DICTADURA Y REVOLUCIÓN
INTRODUCCIÓN
En nuestra historia, dictadura y revolución constituyen las oposiciones
políticas que representan el retroceso y el progreso de la república.
Dos épocas guardan
lecciones perdurables de esa contradicción fundamental, la de 1854 y la de
1910, la Revolución del Plan de Ayutla y la Revolución del Plan de San Luis
Potosí, La primera, convocada contra la dictadura de Antonio López de Santa
Anna y el Partido Conservador; la segunda, contra la dictadura de más de más de 30 años de
Porfirio Díaz. La que se inicia en Ayutla terminaría en la Constitución de
1857; la de San Luis Potosí en la Constitución de 1917; si la primera es la conquista de las libertades
individuales, la segunda contuvo, por vez primera el orden occidental las garantías
sociales.
A la de 1857 debe México
la tolerancia, la prohibición de la
tortura, la demanda del sufragio universal, la libertad de conciencia, el juicio por jurados y la
abolición de la pena de muerte;
proposiciones que, en parte, el grupo liberal logró plasmar en la Ley y en la
conciencia de aquellas generaciones; en la de 1917, al sostener los antiguos
argumentos liberales, otras normas para dignificar la vida: el derecho a la
tierra, a la educación y a la protección del trabajador. A una y otra
constituciones deben los mexicanos sus mayores logros sociales y jurídicos, no
obstante, las dos Cartas provocaron la reacción más violenta de los
conservadores y de las grandes potencias
militares y políticas de sus respectivos tiempos.
En 1857, la guerra civil
contra la Reforma y la intervención francesa; en 1917, la pugna entre las
facciones y la intervención de los Estados Unidos. En el siglo XIX, la invasión
duró, con la tentativa de establecer el imperio, cinco años; en el siglo XX,
dos invasiones, la de 1914 y 1916, más otros agravios. Contra Francia, Juárez
consumó la segunda independencia; de 1913 a 1917, Carranza definió, sobre la
lección de Juárez, la política internacional de una nación independiente.
México, en
consecuencia, destruyó dos dictaduras y
dos influencias extranjeras, dando firmes pasos para la descolonización de la
república.
En 1857 se postuló la
democracia como principio de la nueva sociedad; en 1910 Madero, al redefinirla
abrió el país a la cultura contemporánea. La antigua lucha de los liberales no
termina, menos aún la de los demócratas de 1910. Tal es uno de los compromisos
morales de las nuevas generaciones con su patria.
LA DICTADURA
La política del general Díaz de procurar
el progreso de México a fuerza de protección a los capitales extranjeros
llegó a producir un sistema aristocrático en el cual el extranjero, además de
las ventajas que le daba su cultura, gozaba de una condición verdaderamente
privilegiada con respecto al mexicano dentro de las leyes y fuera de ellas.
Las garantías constitucionales
de la vida y la libertad, para él si eran efectivas, mientras que para el
mexicano siempre fueron letra muerta.
Luis Cabrera, 1920
LOS PEONES
Vale que no vale. Los sistemas de trabajo vigentes dentro de las haciendas porfirianas, lo
mismo el peonaje que la aparcería, siguieron ajustándose a moldes coloniales.
En el sistema de peonaje, el más extendido e inhumano, continuaron usándose los
salarios de hambre, la servidumbre por deudas, los castigos corporales y las
tiendas de raya. Las víctimas de todo esto fueron en su gran mayoría indígenas
semiculturados.
Los peones que se decían alquilados trabajaban en la región
central del país por 25 centavos diarios, y los llamados acomodados por una cantidad menor, una ración alimenticia y algunas
otras prestaciones. En el norte los sueldos será ligeramente más altos. En
Guaymas un peón ganaba de 6 a 8 pesos mensuales, más dos almudes de maíz,
garbanzo o trigo; en San Marcial, 10 pesos y cuatro almudes de maíz, trigo o
harina; en Parras (Coahuila), 37 centavos y medio diario, casa, pasto y dos
almudes de maíz al mes. En la hacienda de Pabellones (Aguascalientes) los
acomodados ganaban un real por día, dos almudes de maíz a la semana, casa,
leña, semillas y un almud de sembradura de maíz y medio de frijol.
En las haciendas sureñas
los sueldos variaban. En Colima los alquilados recibían dos reales y una ración
mensual de cuatro almudes de maíz, dos platos de frijol y cuatro onzas de sal;
los acomodados, 7 pesos mensuales e igual ración que los alquilados. El dinero
se les pagaba con vales para comprar en
las tiendas de raya. La ración adquiría modalidades propias en cada lugar: en Atliaca (Guerrero), el mozo o gañán
ganaba tres pesos mensuales, y cada semana un real para picante y tres almudes
de maíz; en Astlata, Tepenene y otras poblaciones Oaxaqueñas, ganaba de 3 a 8
pesos mensuales, 16 almudes de maíz a la
semana, y suela para su calzado; en Tonalá, Chiapas, recibían 3 pesos por mes,
y a la semana un almud de maíz y dos reales de carne; en Suchiapa, de 1.50 a 2
pesos mensuales, más cinco almudes (1) de maíz, medio almud de frijol, una porción de sal y hasta permiso de
caza.
