición del fuerte de
Guadalupe, formada por militares y milicianos, la abandonó, quedando la
custodia de los prisioneros en manos de unos pocos guardias. Llegado el día 4,
el comité del FP de Fuenterrabía abandonó la localidad, que comenzó también a
ser evacuada. Un grupo de milicianos cenetistas acudió al fuerte y, a lo largo
del día, asesinó a un total de once cautivos hasta que la llegada del
comandante de la Guardia Civil Mauricio García Ezcurra y de Larrañaga impidió nuevos
asesinatos. Dichas autoridades permanecieron en el fuerte hasta el día 5. En
ese día, Ezcurra abandonó la posición, y, decidido a evitar más muertes,
entregó las llaves al miliciano socialista Francisco Rousell, que procedió a
liberar a la mayoría de los presos supervivientes, que se escondieron en las
proximidades, presentándose al día siguiente a las fuerzas sublevadas que
subieron al fuerte, donde liberaron a los prisioneros restantes y fusilaron a
cinco milicianos que encontraron rezagados[60].
En
San Sebastián, por su parte, el empeoramiento de la situación militar condujo a
que los presos que se encontraban en la ciudad fuesen trasladados a Bilbao en
barco, quedando ocho convalecientes en el edificio de los Marianistas, contiguo
al Hospital Militar y habilitado como centro de reclusión para los presos que
necesitaban asistencia médica. El día 10 fueron víctimas de la última «saca» colectiva
cuando se presentó una partida de milicianos portando una falsa orden de
libertad firmada por Larrañaga. El comandante médico Tomás Larrosa, a pesar de
ofrecer resistencia a los requerimientos de los milicianos, no pudo evitar que
se los llevasen, siendo fusilados en el cementerio de Polloe aquella misma
noche[61].
Finalmente,
a lo largo del día 12 y en la madrugada del 13, en vísperas de la entrada de
los sublevados, se produjeron los últimos actos de violencia habidos en el San
Sebastián republicano. El falangista Francisco Núñez, detenido el día 9, fue
asesinado en Ondarreta, mientras que el militar retirado Juan Sirvent y el
delegado de Hacienda Luis Ruiz Medina lo fueron tras ser detenidos en sus
domicilios. En paralelo, una compañía de gudaris, que
permaneció en la ciudad hasta el último momento para impedir desmanes, abatió a
ocho saqueadores e incendiarios en las calles donostiarras[62].
A
partir de aquel momento, las fuerzas milicianas en retirada cometieron una
serie de asesinatos en su periplo por la provincia. Los más numerosos fueron
los ya citados de los carlistas azcoitiarras, produciéndose otros de carácter
más aislado en las localidades de Mondragón, Deva, Éibar, Vergara y Cestona[63]. A finales del mes de septiembre, las
fuerzas sublevadas alcanzarían en su avance los límites de Vizcaya, ocupando
todo el territorio guipuzcoano, salvo las localidades de Elgueta y Éibar, que
lo serían en abril del año siguiente.
Por
último, a lo largo del mes de septiembre se produjo un nuevo tipo de violencia
en la retaguardia republicana. Al son del proceso de reafirmación del Estado
republicano —que se materializaría en la integración de la mayoría de partidos
y sindicatos que se oponían a la sublevación dentro del gobierno de Largo
Caballero o en la de los anarquistas en el Consejo de la Generalidad tras la
disolución del Comité Central de Milicias Antifascistas— el Gobierno buscó
minimizar la violencia incontrolada y de los diferentes poderes armados, y
legitimar su monopolio de la fuerza. Para ello trató de reinstitucionalizar la
represión de los sublevados mediante la creación de unos tribunales especiales
con la finalidad de juzgar «los delitos de rebelión y sedición», los que
posteriormente serían conocidos como Tribunales Populares[64]. En el caso guipuzcoano, por la casi
coincidencia de su creación y de la caída de la provincia en manos rebeldes,
resultó una cuestión casi anecdótica. De hecho, desconocemos cuál fue
exactamente su actuación puesto que, al parecer, no se ha conservado su
documentación, aunque su existencia sí es mencionada en la del Tribunal Popular
de Euskadi[65]. Sabemos que el 3 de septiembre se instituyó
en San Sebastián un tribunal de este tipo. Si bien desconocemos su labor,
existen indicios de que su actuación se encontró detrás de alguno de los
fusilamientos en el cementerio de Polloe efectuados en los días posteriores.
Por ejemplo, el hecho de que, según Adrián de Loyarte, a Víctor Pradera se le
leyese una sentencia antes de la descarga así parece apuntarlo[66].
LAS VÍCTIMAS
El
primer elemento que salta a la vista a la hora de analizar el perfil de las
víctimas de la violencia en la retaguardia republicana de Guipúzcoa es su
carácter casi exclusivamente masculino. De las 263 víctimas mortales que se
produjeron tan solo tres eran mujeres, un 1,1 %. Esto respondía, por una
parte, a que a pesar de los avances que en materia de derechos femeninos se
habían producido durante los años republicanos, el ejercicio de la política y
de la violencia continuaba constituyendo un fenómeno fundamentalmente
masculino. Por otra parte, desde el punto de vista de las representaciones, las
mujeres tampoco eran percibidas como actores relevantes en esos ámbitos
político y bélico, por lo que la peligrosidad que se les imputaba era mínima,
disminuyendo enormemente las posibilidades de ser objetivo de la violencia
homicida[67]. Esto lo podemos apreciar en el hecho
de que entre las víctimas femeninas tan solo una de ellas tuvo una muerte
relacionada con motivos políticos, María Nieves Vigil, una veraneante asturiana
afiliada a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) que fue
detenida por un grupo de milicianos en Irún y asesinada tras ser conducida al
monte Ulía de San Sebastián, donde apareció su cadáver el 27 de agosto[68]. Otra de las víctimas, Herminia
García, «paseada» el 8 de septiembre junto a su marido, José Embid, secretario
del Juzgado municipal de Hernani,parece ser que fue asesinada «por impedir que
pudiera denunciarlos [a los asesinos de su marido)» [69]. María Oyarzábal, la última de estas
mujeres, fue asesinada en un episodio confuso, habituales en los momentos de
incertidumbre e indefinición de las líneas de frente[70].
GRÁFICO 2.
Origen
socio-profesional de las víctimas. Fuente: Elaboración propia a partir del
AIMNO y del CDMH, prensa periódica y bibliografía citadas.
El
siguiente elemento destacable es la definición de las víctimas en base a la
interacción entre un eje social y otro político. Las características
intrínsecas de las guerras civiles, como la indiferenciación entre las figuras
del combatiente y del civil, el peligro del «enemigo interior», el carácter de
disputa por el capital simbólico e identitario de la nación y la definición de
su esencia, coadyuvan a que este tipo de conflictos se conviertan en espacios privilegiados
para la aparición de prácticas de limpieza de la retaguardia[71]. En este sentido, el grueso de las
víctimas guipuzcoanas encajaba dentro de las categorías sociales y políticas
que las narrativas palingenésicas de sus victimarios señalaban como a depurar.
Así, entre los grupos socio-profesionales, el más afectado fue el de los
militares y fuerzas de orden público, que sumaron 100 decesos, más del
37 % del total. En esta prevalencia jugó un papel destacado su rol como
articuladores y protagonistas de la rebelión militar, así como su
identificación con el brazo armado de la «Reacción» y de la defensa del viejo
orden. Este lugar destacado de militares y policía entre las víctimas no fue un
fenómeno privativo de Guipúzcoa, sino que fue una característica común a todo
el territorio en que la sublevación no tuvo éxito, lo que ha dado pie a que
algunos autores hayan señalado el carácter de víctima propiciatoria que
tuvieron estos grupos[72].
Si
continuamos examinando los datos, podemos apreciar cómo el número de obreros
urbanos, artesanos, labradores y jornaleros agrícolas era muy limitado, siendo,
además, en su mayoría, tradicionalistas, lo que apuntaría al eje político como
detonante de su asesinato. Sin embargo, los representantes de las clases medias
y altas abundaron, especialmente profesionales liberales, funcionarios,
industriales y miembros de la nobleza, tanto locales como veraneantes. Entre
los presos asesinados en el fuerte de Guadalupe se encontraban bien
representados estos perfiles, como era el caso de Joaquín Beunza[73], Leopoldo Matos[74] u Honorio Maura[75], entre otros. Además, a su categoría
social sumaban en numerosas ocasiones una militancia destacada en partidos de
derecha o de extrema derecha, y una dilatada trayectoria política y pública.