A veces se establecían
diferencias por el estado civil o la
raza de los trabajadores: en el mineral de Guadalupe, Sonora, los solteros
recibían, a la semana, un almud y medio de maíz, y dos los casados; en Abasolo,
Nuevo León, ganaban de 4 a5 pesos mensuales, más dos almudes de maíz semanales
los casados, y lo solteros uno y medio. En Tabasco aquéllos recibían una ración
de 100 mazorcas de maíz, 4 libras de carne, 2 de frijol, 1 de arroz, cuatro de
cal para el nixtamal y 1 de sal, y éstos sólo 50 mazorcas de maíz, 3 libras de
carne, 1 de frijol, 1 de arroz, 1 de cal y 1 de sal; además, unos y otros,
choza, metate, banco de moler, machete, hacha y coa. En varios lugares de Baja
California los blancos ganaban el doble que los indios, y en Ixhuatlán, Veracruz, los indígenas
percibían menio real menos que los no indios.
En Salvatierra ganaban los
peones 25 centavos, y el permiso para
cultivar dos cuarterones de sembradura; en Victoria de 3 a 4 pesos
mensuales, una ración de 6 a 8 cuartillos de maíz, 6 centavos para sal cada
semana y un par de huaraches cada quince días. Con estos salarios podía vivir
una familia dispuesta a soportar hambre y desnudeces. Si en un momento dado, a
causa de una necesidad extraordinaria, el salario resultaba insuficiente, sólo
le quedaba al peón el recurso de endeudarse con el patrono.
Los bajos salarios aunados
a la servidumbre por deudas hicieron decir a Genaro Raygosa que la situación
del peón era peor que la del esclavo. Por otra parte, la costumbre de
pagar mal en nada ayudaba al progreso
agrícola de México. Tan convencido estaba de todo esto, que llegó a decir: “A
salario bajo, agricultura pobre y
producto caro”. Si las plantaciones de henequén, café y tabaco prosperaban,
debíase precisamente a que en ellas se pagaban buenos salarios. En las fincas
henequeneras un jornalero ganaba 50 centavos al día, lo que explica el desplazamiento de trabajadores
de la región central hacía la península yucateca y, en consecuencia, el gran
auge del henequén.
Nada se hizo en el altiplano central por el
mejoramiento de los salarios rurales. En cambio, en dos estados del norte hubo
esfuerzos encaminados a elevarlos. En la primavera de 1902 circuló en la
ciudad de San Luis Potosí una hoja en la
que J. Blancastell pedía que la ley obligara a los empresarios a proporcionar
médicos, medicinas y escuelas a sus trabajadores, por la gran desproporción que
existía entre el trabajo desempeñado y la remuneración recibida. El País vio con reservas este proyecto,
porque si en otras partes la solución era simplemente aumentar el salario, en México no, porque al hacerlo
sólo aumentaría la pereza del
trabajador. Propuso que los patronos se asociaran para formar un fondo
con la cantidad que no pagaban a
sus trabajadores. Una parte de
este fondo se destinaría a la enseñanza y diversión de los niños; la otra a pagar seguros de accidente y defunción.
Pocos años después varios agricultores neoloneses, contando con el apoyo de
Bernardo Reyes, gobernador de la entidad, decidieron mejorar el salario de sus
peones.
Tras de no hacer nada por
conseguir el aumento de salarios, las autoridades toleraron las tiendas de
raya. Obligados los peones a
comprar en ellas, sus salarios,
nominalmente ya bajos, se empobrecían
más. Fue inútil que en la tribuna misma de la Cámara de Diputados, Joaquín
Casasús (2) denunciara los abusos cometidos en las tiendas de raya; y también fueron
inútiles las frecuentes críticas de algunos periodistas. Se dijo que en tales
tiendas se vendían alimentos en mal estado y que los precios de los artículos
eran mucho más altos. Para un periódico obrerista las tiendas de raya devolvían
al amo el escaso jornal del peón. Todo porque los amos, como Cristo, tenían dos
naturalezas al decir de Cosmes: la de explotadores agrícolas y la de
comerciantes sin escrúpulos. Pero este tipo de quejas nunca merecieron la
atención del régimen. Si alguna vez se les prestó oído, fue para rebatirlas,
diciendo que la crueldad de los amos se compensaba con la holgazanería e
ignorancia de los peones.
El Peón encadenado. Por regla
general, los peones acomodados estaban constantemente en deuda con sus patronos. Tal era el sistema
usado por los hacendados para retenerlos sobre todo en las zonas donde
escaseaban brazos, como en el norte y el
sureste. En ellas el monto de la deuda era muy
elevado y los esfuerzos de algunas autoridades para acortarlo resultaron
siempre infructuosos.
El gobernador de Sonora,
en diciembre de 1881, declaró ilícitos los préstamos que excedieran a la
cuantía de tres meses de salario; pero dos años después vióse en la necesidad
de rectificar: permitió los anticipos hasta por seis mensualidades. En Sinaloa,
donde se consideraba estafa el que los peones no pagaran con trabajo las
cantidades que se les hubieran anticipado, el gobernador Cañedo trató de
remediar el mal reformando la ley en beneficio de los sirvientes; pero un
diario católico protestó contra ella porque no tomaban en cuenta la falta de
brazos y la pereza de los escasos trabajadores que había en el estado: su fin
era noble, pero los medios ineficaces y contraproducentes. La ley sobre
sirvientes en Chihuahua, de acuerdo con el artículo 5° constitucional, mandaba
que nadie fuera obligado a trabajar contra su voluntad, pero admitía la
excepción dudosísima de los peones endrogados que se fugaran de su trabajo. En
Nuevo León sucedía otro tanto, además de ser común y corriente hacer grandes
anticipos a los peones y considerar hereditarias las deudas. El general
Bernardo Reyes (3) sin pretender transformar las leyes económicas, ni prohibir los anticipos,
estableció en 1908 que el salario de los jornaleros no estaría afecto al pago
de anticipos que se hicieran a cuenta de trabajo, y el anticipo sólo sería
exigible hasta la tercera parte de la cantidad que importara dicho jornal en un
año. Esta disposición iba contra el famoso “cárguelo a la cuenta, irónico
desquite del desvalido, y se pensaba que podría beneficiar simultáneamente al
patrono y al jornalero. Aunque no se intentó fijar un salario mínimo, se limitó
la obligación del reembolso del trabajador a su amo.
En Tamaulipas se
consentían anticipos hasta por el monto de un año de jornal, y un decreto local
ordenaba perseguir a los sirvientes prófugos. Las autoridades del Estado, ante
la disyuntiva de cumplir con la constitución federal o con este decreto,
decidieron derogarlo. No obstante, en 1894 el gobernador Alejandro Prieto quiso
reformar el artículo 5° de la
Constitución federal, con el objeto de quitarles estorbos a las empresas
agrícolas e industriales. La reforma se proponía abolir la libertad de trabajo. Una vez conseguida se podría
castigar a los sirvientes prófugos. Sabía Prieto que su propuesta sería
rechazada por los viejos liberales, pero confiaba en que lo apoyaría la joven
escuela liberal, la positivista. Después de todo, lo que pedía era un mayor
apego de la Constitución a la realidad
social.
Los congresos locales
enviaron al federal sus respectivos dictámenes sobre el proyecto esclavista de
don Alejandro. Los diputados de Jalisco no quisieron apartarse del principio
que establecía “que nadie puede ser obligado a trabajar sin su pleno
consentimiento y sin una justa retribución”. Por ningún motivo aceptaron que el
gobierno se convirtiera en capataz al servicio de los hacendados. Además, el
interés nacional no se inclinaba por esta reforma, porque en la mayor parte de
la República los contratos de trabajo rural eran diferentes a los tamaulipecos.
La diputación de Guerrero se opuso a la
reforma propuesta porque establecía leyes privativas en perjuicio de los
desvalidos. La legislatura morelense vio en ese proyecto falta de patriotismo,
liberalismo y humanitarismo. El congreso de Guanajuato arguyó que no era justo
que se sacrificaran los principios en beneficio de una región. Tabasco aceptó
la razón que asistía la gobernador de Tamaulipas; pero se opuso a la reforma
porque se retrocedería la repugnante esclavitud. Sus considerandos parecían
apoyar la iniciativa tamaulipeca, pero dieron la sorpresa de terminar así:
Cuando
llegué a comprender fríamente que la nación mexicana no quiere esclavos, pero
que tampoco abriga pillos, que quiere hombres libres pero honrados que la hagan
prosperar y la engrandezcan, entonces se comprenderá que no hay
anticonstitucionalidad en penar a un hombre que pretexto de penar trabajos
personales, obtiene una cantidad con la premeditada intención de no ejecutarlos
y usando de tal pretexto como
subterfugio que lo coloca dentro de la prescripción penal. Cuando se
llegué a distinguir fríamente cuál es la
deuda de carácter puramente civil ycuál
la que entraña el delito de la estafa para
abrigar legalmente a la primera y castigar a la segunda, y cuando,
en fin, no se crispen los nervios de los CC. Magistrados y escritores al ver
escrita en un contrato la palabra trabajo personal, entonces los estafadores
tendrán el merecido castigo prescrito ya en nuestra legislación penal y los
deudores civiles tebndrán el apoyo que el propio Código Civil les otorga,
entonces estos irán, no a trabajar forzadamente, porque no lo tolerará la
Constitución, pero sí a las cárceles, a extinguir la pena a que por su delito
se hayan hecho acreedores según la ley
penal.
En los estados del centro, donde abundaba la
mano de obra, los anticipos eran menos frecuentes y cuantiosos, salvo quizá en
las haciendas morelenses, en la que cada
martes de raya se les anticipaba a los sirvientes de 75 centavos a 1
peso. En Jalisco los préstamos eran insignificantes comparados con los del
norte y el sur, pues rara vez pasaba de 15 pesos, esto es, tres mensualidades.