La
importancia que tuvo el eje político en la definición de las víctimas se puede
comprobar en los datos. De los 174 individuos para los que tenemos información
sobre su filiación política, el 65 %, tan solo tres carecían de ella. El
resto se distribuía mayoritariamente entre los distintos partidos de derechas,
destacando el caso de CT y de Falange Española (FE). El carlismo, debido a su
carácter hegemónico dentro del campo de la derecha provincial, fue el sector
político que mayor número de víctimas acusó, 70. FE, por el contrario, era un
partido marginal dentro del sistema político guipuzcoano, pero, a pesar de
ello, fue el segundo grupo más castigado, siendo proporcionalmente la
organización más afectada, muriendo entre una cuarta y una quinta parte del
total de su militancia, y prácticamente todos sus cuadros de mando. Este hecho
obedeció, por una parte, a su significación fascista, lo que les señalaba como
la expresión contrarrevolucionaria más acabada, y, por otra, a la participación
que tuvo en la degradación del orden público durante la etapa republicana,
protagonizando numerosos incidentes que arrojaron un saldo de tres muertos y le
valieron notoriedad y una profunda enemistad de los sectores izquierdistas y
obreristas[76].
GRÁFICO 3.
Protagonismo
político, social y público de las víctimas. Fuente: Elaboración propia a partir
del AIMNO y del CDMH, prensa periódica y bibliografía citadas.
El
resto de fuerzas de la derecha sufrieron un número menor de víctimas. Los monárquicos
alfonsinos de RE y los miembros de la CEDA fueron minoritarios, concentrándose
sus víctimas en las localidades de Irún y San Sebastián, prácticamente los
únicos lugares en los que mantenían sedes. Las víctimas procedentes del
republicanismo de centro-derecha fueron excepcionales, destacando el caso ya
citado de José María Paternina. En cuanto a los nacionalistas vascos, todos los
casos se produjeron por violencia combatiente y en circunstancias confusas, lo
que seguramente eliminó el factor político de los motivantes que condujeron a
sus asesinatos[77].
GRÁFICO 4.
Filiación
política de las víctimas. Fuente: Elaboración propia a partir del AIMNO y del
CDMH, prensa periódica y bibliografía citadas.
Por
último, merecen una mención aparte las víctimas pertenecientes al clero debido
a la significación que la violencia anticlerical tuvo en el conjunto de la
retaguardia republicana. La Iglesia católica había sido tradicionalmente
identificada por parte de las culturas políticas de la izquierda como parte del
entramado de dominación cultural e ideológica de las élites, jugando un papel
clave en la legitimación del orden social establecido. Esta circunstancia se
tradujo en una explosión de violencia anticlerical durante los primeros
momentos posteriores a la sublevación militar. Ejemplos de ello fueron lo
ocurrido en Madrid, Cataluña, Huesca, Castellón, Cantabria o Ciudad Real[78]. Sin embargo, el caso guipuzcoano,
donde fueron asesinados seis miembros masculinos del clero regular y secular,
incluyendo a un veraneante, se asemeja más al de la provincia de Huelva, donde
fue asesinado un único sacerdote y las acciones anticlericales se centraron en
la quema de edificios religiosos. Esta baja cifra relativa de decesos tiene su
explicación en la protección que brindaron a los religiosos el PNV y algunos
miembros del FP y de la CNT, las fuerzas de orden público y buena parte de la población
civil, conservadora y fervorosamente católica. A pesar de ello y de tratarse de
hechos excepcionales, también se produjeron escenas de furor anticlerical
popular, como ocurrió durante el asesinato de Felipe Goena, párroco de Pasajes
de San Pedro,cuya muerte tuvo un fuerte componente ritual y simbólico, siendo
paseado entre una multitud que le agredió y vejó antes de que un miliciano le
matase con su pistola, tratándose de iniciar en ese momento una procesión con
el cadáver que fue impedida por un grupo de mendigoixales que
trasladaron el cuerpo al cementerio[79].
CONCLUSIONES
La
violencia en la retaguardia republicana de Guipúzcoa durante la Guerra Civil se
desató como consecuencia de varios factores. En primer lugar, del fallido golpe
de Estado, cuya ejecución rompió los cauces normativos de los marcos sociales
de relación comunitaria y de resolución de los conflictos, brindando a sus
opositores la oportunidad de emplear la violencia como herramienta legítima de
intervención en la arena pública. En segundo lugar, del desmoronamiento del
Estado republicano que acompañó a la rebelión. La desaparición de los
instrumentos coercitivos y punitivos del Estado se conjugó con la aparición de
multitud de micropoderes que ocuparon el espacio dejado por el aparato estatal
republicano. Estos poderes armados, que iban desde partidas de milicianos hasta
juntas provinciales, pasando por sindicatos y partidos políticos, encontraron
su fuente de legitimación en su capacidad para hacer frente a la sublevación y
castigar a los rebeldes. A todo ello hay que sumarle el marco de pugna por la
definición de los elementos identitarios que constituirían la esencia de la
nación, rasgo propio de las guerras civiles, que impulsaba a emprender una
depuración del cuerpo social para ajustarlo a los nuevos cánones nacionales que
se estaban implantando.