En Zacatecas ya había desaparecido la costumbre de los anticipos y en otros
estados céntricos iba en vías de desaparecer. En cambio, las deudas de los
peones eran muy elevadas en las fincas tropicales productoras de artículos de
exportación. Las autoridades colimenses decretaron, a principios del siglo XX,
no perseguir a los trabajadores endeudados que, al parecer, abundaban. Una ley
veracruzana de 1881 prohibió que los anticipos excedieran de 200 pesos, pues
solían pasar de esa cantidad, lo mismo que en Tabasco. Por ejemplo, en el
Partido de Jonuta, donde los peones ganaban de 10 a 15 pesos mensuales, las
deudas de los acomodados eran muchas veces de más de 400, y si alguno quería
separarse de su trabajo, la ley le otorgaba para pagar tres días de plazo
por cada 100 pesos de deuda. En Chiapas la servidumbre por
deudas alcanzó proporciones alarmantes. Los préstamos inferiores a 100 pesos se
verificaban ante l juez de paz, y los
mayores ante un juez de primera instancia.
Muchas veces se obligaba a la esposa a prestar
servicios propios de su sexo para
redimir más pronto la deuda del peón, su esposo. La Revista de Mérida publicó a mediados de 1891 el siguiente aviso,
con gran escándalo de la opinión pública nacional, porque se le tomó como una
prueba documental de la esclavitud reinante en Yucatán:
Juan
N. Durán, sirviente de la finca Chaba, de la propiedad de mi señora madre doña Servula Conde de P.,
ha abandonado el servicio de dicha finca, adeudando una suma de consideración.
Gratificaré a la persona que sepa de él y me dé noticia de su paradero, así
como perseguiré conforme a las leyes al que lo oculte.
Desde los años ochenta, algunos documentos
oficiales manifestaron el número de los sirvientes endeudados en la península.
En una población total de 260,629 habitantes había 20,767 sirvientes
endeudados, o sea el 8 por ciento. Esa estadística dividía la población entre
vecinos e indígenas; el 57 por ciento lo
consideraba como indígenas, y de
éstos los sirvientes endeudados eran el 14 por ciento. Mientras en Ticul los
endeudados sólo representaban el 2 por ciento de los habitantes de ese partido,
en Sotuta eran el 16 por ciento. El siglo
XIX reconoció que en México había verdadera esclavitud debida a los
anticipos y que l gobierno era impotente para
evitarla. El Universal, el
periódico de mayor circulación por los noventa, comentó que la Constitución no
protegía a quienes habiendo nacido libres, “han declinado su carácter de
ciudadanos para someterse a la servidumbre de los campos”. El Tiempo replicó que este argumento era falso: la Constitución y
la Reforma protegían a los peones, pues de otro modo no podía entenderse que
prohibiera la esclavitud de los religiosos y no la de los sirvientes. Insistió El Universal en que la esclavitud era
una forma de progreso económico, aunque pareciera una blasfemia a la metafísica; Yucatán le
parecía el mejor ejemplo para probar su aserto: el progreso del henequén se
debía a la esclavitud de los mayas.
Tlapisquera (4) y Garrote.
Los peones de las haciendas eran víctimas de los bajos salarios, de los
anticipos y también de castigos corporales que les inflijían los latifundistas
y sus administradores y capataces. Pretextando que los labrantines eran
indolentes e inmorales, los golpeaban y
encarcelaban con suma frecuencia. En Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán
y Chiapas se registraron los más de estos abusos.
Sólo por excepción intervino la autoridad en
favor de los peones golpeados por sus patronos. Gran alarma produjo en la
opinión pública en proceso seguido en 1905 en San Luis Potosí contra un
hacendado por malos tratos a sus sirvientes. En cambio, no causó gran inquietud
el arresto de cuatro meses y la multa de 100 pesos que le fueron impuestos a
Luis del Toro, director del periódico El
Universal, porque denunció en 1902, el mal trato que Genaro García, (5) gobernador de Zacatecas, daba a los peones de sus fincas. Con todo,
menudearon las quejas contra los hacendados. Por los ochenta el administrador
de la hacienda de Ulapa (Tetepango, Hg0.) intentó meter en bartolinas de seis
metros cuadrados a las familias de los peones castigados; pero como éstas se
negaron a cambiar sus jacales por las nuevas pocilgas, el administrador pidió auxilio al ejército
federal. Acto seguido una partida de soldados amenazó de muerte a los renuentes y destruyó 236 jacales habitados
por 700 gentes. También las haciendas tlaxcaltecas se hicieron célebres por sus
abusos: en una de ellas, se azotaba a los peones y luego se les untaba jugo de
penca de maguey en las heridas; en otra, bajo pena de multa, cárcel y golpes se les obligaba a rezar el rosario y oír misa diariamente. Y
el código penal tlaxcalteca parecía estar hecho para satisfacer los instintos sádicos de los
terratenientes.
En muchas haciendas de
Puebla, México y Morelos los peones no
la pasaban mejor. Sin embargo, son de exceptuarse las importantes fincas de
Santa Clara, Tenango y La Gavia, donde eran bien tratados y gozaban de buenos jornales, según lo afirma José
Bravo Ugarte (6). La situación de los peones tabasqueños, a la
inversa, era bastante difícil, aunque merecida
en opinión de los hacendados. Éstos se sentían las primeras víctimas de
tal sistema de trabajo, porque las malas cosechas, las plagas, la muerte o fuga
de los sirvientes los obligaban a empeñar sus cosechas de dos o más años. El
sistema de préstamos ofrecía, según un latifundista tabasqueño, la paradoja de
que el capital adeudado fuera superior al valor de las fincas. En la octava
década del siglo pasado algunas personas “respetables y filantrópicas”
promovieron una suscripción para formar un capital que redimiera a los siervos,
pues era imposible intentarlo individualmente, ya que las deudas ascendían a un
10 por ciento o más del valor de las fincas; pero se consideró quimérica la
idea porque los peones apenas liberados de nuevo se endeudarían.
https://movimientoantorchista.org.mx/el-porfiriato-y-la-prensa
En Campeche era usual que los hacendados
exigieran por la vía penal el reconocimiento de sus derechos sobre las personas
de sus sirvientes endeudados. A pesar de ello, gran escándalo causó la denuncia
de que el propietario de la hacienda campechana YAX acostumbraba propinarles de
25 a 150 latigazos a sus peones. Pero, con todo, muchos mayores fueron las
quejas contra los hacendados yucatecos. Un potosino enganchado para trabajar en
Yucatán por 2 pesos emprendió el viaje a la península en compañía de su
familia, sólo para descubrir que se le ofrecía un salario de 48 centavos
diarios; resolvió retirarse, pero se lo impidieron; decidió fugarse y fue aprehendido; una vez más intentó con éxito la
fuga, pero su familia quedó detenida.
El padre Francisco Icaza envió a Yucatán a varios grupos de niños
huérfanos que se repartían entre familias; recibían alimentos, educación, trabajo
y ayuda cuando querían casarse o deseaban regresarse a México. Al cargo de que
se hacían faenas muy duras en el cultivo
del henequén, Icaza respondió que esto no ocurría con sus protegidos; a ellos
sólo los ocupaban en llevar el henequén de la máquina raspadora al asoleadero.
A pesos de ello, las denuncias continuaron; para acallarlas, las autoridades
yucatecas dispusieron que los acompañantes de los niños acreditaran su
personalidad, además de preguntarles a los niños sobre la naturaleza de su viaje.
Poco después se supo que en la finca de un rico banquero yucateco se
encontraban 80 niños oriundos de México, Puebla y otros estados centrales; que eran maltratados por el dueño y sus mayordomos. Un periódico de Mérida
aseguró que a los hacendados yucatecos se les acusaba de esclavistas, cuando no
hacina otra cosa que sacar de la miseria
a muchos mexicanos del interior.
Como quiera, Pedro Chin,
jornalero del ingenio de San Antonio murió a
consecuencia de la flagelación que le impuso el mayordomo de la hacienda
donde trabajaba. Poco después un peón maya escapado de una hacienda huyó a
Mérida, donde exhibió las huellas de los latigazos que le propinaba el
mayordomo, y otro sirviente prófugo mostró a los redactores de un periódico
metropolitano las cicatrices de los azotes que recibía de sus capataces. A
principios de siglo se acusó a los hacendados yucatecos de marcar con un fierro
candente a los trabajadores chinos. Olegario Molina se hizo portavoz de la
respuesta de los hacendados, asegurando que los chinos recibían buen salario y
trato. Un diario católico recogió en 1905 la denuncia del peón yucateco Antonio
Canché, contra el “caballeroso propietario” Audomaro Molina, hermano del
célebre Olegario. Por la naturaleza de los cargos y las personas implicadas en
ellos, conviene exponerlos en detalle. Diariamente los trabajadores de la hacienda Cumpich de
las cuatro a las siete de la mañana, desempeñaban un trabajo forzoso y gratuito conocido como fajina. A partir de esta
última hora se iniciaba propiamente la tarea de los peones, o sea limpiar dos
mecates; (7) según el quejoso, hasta las tres de la tarde
terminaban de limpiar el primero y les daba las siete sin concluir el segundo;
a esa hora se retiraban a descansar; pero como castigo por no haber terminado
la tarea asignada, sólo se les pagaba lo correspondiente al mecate concluido,
quedando el resto en calidad de fajina en favor de la hacienda. Canché también
se quejó de que la hacienda era una verdadera prisión, y de que Molina amenazó
a una mujer con castigarla por haber dado asilo a un “sirviente prófugo”.
Molina se dirigió al abogado Néstor Ruiz Alpuche, residente en la
capital, para que en su nombre invitara a Trinidad Sánchez Santos, director de El País, a visitar Yucatán y al juez
primero de lo civil para que practicara una información testimonial sobre los
hechos que se le imputaban. Éste aceptó y pudo comprobar, según Molina. Que los
peones eran
Bien
tratados, bien pagados, bien vestidos, bien alojados, y que no solamente no son esclavos, sino que están en mejor condición que los obreros de
muchas de las naciones de Europa, que, según se dice, están a la vanguardia de
la civilización y del progreso.