Buena
parte de la violencia que se desplegó se puede calificar de revolucionaria, en
la medida en que esta se produjo como resultado de un escenario en el que
sectores sociales subalternos trataban de hacerse con los resortes del poder y
suplantar al Estado republicano, al tiempo que intentaban allanar el camino
para sus proyectos de transformación socioeconómica. De esta manera, la
caracterización de las víctimas de la violencia de retaguardia en Guipúzcoa
respondió a su integración en dos ejes, uno social y otro político. La mayoría
de los fallecidos pertenecía o simpatizaba con alguno de los partidos de
derechas que apoyaban el golpe de Estado y entre los mismos abundaban los
sectores mesocráticos y las élites sociales y económicas. A pesar del carácter
eminentemente reactivo que tuvo la violencia republicana, transcurrió por las
grietas sociales e identitarias que ya habían surgido con anterioridad, de
manera que cuando estalló la guerra y se consumó la fractura de la comunidad
existían individuos que ya habían sido expulsados de la misma, rebajando
enormemente los costes de la aplicación de la violencia contra ellos.
El
ejercicio de la violencia se convirtió en un campo de batalla de legitimidades
dentro de la retaguardia republicana. Los restos del Estado republicano, así
como la JDG, que reivindicaba su papel como continuadora del primero,
desarrollaron diferentes iniciativas para sujetar a los diferentes micropoderes
armados a su autoridad y reinstaurar su monopolio de la violencia. Estos esfuerzos
tuvieron un éxito muy limitado y, además, se vieron interrumpidos por la rápida
toma de la provincia por parte de las fuerzas sublevadas. Por otra parte, las
formas más visibles de la violencia extralegal, como «sacas» y asaltos a las
cárceles, produjeron la desaprobación de una parte significativa de la sociedad
guipuzcoana, marcadamente conservadora y católica. Este rechazo del ejercicio
de la violencia fuera de los cauces legales, fuesen ordinarios o
extraordinarios, motivó también disputas y enfrentamientos entre las diferentes
fuerzas políticas y en el seno de la JDG. En este sentido, una característica
particular de los casos guipuzcoano y vizcaíno es la presencia del PNV entre
los sectores opuestos al golpe de Estado. El partido nacionalista, con una
ideología conservadora de inspiración cristiana y una base social que en buena
parte se solapaba y confundía con la del carlismo o el catolicismo político,
aportó una nota de moderación —junto a los partidos republicanos— tanto en la
marcha política de la provincia como en el rechazo de la violencia
extrainstitucional y en el mantenimiento del culto religioso y la protección al
clero, lo que explica en parte los relativamente bajos niveles de violencia
anticlerical que se produjeron en Guipúzcoa.
NOTAS
|
Desde nuestro entendimiento de
la represión como uno de los mecanismos disponibles por los entes
gubernamentales e institucionales para el mantenimiento del control social y
el sometimiento de los grupos que ponen en cuestión las relaciones de poder
ya existentes, la violencia ejercida en la «zona nacional» durante los
primeros momentos de la Guerra Civil plantea dificultades de adecuación a
este concepto derivadas del hecho de haber sido precisamente los rebeldes los
levantados contra el orden ya existente y del difícil encaje de su precaria
organización inicial como figura estatal. De la misma manera, encontramos
serios problemas en el empleo de este término para englobar todo lo ocurrido
en la retaguardia republicana en un marco de derrumbe parcial del Estado y de
proliferación de actores armados más o menos autónomos. Por este motivo
preferimos utilizar el término más amplio, pero a nuestro juicio más exacto,
de violencia. Sobre el concepto de represión y su aplicabilidad, GONZALEZ
CALLEJA, 2006. |
|
|
A este respecto, GARCÍA, 2009: 143-176. LEDESMA,
2007: 151-168. |
|
|
PABLO,
2003: 128. ESPINOSA,
2009: 16. MOLINA,
2014: 301. AZCONA
y LEZAMIZ, 2012: 217-220. |
|
|
LEDESMA,
2003: 25. Una notoria excepción en el
campo de los estudios sobre la represión republicana en el País Vasco ha sido
la de Pedro Barruso, que no solo se ha escapado de la tesis del «oasis
vasco», sino que en sus trabajos ha realizado un esfuerzo conceptual y