Los trabajadores ganaban 1 peso diario de
jornal, preferían trabajar a destajo, así obtenían 2.50 pesos diarios. Tenían
muy buenas casas de mampostería,
gratuitas; solares para sus aves de corral y hortalizas; leña gratis; misa
todos los domingos; médico y medicina gratuitas.
Las situaciones de los
peones chiapanecos fue, probablemente, la más desfavorable de todas. Los
hacendados tenían la obligación de avisar, dentro de un término de quince días, a la autoridad
cuando tuvieran conocimiento de que algún individuo desconocido pretendiera
avecindarse en su finca; de no hacerlo
eran responsables de los daños y perjuicios que resultaran; y si sabían
que el sirviente era fugo,
debían presentarlo a la autoridad más inmediata, bajo las mismas penas. El Socialista denunció múltiples casos,
principalmente de Pichucalco, de sirvientes endeudados que recibían más de 200
azotes porque solicitaban su desacomodo, o sea separarse de la
finca; aún se dijo que en san Cristóbal de Las Casas se encadenó a una
sirvienta que pretendió huir. Se acusó
al dueño de una hacienda de que labraba sus tierras con indios chamulas,
alquilados como bestias, pagándoles la mitad de su salario.
El senador y exgobernador
de Chiapas, Manuel Utrilla, explicó en una entrevista que, excepto en Pichucalco, los sirvientes
conocían sus derechos y recibían un trato paternal de sus amos. En Pichucalco
trabajaban en lugares insalubres, las deudas eran hereditarias y se
acostumbraban grilletes, cepos y cadena. Las averiguaciones para remediar estos
males no prosperaban porque los propietarios eran los mismos encargados de
hacerlas. Esta situación sólo podía explicarse
Por
la falta de educación de los sirvientes, por su carácter severo y duro, por la
pereza que les es proverbial por costumbre y hábito, y por ser la única manera de sujetarlos a la
obediencia.
Quirino Domínguez, juez segundo de lo
criminal de la ciudad de México, terció
en la entrevista opinando que jurídicamente los hechos denunciados en Chiapas
podían calificarse como verdadera esclavitud. Atribuyó esa situación a la
ignorancia de los peones y a que los
propietarios eran casi siempre autoridades; juzgó por eso indispensable que
anualmente el gobernador visitara haciendas y pueblos para
explicar a los mozos, en presencia de sus patronos, sus derechos, y
encomendar a los jefes políticos la estricta vigilancia de los indios.
Domínguez, que creía justo el sistema de
préstamos porque satisfacía las necesidades de los peones, se opuso a que las
autoridades examinaran los libros de cuentas porque eso significaba inmiscuirse
en asuntos privados, cosa desautorizada por la ley.
Cuando El Partido
Liberal pidió la intervención del gobierno en este asunto, el periódico oficial
chiapaneco reconoció que la condición
oficial de los sirvientes era triste y
lamentable, pero la atribuyó a que contraían deudas sin previsión alguna,
inmovilizando así capitales y
disminuyendo la producción, todo ello con perjuicio de los hacendados.
En cambio, la autoridad de Chiapa de Corzo pidió al gobernador general José
María Rodríguez que desechara el proyecto de ley del diputado José Velasco,
porque era frecuente que los amos abusaran de los sirvientes, y no que éstos
perjudicaran a aquéllos; el gobierno, por el contrario, debía beneficiar a los peones en vez de tratarlos con
severidad. Ramírez respondió que “entendía” que el proyecto de Velasco no sería
aprobado.
Ángel Pola (8) insistió que en Pichucalco, Simojovel y Palenque había una verdadera
esclavitud; los peones ganaban en Soconusco y
en Tonalá tres pesos mensuales y ración; en las salinas trabajaban de
tres de la mañana al mediodía y de las dos de la tarde a las siete de la noche;
en Tuxtla Gutiérrez los acomodados ganaban un real; en Chiapa y en el Centro
apenas lo indispensable para vivir, pero
sus deudas no eran muy grandes y se les trataba con humanidad; en
Comitán, en cambio, las deudas se elevaban a algunos centenares de pesos; en la
época de las cosechas algunos individuos recorrían los pueblos indígenas
contratando gente pata trabajar, y
después las revendían a los hacendados con una ganancia hasta de 50 por
ciento. El periódico oficial atribuyó
esta lamentable situación a que los sirvientes “acomodaban” a sus hijos desde
muy pequeños, o sea, a su imprevisión e ignorancia- Ángel Pola propuso como remedio
la instrucción primaria obligatoria, la jornada de siete horas, que las deudas no fueran hereditarias,
la nulidad de Departamentos no fueran nativas de esos sitios. La deudas de los
menores y que las autoridades de los Departamentos no fueran nativas de esos
sitios.
Un gran número de
defensores de la situación del trabajo en Chiapas saltó a la liza periodística.
Clemente F. Robles declaró que en Chiapas no había esclavitud y acusó al
periódico El Socialista de escándalo
y calumnia. Reconoció el derecho de los padres para acomodar a sus hijos, y
señaló que ninguna ley prohibía el trabajo en zonas insalubres, uno de los
ataques que se habían dirigido a los propietarios chiapanecos. Frumencio
Pastrana, después de negar los cargos que se le hicieron, declaró estar
dispuesto a que se examinara la forma del trabajo en su hacienda. Para Salvador
Zenteno era falso que hubiera esclavitud
en Chiapas; no podía considerarse como tal el derecho que todo hombre tiene
para comprometer durante algún tiempo
sus servicios, recibiendo
anticipadamente la remuneración de ellos; de ese modo, también debieran
considerarse esclavos los funcionarios, abogados, médicos, artesanos, en una
palabra, cualquiera que se obligara a trabajar; pero pasó por alto que el
problema consistía en convertir en penal un asunto meramente civil; el
incumplimiento de un contrato. Otro más quiso halagar a un diario católico con
el curioso argumento de que si para el obispo Villalvazo, Chiapas era una
región predilecta de Dios, no podría haberlo dicho si en ella hubiera
esclavitud.
No obstante el empeño de
los defensores de los hacendados chiapanecos, algunas autoridades reconocieron
que la servidumbre imperaba en Chiapas. De Pichucalco informaron a la
Secretaría de Fomento, precisamente en diciembre de 1885, cuando la polémica
estaba en su apogeo, que para contratar
40sirvientes tenían que emplear hasta 8,000 pesos, con el grave riesgo de que
por su muerte o fuga se perdiera esa cantidad. Se explicó el sistema de endeudamiento por la escasez de
brazos, y la natural pereza indígena favorecida por la fertilidad del suelo. En
el municipio de Pichucalco había 279 sirvientes endeudados; algunas fincas sólo
tenían dos o tres, y otras hasta treinta. El sistema del endeudamiento era muy simple: el
indio acudía a la tienda de criollos o europeos a comprar mercancías malas, pero vistosas, y como
carecía de dinero porque no ahorraba, su cuenta
se cargaba al propietario y quedaba endeudado con él. En el referido
informe se calificaba de personas de buena fe, pero ignorantes, a quienes veían
en estos tratos una disimulada esclavitud, Además, se decía de él, los
agricultores deseaban tener jornaleros libres; y contra los que algunos pensaban, los peones
disponían de un pedazo de tierra que podían trabajar los días festivos:
“trabajando con actividad, no tomando sino lo necesario para la subsistencia de
él y su familia, ñes fácil amortizar su deuda, como acontece con frecuencia”.
Parece difícil aceptar que si las deudas alcanzaban hasta 500 pesos, y el
salario fluctuaba entre 18 y 37
centavos, como lo reconocían los propios hacendados, los peones pudieran
amortizar sus deudas.
Lo cierto es que las
denuncias de los trabajos obligatorios y gratuitos en las fincas chiapanecas
fueron constantes. Unos colonos alemanes informaron al gobernador que llegaron
a Tumbalá, distrito de Palenque, a principios de 1893 para cultivar café en
tierras compradas al gobierno federal.
El jefe político del lugar nombró al maestro de escuela, su primo hermano,
intermediario entre los indios y los
alemanes; estos pagaban un peso seis centavos, pero el indio sólo
recibía 75 centavos porque se les descontaban seis centavos para la persona que
los citaba a trabajar y 25 para el agente. Al enterarse de esas maniobras, lo
alemanes pretendieron contratar
directamente a los peones ofreciéndoles un peso, y la autoridad se opuso
a ello bajo amenaza de multa. Sus males no paraban ahí, el agente, sin llevar libros de contabilidad
para el municipio, les imponía toda suerte
de contribuciones y servicios.
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$ 3.00 $ 0.50 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 2.50 $ 3.00 $ 10.00 $ 1.00 $ 0.12 |
A 5.00 a 5.00 a 0.50 a 1.00 a a 3.00 a 5.00 a 20.00 a a 1/2 |
Por acta de matrimonio por cada entierro por cada bautizo por puerco vendido por puerco matado por res matada (de ladinos) por garitas (de ladinos) por tiendas (mensual de íd.) por cada fiesta de los indios por contribuyente de contribución
aparte por trimestre. |
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Multas de todas clases y sumas 40 libras manteca cada semana Ración de maíz, frijol, huevos, gallinas,
etc., cada día Una molendera cada semana La contribución y prestación sin dar
recibos (por listas) No hay escuela atendida Los escueleros (5-10) sirven de mozos No existe Tesorería, etc., etc. Personas conocedoras estiman de $ 250 a 300
las “ganancias” mensuales del maestro y como únicas en la República, según
ellos vale mucho más ser maestro de Tumbalá que diputado o senador en México. |
Un periodista comentó que los indígenas
ganaban tres centavos oro en Palenque, o sea que, quedaba una ganancia de $
9.97 a sus patronos, porque un día de trabajo producía 10.00 pesos; todavía se
les podía pagar hasta un peso plata y sus patronos ganarían 9 pesos. Pidió el
castigo de estos abusos, pero consideraba el único medio de elevar el salario
era activar la demanda de trabajo.