taxonómico de la violencia prácticamente inédito en este ámbito. BARRUSO,
1998: 259-268; 2005:
50-102. |
|
|
Sobre la Teoría de Movilización
de Recursos y la violencia, TILLY,
1978. GONZÁLEZ CALLEJA, 2017: 48-50. |
|
|
Hacemos nuestra la definición
que se da en GONZÁLEZ CALLEJA, 1999: 122, como el empleo consciente, aunque no siempre
premeditado, o la amenaza de uso, de la fuerza física, coerción o
intimidación por parte de individuos, entidades o grupos que buscan el
control de los espacios de poder político, la manipulación de las decisiones
en todas o parte de las instancias de gobierno, y, en última instancia, la
conquista, conservación o la reforma del Estado. |
|
|
Sobre la problemática de estas
fuentes, LEDESMA,
2005: 203-220 y GIL
VICO, 1998: 159-189. |
|
|
«Gipuzkoa. Una nota del
gobernador», Euzkadi, Bilbao, 16/7/1936: 3. «Los
sucesos de ayer en San Sebastián», El Liberal, Bilbao,
16/7/1936: 4. FERNÁNDEZ REDONDO, 2020: 39. Sobre la conflictividad social y la violencia política
durante la II República, GONZÁLEZ CALLEJA, 2015 y BARRUSO,
1996. |
|
|
CHIAPUSO,
1977: 22-28. IRUJO,
1978: 37-38. BARANDIARÁN, 2005: 272-273 y 427. BARRUSO
y JIMÉNEZ
DE ABERÁSTURI,
2011: 132. Ejemplos de registros y
cacheos en LEGARRA
BELÁSTEGUI,
2008: 153-157. BRUNET,
1976: 26-32. ARTECHE,
2008: 19. Sobre las primeras detenciones
y la improvisación de locales de reclusión: BARRUSO,
2006: 147-149; 2005:
51-54. |
|
|
Resulta significativo que en
las actas conservadas de las reuniones de la JDG aparezca apuntado que
Amilibia las presidía y que Artola «asistía». Junta
de Defensa de Guipúzcoa, San Sebastián, 4 de agosto de
1936, Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca (CDMH), PS-Bilbao,
caja 111, exp. 3 - 4. IRUJO,
1978: 65. AMILIBIA,
1978: 46. |
|
|
«Orden Público», Frente
Popular, San Sebastián, 27/7/1936: 3. |
|
|
«Comisaría de Orden
Público», Frente Popular, 30/7/1936: 3. |
|
|
«Relato de un
protagonista», Frente Popular, 28/7/1936: 1-2. «Comisaría de
Orden Público», Frente
Popular, 29/7/1936: 5. «Comisaría de Orden Público», Frente
Popular 2/7/1936: 3. «Bando», Frente Popular, 11/8/1936:
4. |
|
|
Asimismo, las «sacas» de presos
comenzaron el 28 de julio con el asesinato de cuatro falangistas encarcelados
días antes en Ondarreta. Relación de individuos que en
el día de hoy han ingresado en esta prisión a disposición de diversas autoridades, San
Sebastián, 28 de julio de 1936, CDMH, PS-Bilbao, caja 233, exp. 7 - 6. |
|
|
«Un verdadero tipo», Euskadi
Roja, San Sebastián, 21/12/1935: 2. |
|
|
«Una salvajada que reclama
justicia», Euskadi Roja, 1/2/1936: 2. «En la
fábrica-presidio Michelín», Euzkadi Roja, 29/2/1936:
2. «En la fábrica-presidio Michelín», Euzkadi Roja, 25/4/1936:
4. |
|
|
Relación de personas
residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron
muerta violentamente o desaparecieron y se cree fueron asesinadas, Hernani,
23 de octubre de 1940, CDMH, Causa General, 1334, exp. 24. |
|
|
«El pleito de los Ayuntamientos
vascos», Heraldo de Madrid, Madrid, 19/9/1934: 13. «El
pleito de los municipios vascos», El Sol, Madrid,
22/9/1934: 5. LOYARTE,
1944: 447-449. RODRÍGUEZ RANZ, 1994: 122 y 320. |
|
|
«La justicia del Frente
Popular», Frente Popular, 27/7/1936: 4. CHIAPUSO,
1977: 141-143. |
|
|
Relación de personas
residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron
muerta violentamente o desaparecieron y se cree fueron asesinadas, San
Sebastián, 23 de junio de 1941, CDMH, Causa General, 1336, exp. 1. LEGARRA
BELÁSTEGUI,
2008: 48 y 235-236. DOCTOR
RUNY, 1938: 177-178. otros casos de venganzas por cuestiones laborales o
huelguísticas, aunque infructuosos, en BLASCO,
1983: 19 y 22-23. |
|
|
«A la Diputación», Frente
Popular, 29/7/1936: 2. CDMH, PS-Madrid, caja 1083, exp. 3. IRUJO,
1978: 60. |
|
|
Relación de personas
residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron muerta
violentamente o desaparecieron y se cree fueron asesinadas, San
Sebastián, 23 de junio de 1941, CDMH, Causa General, 1336, exp. 1. IRUJO,
1978: 64-65. AMILIBIA,
1978: 43-45. CHIAPUSO,
1977: 195-196. |
|
|
El testimonio del miliciano
Francisco Cuenca es claro al respecto: «Larrañaga me dio la orden: Ir a la
cárcel y fusilar a todos. Entra con tu equipo a la cárcel y fusilarlos a