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NOTAS
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Dictadura y revolución, Lecturas Nacionales, Puebla, Gobierno del estado de Puebla, 1995. P-157.
González Navarro, Moisés, “Los Peones”, en Dictadura y revolución, Lecturas
Nacionales, Puebla, Gobierno del estado de Puebla, 1995, pp. 11-27.
1.- Almud,
la equivalencia general es de cinco litros; si bien en algunas partes de
4 litros o en otros, como Chiapas de 7
y 20 litros en Hidalgo. 2.- Joaquín Casasús (1858-1916). Nació en Frontera,
Tabasco y murió en Nueva York. Abogado por la Escuela de Jurisprudencia de
México. Secretario de Gobierno de su
estado. Latinista y traductor de clásicos latinos. Banquero y hombre de
negocios, desempeñó cargos difíciles como abogado de la Comisión que logró el
fallo favorable a México sobre El Chamizal en disputa con los Estados Unidos.
Fundador del Liceo Altamirano y miembro de la Academia de la Lengua.
Accionista de los Ferrocarriles Nacionales de México, al “mexicanizarlos” en
1908. Publicó Musa Antigua (1904), Cien sonetos (1912) y, en prosa, En honor de los muertos, Cartas literarias
y varias obras de economía. 3.- Bernardo Reyes (1850-1913). Nació en Guadalajara y murió en la ciudad de México el 9 de febrero, al inicio de la
Decena Trágica, la insurrección contra el Presidente Madero. Combatió a la
intervención francesa. General a los 30 años de edad. Gobernador provisional
de Nuevo León de 1885 a 1887. Pacificó el estado y creó las bases para su
prosperidad. En 1886 sofocó la rebelión de dos caudillos agrarios. En 1889
nuevamente gobernador de Nuevo León hasta 1900. Secretario de Guerra y Marina
y fundador de la reserva del ejército, precursora del servicio militar. Se le
considera adversario de los “científicos”, el círculo de gobierno de Porfirio
Díaz y candidato a la presidencia. En inequívoco destierro viajó por Europa,
a su regreso en 1911, ante el triunfo
de Madero se alzó frente al gobierno.
Solo, se entregó a un custodio fronterizo y, después, prisionero en Santiago
Tlatelolco. Al tratar de tomar Palacio
nacional en aquel febrero, murió por la descarga de los defensores. Singular
episodio, narrado por su hijo, Alfonso Reyes en su Oración del 9 de febrero, editada
en 1962. 4.- Tlapisquera, del nahuátl
tlapixcan, lugar donde se guarda algo
y la desinencia castellana, era. En las haciendas, bodega donde se guardan
los aperos de labranza o las semillas, también sitio de castigo a los peones. 5.- Genaro García (1867-1920). Nació en Fresnillo, Zacatecas, y murió en la ciudad
de México. Abogado, historiador y profesor de la Escuela nacional
Preparatoria de la que fue director. Director del antiguo Museo Nacional de
Arqueología e Historia. Su rescate de antigüedades mexicanas fue valiosa.
Autor de obras fundamentales para la historia de México como Carácter de la Conquista Española en América y en México, la Colección de documentos inéditos o muy
raros para la Historia de México, en 36 volúmenes; de Documentos históricos mexicanos (1910-1911).
La Editorial Porrúa, en su Biblioteca Porrúa, ha publicado algunas de sus
obras. 6.- José Bravo Ugarte (1898-1967). Sacerdote jesuita.
Profesor e historiador. Autor entre otras obras, de Historia de México en 3 volúmenes, Ed. JUS, de La ciencia en México, Periodistas y
periódicos mexicanos e Instituciones políticas de la Nueva España (1967). 7.- Mecates. Un mecate son 404.50
metros cuadrados. 8.- Ángel Pola. (1861-1958). Nació en
Chiapa de Corzo y murió en la ciudad de México. Uno de los grandes periodistas de fines del
siglo XIX. Iniciador del reportaje y
de las entrevistas. A los 20 años de edad empezó a escribir en El Socialista donde publicó las primeras crónicas sobre la esclavitud en Chiapas. Fundador de El Noticioso, periódico que costaba un
centavo, relató el secuestro de niños para
llevarlos a Valle Nacional. Director y Fundador de la Biblioteca Reformista, publicó en tres volúmenes las obras
de Melchor Ocampo y Los traidores
pintados por sí mismos. En Orígenes
del socialismo, compendio de Laveleye, afirmó que el socialismo sería el
credo popular de nuestro país.
Historia moderna de México. El Porfiriato. La vida
social. México-Buenos Aires, Editorial Hermes,
1957, parte segunda, Propiedad y Trabajo. Fragmento del Cap. 2, pp. 26-231.
Cabe una aclaración: La historia moderna de México, tiene como autor de la obra
general, a Daniel Cosío Villegas y, en cada volumen, el nombre del verdadero
autor; en el tomo de referencia, Moisés González Navarro.
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