todos. Me lo dijo como que estoy aquí». En cuanto a la desconfianza y la
impaciencia con los procedimientos legales garantistas, el testimonio de
Julián de Basaldua es esclarecedor: «[Larrañaga] insistió en que los
tribunales habían de juzgarlos [a los militares sublevados] con gran
severidad. Ante la prisa por juzgar a los presos, se reunió el Frente Popular
y el PNV. Algunos de aquellos pedían la constitución inmediata de un Tribunal
Popular, oponiéndose enérgicamente los nacionalistas vascos. Se formó una
Comisión integrada por (…) Larrañaga (…) [e] Irujo a fin de conocer el
criterio del gobernador. A fin de armonizar las diferencias llegaron de
Bilbao el socialista Paulino Gómez Sáiz y Juan de Astigarrabía, comunista.
Reunida la Comisión, tras dura discusión se impuso el buen criterio de
aceptar la constitución de un Tribunal sujeto a normas jurídicas, con
abogados defensores, fiscales asesores y militares, de acuerdo con el Código
vigente». EGIDO,
1993: 90. BASALDUA,
2016: 36. |
|
|
Según la mayoría de los
testimonios los fusilados fueron 53, así que es posible que hubiera una víctima
o superviviente más que no hemos podido identificar. Sin embargo, en 1937, en
una entrevista realizada a Ramón Aldanondo, enterrador del cementerio de
Polloe, este afirmó que aquel día recibió 48 cadáveres. «Primer
aniversario», El Diario Vasco, San Sebastián, 30-VII-1937: 2.
«El Conserje del Cementerio de San Sebastián, cuenta el horror de los
fusilamientos cometidos en Polloe», Fotos, San
Sebastián, 14/8/1937: 26. Relación de personas
residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron
muertas violentamente o desaparecieron y se cree fueron asesinadas, San
Sebastián, 23 de junio de 1941, CDMH, Causa General, 1336, exp. 1. ECHEANDÍA, 1945: 269-272 y 326-345. JALÓN, 1939: 53-54. RODRÍGUEZ DEL CASTILLO, s. f.:
30-52. CARASA,
1938: 18-26. |
|
|
Ambas categorías acumularon 43
de los fusilados. Junto a ellos fueron asesinados un falangista, un requeté,
un religioso y dos alféreces de complemento, siendo estos últimos civiles
reservistas del Ejército que al producirse la sublevación se presentaron en
los cuarteles para unirse a ella. |
|
|
Archivo Intermedio Militar del
Noroeste, Ferrol, La Coruña (AIMNO), Gobierno Militar de Guipúzcoa (GMG),
caja 69, Causa. 1118-37. |
|
|
García Lavid era un activo y
veterano revolucionario que había sido militante socialista hasta 1922, en
que pasó al comunismo, residiendo durante varios años en la Unión Soviética.
Tras un breve tránsito por el trotskismo, retornó al socialismo en 1933,
adhiriéndose a la facción «caballerista». Durante la campaña guipuzcoana fue
capitán de la compañía de milicias Carlos Marx y defendió públicamente la
creación de una policía secreta y el aumento de las medidas coercitivas y
represivas en la retaguardia. García Lavid, Francisco, «Necesidad
de una policía secreta», Frente Popular, 4/9/1936:
5. HEYWOOD,
2017: 116 y 229. GARCÍA LAVID, 1935. |
|
|
CDMH, PS-Barcelona, caja 522,
exp. 12. |
|
|
Entre otros, debieron de
hacerlo con Larrañaga, ya que según los testimonios de Irujo y Germán
Iñurrategui, para sacar a los presos de la cárcel se presentó una orden de
traslado que llevaba su firma. IRUJO,
1978: 65. IÑURRATEGUI, 2005: 67-68. |
|
|
Para su desgracia, los siete
requetés liberados se toparon al día siguiente con unos milicianos en
retirada que los asesinaron. ARANBARRI,
1989: 96-110 y 283-284. ARTECHE,
2008: 34-35 y 40. |
|
|
Las citas en CHIAPUSO,
1977: 197. |
|
|
«Una protesta», Frente
Popular, 2/8/1936: 5. |
|
|
«La seguridad de los
presos», Frente Popular, 5/8/1936: 4. |
|
|
«Ante el brutal atentado de los
aviones facciosos», Frente Popular, 14/8/1936: 1. BARRUSO
y JIMÉNEZ
DE ABERÁSTURI,
2011: 181. |
|
|
Anteriormente actuó lo que se
podría denominar como un tribunal revolucionario del que por desgracia apenas
existen referencias. Además del citado caso del «Comité del Frente Popular»
que juzgó a Julio Romano, el 2 de agosto se publicó una nota de la JDG en la
que se hablaba de la existencia de un «Tribunal Popular (…) encargado de
juzgar cuantos hechos delictivos se cometan en la provincia». «Junta de
Defensa de Guipúzcoa», Frente Popular, 2/8/1936:
3. |
|
|
AIMNO, GMG, caja 434, Causa.
443-36. |
|
|
Los vocales militares votaron
por la cadena perpetua solicitada por el fiscal. Los ocho encausados eran el
coronel Francisco Arrúe; los comandantes Ángel Velasco, Manuel García de la
Rasilla y Gonzalo Ramajos; el capitán Agustín Muriedas; los tenientes
Fernando de la Brena y Miguel Leoz; y el sargento Amós Iribas; todos
militares, excepto Arrúe, que era de carabineros. Entre ellos se encontraban
los militares de mayor graduación que habían sobrevivido a la «saca» de
Ondarreta. Algunos de ellos eran organizadores de la sublevación, como
Muriedas y Brena, y otros tenían relación con Falange Española, como Leoz o
Iribas, afiliados al partido fascista, o Ramajos, que había actuado como
instructor de sus milicias. |
|
|
Herbette, junto a buena parte
del personal diplomático acreditado en España, se encontraba en San Sebastián
de veraneo cuando comenzó la contienda. BARRUSO
y JIMÉNEZ
DE ABERÁSTURI,
2011: 182. |
|
|
El día 19 fueron juzgados el
comandante Enrique Erce y el capitán Félix Fernández Prieto, militares, y los
oficiales de carabineros Eugenio Calvo, Vicente Domínguez, Juan Recacho,
Félix Saiz y Ángel Fuertes, junto al abogado falangista Alfonso Vignau. Los
tres últimos recibieron cadena perpetua como condena, el resto pena de
muerte. El día 26 los encausados fueron el general Mario Muslera y el
teniente coronel Eduardo Baselga, miembros de la Junta Suprema Militar
Carlista de San Juan de Luz, que habían sido detenidos días antes en una
pensión de San Sebastián donde habían intentado ocultarse tras el fracaso de
la sublevación. Ambos recibieron la pena capital. «El cañoneo de ayer», Frente
Popular, 18/8/1936: 1; «Cobardía y traición» y «Un consejo de
guerra», Frente Popular, 19/8/1936: 2 y 4; «Justicia
republicana», Frente Popular, 20/8/1936: 1, «Alevosía
pirata», Frente Popular, 23/8/1936: 1, «El bombardeo de
ayer», Frente Popular, 24/8/1936: 1, «El bombardeo de
ayer», Frente Popular, 25/8/1936: 4 y «Justicia
republicana», Frente Popular, 27/8/1936: 6. CDMH, PS-Madrid,
caja 1083, exp. 3. AIMNO, GMG, caja 73, Causa 1330-38 y caja 403, Causa 8727. IRUJO,
1978: 89. GONZÁLEZ CALLEJA, 2011: 375-376. |
|
|
«Ante una amenaza. Réplica de
la Junta de Defensa de Guipúzcoa», Frente Popular. 31/8/1936:
1. |
|
|
«El bombardeo de ayer», Frente
Popular, 25/8/1936: 4 y «En los frentes de combate», 26/8/1936: 1. SAINZ
DE LOS TERREROS, 1937: 118-264. |
|
|
Relación de personas
residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron
muerta violentamente o desaparecieron y se cree fueron asesinadas, Irún, 7
de noviembre de 1940, CDMH, Causa General, 1334, exp. 25 y Fondo
Incorporados, caja 481, exp. 17. SAINZ
DE LOS TERREROS, 1937: 264. DOCTOR
RUNY, 1938: 230-233. |
|
|
Archivo General e Histórico de
la Defensa, Madrid, Fondo Alicante, caja 15593/2, Sumario 1900. SAINZ
DE LOS TERREROS, 1937: 171-197
y 264-297. DOCTOR
RUNY, 1938: 235-285. BRUNET,
1976: 150-164. TESTIGO
DIRECTO, 57 (1972): 27-29. |
|
|
AIMNO, GMG, caja 51, n.º de
orden 1042. |
|
|
Relación de personas
residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron
muerta violentamente o desaparecieron y se cree fueron asesinadas, San
Sebastián, 23 de junio de 1941, CDMH, Causa General, 1336, exp. 1. IRUJO,
1978: 101. El pueblo vasco frente a la cruzada
franquista…, 1966: 290-291. |
|
|
ARANBARRI,
1989: 96-110 y 283-284. ARTECHE,
2008: 34-35 y 40. |
|
|
«Ministerio de Justicia», Gaceta
de Madrid, 237, 24/8/1936: 1451 y «Ministerio de Justicia», Gaceta
de Madrid, 239, 26/8/1936: 1479-1480. CDMH, PS- Santander, Tribunal Popular de Euzkadi, caja 1. |
|
|
«Justicia republicana», Frente
Popular, 4/9/1936: 2. «Ministerio de Justicia», Gaceta
de Madrid, 251, 7/9/1936: 1705. CDMH, PS-Santander, Tribunal Popular de
Euzkadi, caja 1. |
|
|
Relación de personas
residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron
muerta violentamente o desaparecieron y se cree fueron asesinadas, San
Sebastián, 23 de junio de 1941, CDMH, Causa General, 1336, exp. 1. DOCTOR
RUNY, 1938: 158-159. |
|
|
Informe relativo a los
asesinatos habidos en la villa de Hernani durante el Movimiento
Nacional, Hernani, 31 de octubre de 1941, CDMH, Causa General, 1334, exp.
24. |
|
|
Vecina de Lezo, el día 27 de
julio, al escuchar disparos, salió corriendo de su caserío en compañía de su
familia, perdiendo el contacto en la huida con su marido y dos de sus hijos,
siendo encontrado su cadáver el día 29 junto al de sus otros tres vástagos.
Según la opinión recogida en la obra dirigida por Mikel Aizpuru, los
victimarios debieron ser los miembros de una partida de milicianos en el
contexto de desconcierto y ausencia de frente de batalla definido. AIZPURU,
2007: 73. |
|
|
CASANOVA,
1999: 68-69. LEDESMA,
2010: 153, 158-161, 174 y 232-233. |
|
|
Abogado tradicionalista, era
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pamplona, así como diputado
provincial en la Diputación de Navarra y miembro de la Junta Nacional Suprema
carlista. Durante el primer bienio republicano había sido diputado a Cortes y
presidente de la minoría vasco-navarra, participando en la redacción del
Estatuto de Estella. |
|
|
Abogado monárquico, durante el
reinado de Alfonso XIII había sido abogado de la Casa Real, gobernador civil
de Barcelona, diputado a Cortes por el Partido Conservador y ministro de
Trabajo, Fomento y Gobernación. |
|
|
Ingeniero industrial, abogado y
dramaturgo monárquico, era amigo personal de Alfonso XIII y participó en la
intentona golpista de agosto de 1932, siendo diputado a Cortes por Renovación
Española durante el segundo bienio republicano. |
|
|
Este es el caso del empresario
hostelero peneuvista Ramón Idarreta, asesinado junto a su primo Felipe Nava,
este carlista, en Deva, el 21 de septiembre. Las fuentes no dejan claro si su
asesinato obedeció a que habían acogido a la familia de un militar monárquico
asesinado unos días antes en San Sebastián con el que tenían lazos familiares
o como consecuencia de negarse a dar alojamiento a unos milicianos. En
cumplimiento de la carta-orden recibida de esa superioridad para la
averiguación de las causas que los marxistas imputaron para la muerte de Don
José María Alcíbar Corostola y otros, Deva,
29 de octubre de 1941, CDMH, Causa General, 1334, exp. 8. GARCÍA ELOSUA, 2019: 20. |
|
|
CASANOVA,
1999: 117-58. LEDESMA,
2010: 180-184. REY,
2019: 439-480. |
|
|
Goena había huido a San
Sebastián el 19 de julio tras un registro domiciliario, lo que dio lugar a
que se rumoreara que era favorable a los sublevados. El día 27 fue detenido
en un control de carreteras por unos milicianos que le reconocieron, siendo
conducido de regreso a Pasajes. Una vez allí, tras pasar por los locales de
la UGT y de la CNT, se produjo su asesinato en las circunstancias
descritas. BARANDIARÁN, 2005: 531. UNIVERSIDAD
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https://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/1137/1167
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